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El Congreso de ALAI 2021 tendrá lugar en Madrid los días 29 Sept. - 1 Oct. 2021, en el HOTEL RIU. Toda la información en el web del congreso: www.alai2021.org Imporante: Miembros de ALADDA y de ALAI, precio de inscripción de 350€ hasta el 30 de julio 2021. Te esperamos!

1. El caso “The Software Incubator” –digámoslo cuanto antes- nada tiene que ver con derechos de autor o afines. Sin embargo, lo hemos mantenido en el radar (en la entrada Listado de asuntos pendientes ante el TJUE) porque en él…

1. El concepto de comunicación pública sigue dando trabajo a los tribunales que, como es lógico, se aproximan a él a partir de concretas controversias. Neil Wilkof, citando como fuente a Peter Ling, da cuenta en el Blog IP Kat…

El art. 25 TRLPI, en la versión resultante de la Ley 23/2006 de 7 de julio (que incorporó la Directiva 2001/29 de la Sociedad de la Información, DSI, y reajusto nuestro sistema de canon compensatorio por copia privada) debió interpretarse de inmediato en línea con el art. 5.2,b) DSI, tal como tiempo después, respondiendo a una cuestión planteada desde la AP de Barcelona explicaría el TJUE (sentencia de 21/10/2010, C-467/08, caso Padawan). De ahí resultaría el derecho de empresas a las que se repercutió el canon en adquisiciones de equipos aparatos y soportes (EAS) entre 2006 y 2009, a reclamar su devolución a las entidades de gestión perceptoras. Así lo declara la sentencia reseñada. Aunque en 2006 la ley –correcta o no- parecía clara y aún en 2008 la Audiencia de Barcelona todavía creía oportuno consultar al TJUE, parece que los jueces ya tenían el deber de hacer una interpretación del repetido art. 25 TRLPI conforme con el art. 5.2,b) DSI.

MIRCOM: Los usuarios de redes P2P llevan a cabo actos de puesta a disposición de las obras y prestaciones objeto de intercambio. Es indiferente que el proceso de descarga y carga simultánea sea automático, siempre que los usuarios del programa lo utilicen deliberadamente y con conocimiento de su funcionamiento. Es asimismo irrelevante que el intercambio tenga por objeto pequeños fragmentos, inservibles por sí mismos y en una cantidad que tampoco permite el disfrute de la obra o prestación. Una empresa como Mircom, que se dedica a efectuar reclamaciones masivas de pequeñas cantidades a los usuarios de los programas P2P que han intercambiado obras de las que aquella es titular, no está excluida en principio de la posibilidad de valerse de los medios previstos en la Directiva 2004/48/CE, aunque el tribunal nacional deberá valorar si la petición de nombre y direcciones postales de los usuarios de las direcciones IP desde las que se ha llevado a cabo el intercambio, está justificada y resulta proporcionada y no abusiva. Tanto el tratamiento de datos que lleva a cabo Mircom (al obtener y registrar las direcciones IP, por medio de una empresa subcontratada) como el que lleva a cabo Telenet (proveedora del servicio de acceso a los miembros de la comunidad de intercambio) están sujetos a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos y de la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas TREBLINKA: El Reglamento 1215/2012 (sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) remite, como regla general, al Estado del domicilio del demandado. No obstante, para la materia delictual o cuasidelictual, establece una regla especial, que lleva al “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. Esta regla se basa en la existencia de un “vínculo de conexión particularmente estrecho” entre la controversia y el órgano jurisdiccional del citado lugar. Esa conexión debe ser lo suficientemente clara para que tanto el demandante como el demandado puedan prever el lugar del litigio. En una acción por infracción de derechos de la personalidad, esa exigencia no se cumple cuando la información difundida en Internet no identifica “nominatim” al demandante, que únicamente se presenta como miembro de un amplio grupo (en el caso, ciudadano polaco o, para ser más precisos, ciudadano polaco que estuvo preso en el campo de concentración de Treblinka).

Es mucha y de calidad la literatura existente a propósito de la traducción, ese proceso extraordinario que conduce una obra desde un universo lingüístico a otro diferente (traducere). El traductor, como Moisés, lleva la creación a un nuevo territorio. Los elementos cambian pero la obra traducida permanece, al igual que sucede con un rebaño trashumante, pese a que las ovejas sean al fin otras (art. 499 CC); o, si se prefiere un símil más culto, con el barco de la paradoja de Teseo. Pocas figuras hay tan esenciales para la cultura –más aún, para la civilización- que la del traductor. Y, sin embargo, es un sujeto secularmente maltratado.

Los metabuscadores especializados (en este caso en anuncios de empleo) que permiten a sus usuarios rastrear la totalidad o una parte sustancial de las ofertas de su interés disponibles en bases de datos de otros sitios web, llevan a cabo actos de “extracción” (transferencia a otro soporte) y “reutilización” (puesta a disposición del público en sentido amplio) y, por tanto, pueden verse sujetos a la facultad de prohibición de los fabricantes de las bases afectadas, siempre que estos hayan realizado una inversión sustancial en la obtención de los elementos que constituyen su contenido (no en su creación), la verificación de los mismos (control de su exactitud) y/o su presentación (disposición sistemática o metódica y/o organización de su accesibilidad). En cualquier caso, la protección derivada del derecho sui generis no va más allá de asegurar la remuneración de la inversión. Debe establecerse un justo equilibrio entre el interés legítimo de los fabricantes en amortizar su inversión y, de otro lado, el de los usuarios y competidores de los fabricantes en tener acceso a la información contenida en la base y de crear productos innovadores basados en esa información.

El pasado 4/6/2021 la Comisión Europea dio a conocer la largamente esperada Guía sobre el polémico artículo 17 de la Directiva 2019/790, sobre derechos de autor y afines en el mercado único digital (DDAMUD), relativo al régimen aplicable a los proveedores de servicios de compartición de contenidos (PPSCCL). Las controversias han sido muchas y la implementación nacional complicada y demorada (hoy precisamente se cumple el plazo previsto en el art. 29 DMUD). Por si fuera poco, tenemos pendiente ante el TJUE el recurso planteado por Polonia contra el citado art. 17 (asunto C-401/19), del que se dio cuenta en su día en este mismo blog. La Guía por ahora está disponible sólo en inglés. La reseña expone de forma clara y útil sus líneas esenciales.

Tras "Padawan" y "EGEDA", los tribunales españoles llevan de nuevo la copia privada ante el TJUE. En este caso, sin embargo, ya no se denuncia que se vean obligados a financiar la compensación equitativa sujetos excluidos del límite (personas jurídicas o personas físicas que adquieren EAS con fines profesionales). La controversia se centra en la composición y facultades de la "Ventanilla Única Digital" (VUD). Pero no es un asunto marginal, pues se trata de una pieza clave en el sistema resultante de la reforma de 2017. Las cuestiones han sido planteadas por la Sala 3ª del TS, en el procedimiento sobre la impugnación del RD 1398/2017 formulada por AMETIC.