Saltear al contenido principal

Blog

Reforma del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: Ley 14/2021, de 11 de octubre (BOE de 12 de octubre)

La Ley 14/2021, de 11 de octubre (“por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019”) incluye un artículo 11 que, por la vía de la modificación del indicado RD-ley 17/2020, introduce algunos cambios que afectan a la materia propiedad intelectual, incluyendo una reforma del propio Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). No se trata de la esperada reforma derivada de las dos Directivas cuya incorporación tenemos pendiente (Mercado Único Digital y Organismos de radiodifusión, respectivamente 2019/790 y 2019/789), sino de otra que se ha producido con cierta discreción durante la tramitación como ley del citado RD-ley 17/2020 (sobre “medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social para hacer frente al impacto económico y social de la COVID”). Algunos cambios se producen en normas externas al TRLPI (DA 7ª RD-ley 17/2020, sobre función social de las entidades de gestión; y Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, sobre ejecución de medidas adoptadas por la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual). Otros afectan de forma directa al TRLPI. Estos últimos se proyectan en tres ámbitos: (1) Derecho de participación (eliminación de “residuos” del viejo sistema de gestión colectiva voluntaria, en nada acordes con la obligatoria; y previsión de una posible concurrencia de entidades); (2) algunos aspectos de la gestión colectiva (reparto, pago y prescripción de derechos en relación con cantidades recaudadas y no reclamadas; y aplicación de la “parte social” de la compensación equitativa por copia privada”); y (3) algunos aspectos de la organización y actuación de la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual (concentración de los vocales en el Ministerio de Cultura y Deporte; ampliación de los legitimados pasivos en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad; procedimiento preliminar contra infractores “escurridizos”; sanciones por incumplimiento de requerimientos y reanudación de actividades interrumpidas)

Reforma del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: Ley 14/2021, de 11 de octubre (BOE de 12 de octubre)

I. INTRODUCCIÓN

1. La última reforma, hasta ahora, de la ley de propiedad intelectual (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, TRLPI) se había llevado a cabo mediante el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de juliode medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos del transporte y vivienda” y afectó a un único precepto[1]. En aquella ocasión se reformó el art. 159, ñ) TRLPIa fin de permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de gobierno de la [sic] entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo que [se] garantiza una gestión libre de influencias de los usuarios y [se] fija un mecanismo de protección frente a posibles conflictos de intereses” (Preámbulo, a propósito de la DF 10ª del RD-ley; vid. la noticia publicada en este blog).

2. Con anterioridad al citado RD-ley se había aprobado otro, el número 17/2020, sobre “medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social para hacer frente al impacto económico y social de la COVID[2]. Este RD-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso el día 20/5/2020, acordándose su convalidación y también su tramitación como proyecto de ley.

3. El Proyecto de Ley originario [Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo).BOCG 20/5/2020] incluía la siguiente DA 7ª:

Disposición adicional séptima. Función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.- Durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Durante dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual podrá modificar dichos porcentajes con el fin de incrementar aquellos destinados a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad
”.

Esa era la única referencia a la materia propiedad intelectual y, como es de ver, aunque afectaba al TRLPI, no lo modificaba.

4. Las modificaciones se producirían por vía de enmienda durante la tramitación del proyecto a iniciativa de diversos grupos parlamentarios (vid “Enmiendas e índice de enmiendas”, BOCG, 28/10/2020). Ahí es donde hicieron su aparición propuestas de modificación centradas en las tres cuestiones que, al fin, se verían afectadas: el derecho de participación de los artistas plásticos, algunos aspectos de la gestión colectiva y la regulación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. La parte que interesa se concretaba en la modificación del redactado inicial la DA 7ª del RD-ley 2020 (vid. supra)[3] y en la adición de una DA 11ª específicamente dedicada a la reforma del TRLPI[4]. En esta DA 11ª se modificaban el art. 24 TRLPI (derecho de participación, en lo que atañe a la mecánica de su gestión) y los arts. 193 y 195 (Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual). Más adelante la reforma se extendería a los arts. 177 y 178 TRLPI, aludidos en la DA 7ª del proyecto y relativos a las cantidades recaudadas por las entidades de gestión y no reclamadas por los titulares y a la aplicación obligatoria de parte de la compensación por copia privada a ciertas actividades y servicios [vid. texto aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena (BOCG 9/7/2021)]. En el Senado hubo diferentes propuestas de reforma que afectaban al texto remitido por el Congreso en las cuestiones mencionadas y en otras, pero ninguna de ellas pasó adelante[5].

