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Caso Treblinka (TJUE, C- 800/19). Competencia internacional en caso de vulneración de derechos de la personalidad. Conclusiones del Abogado General (23/2/2021) 

¿Atenta contra los derechos de la personalidad de un ciudadano polaco (que estuvo preso en Auschwitz) el hecho de que en un medio digital alemán aparezca durante unas cuantas horas una referencia a Treblinka como «campo de exterminio polaco»? ¿Son competentes los tribunales polacos para conocer de la demanda? La cuestión de la competencia internacional en caso de vulneración de los derechos de la personalidad ha sido objeto de varias resoluciones del TJUE (Shevill; eDate & Martínez), cuyo criterio también se ha aplicado a infracciones contra derechos de la propiedad intelectual (Pinckney; Pez Hejduk). Al margen de ello, el caso suscita la importante cuestión de la «concepción europea de los derechos de la personalidad»

I) Introducción

1. El pasado 23 de febrero, el Sr. Bobek, Abogado General (AG) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), presentó sus Conclusiones sobre un asunto que no es de propiedad intelectual. Pese a ello, ha parecido de interés dedicarle una entrada del blog de la Asociación, además de registrarlo en la que informa sobre novedades y casos pendientes ante el TJUE. Es el caso C-800/19, “Mittelbayerischer Verlag KG c. SM. No se trata de un conflicto entre editoriales. “SM” no es la conocida editora española de libros de texto. Son las iniciales con las que se identifica a un ciudadano polaco, residente en Varsovia, que estuvo preso en Auschwitz. El origen de la controversia está en una información publicada en Internet por un medio regional alemán domiciliado en Ratisbona sobre los problemas de un ciudadano de religión judía y superviviente del Holocausto que, al pretender inscribir en el Registro Civil a su tercera hija, se encontró con que el funcionario responsable no admitía el nombre “Faya” porque “sonaba demasiado extranjero”.

2. Pero no es el asunto del nombre lo que da lugar a la intervención del TJUE sino el hecho de que, en el artículo del “Mittelbayerischer”, se explicaba que “Faya”, el nombre deseado y rechazado,  era el de una tía de la niña que había sido “asesinada en el campo de exterminio polaco de Treblinka”. Al tratarse de una publicación digital, el artículo fue también leído en Polonia, pese a que la desafortunada expresión fue rápidamente eliminada[1]El Sr. SM, ofendido por la alusión a Treblinka como un “campo de exterminio polaco”, presentó una demanda civil ante los tribunales de su país por lesión de sus derechos de la personalidad y, en particular, de la identidad y dignidad nacional. Pedía tres cosas: que se prohibiera al medio alemán usar expresiones como “campo de concentración polaco” o “campo de exterminio polaco” en relación con cualquier campo instalado por los alemanes en Polonia; que publicara una disculpa; y, finalmente, el pago de una indemnización que iría destinada a una asociación de ex presos de campos de concentración nazis. La demanda fue estimada en primera instancia. Pero el tribunal de apelación antes de pronunciarse, consideró conveniente plantear algunas dudas al TJUE.

II) El problema competencial

3. Las dudas se referían a la interpretación del Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. De acuerdo con este, la regla general de competencia “se basa generalmente en el domicilio del demandado […] excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión” (Cdo. 15). Así lo establece el art. 4.1: “salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado”. La posibilidad de que alguien se vea demandado en otro Estado sólo se contempla en casos especiales, como el previsto en el art. 7.2: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro […] en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.

