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‘Las mil y una noches’ y los derechos de sus traductores. A propósito de una reciente sentencia de la sec. 15ª de la AP de Barcelona

Es mucha y de calidad la literatura existente a propósito de la traducción, ese proceso extraordinario que conduce una obra desde un universo lingüístico a otro diferente (traducere). El traductor, como Moisés, lleva la creación a un nuevo territorio. Los elementos cambian pero la obra traducida permanece, al igual que sucede con un rebaño trashumante, pese a que las ovejas sean al fin otras (art. 499 CC); o, si se prefiere un símil más culto, con el barco de la paradoja de Teseo. Pocas figuras hay tan esenciales para la cultura –más aún, para la civilización- que la del traductor. Y, sin embargo, es un sujeto secularmente maltratado.

I.- Introducción

1. Es mucha y de calidad la literatura existente a propósito de la traducción, ese proceso extraordinario que conduce una obra desde un universo lingüístico a otro diferente (traducere). El traductor, como Moisés, lleva la creación a un nuevo territorio. Los elementos cambian pero la obra traducida permanece, al igual que sucede con un rebaño trashumante, pese a que las ovejas sean al fin otras (art. 499 CC); o, si se prefiere un símil más culto, con el barco de la paradoja de Teseo. Pocas figuras hay tan esenciales para la cultura –más aún, para la civilización- que la del traductor. Y, sin embargo, es un sujeto secularmente maltratado. No tanto por las leyes (que efectivamente se ocupan de él y de sus derechos, aunque podrían hacerlo más) como por los beneficiarios de su labor creativa, que somos todos. Es fácil comprobarlo. Se lee mucha literatura traducida y, sin embargo, raramente se repara en el traductor, pese a ser, en primera instancia, aquel a quien se ha leído. Se ignora su nombre y nadie parece avergonzarse de ello.

2. El traductor es un autor cuyo valor no se aprecia. Todos están atentos al nombre de quienes interpretan a los grandes compositores. Para los amantes de la música, Chopin no sepulta el nombre de pianistas como Marta Argerich o Maria Joao Pires, ni Mozart el de Murray Perahia, por poner un par de ejemplos entre muchos. En el mundo de la literatura, en cambio, sí se produce ese fenómeno. Los traductores hacen algo más que interpretar pero, paradójicamente, tienen menos reconocimiento que los artistas[1]. Con frecuencia, sólo reparamos en la traducción cuando es mala, esto es, cuando detectamos errores o expresiones extrañas en nuestro propio idioma. Al menos para el gran público, el traductor, como el cristal, sólo se hace patente en sus imperfecciones. En otro caso, la transparencia es total. Son minoría quienes, por formación o devoción, degustan la lectura de una traducción apreciando conscientemente las dos obras, originaria y derivada, que tienen en sus manos. Hacerlo requiere mucho paladar. El resultado es bastante injusto. Por supuesto los editores identifican a los traductores, siquiera sea por cumplir la ley. Constan en la página de créditos. Sin embargo, aunque no silenciados, sus nombres suelen estar escondidos, como si el empeño profesional en pasar inadvertidos al realizar su labor se reflejara también en el momento de informar sobre ella. El nombre del traductor debería constar en la portada, aunque fuera en letras de menor tamaño que las del autor de la obra traducida. Siempre.

3. Hace unas semanas, con ocasión del centenario de la muerte de Dante Alighieri, el argentino-canadiense Alberto Manguel publicó en la prensa un artículo sobre la traducción, cuyo párrafo inicial vale la pena transcribir (“Leer a Dante traducido”, El País, Babelia, 5/6/2021, https://elpais.com/babelia/2021-06-05/leer-a-dante-traducido.html):

La traducción es quizás la más misteriosa de las encarnaciones del acto literario. Presupone que un mismo texto puede adquirir diferentes identidades a través de diferentes lenguas, en un proceso en el que cada parte constitutiva es desechada y sustituida por otra: el vocabulario, la sintaxis, la gramática, la música, así como su contexto cultural, histórico y emocional. […]. Pero ¿cómo es posible que estas identidades siempre cambiantes sigan siendo una única identidad? ¿Qué nos permite decir que los cientos de traducciones de los Cuentos de hadasde Grimm, o de Las mil y una noches, o de la Comedia de Dante son, de hecho, un mismo libro? Un viejo enigma filosófico se pregunta si una persona a la que se le han sustituido todas las partes del cuerpo por órganos y miembros artificiales sigue siendo la misma persona. ¿En qué parte de nuestro cuerpo reside nuestra identidad? ¿En cuál de los elementos de un poema reside el poema? Este es el misterio central: si un texto literario es todas las cosas que nos permiten llamarlo la Divina comedia, ¿qué queda cuando cada una de estas cosas se cambia por otra? ¿Es la traducción un disfraz que permite al texto conversar con los que están fuera de su círculo? ¿O es una usurpación que ocupa el lugar del original y se mete soslayadamente en la cama del lector? ¿Qué grado de identidad puede reclamar una traducción?

4. La traducción de una de las obras citadas por Manguel, Las mil y una noches, es precisamente la protagonista del litigio objeto de la presente reseña. Como es sabido se trata de un conjunto de antiguos relatos indios, persas, árabes y de otras culturas, de origen incierto y transmitidos de generación en generación oralmente y por escrito. La principal fuente de conocimiento para el público occidental fue durante mucho tiempo la traducción del orientalista francés Jean Antoine Galland (1646-1715). A principios del siglo XIX, sin embargo, un equipo de redactores árabes elaboró una versión basada en los manuscritos egipcios más tardíos, bautizada como “Recensión moderna de Egipto” por el orientalista alemán Hermann Zotenberg (1836-1894). De ahí que se conozca entre los especialistas por las siglas ZER (Zotenberg’s Egyptian Recension). Esta recopilación, posterior a la traducción de Galland, se imprimió por primera vez en 1835 en la localidad de Bulaq, hoy un arrabal de El Cairo, y ha acabado siendo la de referencia, también para la mayoría de traducciones modernas a lenguas europeas[2].