5. El resultado ha sido la Ley 14/2021, de 11 de octubre (BOE de 12 de octubre)por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019”. Nada en su título advierte de que la reforma afecte a la ley de propiedad intelectual (ni a otras, como la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). La única pista, para quienes no fueran siguiendo la tramitación parlamentaria, estaba en la palabra COVID, que empieza a ser un caveat en lo que se refiere a la producción normativa: un aviso de que cualquier materia puede verse afectada. No era esta la reforma en la que seguramente estaban pensando los especialistas en propiedad intelectual, preocupados por la obligada, y ya tardía, incorporación de las Directivas sobre organismos de radiodifusión y retransmisiones de radio y televisión (2019/789) y sobre el mercado único digital (2019/790). Pero, por lo pronto, se ha anticipado esta otra reforma, de la que cumple dar cuenta ahora, siquiera sea de forma breve y en términos que permitan, simplemente, situarse. La entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación, es decir el 13/10/2020 (vid. DF 2ª Ley 14/2021).

6. La Ley 14/2021 se compone de un preámbulo (en el que equívocamente se afirma que la ley “contiene sólo las modificaciones que se introducen [en el RD-ley 17/2020]”), once artículos, una DA, una DD y dos DDFF. Interesa destacar aquí el artículo decimoprimero (por el cual se modifican o añaden diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales del RD-ley 17/2020) y, más en concreto, sus apartados uno, nueve y, sobre todo, diez.

II. REFORMAS RELACIONADAS CON LA MATERIA PROPIEDAD INTELECTUAL PERO EXTERNAS AL TRLPI: ART. 11.1 Y 11.9 DE LA LEY 14/2021

a) 11 apartado 1 de la Ley 14/2021: modificación de la DA 7ª del RD-ley 17/2020 (función social de las entidades de gestión)

7. La DA 7ª del RD-ley 17/2020 se ocupaba -y se ocupa- de la función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. La reforma tiene por objeto ampliar las facultades de la asamblea general de las entidades de gestión y se ha concretado en modificar la parte final de la DA 7ª originaria (que ha pasado a ser el primer párrafo) y añadir un segundo párrafo, centrado en la política de deducciones. Seguidamente se reproducen a doble columna los textos precedente y actual:

 

DA 7ª RD-ley 17/2020 Redacción anterior

 

Durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Durante dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual podrá modificar dichos porcentajes con el fin de incrementar aquellos destinados a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad” [el subrayado señala la parte afectada por la modificación]

 

 

DA 7ª RD-ley 17/2020 Redacción actual

 

Durante un plazo de dos años desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley no serán de aplicación los porcentajes mínimos previstos en el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Durante dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una entidad de gestión «podrá acordar modificaciones de la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto en los términos previstos en el citado artículo 177.6 para, sin necesidad de respetar dichos porcentajes mínimos, incrementar las dotaciones destinadas a la realización de actividades o servicios asistenciales a favor de los miembros de la entidad así como a actividades de formación y promoción de autores, editores, artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y productores audiovisuales» [las comillas internas y el subrayado indican la parte modificada].

 

La asamblea general de una entidad de gestión podrá modificar la política general de deducciones practicadas sobre los derechos recaudados y sobre cualquier otro rendimiento derivado de su inversión, al objeto de incrementar las deducciones destinadas a las actividades o servicios previstos en las letras a) y/o b) del artículo 178.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Dicho incremento podrá alcanzar, como máximo, un 50% sobre las deducciones destinadas a dichas finalidades que estén reglamentaria o estatutariamente establecidas a la entrada en vigor del presente real decreto-ley [el subrayado destaca los aspectos básicos de este nuevo párrafo]

b) 11 apartado 9 de la Ley 14/2021: adición de una DF 10ª al RD-ley 17/2020, mediante la cual se modifica la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (ejecución de medidas adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual)

8. Como ya se ha anticipado, la reforma del TRLPI afecta, entre otras materias, a la regulación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, a la que corresponde la función de “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad” (art. 195.1 TRLPI). Mediante el art. 11.9 de la Ley 14/2021, y por la vía de una nueva DF 10ª añadida al RD-Ley 17/2020, se da nueva redacción al apartado 2 del art. 122 bis.2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA)[6]. Para facilitar la comparación y valorar el alcance de la reforma, seguidamente se reproducen a doble columna los textos anterior y actual:

 

Art. 122 bis.2 LJCA Redacción anterior

 

2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

 

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.