4. Esta regla especial ha sido objeto de importantes resoluciones del TJUE desde el lejano caso Bier, más conocido entre nosotros como Mines de potasse d’Alsace (STJUE 21/76, C-21/76), que se ocupó de una demanda planteada en Holanda contra una empresa con sede en Mulhouse (Francia) por daños derivados de la contaminación del Rin. En fechas más recientes, se han dictado sentencias sobre derechos de la personalidad. El AG, en sus conclusiones en el Caso Mittelbayerischer Verlag[2] hace un repaso de esta jurisprudencia, en la que destacan, en primer lugar, el caso Shevill (STJUE 7/3/1995, C-68/93), relativo a publicaciones impresas y del que resultó la llamada teoría del mosaico (posible demanda en cada uno de los países al que ha llegado, y se ha sentido, el atentado, pero sólo por el daño correspondiente al Estado de que se trate); y, en segundo lugar, los casos acumulados eDate y Martínez (STJUE 25/10/2011, C-509/09 y C-161/10) que trasladaron la doctrina Shevill al entorno digital, dando nacimiento a la teoría del “centro de intereses” (posible demanda por el todo en el país en el que se ubique el “centro de intereses” del ofendido, normalmente coincidente con su domicilio).

5. Como explica el AG ambas doctrinas conviven de modo que eDate & Martínez no ha sustituido a Shevill sino que se le ha añadido como alternativa. “En consecuencia, la víctima de una presunta vulneración de los derechos de la personalidad a través de Internet puede optar entre acudir (i) al tribunal del Estado miembro donde se encuentra su centro de intereses con respecto a la totalidad del daño causado, o (ii) a los tribunales de uno o varios Estados miembros con respecto a la parte del daño que se haya causado en estos” (Conclusiones AG pfo. 31).

6. El AG, sin embargo, considera que tal enfoque es inapropiado y recuerda que ya intentó convencer de ello al tribunal en el caso Bolagsupplysningen (STJUE 17/10/2017, C-194/16). Pero no tuvo éxito. El TJUE mantuvo el doble enfoque expuesto, aunque aclaró que había que distinguir entre las pretensiones “indivisibles” (p.e. rectificación y supresión de contenidos) y las “divisibles” (p.e. indemnización): “los tribunales con competencia limitada, basada en la «teoría del mosaico», solo pueden conceder medidas de reparación «divisibles», mientras que los tribunales con competencia plena, basada en el «centro de intereses», pueden conceder medidas de reparación tanto «divisibles» como «indivisibles»” (Conclusiones AG, pfo. 34).

7. La doctrina construida en los casos de derechos de la personalidad fue también aplicada a las infracciones contra derechos de propiedad intelectual. Primero en el caso Pinckney (STJUE 3/10/2013, C-170/12) y, más tarde, en el caso Pez Hejduk o, simplemente, Hejduk (STJUE 22/1/2015, C-441/13).

8. En Pinckney el TJUE declaró que: “El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [hoy derogado y sustituido por el Reglamento 1215/2012], debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneración de los derechos patrimoniales de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda [Francia, demandante domiciliado en Tolouse], éste es competente para conocer de una acción de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro Estado miembro [Austria] y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material [CD] que, a continuación, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro [Reino Unido] a través de un sitio de Internet accesible también desde la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda. Dicho órgano jurisdiccional únicamente es competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”.

9. En la misma línea se sitúa lo declarado en Pez Hejduk: “El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [actual reglamento 1215/2012], debe interpretarse en el sentido de que, en caso de una supuesta vulneración de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción [Austria], dicho órgano jurisdiccional será competente, en virtud del lugar de materialización del daño, para conocer de una acción de responsabilidad por la vulneración de esos derechos cometida al ponerse en línea fotografías protegidas en un sitio de Internet accesible desde su circunscripción territorial. Dicho órgano jurisdiccional sólo será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”. En este caso, el domicilio de la demandada estaba en Alemania.

10. En sus Conclusiones, el AG Bobek dice no ser un “admirador de la jurisprudencia actual” y sostiene que el TJUE “se verá obligado a revisarla algún día”. Pero cree que Treblinka no es el asunto “adecuado” para ello porque “lo delicado de este caso no concierne a la competencia internacional, sino, más bien, a la esencia de la demanda y del contenido y de la naturaleza de los derechos de la personalidad aparentemente reconocidos en el Derecho nacional” (pfo. 43): ¿afecta realmente a los derechos de la personalidad de un polaco, que estuvo preso en Auschwitz, la frase según la cual Treblinka fue un campo de exterminio “polaco”? Ante esta pregunta cualquier jurista español, probablemente, habrá recordado de inmediato el caso de la Sra. Violeta Friedman y su demanda en defensa del honor del pueblo judío, comprensiblemente herida por unas declaraciones negacionistas de León Degrelle (STC 214/1991)[3]. Pero aquí no había problemas competenciales, pues ofendida y ofensor residían en España.

