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CV-Online c. Melons, STJUE de 3/6/2021, asunto c-762/19. Agregación de contenido disponible en Internet por parte de metabuscadores especializados y derecho “sui generis” de los fabricantes de bases de datos

Los metabuscadores especializados (en este caso en anuncios de empleo) que permiten a sus usuarios rastrear la totalidad o una parte sustancial de las ofertas de su interés disponibles en bases de datos de otros sitios web, llevan a cabo actos de “extracción” (transferencia a otro soporte) y “reutilización” (puesta a disposición del público en sentido amplio) y, por tanto, pueden verse sujetos a la facultad de prohibición de los fabricantes de las bases afectadas, siempre que estos hayan realizado una inversión sustancial en la obtención de los elementos que constituyen su contenido (no en su creación), la verificación de los mismos (control de su exactitud) y/o su presentación (disposición sistemática o metódica y/o organización de su accesibilidad). En cualquier caso, la protección derivada del derecho sui generis no va más allá de asegurar la remuneración de la inversión. Debe establecerse un justo equilibrio entre el interés legítimo de los fabricantes en amortizar su inversión y, de otro lado, el de los usuarios y competidores de los fabricantes en tener acceso a la información contenida en la base y de crear productos innovadores basados en esa información.

I.- INTRODUCCIÓN

1. El “caso CV-Online” (C-762/19) se presentaba como un asunto interesante ya desde su planteamiento, como se explicaba en la entrada que se le dedicó en este blog, sobre la simple base de las preguntas planteadas. Desde el pasado 14/1/2021 contábamos ya con las Conclusiones del Abogado General (AG) y, por tanto, con una información más completa. Finalmente el pasado 3 de junio pudimos conocer la sentencia.

2. El origen de la cuestión está un litigio en el que se enfrentan dos empresas letonas: CV-Online y Melons. La primera explota una base de datos en ofertas de empleo, que se presenta como la más importante de Letonia. Su sitio web está equipado con metaetiquetas (metatags) que permiten a los motores de búsqueda –generalistas o especializados- identificar mejor el contenido de la base para indexarlo correctamente. La segunda empresa, Melons, ofrece en su página (KurbDarbs) un metabuscador especializado que rastrea la red y permite a sus usuarios acceder a todas las ofertas de empleo disponibles, entre ellas las incluidas en la base de CV-Online. En su demanda, CV-Online acusaba a Melons de vulnerar el derecho sui generis reconocido en el art. 7.1 de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de datos (v.c.; en adelante DBD), según el cual el fabricante de una base de datos puede “prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de esta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo”. La prohibición anterior se complementa con una regla para aplicable a los actos de extracción o reutilización que afecten a partes no sustanciales y que evoca la prueba de los tres pasos. En este sentido, el art.7.5 DBD dispone que: “No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base”.

3. En primera instancia la demanda de CV-Online tuvo éxito, con una sentencia que entendió infringido el derecho sui generis por reutilización de partes sustanciales de la base de datos. Pero en apelación el tribunal consideró necesario consultar al TJUE, al que sometió estas dos cuestiones:                                                                                                                          

«1)      ¿Debe interpretarse la actividad de la parte demandada, que consiste en redirigir al usuario final mediante un hipervínculo al sitio de Internet de la demandante, donde se puede consultar una base de datos de anuncios de trabajo, en el sentido de que está incluida en la definición de “reutilización” del artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva [96/9], más concretamente en la reutilización de la base de datos mediante otra forma de transmisión?

2)      ¿Debe interpretarse la información que contiene las metaetiquetasque se muestra en el motor de búsqueda de la demandada en el sentido de que está incluida en la definición de “extracción” del artículo 7, apartado 2, letra a), de la Directiva [96/9], más concretamente en la transferencia permanente o temporal de la totalidad o una parte sustancial del contenido de una base de datosa otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice?»