 

En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida [se subraya lo relevante para la comparación]

 

 

Art. 122 bis.2 LJCA Redacción actual

 

2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

 

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución. «La solicitud habrá de ir acompañada del expediente administrativo». [las comillas internas y el subrayado indican lo añadido]

 

En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado «dará traslado» de la resolución de la Comisión al representante legal de la Administración, al «del» Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante «para que puedan efectuar alegaciones escritas por plazo común de cinco días». [las comillas internas y el subrayado destacan lo relevante para la comparación]

 

«Si de las alegaciones escritas efectuadas resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez, atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista oral o, en caso contrario, si de las alegaciones escritas efectuadas no resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución, el Juez resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida» [Ídem]

 

III REFORMA DEL TRLPI: ART. 11.10 DE LA LEY 14/2021

9. Sin restar importancia a los apartados 1 y 9 del art. 11 de la Ley 14/2021, el más relevante es el apartado 10, que tiene por objeto la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual por la vía de la adición de una nueva DF 11 al RD-ley 17/2020. Esta DF 11 del RD-ley 17/2020 se divide en siete apartados o números, que podemos agrupar de acuerdo con los ámbitos afectados, que son tres: el derecho de participación de los artistas plásticos (art. 24 TRLPI); algunos aspectos de la gestión colectiva (arts. 177.6 y 178.2 TRLPI); y regulación de la Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (arts. 193.4, 195 TRLPI)

A) DERECHO DE PARTICIPACIÓN: ART 24 TRLPI (DF 11.1 RD-LEY 17/2020)

10. La regulación del derecho de participación en España ha sido objeto de varias reformas desde su introducción en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. La más aparatosa fue la que, al hilo de la incorporación de la Directiva 2001/84/CE, lo extrajo del TRLPI para hacerlo objeto de una ley especial (la Ley 3/2008), al tiempo que dejaba al art. 24 TRLPI sin contenido. Esa anomalía, totalmente carente de justificación, se enmendó cuando la Ley 2/2019 devolvió el derecho a su sede natural, no sin algunas novedades entre las que destacaba la introducción de la gestión colectiva obligatoria del derecho. Esta novedad y la forma en que se produjo (nada menos que a través de una “corrección de errores” in extremis) está en la raíz de una buena parte de los ajustes que ahora introduce la Ley 14/2021[7].

11. La Ley 14/2021, mediante la repetida reforma del RD-ley 17/2020, ha modificado diversos apartados del art. 24 TRLPI. Ninguno de los cambios afecta a la configuración básica del derecho. Pero sí a aspectos operativos, con el objetivo de hacerla más ágil y, sobre todo, eliminar frases o expresiones que parecían conceder a los titulares del derecho un protagonismo poco acorde con la obligatoriedad de la gestión colectiva. Asimismo se contempla también la posible concurrencia futura de varias entidades.

12. Los apartados del art. 24 TRLPI afectados por la reforma son los números 10 a 12, 14 y 15 y 17 a 19. Ocho en total. Como se ha venido haciendo en esta nota informativa, seguidamente se reproducen a doble columna los textos precedente y actual

 

Art. 24 TRLPI Redacción anterior

 

[…]

10. El derecho de participación reconocido en el apartado 1 se hará efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, cuya legitimación será conforme a lo establecido en el artículo 150 de esta ley. Las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz y transparente tanto en la recaudación como en la distribución del derecho, y siempre con pleno respeto a las obligaciones que establecen las normas aplicables.

 

 

 

 

11. Las entidades de gestión notificarán al titular del derecho cuya gestión haya sido cedida que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere el apartado 15 en el plazo máximo de un mes desde que este haya tenido lugar.

 

12. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular, en concepto de derecho de participación, en el plazo máximo de un año a contar desde el momento del pago, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso esta se efectuará en el mes siguiente a la reclamación.