11. En relación con la cuestión competencial suscitada en Treblinka, el AG sugiere que el TJUE adoptar un enfoque “restrictivo y minimalista” (pfo. 44). El problema se centraba la falta de toda referencia expresa al Sr. SM en la información publicada en el “Mittelbayerischer”. La editorial demandada negaba la legitimación ad causam del demandante porque el artículo no le había mencionado nominatim y por ello entendía que no le afectaba directamente. Eso es, a juicio del AG, lo único que hay que resolver: “En esencia, el presente asunto gira en torno a un problema: con respecto a las medidas de reparación indivisibles, a saber, la prohibición de difundir una declaración en el futuro y la publicación de una disculpa, ¿queda excluida la aplicabilidad del criterio del centro de intereses de aquella parte que ha sido supuestamente perjudicada por una publicación digital por el hecho de que esa persona no sea nombrada en la publicación en cuestión?” (pfo. 44). El AG entiende que es mejor centrarse en esta pregunta, sin ir más allá.

12. Las extensas Conclusiones del AG incluyen consideraciones muy sensatas sobre el asunto clave de la necesaria previsibilidad del foro. En principio uno debe ser demandado ante los tribunales de su propio domicilio. También cabe se le pueda demandar en otro Estado, pero es algo excepcional y que requiere una “estrecha conexión” con el mismo. Esa conexión debe “garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente” (Cdo. 16 del Reglamento 1215/2012, pfo. 59 de las Conclusiones). Es fácil adivinar que si uno contamina un río el daño afectará a toda la cuenca, aguas abajo, hasta la desembocadura (Bier o Minas de Potasa de Alsacia). Pero cuando se trata de derechos de la personalidad u otros bienes inmateriales, el asunto no es tan sencillo. Las palabras pueden llegar muy lejos, en particular si se usa Internet, y los ofendidos pueden ser muchos y encontrarse o tener su “centro de intereses” en diversos lugares. Todo se vuelve bastante más borroso o, si se quiere, fluido: “hay una escala, no compartimentos herméticamente cerrados” (pfo. 51; vid. también pfo. 55). El AG pone unos cuantos ejemplos ilustrativos: declaraciones difamatorias sobre alguien que afectan también a todos sus familiares; comentarios difamatorios vertidos sobre grupos profesionales, culturales o territoriales; comentarios negativos sobre comunidades nacionales, étnicas, raciales, sexuales o de orientación sexual…

13. Bobek echa mano de las Conclusiones de Cruz Villalón en los casos acumulados eDate y Martínez a propósito de la previsibilidad y la seguridad jurídica: “el docto Abogado General propuso que el referido criterio del «centro de gravedad» se compusiera de dos elementos acumulativos, uno centrado en el demandante y el otro en la naturaleza de la información litigiosa.  Los tribunales de un Estado miembro solo tendrían competencia si ese fuera el lugar del centro de intereses del demandanteysi «la información litigiosa [fue] expresada de tal manera que permita razonablemente prever que dicha información es objetivamente relevante en [ese Estado miembro]»” (Conclusiones Treblinka, pfo. 64, citando a Cruz Villalón).

14. Tras un detallado análisis, el AG llega a una conclusión muy razonable: “resulta […] difícil sugerir que habría sido totalmente imprevisible para un editor en Alemania que publicase en Internet la expresión «el campo de exterminio polaco de Treblinka», que alguien en Polonia pudiera sentirse ofendido por esta declaración” (pfo. 74). Pero la cuestión competencial no puede separarse del problema de fondo sustantivo, al que el AG se refiere de entrada con un cierto escepticismo: “En el marco del presente asunto, resulta bastante sorprendente que, habida cuenta de la declaración en cuestión, su naturaleza, duración y el contexto en el que fue publicada en Internet, los derechos individuales de la personalidad de cualquier individuo puedan haberse visto vulnerados razonablemente por dicha declaración o, por ende, afectados individualmente” (pfo. 75).