5. La edición de Bulaq fue la utilizada por dos reputados arabistas españoles, profesores de la Universidad de Barcelona: Leonor Martínez Martín (1930-2013) y Juan Antonio Gutiérrez-Larraya Planas (1918-2012). Su traducción resultó de un encargo de la editorial Vergara y se publicó en tres tomos en 1965 (1ª edición), con un prólogo del también arabista y catedrático Joan Vernet (1923-2011), maestro de Leonor Martínez y Juan Antonio Gutiérrez-Larraya, además de esposo de aquella. No consta el número de ediciones o reimpresiones, aunque en Internet se ofrecen a la venta algunos ejemplares de segunda mano datados en 1970[3].

6. Esta traducción es la que ha sido ocasión para un extraño e interesante litigio entre las herederas de Martínez y Gutiérrez-Larraya y Ediciones Atalanta S.L (en adelante, Atalanta), al haberla publicado esta sin autorización alguna y con un prólogo diferente[4]. La obra se incluyó en la colección Memoria Mundi y ha sido objeto de dos ediciones ya agotadas. Como se puede comprobar a simple vista accediendo al sitio web de Atalanta se trata de una hermosa publicación, muy cuidada y basada en una meditada elección de la traducción española (Las mil y una noches – Ediciones Atalanta[5]). Así resulta de la explicación de la propia editorial:

La magnífica traducción que realizaron en 1965 los arabistas de la Universidad de Barcelona J.A. Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez fue la primera versión íntegra del árabe al español. Muy elogiada por la crítica en su momento, por su esmerado trabajo filológico y generosa profusión de notas al pie, cayó injustamente en el olvido. Ahora los lectores pueden volver a disfrutar de este infinito laberinto de narraciones, el mismo que salvó a Sahrazad gracias a su inigualable encanto

II.- La controversia

7. El litigio se remonta a la desaparición de la editorial Argos Vergara, en fecha y circunstancias que no constan[6]. Tampoco se sabe qué pasó con su fondo editorial y el catálogo de derechos de los que era titular. Lo único seguro es que, en 2014, Atalanta publicó Las mil y una noches en la traducción de Martínez y Gutiérrez-Larraya y más tarde, en 2017, una segunda edición. La aparición de la obra en el mercado alertó a las herederas de los traductores, hermanas Vernet y hermanas Gutiérrez-Larraya, quienes decidieron acudir a los tribunales tras algún intento de negociación que se saldó sin acuerdo. En síntesis, en su demanda contra Atalanta, pedían que se declarase la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, adquiridos mortis causa, así como del derecho moral de paternidad al haberse atribuido la editorial demandada el copyright de la traducción. Pretendían también que se pusiera fin a la explotación de la obra y que se les indemnizaran los daños, tanto patrimoniales como morales. Estos últimos se cifraban en 18.333 € (8.333 para las hermanas Vernet y 10.000 para las hermanas Gutiérrez-Larraya[7]). Los daños patrimoniales se remitían a la prueba practicada a partir de los criterios expuestos en la demanda.

8. Lo llamativo del caso es lo que, de inmediato, descubre el alegato de Atalanta. En esencia la editorial negaba la legitimación de las actoras con el argumento de que sus progenitores respectivos, autores de la traducción, transmitieron en su día plenamente los derechos a Vergara de modo que, a su fallecimiento, ya no formaban parte del caudal relicto. Atalanta, que no es una editorial marginal o desconocida, negaba la propiedad de las demandantes sin decir ni una sola palabra acerca de su propia titularidad. Esto es lo más extraño. En cuanto a la infracción del derecho moral, la demandada alegaba que el símbolo © no tenía por objeto arrogarse la autoría de la traducción sino únicamente los derechos de explotación sobre ella, constando el nombre de los traductores de forma expresa no solo en la publicidad y el catálogo, como se ha visto, sino también en cada uno de los ejemplares publicados.

III Sentencia de primera instancia (JM 6 Barcelona, 30/12/2020[8])

9. Si llamativa era la contestación, aun más lo fue la sentencia de primera instancia que aceptó por completo los argumentos de la demandada. La decisión puede calificarse de poco afortunada aunque, como se verá, la Audiencia acabó poniendo las cosas en su sitio[9].

a) Falta de legitimación activa de las demandantes

10. Vaya por delante que el alegato de la contestación es un buen ejemplo de que la dificultad aguza el ingenio. Pero, al propio tiempo, no hacía sino poner crudamente de manifiesto la desnudez de Atalanta. En efecto, una defensa basada de forma exclusiva en la simple negación de la legitimación ad causam del contrario equivale casi a reconocer la inexistencia de título propio alguno. Por mucho que pueda sorprender, a la vista de las pruebas aportadas, Atalanta no adquirió de nadie los derechos de reproducción y distribución de la traducción de Martínez y Gutiérrez-Larraya. Simplemente, haciendo honor al relato mitológico de la heroína de su mismo nombre[10], salió de caza y cobró la pieza, acaso pensando que era aplicable el art. 610 CC, según el cual “se adquieren por ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza”. Sin embargo, en su contestación, editorial Atalanta ni siquiera esgrimía ese modo de adquirir que, al fin, es uno de los previstos en el art. 609 CC, aunque resulte inaplicable a la propiedad intelectual, para la cual la única adquisición a título originario es la del autor, por el mero hecho de la creación (art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, TRLPI)[11].

11. En cierto modo, la argumentación de Atalanta evoca la de quienes no teniendo nada que esgrimir denuncian un abuso de derecho, reconociendo con ello que su interés no está protegido por una específica prerrogativa jurídica; con la notable diferencia, claro está, de que en el caso que nos ocupa las demandantes no ejercitaban su derecho de forma ilegítima. Como quiera que sea, el quid estaba en determinar si, en efecto, ostentaban o no la propiedad intelectual que denunciaban como infringida. En este asunto, Atalanta sostenía que los traductores habían “vendido” su propiedad intelectual y, por tanto, sin necesidad de entrar a examinar sus propios títulos, la demanda debía desestimarse de plano. Como cabe suponer las actoras negaban que hubiera habido venta alguna y sostenían que los derechos de propiedad intelectual sobre la traducción formaban parte de la herencia de sus padres respectivos.