 

14. Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta al derecho de participación estarán obligados a:

a) Notificar al vendedor, al titular del derecho de participación y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada. La notificación se hará por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la remisión y recepción de la notificación en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de la reventa y deberá contener en todo caso:

i) El lugar y la fecha en la que se efectuó la reventa.

ii) El precio íntegro de la enajenación.

iii) La documentación acreditativa de la reventa necesaria para la verificación de los datos y la práctica de la correspondiente liquidación. Dicha documentación deberá incluir, al menos, el lugar y la fecha en la que se realizó la reventa, el precio de la misma y los datos identificativos de la obra revendida, así como de los sujetos contratantes, de los intermediarios, en su caso, y del autor de la obra.

b) Retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida.

c) Mantener en depósito gratuito, y sin obligación de pago de intereses, la cantidad retenida hasta la entrega al titular o, en su caso, a la entidad de gestión correspondiente.

d) Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que haya actuado como vendedor y, en su defecto, el que haya actuado de intermediario.

 

15. Efectuada la notificación a que se refiere el apartado a) del apartado 14, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho a la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, a los titulares del derecho, en un plazo máximo de dos meses.

 

17. Los titulares del derecho de participación o, en su caso, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual podrán exigir a cualquier profesional del mercado del arte de los mencionados en el apartado 4, durante un plazo de tres años a partir de la fecha de la reventa, la información indicada en la letra a) del apartado 14 que resulte necesaria para calcular el importe del derecho de participación.

 

18. Los titulares del derecho de participación o, en su caso, las entidades de gestión deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en la presente ley.

 

19. La acción de los titulares para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.

 

 

Art. 24 TRLPI Redacción actual

 

[…]

10. El derecho de participación reconocido en el apartado 1 se hará efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Cuando concurran varias entidades que, conforme a sus estatutos, gestionen el derecho de participación, éstas deberán actuar frente a los deudores en todo lo relativo a la percepción de este derecho bajo una sola representación en los términos que convencionalmente acuerden. Estas entidades de gestión comunicarán al Ministerio de Cultura y Deporte el acuerdo que hayan adoptado.

 

11. Las entidades de gestión notificarán al titular del derecho que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere el apartado 15 en el plazo máximo de un mes desde que éste haya tenido lugar.

 

12. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular, en concepto de derecho de participación, en el plazo establecido en el artículo 177.1, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso ésta se efectuará en el mes siguiente a la reclamación.

 

 

14. Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta al derecho de participación estarán obligados a:

a) Notificar al vendedor y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada. La notificación se hará por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la remisión y recepción de la notificación en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de la reventa y deberá contener en todo caso:

i) El lugar y la fecha en la que se efectuó la reventa.

ii) El precio íntegro de la enajenación.

iii) La documentación acreditativa de la reventa necesaria para la verificación de los datos y la práctica de la correspondiente liquidación. Dicha documentación deberá incluir, al menos, el lugar y la fecha en la que se realizó la reventa, el precio de la misma y los datos identificativos de la obra revendida, así como de los sujetos contratantes, de los intermediarios, en su caso, y del autor de la obra.

 

b) Retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida.

c) Mantener en depósito gratuito, y sin obligación de pago de intereses, la cantidad retenida hasta la entrega a la entidad de gestión correspondiente.

 

d) Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que haya actuado como vendedor y, en su defecto, el que haya actuado de intermediario.

 

15. Efectuada la notificación a que se refiere el apartado a) del apartado 14, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho a la entidad de gestión correspondiente en un plazo máximo de dos meses.

 

17. Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual podrán exigir a cualquier profesional del mercado del arte de los mencionados en el apartado 4, durante un plazo de tres años a partir de la fecha de la reventa, la información indicada en la letra a) del apartado 14 que resulte necesaria para calcular el importe del derecho de participación.

 

 

18. Las entidades de gestión deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en la presente ley.

 

 

 

19. La acción de las entidades de gestión para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.

 

B) GESTIÓN COLECTIVA: ARTS. 177.6 Y 178.2 TRLPI (DF 11.2 y 3 RD-LEY 17/2020)

a) DF 11.2 RD-ley 17/2020: art. 177.6 TRLPI (Gestión colectiva: reparto, pago y prescripción de derechos; destino de las cantidades recaudadas y no reclamadas)

13. El art. 177 TRLPI se refiere al reparto, pago y prescripción de derechos. Su apartado 6 tiene por objeto regular el destino de las cantidades recaudadas y no reclamadas por sus titulares. La reforma se limita a añadir un párrafo final para descartar la posibilidad de que la prescripción de las pretensiones de cobro de los titulares pueda operar a favor de las entidades de gestión.

 

Art. 177.6 TRLPI Redacción anterior

 

[…]

 

6. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 4 y 5 de este artículo serán destinadas íntegramente por las entidades de gestión a las siguientes finalidades:

 

a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.