15. Pero como observa el AG, la separación de los aspectos relacionados con la competencia y los vinculados al fondo del asunto no es nítida. Además, prosigue, cuando se trata de publicaciones digitales y derechos de la personalidad “la competencia internacional determinará también, con toda probabilidad, el Derecho aplicable”. Y añade: “A diferencia de otras áreas del Derecho delictual/extracontractual, no existe una norma armonizada de conflicto de leyes para las controversias relativas a las vulneraciones de los derechos de la personalidad”, por lo que “cada tribunal competente aplicará su propia norma nacional de elección de leyes, que probablemente le lleve a aplicar su propio Derecho sustantivo” (pfo. 77).

16. El problema, como es fácil entender, está en la amenaza que pueden suponer determinadas legislaciones o jurisprudencias nacionales. Si al norte del paralelo 50º alguien dice, refiriéndose a los países que se sitúan al sur, “no puedo gastarme todo mi dinero en alcohol y mujeres y a continuación pedir ayuda”[4], es posible que haya quien acoja el comentario con deportividad y una sonrisa de conmiseración ante la penosa vida que cabe suponer en quien imagina un cielo semejante. Pero también cabe que haya quien se indigne y se considere gravemente ofendido. El caso Treblinka, por supuesto, es diferente y no puede banalizarse. Pero ilustra una problemática que puede llegar a ser de gestión bastante complicada. Probablemente por ello el AG intenta poner pie en pared. Aunque, hoy por hoy, los jueces nacionales deban decidir de acuerdo con sus propias normas, “eso no significa un «todo vale» en el plano de la ley aplicable en lo que respecta a la posible vulneración de los derechos de la personalidad mediante publicaciones digitales en el mercado interior” (pfo. 78). Como política de contención, el AG pone sobre la mesa dos ideas que podrían ser relevantes para el tribunal polaco remitente. La primera se refiere a la Directiva 2000/31/CE. La segunda a la problemática de la ejecución de las resoluciones nacionales en los otros Estados miembros.

17. La Directiva 2000/31/CE es la Directiva de comercio electrónico cuyo art. 3, aun admitiendo excepciones, se opone en principio  “a que el prestador de un servicio de comercio electrónico esté sujeto a requisitos más estrictos que los previstos por el Derecho material en vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador” (pfo. 79 de las Conclusiones). Esta regla también rige para los medios de comunicación “y también a las «normas nacionales de responsabilidad civil por difamación» relacionada con su actividad” (pfo. 89, énfasis en el original, con remisión al caso Papassavas, STJUE 11/11/2014, C-291/13). Ello no excluye la competencia de los tribunales polacos en el caso Treblinka. Sin embargo, les obliga a “verificar […] que la aplicación de su Derecho nacional sobre difamación no sujeta al demandado a requisitos más estrictos que en el lugar de establecimiento de dicho demandado”, sin perjuicio de las excepciones admitidas (pfo. 81).

18. En cuanto a lo segundo, hay que tener en cuenta que toda resolución dictada por un tribunal competente de acuerdo con el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 tendría que ser reconocida en otro Estado miembro, normalmente el del domicilio del demandado, para poder ejecutarse y, en tal caso, este “podría alegar que tal reconocimiento sería manifiestamente contrario al «orden público» de ese estado miembro” (pfo. 82). Y aquí llegamos al último punto de las interesantes Conclusiones del caso Treblinka: la noción y extensión de los derechos de la personalidad.

