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El pasado 4/6/2021 la Comisión Europea dio a conocer la largamente esperada Guía sobre el polémico artículo 17 de la Directiva 2019/790, sobre derechos de autor y afines en el mercado único digital (DDAMUD), relativo al régimen aplicable a los proveedores de servicios de compartición de contenidos (PPSCCL). Las controversias han sido muchas y la implementación nacional complicada y demorada (hoy precisamente se cumple el plazo previsto en el art. 29 DMUD). Por si fuera poco, tenemos pendiente ante el TJUE el recurso planteado por Polonia contra el citado art. 17 (asunto C-401/19), del que se dio cuenta en su día en este mismo blog. La Guía por ahora está disponible sólo en inglés. La reseña expone de forma clara y útil sus líneas esenciales.

Tras "Padawan" y "EGEDA", los tribunales españoles llevan de nuevo la copia privada ante el TJUE. En este caso, sin embargo, ya no se denuncia que se vean obligados a financiar la compensación equitativa sujetos excluidos del límite (personas jurídicas o personas físicas que adquieren EAS con fines profesionales). La controversia se centra en la composición y facultades de la "Ventanilla Única Digital" (VUD). Pero no es un asunto marginal, pues se trata de una pieza clave en el sistema resultante de la reforma de 2017. Las cuestiones han sido planteadas por la Sala 3ª del TS, en el procedimiento sobre la impugnación del RD 1398/2017 formulada por AMETIC.

¿Atenta contra los derechos de la personalidad de un ciudadano polaco (que estuvo preso en Auschwitz) el hecho de que en un medio digital alemán aparezca durante unas cuantas horas una referencia a Treblinka como "campo de exterminio polaco"? ¿Son competentes los tribunales polacos para conocer de la demanda? La cuestión de la competencia internacional en caso de vulneración de los derechos de la personalidad ha sido objeto de varias resoluciones del TJUE (Shevill; eDate & Martínez), cuyo criterio también se ha aplicado a infracciones contra derechos de la propiedad intelectual (Pinckney; Pez Hejduk). Al margen de ello, el caso suscita la importante cuestión de la "concepción europea de los derechos de la personalidad"

¿Quién tiene la condición de "artista" en el sentido del art. 105 TRLPI? ¿Son artistas cuantos intervienen en un concurso televisivo, como parte del elenco habitual? ¿Qué significa exactamente "interpretar o ejecutar"? Esas son las cuestiones que suscita el caso "Cifras y Letras" y sobre las que han debido pronunciarse los tribunales. El Juzgado Mercantil núm. 9 de Madrid (sentencia de 26/9/2018, ECLI: ES:JMM:2018:3955) y la sec. 28ª de la Audiencia Provincial (sentencia de 6/11/2020, ECLI: ES:APM:2020:12989) lo han hecho en sentidos opuestos. De acuerdo con la sentencia de apelación, y a reserva de lo que pueda decir el Tribunal Supremo, si hay recurso y se admite a trámite, la interpretación o ejecución debe serlo de una "obra" pero, además, es preciso que refleje o exprese la personalidad de quien la lleva a cabo. Debe haber una "actuación" que el público pueda percibir como tal. Una persona que simplemente se expresa o manifiesta no es un artista. El artista es quien compone o crea una actuación.

La STJUE  dictada el 8 de septiembre de 2020 en el asunto C-265/19 se ocupa de concretar el ámbito de aplicación del derecho a una remuneración equitativa, compartida con los productores de fonogramas, que el art. 8.2 de la Directiva 2006/115/CE (la Directiva en adelante) atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de los fonogramas en cuya grabación hayan participado. Las cuestiones prejudiciales que resuelve la Sentencia nacen del conflicto existente en Irlanda entre la entidad de gestión de los derechos de los artistas RecordedArtistsActorsPerformers (RAAP) y la entidad de gestión de los derechos de los productores de fonogramas, Phonographic Performance Ireland (PPI) sobre el reparto de la recaudación obtenida con la gestión del mencionado derecho en Irlanda.

El requerimiento de los datos de identificación de los titulares de las conexiones desde las que se intercambian ilícitamente obras y prestaciones protegidas en redes peer-to-peer, debe ser proporcionado y no resultar abusivo. Quien adquiere una licencia no para explotarla sino para llevar a cabo campañas de persecución de pequeños infractores, a los que se reclama un tanto alzado para no ser objeto de acciones judiciales, se comporta como un “copyright troll” y, dado su proceder abusivo, no está legitimado para reclamar a los prestadores de servicios de acceso la identificación de los clientes a los que corresponden las direcciones IP usadas para vulnerar derechos de propiedad intelectual mediante programas peer-to-peer.

La obra derivada de una obra derivada no lo es también, necesariamente, de la obra primigenia de la que es transformación esta última. Los personajes de la película “La niña de tus ojos” son diferentes de los del guion titulado “La niña de «sus» ojos”. Su utilización en “La Reina de España” no infringe derechos de los autores de este último guion. Doctrina sobre el art. 21.2 TRLPI (relación entre obra originaria, obra derivada y obras derivadas de la derivada) NOTA (26/1/2021): la sentencia ya está disponible en la base del CENDOJ: ECLI: ES:APM:2020:12903

FIDE organizes a new GlobalDigitalEncounters on the 13th of January with the topic: “The Artificial Intelligence and data-Led Revolution of Copyright and Its Wider Implications”  Objectives: Further to the COVID Crisis, Artificial Intelligence and Data are becoming central to the development of…

Reiteración de las preguntas formuladas en un caso que se archivó por desistimiento

De acuerdo con la ley moldava, los signos monetarios (y, por tanto, las imágenes que incluyen) no son objeto de derecho de autor. No obstante, cuando las obras utilizadas han sido creadas con anterioridad y son luego presentadas a un concurso, esos derechos ya han nacido. Privar de ellos a los autores sin una compensación razonable constituye una lesión de su derecho de propiedad. Si los derechos habían sido cedidos a una entidad de gestión, puede entenderse que también esta es víctima de dicha lesión en sus bienes.