 

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, en los términos previstos en el artículo 178.1.c) 1.º y 3.º

 

c) A acrecer proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras y prestaciones protegidas que sí fueron debidamente identificadas en el proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades.

 

d) A la financiación de la ventanilla única de facturación y pago contemplada en el artículo 168.

 

e) A la financiación de la persona jurídica contemplada en el artículo 25.10.

 

La asamblea general de cada entidad de gestión deberá acordar anualmente los porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se destinarán a cada una de las finalidades anteriormente señaladas y que, en ningún caso, salvo en los supuestos de las anteriores letras d) y e), podrán ser inferiores a un quince por ciento por cada una de estas.

 

En el caso de que las entidades de gestión presenten excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos, deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.

 

 

 

 

 

Art. 177.6 TRLPI Redacción actual

 

[…]

 

6. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 4 y 5 de este artículo serán destinadas íntegramente por las entidades de gestión a las siguientes finalidades:

 

a) A la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes.

 

b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, en los términos previstos en el artículo 178.1.c) 1.º y 3.º

 

c) A acrecer proporcionalmente el reparto a favor del resto de obras y prestaciones protegidas que sí fueron debidamente identificadas en el proceso de reparto de donde provienen dichas cantidades.

 

d) A la financiación de la ventanilla única de facturación y pago contemplada en el artículo 168.

 

e) A la financiación de la persona jurídica contemplada en el artículo 25.10.

 

La asamblea general de cada entidad de gestión deberá acordar anualmente los porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se destinarán a cada una de las finalidades anteriormente señaladas y que, en ningún caso, salvo en los supuestos de las anteriores letras d) y e), podrán ser inferiores a un quince por ciento por cada una de estas.

 

En el caso de que las entidades de gestión presenten excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos, deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.

 

En ningún caso se entenderá que la prescripción de las cantidades afectas y destinadas a las finalidades previstas en las anteriores letras a), b) y c) opera a favor de las entidades de gestión, ni se considerarán ingreso propio de las mismas a ningún efecto. [La parte subrayada, añadida al precepto, es la única diferencia entre la redacción actual y la precedente]

 

b) DF 11.3 RD-ley 17/2020: art. 178.2 TRLPI (aplicación de parte de la compensación por copia privada a la asistencia de los miembros de las entidades de gestión y a la promoción de autores y artistas)

14. El art. 178 TRLPI, también sobre gestión colectiva, se refiere a la “función social y desarrollo de la oferta digital legal”. En él se impone a las entidades el fomento, promoción o realización de diversas actividades: a) asistencia de sus miembros, b) formación y promoción de autores y artistas y c) oferta digital legal de obras y prestaciones protegidas. El apartado 2 se refiere a la obligación de aplicar parte de la compensación equitativa por copia privada a las previstas en los apartados a) y b). La reforma se concreta en la adición de un párrafo segundo destinado a separar las cantidades de que se trata del patrimonio de las entidades, que sólo serán titulares fiduciarias con la obligación de aplicarlas directamente a las finalidades legalmente previstas.

 

Art. 178.2 TRLPI Redacción anterior

 

2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la compensación prevista en el artículo 25, que reglamentariamente se determine

Art. 178.2 TRLPI Redacción actual

 

2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la compensación prevista en el artículo 25, que reglamentariamente se determine.

 

En ningún caso se entenderá que las cantidades que, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, las entidades de gestión deban dedicar a las actividades y servicios a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, constituyen ingreso propio de las entidades de gestión a ningún efecto, sino que dichas cantidades se entenderán automática y obligatoriamente asignadas y afectas, sin que la entidad de gestión ostente titularidad jurídica material sobre las mismas, a la realización de tales actividades y servicios.

 

 

 C) SECCIÓN SEGUNDA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ARTS. 193.4 Y 195 TRLPI (DF 11.4 A 7 RD-LEY 17/2020)

 a) DF 11.4 RD-ley 17/2020: art. 193.4 TRLPI (composición de la Sección Segunda)

15. El art. 193 tiene por objeto la composición y funciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. La reforma, además de establecer directamente en quién deberá delegar el Ministro si decide hacerlo, concentra las vocalías en el Ministerio de Cultura y Deporte, poniendo fin a la poco operativa dispersión de la norma precedente. Es sin duda una mejora.