12. Las relaciones contractuales entre los traductores y Vergara se establecieron en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 (LPI/1879), sin perjuicio de que la relación pudiera prolongarse más allá de la nueva ley de 1987 (LPI/1987). Esto obligaba a acudir a las disposiciones transitorias del vigente TRLPI y, más en concreto, al primer inciso de la DT 3ª, según el cual “Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma”. Por tanto, para la relación entre los traductores y Vergara, había que estar a las previsiones sobre transmisión de derechos de la LPI/1879. No era así, en cambio, en el caso de Atalanta, cuya aparición en escena se produjo bastante después de la derogación de aquella y sin conexión alguna con la titularidad que ostentaron Vergara o Argos Vergara.

13. Se coincide en admitir que la LPI/1879, a diferencia de la LPI/1987 y normas subsiguientes, contemplaba la posible venta de la propiedad intelectual. Hay que hacer, no obstante, algunas puntualizaciones. En primer lugar, es obvio que la venta debía probarse y no simplemente presumirse. En segundo, aun suponiendo que la venta se acreditara, aún habría que considerar la particular posición de las demandantes que, como herederas forzosas de los traductores, contaban con un derecho legal de reversión o recuperación (art. 6 LPI/1879). Finalmente, en el terreno de la especulación, cabría interrogarse acerca del destino de la propiedad intelectual cuando, tras una venta bajo la LPI/1879, el titular derivativo se extingue o desaparece y hay herederos, aun no forzosos, del autor.

14. En cuanto a la primera cuestión, Atalanta aportó, sin explicar cómo llegó a sus manos, un contrato suscrito el 1/6/1961 en el que “por un precio fijado a tanto alzado, la editorial [Vergara] encargaba a Leonor Martínez Martín la traducción al castellano de los volúmenes tercero y cuarto de las «Mil y una noches», traducción que sería publicada en 2005” (FD 3º, pfo. 3.1[12]). En el caso del Sr. Gutiérrez-Larraya, en cambio, la orfandad documental era absoluta, aunque las demandantes habrían reconocido “que «trabajaba» la editorial [sic] por aquellas fechas” (FD 3º, pfo. 3.1[13]). A la vista de esta alusión cabría pensar en una presunción en línea con el actual art. 51 TRLPI[14]. Pero la motivación no sigue este derrotero. Sin que quede del todo claro si está reproduciendo la argumentación de Atalanta o anticipando la propia, la sentencia explica que “al quedar las relaciones jurídicas entre las partes sujetas a la LPI de 1879, incluso partiendo de que el vínculo con la editorial fuera de naturaleza laboral, la solución jurídica sería la misma en ambos casos” (FD 3, pfo. 3.1).

15. En cuanto al derecho aplicable el Juzgado Mercantil acertadamente entendió que el marco de referencia básico de la relación entre los traductores y Vergara quedaba definido por los arts. 5 y 6 LPI/1879, según los cuales:

Art. 5: “La propiedad intelectual se regirá por el derecho común, sin más limitaciones que las impuestas por la ley

Art. 6: “La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida, y se trasmite a sus herederos testamentarios o legatarios por el término de ochenta años. También es trasmisible por actos entre vivos, y corresponderá a los adquirentes durante la vida del autor y ochenta años después del fallecimiento de éste si no deja herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad a los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años”.

16. Una vez delimitada la normativa básica, la sentencia acudió a una amplia cita jurisprudencial de la Audiencia de Madrid. Quizá podía haber acudido, por ejemplo, al caso Kiko Veneno, centrado precisamente en la cuestión del Derecho aplicable y las fronteras entre la vieja LPI/1879 y la hoy vigente (SAP Madrid, sec. 28, 19/10/2018[15]). Sin embargo, el juez optó por un Auto de apelación de medidas cautelares del caso Oteiza, en el que, sin embargo, no había duda alguna –ni controversia- acerca de la aplicabilidad del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (AAP Madrid, sec. 28, 15/6/2012, erróneamente citado como sentencia[16]). Se trataba así de un mero “obiter dictum”, en el que la Audiencia de Madrid, para subrayar las características del actual sistema de transmisión de derechos, hacía una breve descripción del régimen vigente bajo la LPI/1879. Esta es la parte que transcribe la sentencia del Juzgado Mercantil en el caso Mil y una noches:

Situados en dicho escenario, consideramos que ambas partes [se refiere el Auto transcrito a la sobrina de Oteiza y a la Fundación Museo Jorge Oteiza] han incidido -bien que desde posturas distantes y enfrentadas- en el error de describir los derechos de patrimoniales o de explotación soslayando el específico régimen -distinto del de la propiedad común o clásica- que para esos derechos, así como para su transmisión, se contiene en la actual legislación sobre propiedad intelectual. La vieja Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 no contenía una regulación sistematizada de los derechos de explotación de la obra intelectual y los atribuía, sin especiales matizaciones, al autor de la misma (Arts. 6 y 7 ), remitiendo para todo lo no previsto, y por lo tanto, también para su régimen de transmisión, al derecho común, lo que implicaba sin duda atribuir al autor un ámbito prácticamente omnicomprensivo de derechos al modo como lo hace el Art. 348 del Código Civil respecto del derecho de propiedad en general, al que define como «el derecho de gozar y disponer de una cosa (en nuestro caso, la obra protegida), sin más limitaciones que las establecidas en las leyes», y, por lo tanto, una disciplina de transmisión afín a la representada por los modelos clásicos de transmisión del dominio. Sin embargo, en sus Arts. 43 y ss., la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 vino a introducir (sin que esto se haya alterado en lo sustancial con posterioridad) un régimen de cesión de derechos de explotación por actos «inter vivos» que, a diferencia que lo que sucede con el contrato de compraventa o, en general, con los negocios tradicionales capaces de transmitir en bloque y de modo definitivo la universalidad de facultades que integran el dominio común o convencional, comporta, según se ha puesto de relieve por la doctrina especializada, la simple atribución al cesionario de una autorización para el uso o ejercicio de tales derechos. Y ello manteniendo el autor o sus causahabientes la titularidad de los mismos, de manera que las posiciones jurídicas relativas de cedente (o sus causahabientes) y cesionario no diferirían del tipo de relación que existe entre arrendador y arrendatario en la propiedad común, o entre licenciante y licenciatario en el caso de un derecho de marca o de cualquier otro derecho de propiedad industrial. O lo que es igual: en la cesión que regula la Ley de Propiedad Intelectual no hay transmisión de la titularidad de los derechos de explotación (no existe lo que se ha dado en llamar «venta de la propiedad intelectual») sino la atribución a un tercero de la mera facultad de explotar (Carlos María, Avelino , Felipe, Narciso , entre otros)” (FD 3º del AAP de Madrid en el caso Oteiza, reproducido en el FD 3º, pfo. 3.1 de la SJM de Las mil y una noches)[17].

