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En el caso de la compensación por copia privada, los titulares del derecho de reproducción no son "prestadores de servicios" a quienes pagan el canon, a efectos de IVA. Sí lo son, en cambio, los titulares del derecho de comunicación pública cuando, a revés de una entidad de gestión, conceden licencias para el uso de sus obras

La cancelación de la marca figurativa "Flower Thrower" ("Lanzador de Flores") por parte de la EUIPO no priva a Banksy de los derechos de autor sobre sus obras. No obstante, las circunstancias de la creación y, en particular, el anonimato, pueden afectar, en la práctica, a su concreto ejercicio. NOTAS (13/10/2020 y 14/10/2020): (1) La sentencia del caso "Radiant Heart" (Keith Haring), aludida en el pfo. 9 y parcialmente transcrita en la nota 12, ya está disponible en la base de datos del CENDOJ: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ab62f748a235fd6/20201009 (enlace activo en nota 12) (2) Añadida una referencia en nota final a un caso italiano directamente relacionado con la problemática (Ordinanza Tribunale di Milano 15/1/2019, Pest Control Office Ltd c. 24 Ore Cultura SRL; enlace activo en la propia nota final)

Anulado, por razones de procedimiento, el art. 4.1,a) RD 1398/2018, en el que se establecía una redistribución de la compensación equitativa para fonogramas. En la norma anulada se pasaba del 50-25-25 % anterior, para autores, artistas y productores, a un 40-30-30 %., con la consiguiente reducción de la parte de los autores, en beneficio de artistas y productores.

Información sin reseña.

El derecho a una remuneración equitativa y única reconocido a artistas y productores de fonogramas por el art. 8.2 de la Directiva sobre Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) debe ser compartido en todo caso por ambos grupos de titulares. No cabe que el Derecho nacional de un Estado miembro excluya, por razones de reciprocidad de trato, a los artistas de terceros Estados (p.e. los EE.UU) de tal modo que los productores hagan suya la totalidad de la remuneración. Es razonable neutralizar las reservas que hayan podido formular terceros Estados al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF / WPPT), al objeto de lograr una reciprocidad de trato y evitar tener que reconocer a sujetos de terceros países derechos que en tales países se niegan a los europeos . Pero, tras la DAPDA, ya no pueden hacerlo los Estados en sus leyes nacionales. La exigencia de reciprocidad debe establecerla en su Derecho la propia Unión Europea.

La aportación pruebas (en el caso una fotografía) a un procedimiento civil mediante un correo electrónico supone un acto de “comunicación”, pero no puede entenderse dirigido a un “público”. No hay pues explotación del material protegido. El hecho de que los documentos aportados adquieran, por ese simple hecho, la condición de públicos y de que la legislación sobre transparencia permita que cualquier interesado pueda acceder a ellos, no debe ir en detrimento de los derechos de autor.

Las tesis doctorales leídas en universidades públicas tienen la consideración de “información” a los efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). El derecho de acceso, no obstante, queda satisfecho con la posibilidad de consulta de la tesis en las propias dependencias universitarias. Los interesados no tienen derecho a obtener de la universidad una copia, aunque asuman los costes de su realización, por impedirlo la obligada protección de la propiedad intelectual, prevista como un límite específico en el art. 14.1,j) LTAIBG. Esa es la conclusión a la que llega la Audiencia Nacional en una breve sentencia de 8 de junio de 2020, en la que desestima el recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB), favorable a las pretensiones de quien había reclamado sin éxito la copia de una tesis a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El material básico de la controversia lo forman la resolución del CGTB de 7/4/2017 (Caso Contaminantes en aguas marinas) y la sentencia del Juzgado Central de lo contencioso núm 10 de 31/10/2019 (asimismo Caso Contaminantes en aguas marinas). La sentencia de mayor rango, de la Audiencia Nacional, se refiere a otra tesis (Caso Buques de carga seca). El itinerario de ambos casos, no obstante, se entrecruza. En primer lugar por el dato, anecdótico, de que quien solicita copia de las tesis y promueve ambos litigios es la misma persona; en segundo y sobre todo porque el conflicto en uno y otro caso es idéntico: ¿permite el derecho de acceso a la información pedir copia de una tesis leída en una universidad pública o debe prevalecer el derecho de propiedad intelectual del autor y, por tanto, la necesidad de obtener su consentimiento?... Hay que reconocer que, en una época en la que muchas tesis están disponibles en Internet, con más ventajas que inconvenientes para la cultura y la ciencia, este tipo de controversias no dejan de ser llamativas. Dada la brevedad –también argumental- de la sentencia de la Audiencia, ha parecido conveniente reconstruir el itinerario de ambos casos y ponerlo ordenadamente a disposición de los lectores por si alguien quiere añadir algo de interés a esta reseña, que no es sino un resumen, bastante reiterativo, de resoluciones administrativas y jurisdiccionales

De acuerdo con las Conclusiones del AG, el art. 8.2 de la Directiva de Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) no contempla el pago de una remuneración equitativa a los artistas y al productor de un fonograma publicado con fines comerciales y luego sincronizado en una obra audiovisual, cuando tiene lugar la comunicación pública de esta. El fonograma sincronizado ve suspendida a estos efectos su condición de tal, sin perjuicio de recuperarla cuando la banda sonora se explote de manera independiente. Queda pendiente saber qué decidirá al fin el TJUE.

El 16 de julio se conocieron las Conclusiones del AG ante el TJUE de tres importantes casos, uno de ellos (Atresmedia) planteados desde España.