 

Art. 193.4 TRLPI Redacción anterior

 

4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Ministro de Cultura y Deporte o persona en la que este delegue, se compondrá de dos vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de dos vocales del Ministerio de Economía y Empresa, uno del ámbito Avance Digital y otro del ámbito Economía y Apoyo a la Empresa, un vocal del Ministerio de Justicia y un vocal del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, designados por dichos departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la designación que realice cada departamento se valorará adicionalmente la formación jurídica en los ámbitos del Derecho procesal, de la jurisdicción contencioso-administrativa y de las comunicaciones electrónicas. Los departamentos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

 

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

 

Art. 193.4 TRLPI Redacción actual

 

4. La Sección Segunda, bajo la presidencia del Ministro de Cultura y Deporte o, por delegación de éste, de la persona titular de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, se compondrá de cuatro vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de los cuales dos procederán del ámbito Propiedad Intelectual, uno del ámbito Tecnologías de la Información y uno del ámbito de la Secretaría General Técnica, designados por los Centros directivos del Departamento que desempeñen dichas competencias en éste, entre el personal de los mismos, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y comunicaciones, Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho de las comunicaciones electrónicas «o» jurisdicción contencioso-administrativa. Los Centros directivos citados designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

 

 

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

 

b) DF 11.5 RD-ley 17/2020: art. 195.2 TRLPI (procedimiento de restablecimiento de la legalidad: legitimación pasiva)

16. El art. 195 TRLPI desarrolla la “función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital”. El apdo. 2 concreta los sujetos contra los cuales puede dirigirse el procedimiento. La reforma, sin duda recogiendo la experiencia previa de la Sección, añade algunos más relacionados con la televisión por Internet y la elusión de medidas tecnológicas de protección.

 

Art. 195.2 TRLPI Redacción anterior

 

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

 

a) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.

 

b) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

 

 

Art. 195.2 TRLPI Redacción actual

 

2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:

 

a) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del servicio o a su modelo de negocio.

 

b) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

 

c) Los prestadores de los servicios de la sociedad de la información de difusión de televisión por protocolo de Internet (IPTV) que vulneren derechos de propiedad intelectual, así como aquellos prestadores de servicios que faciliten el acceso a la difusión realizada por los anteriores, realizando una labor de intermediación activa y no neutral. En particular, se incluirá a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que, como actividad principal, comercialicen electrónicamente cualquier dispositivo, producto, componente o presten algún servicio que permita acceder a la difusión emitida o facilitada por los anteriores.

 

d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que realicen alguna de las actividades comerciales en línea previstas en el apartado 2 del artículo 196 de la presente ley [el art. 196.2 TRLPI se refiere a la fabricación, importación, distribución etc. de dispositivos o en general medios para eludir medidas tecnológicas de protección].

 

c) DF 11.6 RD-ley 17/2020: art. 195.4 y 5 TRLPI (adopción de medidas en procedimiento preliminar contra el presunto infractor cuando incumple las exigencias de información de la LSSICE)

17. El art. 195.4 TRLPI prevé la adopción de medidas para la interrupción de la prestación de servicios o la retirada de contenidos infractores. El último párrafo de este apartado 4, en su redacción anterior, contemplaba la posibilidad de adoptar de inmediato tales medidas cuando el presunto infractor no cumple con la obligación de hacer accesibles una serie de datos destinados a identificarle y localizarle, de acuerdo con el art. 10 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE). Para el modus operandi remitía al siguiente apartado 5. Tal remisión era insuficiente. Era preciso concretar mejor el procedimiento ad hoc para la adopción de esas medidas inmediatas contra infractores que tampoco cumplen las exigencias de información de la LSSICE. Por tal razón la reforma elimina el último párrafo del apartado 4 y dedica un nuevo apartado 5 -con el consiguiente desplazamiento del anterior de este número y los siguientes- a regular el “procedimiento especial” aplicable en tal caso. Se trata del mismo procedimiento general del art. 197.4 TRLPI, desarrollado en el RD 1889/2011 (por el que se regula el funcionamiento de la Comisión), con las especialidades que añade el nuevo art. 194.5 TRLPI.

18. Seguidamente se reproducen a doble columna la redacción anterior del art. 195.4 TRLPI (con el inicio del art. 194.5, que pasa a ser art. 195.6) y la redacción actual (que suprime el párrafo 4 del anterior art. 195.4, trasladando su contenido, que amplía, al nuevo art. 194.5, con el consiguiente desplazamiento numérico del anterior art. 194.5 y siguientes, cuyo contenido no se altera, con la salvedad del art. 195.6 que, convertido en art. 195.7, es objeto de modificaciones).