17. Nada hay que objetar a la argumentación de la AP de Madrid. Pero sí a lo que, sin otra base, concluyó el Juzgado Mercantil. He aquí su argumentación, expuesta sin solución de continuidad tras el párrafo transcrito del Auto de cautelares del caso Oteiza:

A la vista de la jurisprudencia transcrita, podemos concluir que los traductores, en virtud de la relación jurídica que por aquel tiempo les unía con la editorial, «vendieron» a esta los derechos de explotación sobre su obra, lo que desarbola por completo la principal tesis de los demandantes, esto es, que no hubo transmisión, sino cesión, y que, por tanto, pudieron adquirir los meritados derechos de sus causantes por vía hereditaria” (FD 3º, pfo. 3.7).

Fácilmente se aprecia el salto argumental. Por supuesto, nada impide aplicar el criterio de las resoluciones dictadas en otros. Pero sólo debe hacerse si han quedado acreditados los hechos que constituyen su presupuesto. En el caso de la traducción de Las mil y una noches, sin embargo, no parece que tal cosa sucediera. En absoluto.

18. En la sentencia, como sabemos, se habla de un encargo de traducción con referencia a la Sra. Martínez y de algún tipo de relación de trabajo en el caso del Sr. Gutiérrez-Larraya, sin que quede clara su naturaleza laboral o civil. No hay más. No era de esperar que con tan pobre base, unida al hecho de un pago alzado, pudiera entenderse acreditada nada menos que una “venta” de la propiedad intelectual. Sobre todo cuando el art. 9 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 (RPI/1880), precepto hoy derogado pero vigente cuando se llevó a cabo la traducción litigiosa, disponía que:

Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la ley

A la vista de la prueba practicada y de la normativa aplicable, lo razonable era concluir que la propiedad intelectual sobre la traducción de Las mil y una noches seguía en el patrimonio de los traductores y, a su muerte, pasó al de sus herederas. Pero no lo entendió así el Juzgado Mercantil.

b) El dominio residual de los autores y el derecho de reversión de las herederas

19. Incluso si se hubiera acreditado una “venta” de la propiedad intelectual, debería haberse reconocido la legitimación de las demandantes, dada la ausencia de título alguno a favor de la parte demandada. Admitir otra cosa sería tanto como aceptar que cualquiera podía haber hecho lo que se permitió Atalanta. La traducción de Martínez y Gutiérrez-Larraya, ni aun en caso de venta, habría pasado a ser una “res nullius”, expuesta a ocupación y por tanto a una nueva propiedad del ocupante por todo el plazo de protección restante. Tampoco podría ser una obra en el dominio público susceptible de ser explotada por cualquiera en régimen de concurrencia, como si Las mil y una noches en árabe y su traducción al español fueran una misma cosa. Tal conclusión habría sido y era absurda.

20. Puede sorprender que una editorial, en este caso Argos Vergara, se extinga sin que sus derechos pasen a nadie. Pero, si se dio esa situación, la única conclusión lógica es la reconstrucción de la plena propiedad en la persona de los autores, por entonces aún vivos. En primer lugar, no cabe pasar por alto la existencia de una propiedad residual incluso en el caso de venta. Y, en segundo, en la controversia que nos ocupa, las demandantes ostentaban algo más que esa propiedad residual, ya que tenían la condición de herederas forzosos.

21. Pese a la venta de la propiedad intelectual bajo la LPI/1879, el autor conservaba algunas facultades de carácter moral (vid. por ejemplo art. 85 RPI/1880, sobre el nombre del autor) y ciertos derechos económicos (como el de colección, arts. 32 LPI/1879 y 20 y 21 RPI/1880). Es discutible que ese conjunto pudiera configurarse como “dominio o propiedad residual”[18]. No obstante, tales poderes, indudablemente ligados a la autoría, pueden considerarse base suficiente para restablecer la titularidad de los autores en caso de extinción de los derechos del adquirente y, en este sentido, no es erróneo hablar de un “dominio residual”, susceptible de transmisión a los herederos. Por otra parte, tampoco cabe ignorar que con la LPI/1987 entró en vigor un régimen mucho más favorable a los autores y que los traductores Martínez y Gutiérrez-Larraya llegaron a disfrutar de él pues fallecieron bastante más tarde. En este sentido, una cosa es la existencia de normas transitorias en la nueva ley para salvaguardar derechos adquiridos bajo la antigua y otra muy diferente entender que esta, la antigua, continúa siendo aplicable en su conjunto. Seguir reconociendo a quien en su día adquirió la obra, al amparo del Derecho transitorio, todos los derechos que correspondían originariamente al autor es perfectamente compatible con sostener que, a partir de la LPI/1987, es el autor quien ostenta el título de propietario intelectual. ¿Qué otro nomen, y desde luego sin el adjetivo “residual”, podemos aplicar a las facultades morales y económicas reconocidas desde ese momento a los autores, al margen de los contratos celebrados bajo la vieja ley?