III) La “concepción europea de los derechos de la personalidad” 

 19. El AG entiende que aludida la excepción de orden público sería perfectamente oponible cuando “la jurisprudencia (y la normativa) nacional aplicable utilizada para llega a [la] resolución se desvía considerablemente de aquello que podría considerarse que forma parte de la «concepción europea común de los derechos de la personalidad»” (pfo. 83, énfasis añadido). Y aquí hace una advertencia o plantea al menos un interrogante acerca de una posible desviación en el caso de Polonia. Podemos cerrar esta ya larga reseña con la transcripción del pfo. 84 de las Conclusiones:

Sin duda, existe diversidad en los Estados miembros en relación con esta materia. No obstante, el elemento definitorio de los derechos de la personalidad es que son, en efecto, personales: deben ser valorados individual y contextualmente, con respecto a una persona concreta y su dignidad, lo que supone una valoración caso por caso de la afectación y el perjuicio individual. La jurisprudencia (y la normativa) nacional aplicable en el litigio principal parece estar reemplazando esa concepción común por lo que parece ser una presunción legal nacionalista y generalizada, o, más bien, una ficción: la personalidad de un nacional polaco está formada por su identidad nacional, dignidad nacional o derecho al respeto de la verdad sobre la historia de la nación polaca, mientras que un superviviente polaco de los campos de exterminio nazi se ve afectado por declaraciones como la controvertida en el litigio principal. Se declara que los agravios colectivos pasados de una nación equivalen a un daño colectivo presente y futuro a otra nación, siendo aparentemente más importante la pertenencia a una nación que el individuo” (subrayado añadido; como en las demás citas, se han suprimido las referencias a  notas al pie) .

[1] Se mantuvo sólo unas horas, durante la mañana del 15/4/2017. Tras un correo electrónico del consulado polaco en Múnich, el diario eliminó la referencia a Treblinka como un campo “polaco”, sustituyéndola por otra inequívoca en la que, sin reservas de ningún tipo, se explicaba que la tía de Faya (esperemos que al fin se llame así, también oficialmente) “fue asesinada por los nazis en el campo de exterminio alemán nazi de Treblinka, en la Polonia ocupada”.

[2] Si las “etiquetas” deben cumplir una función mnemotécnica y servir para una rápida identificación, probablemente sería más acertado hablar del “Caso Treblinka” o –aun a riesgo de perpetuar la supuesta injuria- “Caso «Campo de exterminio polaco»”. Por supuesto, es mejor dejar el etiquetado al propio TJUE. Pero sólo por razón de una deseable unidad pues el criterio no siempre es el mejor. Por ejemplo, al menos para los españoles, y seguramente para todos los que hablan lenguas romances, Mines de potasse d’Alsace da más información que Bier. ¿Y a quién se le ocurrió llamar Renckhoff al Caso Córdoba?

[3] Copio los fragmentos de las afirmaciones de Degrelle que motivaron la demanda de la Sra. Friedman al amparo de la LO 1/82: “¿Los judíos? Mire usted, los alemanes no se llevaron judíos belgas, sino extranjeros. Yo no tuve nada que ver con eso. Y evidentemente, si hay tantos ahora, resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. [//] El problema con los judíos -matiza Degrelle- es que quieren ser siempre las víctimas, los eternos perseguidos, si no tienen enemigos, los inventan. [//] Falta un líder; ojalá que viniera un día el hombre idóneo, aquél que podría salvar a Europa… Pero ya no surgen hombres como el Fürher… » [//] Han sacado los huesos y hasta los dientes de Mengele… ­Hasta dónde llega el odio! A mi juicio, el doctor Mengele era un médico normal y dudo mucho que las cámaras de gas existieran alguna vez, porque hace dos años que hay una recompensa en los EE.UU., para aquel que aporte pruebas de las cámaras de gas. Son 50 millones de dólares y todavía no ha ido nadie a recogerlos” [Antecedente 2,a) de la STC 214/1991]. Sobre Degrelle hay amplia información en Internet. Vid., por todas, la que proporciona la Wikipedia (“Léon Degrelle”), con varias fotografías, incluyendo una de la playa de la Concha de San Sebastián, en la que aterrizo o amerizó el avión con el que, huyendo desde Noruega, llegó a España. Aquí vivió protegido por el dictador Franco, y más allá, hasta su muerte en 1994.

[4] La frase es de un político holandés, Jeroen Dijsselbloem, que llegó a presidir el Eurogrupo (fuente: https://elpais.com/economia/2017/03/21/actualidad/1490111978_253779.html).

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