 

Art. 195. 4 y 5 TRLPI Redacción anterior

 

4. La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Dichas medidas podrán comprender medidas técnicas y deberes de diligencia específicos exigibles al prestador infractor que tengan por objeto asegurar la cesación de la vulneración y evitar la reanudación de la misma.

 

La Sección Segunda podrá extender las medidas de retirada o interrupción a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

 

Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de propiedad intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo de tres días.

 

La interrupción de la prestación del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.

 

Las medidas previstas en el presente apartado se adoptarán, con carácter previo al inicio del procedimiento, cuando el titular del servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor no cumpla con la obligación establecida en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La ejecución de las medidas acordadas conforme al presente párrafo se realizará conforme a lo previsto en el apartado siguiente [el párrafo subrayado se suprime en la nueva redacción del apartado 4; su contenido pasa a ser objeto de un nuevo apartado 5, más extenso y detallado]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad de la resolución dictada […]

 

Art. 195. 4 y 5 TRLPI Redacción actual

 

4. La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Dichas medidas podrán comprender medidas técnicas y deberes de diligencia específicos exigibles al prestador infractor que tengan por objeto asegurar la cesación de la vulneración y evitar la reanudación de la misma.

 

La Sección Segunda podrá extender las medidas de retirada o interrupción a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.

 

Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de propiedad intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo de tres días.

 

La interrupción de la prestación del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.

 

5. Las medidas previstas en el apartado anterior también se podrán adoptar, dentro de un procedimiento especial, cuando el titular del servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor no cumpla con la obligación de informar sobre su nombre o denominación social establecida en el artículo 10.1.a) de la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

 

En este caso, el procedimiento seguirá los trámites establecidos en el desarrollo reglamentario del apartado anterior, con las siguientes especialidades:

 

a) La solicitud de iniciación no necesitará incluir datos relativos a la identificación del titular del servicio de la sociedad de la información presuntamente infractor.

 

b) Previa verificación del incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 10.1.a) de la Ley 34/2002, de 11 julio, se dictará acuerdo de inicio, donde se dejará constancia de dicha comprobación así como del desconocimiento de los datos de identificación de los responsables de los servicios de la sociedad de la información contra los que el procedimiento se dirige, por haber incumplido éstos su obligación de información.

 

c) En caso de no procederse por el presunto infractor a la retirada voluntaria de los contenidos señalados en el acuerdo de inicio, y en caso de que el presunto infractor no efectúe alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio en el plazo previsto, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la conducta infractora.

 

d) Si mediante el acuerdo de inicio, considerado propuesta de resolución, se adoptasen las medidas previstas en el apartado anterior, su ejecución se realizará conforme a lo previsto en el apartado siguiente. [se subraya el apartado 5, introducido en la reforma; es un desarrollo del último párrafo del anterior apdo. 4, que la reforma suprime]

 

6. En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de garantizar la efectividad de la resolución dictada […] [Este apartado únicamente cambia de numeración, al desplazarse, con los que le siguen, por la adición del nuevo apartado 5]

 

d) DF 11.7 RD-ley 17/2020: art. 195.6 TRLPI (sanciones por el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos o reanudación de actividades interrumpidas)

19. El anterior art. 195.6 TRLPI regulaba la imposición de sanciones a los infractores. Como ya ha habido ocasión de señalar, la adición de un nuevo art. 195.5 TRLPI ha supuesto el desplazamiento numérico de los anteriores apdos. 6 a 9 que pasan a ser apartados 7 a 10 en la nueva redacción. Su contenido no se altera, salvo en el caso del apartado 6 que pasa a ser apartado 7 con algunos cambios. Seguidamente se reproducen a doble columna el anterior apartado 6 y su equivalente actual apartado 7. La reproducción es íntegra para facilitar la comparación aunque, en realidad, sólo hay una modificación, que afecta al primer párrafo. Su objeto es suprimir un pequeño y desafortunado galimatías. El anterior art. 195.6 pfo. I TRLPI se refería a la reanudación de actividades ilícitas “por dos o más veces”, como si la reanudación por una sola vez debiera quedar impune. El nuevo art. 195.7 pfo. I s expresa con la debida claridad y alude, simplemente, a la “reanudación de actividades ilícitas”.