22. En el caso de la traducción de Las mil y una noches además, aunque hubiera habido venta, no podría obviarse que las demandantes, hijas de los autores de la traducción, tenían como legitimarias la condición de herederas forzosas. Este aspecto no pasó inadvertido al Juzgado Mercantil, aunque al fin no extrajo de él las lógicas consecuencias. Su reflexión fue la siguiente:

Cabría plantearse, aunque esta cuestión no ha sido suscitada por los actores, si podrían invocar a su favor la excepción al régimen general de transmisión de dominio pergeñado por el Derecho común que resulta del propio art. 6 de la LPI [de 1879] según el cual los herederos de los autores «recobran» el ejercicio de tales derechos transcurridos 25 años desde el fallecimiento de éstos, si bien esa cláusula no resulta de aplicación en el supuesto de autos toda vez que el óbito de los traductores se produjo en los años 2012 y 2013, correspondiendo las ediciones publicadas por la demandada a los años 2014 y 2017” (FD 3º, pfo. 3.8)

23. Sin duda, en el momento de la edición no autorizada no habían transcurrido los veinticinco años a los que se refiere el art. 6 LPI/17879. Pero el derecho de exigir la reversión estaba ya en el patrimonio de las demandantes desde el fallecimiento de sus causantes y no como mera expectativa. En este sentido, el art. 41 RPI/1880, que debe considerarse aún vigente, dispone que:

El heredero necesario, que con arreglo al artículo 6.º de la Ley tiene derecho a adquirir las obras que su causante enajenó, terminados veinticinco años después de la muerte del autor, podrá pedir y le será otorgada la inscripción de su derecho en el Registro de la Propiedad intelectual, previa presentación de los documentos que acrediten su carácter”.

Cabría discutir si la posibilidad de inscribir es inmediata o requiere el vencimiento del plazo de veinticinco años. Hay al respecto cierta controversia. Pero parece razonable la tesis defendida por M. Peña y Bernaldo de Quirós en el sentido de que el derecho nace en el patrimonio de los herederos forzoso, ex lege y no por vía sucesoria, cuando muere el autor que vendió la propiedad. De ahí se sigue que los herederos pueden renunciar al derecho, transmitirlo y, por supuesto, defenderlo. Por ello, añade Peña:

Como –según creo- desde la muerte del autor los herederos tienen ya un derecho sobre la obra, perfectamente concretado (aunque su efectividad quede aplazada 25 años), tal derecho es ya, sin duda, inscribible en el Registro especial (art. 41 del reglamento)[19].

24 Siempre especulando con una hipotética venta, no acreditada en el caso que nos ocupa,  aun cabría recordar la obligación del adquirente de explotar la obra. Comentando la DT 3ª TRLPI (“Actos y contratos celebrados según la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual”), Carmen Gete-Alonso expresaba a este propósito una sensata reflexión:

en todo caso parece que, satisfecho el interés del adquirente (comprador) probadamente, tiene derecho el autor a recuperar los derechos de explotación que cedió, cuando aquel no los explote ya[20].

Y añadía en nota, de forma casi premonitoria en relaci´´on con el caso de las Mil y una noches:

No parece razonable, conforme a la nueva legislación, condenar al autor a que no pueda ejercitar los derechos de explotación que tenga sobre obras que «vendió» conforme a la legislación anterior, y que ahora no los ejercita nadie bien porque el adquirente no tiene interés en ello, bien porque ha desaparecido (piénsese en los supuestos de empresas que ya se han extinguido)”[21]

c) ¿Infracción del derecho moral por el uso del símbolo © por parte de Atalanta?

25. Las demandantes denunciaban también la infracción de los derechos morales de los traductores porque:

la editorial demandada, mediante la colocación del símbolo Copyright junto al nombre de la editorial en los créditos de las ediciones publicadas, se habría atribuido la condición de autor de la traducción, infringiendo el derecho de paternidad de los traductores” (FD 3º, pfo. 3.10).

Como cabe suponer, no había controversia acerca de la aplicabilidad de los arts. 14 a 16 TRLPI. Tampoco sobre la legitimación de las herederas de los traductores para actuar en defensa de las facultades morales objeto de tutela post mortem. Lo esencial era saber si había habido o no violación del derecho moral o, al menos, una utilización indebida del símbolo ©[22].

26. La denuncia resultaba un tanto inesperada toda vez que Atalanta dejó constancia de quiénes eran los autores de la traducción, tanto en los ejemplares publicados como en la publicidad, según ha habido ocasión de señalar[23]. Por ello la sentencia de primera instancia desestimó también esta alegación y las correspondientes pretensiones declarativas y de condena. Según la sentencia, cuando el art. 146, I TRLPI dispone que “el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas”, se está refiriendo sólo a los derechos de explotación sobre la obra:

“Podemos concluir que la colocación del símbolo © junto al nombre de la editorial en los créditos incide exclusivamente en la titularidad de los derechos de explotación y, por consiguiente, no determina, «per se», la atribución a aquella de la condición de autor de la obra. […] Cualquier posible confusión al respecto queda despejada por la explícita referencia a la condición de los traductores como autores de la traducción editada que se contiene en el interior de la obra” (FD 3º, pfo. 3.15).

27. Tiene razón la sentencia cuando subraya que Atalanta dejó siempre clara la autoría de la traducción y puede entenderse la conclusión a la que llega. Sin embargo ello no impide apreciar el uso indebido del símbolo ©. El art. III 1 de la Convención Universal de Derecho de Autor de 1952, tendiendo un puente entre los sistema de Copyright y Derecho de autor, dispuso que la exigencia de formalidades como el depósito, registro etc. por parte de las leyes nacionales, se considerarían satisfechas para las obras publicadas en el extranjero por autores también extranjeros “si, desde la primera publicación de [la] obra, todos sus ejemplares publicados con autorización del autor o de cualquier otro titular de sus derechos, llevan el símbolo © acompañado del nombre del titular del derecho de autor o de cualquier otro titular de sus derechos”. Sin embargo, Atalanta no era titular del derecho de autor sobre la traducción. Quizá podría haber alegado, pero tampoco lo hizo, que estaba refiriéndose a los derechos afines que acaso ostente ex art. 129.2 TRLPI, relativo a la edición de obras en el dominio público susceptibles de “ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales”. Pero lo que Atalanta publicó no eran Las mil y una noches en el dominio público (por ejemplo, las antiguas versiones francesa o árabe) sino una traducción que no está en el dominio público y que aún tardará mucho tiempo en llegar a él.