 

Art. 195. 6 TRLPI Redacción anterior

 

6. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reanudación por dos o más veces de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.

 

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social de la conducta infractora, la comisión de la infracción podrá llevar aparejada las siguientes consecuencias:

 

a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa del sancionado, en el «Boletín Oficial del Estado», en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador durante un periodo de un año desde la notificación de la sanción, una vez que aquella tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.

 

b) El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida, el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de un año.

 

El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la ley 40/2015, de 1 de octubre y en su normativa de desarrollo.

 

La imposición de las sanciones corresponderá al Ministro de Cultura y Deporte, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los artículos 35, 36 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

 

El instructor del procedimiento sancionador podrá incorporar al expediente las actuaciones que formasen parte de los procedimientos relacionados tramitados por la Sección Segunda en ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el apartado anterior.

 

 

Art. 195. 7 TRLPI Redacción actual

 

7. El incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información de los descritos en el apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La reanudación de actividades ilícitas por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se entenderá por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas interpuestas, reanuden la actividad infractora.

 

Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social de la conducta infractora, la comisión de la infracción podrá llevar aparejada las siguientes consecuencias:

 

a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa del sancionado, en el ‘Boletín Oficial del Estado’, en dos periódicos nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador durante un periodo de un año desde la notificación de la sanción, una vez que aquella tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.

 

 

b) El cese de las actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida, el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la información declarado infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio. La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de un año.

 

El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el procedimiento establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la ley 40/2015, de 1 de octubre y en su normativa de desarrollo.

 

La imposición de las sanciones corresponderá al Ministro de Cultura y Deporte, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los artículos 35, 36 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

 

El instructor del procedimiento sancionador podrá incorporar al expediente las actuaciones que formasen parte de los procedimientos relacionados tramitados por la Sección Segunda en ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el apartado anterior.

 

 

[1] El RD-ley 26/2020 de 7/7/2020 (BOE de 8/7/2020) sería posteriormente modificado por el RD-ley 13/2021 de 24 de junio (BOE de 25/6/20221) y por la Ley 13/21 de 1 de octubre (BOE de 2 de octubre). Estas reformas no afectaron a la materia propiedad intelectual.

[2] También este RD-ley 17/2020 de 5/5/2020 (BOE de 7/5/2020) sería objeto de diversas reformas. Concretamente nueve, hasta llegar a la que nos ocupa, que sería la décima. Vid https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con

[3]Se modifica la Disposición adicional séptima atendiendo a las enmiendas 35 (G.P. VOX), 63 (G.P. Ciudadanos), 77 y 78 (G.P. Republicano), 101 (G.P. Socialista), 103 (G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común), 109 (G.P. Plural) y 145 (G.P. Popular)” (Informe de la Ponencia, BOCG, 7/7/2021)

[4]Se adiciona una nueva Disposición final undécima, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, atendiendo a las enmiendas 59 y 60 del G.P. Ciudadanos, 95 del G.P. Socialista, y 165 y 166 del G.P. Popular” (Informe de la Ponencia, BOCG, 7/7/2021).

[5] El limitado objeto de esta entrada no permite entrar en el contenido y comentario de tales enmiendas, aunque probablemente sería un análisis interesante. Quede para mejor ocasión. Sin duda habrá trabajos doctrinales que lo llevaran a cabo.

[6] Como se recordará el art. 122 bis LJCA fue añadido a esta por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, cuya DA 43 modificó el TRLPI para crear la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y atribuirle la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual por parte de responsables de servicios de la sociedad de la información.

[7] Como se dijo en su momento, con ocasión de la ley 2/2019: “Acaso alguien creyó que la vía de la corrección de errores era una solución ingeniosa y adecuada. Quizá lo fuese para la rebaja del umbral. Pero no, en absoluto, para pasar la gestión colectiva de voluntaria a obligatoria. El cambio era de demasiado calado como para dejar el resto intacto. Sin embargo, nadie calibró las consecuencias ni se tomó el trabajo de efectuar los necesarios ajustes. […] Esta omisión -dejadez- ha dado lugar al mantenimiento en el artículo 24 TRLPI de unas cuantas reglas que ya no tienen sentido o son directamente incorrectas. Debieron eliminarse o acomodarse al nuevo sistema” (Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, R.Bercovitz, coord.., Volumen complementario, Madrid, 2019, po. 28-29)

Volver arriba