28. Por ello, pese al reconocimiento expreso de la autoría de Martínez y Gutiérrez-Larraya, la denuncia de un uso indebido del símbolo © era fundada. No sólo por acción (atribuirse el © de la traducción) sino sobre todo por omisión (debió hacerse hacer constar el © de los traductores). En los libros debía constar “© De la traducción: Leonor Martínez y Juan Antonio Gutiérrez-Larraya” o “Juan Antonio Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez” o, en su caso, referirse a los herederos. Lo que consta, en cambio, es: “© De la traducción: EDICIONES ATALANTA S.L.[24]. Otra cosa es que de ahí pudiera resultar la infracción del derecho moral de paternidad, aunque no faltan autores que apunten en tal sentido. Por ejemplo, aunque sin ulteriores precisiones, Sebastián López Maza afirma, al comentar el art. 146 TRLPI, que la omisión del símbolo a favor del autor “llegado el caso, podría constituir un atentado contra el derecho de paternidad del art. 14.2º y 14.3º TRLPI[25].

29. Quedó al margen del proceso una cuestión relacionada con el derecho moral que también se presta a algún comentario. Se trata de la sustitución del prólogo original de la edición de Vergara por otro diferente en la de Atalanta. Aunque puede entenderse que la demanda dejara ese asunto a un lado, cabe preguntarse si semejante cambio –no simple adición sino sustitución- pudo afectar al derecho de divulgación. Para cualquier autor, que su obra vaya o no prologada y quién sea el prologuista, no es un asunto menor. Es privilegio del autor tomar este tipo de decisiones o, en cualquier caso, hay que reconocer que ostenta un poder de veto. El prologuista se selecciona con cuidado y, en algunos casos, romper el nexo entre prólogo y obra puede ocasionar un daño moral. Probablemente el que nos ocupa sea uno de ellos. ¿Quién prologó la traducción de Martínez y Gutiérrez-Larraya?… Alguien que tenía los mejores títulos, como ya se ha señalado: Juan Vernet Ginés. No sólo era el maestro de los dos traductores sino también el marido de la Sra. Martínez. ¿No podrían las hermanas Vernet Martínez, hijas del prologuista y la traductora, haberse quejado de esta ruptura o divorcio intelectual post mortem impuesto a sus padres? El prólogo de Manuel Forcano para la edición de Atalanta es excelente[26]. Pero no se trata de eso. ¿Habrían aceptado los traductores que se separara su obra de la presentación que escribió en su día Joan Vernet?

IV.- Sentencia de apelación (SAP Barcelona, sec. 15ª, 3/6/2021[27])

30 Como resulta de lo expuesto, el litigio se cerró en primera instancia con una sentencia desestimatoria de todas las pretensiones de las demandantes, con imposición de costas. Sin que se llegara a saber qué título amparaba a Atalanta, el Juzgado negó a las herederas de los traductores legitimación para hacerle reproche alguno. La defensa de Atalanta (en síntesis: “esto no será mío, pero Vd. no es quién para decírmelo”), triunfó de pleno. Probablemente la sorpresa –agradable en un caso, desagradable en el otro- fue considerable para los letrados de ambas partes. Fue la Audiencia la que vino a poner las cosas en su sitio, con una resolución que, por su propia claridad y acierto, será objeto de reseña más breve.

31. La sentencia de la Audiencia asume el planteamiento del litigio y subraya algunos hechos no controvertidos. Concretamente: la constancia en autos un documento fechado el 1 de agosto de 1961 en el que Vergara encargaba a Leonor Martínez “por un precio fijado a tanto alzado” la traducción de los volúmenes tercero y cuarto de Las mil y una noches a publicar en 1965; que Juan Antonio Gutiérrez-Larraya “trabajaba para la editorial en aquellas fechas”; que los traductores nunca reclamaron nada, ni a Vergara ni a Argos Vergara; y, en fin, que los derechos de explotación sobre la traducción no se mencionaban en el haber hereditario de aquellos.

32. Sobre esa base fáctica, la Audiencia coincide con el Juzgado Mercantil en la delimitación del marco normativo. La controversia, explica, debe resolverse teniendo presente que, en la época en la que se contrató la traducción, la legislación aplicable permitía la venta de la propiedad intelectual, sin perjuicio del derecho de los herederos forzosos a recuperarla en los términos del art. 6 LPI/1879. Como explica la sentencia, de forma clara y sin necesidad de citas ni referencias jurisprudenciales:

Bajo la normativa analizada [LPI/1879], la obra de propiedad intelectual es un objeto más del tráfico mercantil como cualquier otro derecho integrado en la esfera patrimonial del autor y puede ser transmitido de forma lucrativa por cualquier medio traslativo del dominio y, especialmente, mediante la venta o enajenación de la obra propia, pero se reconoce a los herederos forzosos del autor una nuda propiedad de la cual nunca se desprenden, adquiriendo el pleno dominio transcurrido 25 años de la muerte del autor”(FD 3º, pfo. 13).

a) Falta de prueba de la venta de la propiedad intelectual de la traducción

33. Ahora bien, ante todo era preciso comprobar si en efecto, en el caso de Las mil y una noches, los traductores transmitieron la propiedad a editorial Vergara. Aquí es donde se sitúa el núcleo de la sentencia de apelación, su ratio decidendi. Contra el criterio del Juzgado, la Audiencia considera no probada la transmisión. La valoración de la prueba es concluyente:

La prueba de la transmisión de derechos es realmente débil, en el caso de Leonor se aporta un contrato, firmado por una de las partes, donde no se habla de cesión de todos los derechos de propiedad intelectual sino que hace referencia a dos ediciones y se fija el precio por cada una de ellas. Y en el caso de Juan Antonio ni siquiera consta acreditación documental de la cesión, sino simplemente la demandada parece deducirlo de la existencia de una relación laboral, no documentada […] El hecho de que no conste reclamación alguna frente a Vergara durante la vida de los autores no es suficiente para presumir la existencia de cesión indefinida de los derechos, máxime cuando no se volvió a editar la obra durante ese tiempo” (FD 3º, pfo. 15)

b) Falta de título alguno por parte de Atalanta. La traducción no es una “res nullius

34. Señala la Audiencia que, aunque se hubiera acreditado, la cesión de derechos:

[…] tendría efectos «inter partes», es decir, entre los traductores y la editorial Vergara, sin que la aquí demandada haya acreditado ser su sucesora y sin que conste contrato de cesión de los derechos sobre la obra a su favor por parte de Vergara” (FD 3º, pfo. 16).

Podría discutirse la afirmación inicial sobre la eficacia inter partes o erga omnes teniendo en cuenta que hablamos de “propiedad” intelectual. No, en cambio, el acierto de la argumentación de fondo que, a la postre, determina la estimación de la apelación. La desaparición de Argos Vergara, explica la Audiencia, no da derecho a cualquier tercero, Atalanta en este caso,  a “[explotar los derechos] y apropiárselos sin rendir cuenta a nadie” (FD 3º, pfo. 16):

Tras la desaparición de Vergara los derechos sobre la obra no pasan a ser «res nullius» ni entran en el dominio público, […] máxime cuando más adelante estaban destinados a pasar al patrimonio de los herederos, según se deriva del art. 6 de la LPI 1879” (FD 3º, pfo. 16).

Sobre la base de la prueba practicada, la conclusión de la Audiencia resulta tan fundada como sensata:

Lo razonable es considerar que por la desaparición del titular derivativo [los derechos] pasaron ya al patrimonio de los herederos que, como hemos indicado, mantenían la nuda propiedad o un dominio residual” (Ibidem)

En consecuencia, la Audiencia declara la infracción y condena al cese de la explotación, a la destrucción de los ejemplares ilícitos aún en existencias y a pagar una indemnización finalmente fijada en 69.945, 16 €, a repartir entre las demandantes[28].

c) Derechos morales

35. La sentencia de la Audiencia excluye, sin embargo, que haya habido violación del derecho moral de paternidad, coincidiendo en ello con el Juzgado Mercantil. Atalanta se atribuyó el © sobre la traducción, apartándose así de la buena práctica seguida en sus otras publicaciones. Basta echar una ojeada al atractivo catálogo disponible en su sitio web, donde pueden verse las primeras páginas y, por tanto, los créditos de las diferentes obras, para comprobar la cuidada diferenciación entre el © del editor y el © de la traducción[29]. Lo más grave, no obstante, no es el desconocimiento del © de los traductores sino el hecho de que Atalanta se lo atribuyese o arrogase. Por ello la Audiencia, aun coincidiendo con el Jugado Mercantil en que el símbolo © sólo se refiere a los derechos de explotación, cierra su argumentación con un claro reproche: “No obstante, lo que nos parece incuestionable es que la demandada se ha atribuido unos derechos que no ostentaba” (FD 3º, pfo. 23).

e) El fallo

36. La sentencia estima el recurso de apelación y, en lo sustancial, la demanda, con los siguientes pronunciamientos: (1) Se declara que la publicación de la traducción de Las mil y una noches sin haber pedido permiso a los traductores ni, tras su muerte, a las herederas es una infracción de la propiedad intelectual de estos; y (2) Se condena a Atalanta  (a) a pagar una indemnización de 69.945,16, (b) a cesar en la explotación, con prohibición de reanudarla salvo si obtiene el consentimiento de los titulares de la propiedad intelectual sobre la traducción y (c) a destruir los ejemplares que pudiera conservar en “stock”.

[1] La comparación entre los traductores (que son autores) y los artistas (que no lo son) no se hace con ánimo de jerarquizar realidades que son diferentes. No obstante, la  palabra “interpretar”, en sentido amplio, podría aplicarse a ambos; y la palabra “crear” tampoco es inadecuada en el caso de los artistas. Los traductores producen obras y los artistas interpretaciones o ejecuciones. Pero en ambas actividades hay creatividad. El término “creadores” podría así tomarse como un puente entre autores y artistas, sin desconocer por ello las fronteras que los separan.

[2] La información resumida en este párrafo se toma de la Nota Premilinar de Dolors Cinca y Margarida Castells a la edición catalana de Las mil y una noches publicada en 1995 por editorial Proa. Sobre Las mil y una noches hay abundante información en Internet, con una breve entrada en la Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches

[3] Años después, en 1975, Vergara se fusionaría con Argos, para crear la editorial Argos Vergara.

[4] Para ser exactos, las demandantes eran dos de los tres herederos de la Sra. Martínez y las dos únicas herederas del Sr. Gutiérrez-Larraya.

[5] https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/las-mil-y-una-noches/

[6] En la siguiente dirección se explica que Argos Vergara habría presentado suspensión de pagos en 1994: https://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya/Editorials/Argos-Vergara

[7] Así resulta de la sentencia de apelación. En la de primera instancia, probablemente por un error, se dice que las demandantes pedían 8.333€  por la infracción de los derechos de explotación y 10.000 € por los morales (FD 2º, pfo. 2.2).

[8] Sentencia no publicada.

[9] No consta, sin embargo, si alguna de las partes, en particular Atalanta, ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

[10]  Atalanta es un conocido personaje de la mitología griega, gran cazadora y veloz corredora, aunque con una incontrolable debilidad por las manzana de oro (vid. Pierre Grimal, Diccionario de mitología, ed. Paidos, 6ª ed. 1979, p. 57,  trad. de Francisco Payarols; asimismo, Gustav Schwab, Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica, ed. Gredos, 2009, trad. de Francisco Payarols pp. 132 y ss).

[11] Por supuesto, la afirmación va referida a los derechos de autor que son los que ahora interesan. También adquieren a título originarios los diversos sujetos a los que el Libro II TRLPI otorga derechos afines, vecinos o conexos.

[12] La sentencia del Juzgado Mercantil se refiere siempre a la editorial Argos Vergara, algo que sólo sería correcto para hechos o situaciones posteriores a la fusión de ambas editoriales, Argos y Vergara, en 1975.

[13] La frase figura como se ha transcrito. No hay en ella preposición alguna que indique si el Sr. Gutiérrez-Larraya trabajaba “en” la editorial, “para” ella o si, simplemente, se aludía a una relación semejante a la establecida con la Sra. Leonor Martínez.

[14] Artículo 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado.- “1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. [//] 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.[//] 3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores. [//] 4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato. [//] 5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley”.

[15] Uno de  los problemas principales, aunque no el único, tratado en esta sentencia era el de la posible aplicación a contratos anteriores a 1987 de la prohibición del art. 43.5 TRLPI (“la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos el tiempo de la cesión”).

[16] En el caso Oteiza la controversia se planteó entre la sobrina y heredera del artista y la Fundación creada por este, a propósito de la explotación de algunas obras que el propio artista había dejado a su Fundación. La demanda fue desestimada en primera instancia (SJM 12 de Madrid, 19/10/2012). No parece que hubiera apelación.

[17] La transcripción es tan fiel que ni siquiera omite los pintorescos nombres asignados por el CENDOJ a los autores citados como doctrina por la AP de Madrid en el Auto de cautelares. Quizá habría que darle una vuelta a la cuestión de la anonimización de las resoluciones judiciales. Puede aceptarse la sustitución de los nombres de las partes litigantes, aunque eso dificulte a veces la lectura y las referencias jurisprudenciales, sobre todo cuando, además, los nombres varían en las sucesivas resoluciones del mismo caso (primera instancia, apelación…). Tiene muy poco sentido, en cambio, aplicar esa anonimización también a protagonistas indirectos como Jorge Oteiza (que se convierte en Teodoro en el AAP de Madrid y en Faustino en la SJM 12)  o, por mencionar otro caso famoso, Antonio Gaudí (presentado como Fermín en el caso Sagrada FamiliaSAP de Barcelona, 15ª, 28/3/2006). Y aún resulta peor el nombre de los autores citados como doctrina. En este caso ya no se trata de incomodidad para la lectura y las referencias sino de algo que afecta a la motivación misma de las sentencias. Los ciudadanos deben saber en quién o quiénes basan sus decisiones los tribunales. El CENDOJ desarrolla, y muy bien, un cometido de un valor inestimable. Ninguno de los que solemos describir como “países de nuestro entorno” cuenta con un servicio semejante, que pone a disposición del público, en abierto, la totalidad de las sentencias de nuestros órganos jurisdiccionales por encima de la primera instancia e incluso muchas que tienen este carácter. Un recurso tan valioso y bien gestionado tiene seguramente un margen de mejora reducido, al menos si se quiere respetar el mercado de las bases de datos comerciales. Pero en la cuestión de la anonimización podrían hacerse algunos pequeños ajustes.

[18] Puede verse Juana Marco, La propiedad intelectual en la legislación española, 1995, pp. 127 y ss. Sin perjuicio de la lectura de las páginas indicadas, la idea central se centra en la calificación o naturaleza jurídica de esas facultades y derechos residuales: “Precisamente porque la propiedad ha sido enajenada, y con ella todas las facultades que en su virtud correspondían al autor, no pueden ser estos poderes residuales a que ahora nos referimos facultades integrantes del derecho de propiedad (art. 428 C.c.) sino prerrogativas que la propia Ley le confiere como un efectos de la condición de autor […]” (op.cit., p. 128)

[19] Comentario a los arts. 428 y 429 CC y LPI/1879, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir. M.Albaladejo, V-2º, 1985, EDERSA, p. 800. Sobre el derecho de reversión y sus incidencias registrales, cabe recordar el caso José Zorrilla (STS 12/2/1946) reseñado y brevemente comentado por Luis Díez-Picazo en sus Estudios sobre la jurisprudencia civil: “Propiedad Intelectual: Derechos de los herederos del autor de obras enajenadas por este: Nulidad o validez de anotaciones de reversión”, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, vol. II, 2ª ed., 1975, pp. 333 y ss.

[20] Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, coord. R. Bercovitz, 4ª ed., 2017, p. 2373. La frase se mantiene desde la 2ª edición

[21] Ibidem.

[22] La pretensión de las demandantes, tal como se recoge en la sentencia del Juzgado Mercantil (Antecedente 1º), era la siguiente: “Se declare que la inclusión en los créditos de la obra «Las Mil y una noches» del símbolo Copyright a favor de Ediciones Atalanta SL, [respecto] de los derechos derivados «de la traducción» realizada por los autores Leonor Martínez Martín y Juan Antonio Gutiérrez-Larraya Planas, suponen infracción del derecho moral al reconocimiento de su condición de autores que corresponde a los mismos y en cualquier caso se declare que se trata de una atribución indebida e incorrecta, a favor de la demandada, de los derechos sobre la traducción de la indicada obra, que no le corresponden”.

[23] En la primera página consta: “Prólogo, Manuel Forcano. Traducción y notas: Juan Antonio Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez”. Vid. https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/las-mil-y-una-noches/

[24]  Vid. https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/las-mil-y-una-noches/

[25]  Sebastián López Maza en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, coord. R. Bercovitz, 4ª ed.. 2017, p. 1930.

[26] Puede leerse íntegro en el sitio web de ATALANTA: https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/las-mil-y-una-noches/ .

[27]  Sentencia aún no publicada en la base del CENDOJ. En su momento se añadirá la referencia.

[28] Según las demandantes la venta de 3009 ejemplares de la obra se tradujo en unos ingresos netos de 144.392,73 €, de los que habría que deducir los gastos directos acreditados, que ascenderían a 60.455,18 €. De ahí resultaría un beneficio para la editorial de 83.937,55 € “de los que corresponden a las actoras el 83 % (dado que una de las herederas de Leonor no ha comparecido en el procedimiento), por lo que la demandada deberá abonar a la [parte] actora la suma de 69.945,16 €” (FD 3º, pfo. 20).

[29]Solo por poner un par de ejemplos, véanse las traducciones de:  “Decadencia y caída del Imperio romano” de Edward Gibbon (© De la traducción: José Sánchez de León https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/decadencia-y-caida-del-imperio-romano-ii/) y de “Historia de Genji” de Murasaki Shikibu (© de la traducción: Jordi Fiblá, https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/la-historia-de-genji/)

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