II.- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

4. El AG entendió que, sin perjuicio de la necesidad de darles respuesta, las cuestiones planteadas omitían “los verdaderos problemas jurídicos” derivados del uso no autorizado de la base de CV-Online por parte de Melons (Conclusiones, pfo. 16). A su juicio el caso brindaba una excelente ocasión para profundizar en la jurisprudencia del TJUE sobre “metabuscadores” y, más allá, en el derecho sui generis a fin de delimitar su alcance y evitar tanto la infraprotección como la sobreprotección.

a) La tutela de las bases de datos y la creación del derecho sui generis

5. Las bases de datos venían gozando de la protección que brinda el derecho de autor con arreglo a los criterios generales. Podían y pueden tener la condición de obra siempre que haya originalidad en la selección o en la presentación de sus elementos. No obstante, esa protección suele ser insuficiente. En primer lugar porque, incluso cuando es procedente, lo que se protege es la estructura de la base y esta no suele ser lo más valioso. En segundo lugar, porque de hecho la mayor parte de las bases de datos quedan fuera del derecho de autor. Así lo imponen dos requerimientos habituales, enemigos casi mortales de la originalidad: la exhaustividad y la funcionalidad. En efecto, cualquier base de datos aspira a ser exhaustiva en el sector correspondiente. Ya se trate de información meteorológica, resultados deportivos, inmuebles en venta, ofertas de trabajo o cualquier otro, en la base ha de estar todo y con semejante objetivo no hay espacio para la originalidad en la selección. Otro tanto sucede con la presentación. Los elementos de la base, que tienen valor autónomo, deben estar dispuestos “de manera sistemática o metódica” y, sobre todo, han de ser “accesibles individualmente” (art. 1.2 DBD y arts. 12.2 y 133.1,II TRLPI). Ello exige criterios simples y al alcance de todos. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero bastará el tan socorrido de los viejos listines telefónicos. La información debía ser tendencialmente completa y su presentación se hacía por apellidos, localidades, calles…[1]

6. Cuesta mucho reunir, tratar, verificar y mantener al día la información. Pero, a la vez, la tecnología digital hace muy fácil replicarla. En teoría, para evitar comportamientos parasitarios, deberían bastar las normas sobre competencia desleal. Sin embargo, la suma de alto valor y extrema vulnerabilidad llevó a pensar –como siempre que se produce esa conjunción- en la posibilidad de crear alguna forma de propiedad, capaz de proteger la inversión sin comprometer la libertad de la información. Ese es el origen del derecho sui generis, que se sitúa, como dice el AG, “entre los más recientes” llegados a “la familia de los derechos de propiedad intelectual” (Conclusiones pfo. 1).

7. Esa familia, por supuesto, está hoy muy alejada de la vieja homogeneidad que se daba en el siglo XIX y buena parte de XX. Hoy la familia es variada. Tanto que quizá cabría aprovechar la ocasión para reivindicar una terminología a menudo criticada. Nuestra ley de 1987 y el propio Texto Refundido de 1996 (TRLPI) distinguían, bajo el amplio paraguas de la propiedad intelectual, entre los “derechos de autor” (Libro I) y los “otros derechos de propiedad intelectual”. Quien más quien menos, por escrito o de palabra, ha dedicado alguna observación crítica a esta última fórmula. ¿Por qué no usar la terminología internacionalmente asentada? ¿Por qué no hablar, simplemente, de derechos vecinos, conexos o afines? Probablemente sería un acierto normalizar este último término, que está entrando con fuerza entre nosotros de la mano de las traducciones españolas de las Directivas de la UE. Ello no obligaría a deshacerse de la rúbrica del Libro II TRLPI. Al contrario, podría justificar volver a usarla sin la referencia añadida al derecho sui generis, producto de la Ley 5/1998, que incorporó la Directiva sobre bases de datos. Bajo la rúbrica “otros derechos de propiedad intelectual” cabría distinguir, en títulos separados, entre “derechos afines” y “derecho sui generis”, convirtiendo los actuales títulos en capítulos, denominación acaso más adecuada a su extensión[2]. De hecho, el propio legislador subrayó esta diferencia cuando puso cuidado en incluir las normas sobre el derecho sui generis después de los artículos 131 y 132 TRLPI, que hasta entonces habían cerrado el Libro II para definir la relación entre sus normas y las del Libro I

8. Como quiera que sea, es obvio que ese derecho, tan lealmente bautizado como sui generis, no puede dejar de verse como una suerte de extraño híbrido entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, que además puede solaparse o no con el derecho de autor[3]. Así viene a recordarlo el AG en sus Conclusiones, prácticamente desde las primeras líneas. Este es el meollo de su extensa exposición y, al fin, de sus propuestas:

A menudo asimilado a un derecho afín al derecho de autor, el derecho sui generis tiene por objeto proteger la inversión del fabricante de una base de datos en la obtención, la verificación y la presentación de dichos datos. Al situarse en la frontera entre el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de la competencia desleal, el derecho sui generis requiere una ponderación prudente entre, por una parte, los intereses legítimos de los fabricantes de las bases de datos en la protección de las posibilidades de amortización de su inversión y, por otra parte, el interés de los usuarios y de los competidores de estos fabricantes en el acceso a la información en bruto y en la posibilidad de crear productos innovadores basados en esa información (Conclusiones pfo. 3).

b) El objeto de la inversión sustancial: obtención, verificación y presentación del contenido

9. En el caso de CV-Online no hay duda de que se trata de una base de datos en el sentido del art. 1.2 DBD. Los anuncios de empleo son “elementos independientes” (pueden separarse unos de otros sin que ello afecte a su valor informativo, que es autónomo), están dispuestos “de manera sistemática o metódica” y son “accesibles individualmente” (se cuenta con una herramienta o instrumento de localización). En palabras del AG: “un elemento útil de una base de datos es un elemento localizable y accesible de dicha base, con un valor informativo autónomo” (Conclusiones pfo. 19, con remisión al caso Fixtures, C-444/02[4]).

10. Lo que no se sabe es si la fabricación de la base ha requerido una “inversión sustancial”. En teoría corresponde al juez nacional determinarlo. Pero “no […] «in abstracto», sino a la luz de la concreta inversión” (Conclusiones pfo. 19, con remisión a The British Horseracing Board, C‑203/02). La noción de “inversión sustancial”, de la que depende la existencia del derecho sui generis, no es objeto de definición en la Directiva. Pero queda claro que puede ser cuantitativa o cualitativa y, en particular, que debe recaer en “la obtención, la verificación o la presentación” del contenido (art. 7.1 DBD). Sobre estos conceptos, señala el AG, ya hay doctrina del propio TJUE.

11. En lo que atañe al “contenido”, se trata de los recursos dedicados a la “búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación”, sin que puedan tenerse en cuenta los “utilizados para la propia creación de los datos” (Conclusiones pfo. 20, con cita del caso Fixtures, C‑338/02). Como es notorio, organizar competiciones deportivas es muy costoso. Pero esta inversión se aplica a crear los datos (los resultados) no a obtenerlos cuando ya existen. La inversión en la “verificación” se dirige a “garantizar la fiabilidad de la información” y por tanto incluye los recursos que “se dedican al control de la fiabilidad de los datos”, tanto durante la fabricación de la base como durante su funcionamiento (Ibidem, asimismo con cita de Fixtures, C-338/02). En relación con la “presentación” se tendrán en cuenta los “recursos consagrados a la disposición sistemática o metódica de los datos contenidos en la base, así como a la organización de su accesibilidad individual” (Ibidem, con referencia al mismo caso Fixtures, C-338/02).

12. En el caso de la base de CV-Online los elementos que forman el contenido de la base son las diferentes ofertas de empleo, que obviamente no crea CV-Online sino los correspondientes empresarios. Como queda dicho y destaca el AG, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si hay o no una inversión sustancial en la obtención, verificación y presentación de estos datos.

c) Propuesta de redefinición de las cuestiones a partir del funcionamiento del motor de búsqueda

13. La primera cuestión se centra en los enlaces, mediante los cuales el motor de Melons, conduce a las ofertas de empleo que se encuentran en la base de CV-Online, para preguntar si se trata de actos de “reutilización”. El AG sin embargo entiende, con razón, que “el verdadero problema que plantea esta cuestión no reside en los hipervínculos como tales”, ya que estos en sí son lícitos, sino “en el modo en que se seleccionan las ofertas de empleo a las que remiten esos vínculos” (Conclusiones pfo. 24). En este punto es clave entender cómo funciona el motor de búsqueda de Melons. Se trata, explica el AG, de un motor especializado que “reproduce e indexa los sitios que incluyen ofertas de empleo”, como el de CV-Online, y “permite a continuación efectuar búsquedas en los contenidos indexados”, según diversos criterios, básicamente naturaleza del empleo y el lugar de trabajo. Una vez localizada la oferta de interés, un enlace dirige al usuario del motor a la base en el que aquella está incluida. De esta forma los usuarios se benefician de un acceso único para rastrear ofertas dispersas en muchas bases. El motor de Melons sería un motor de los a menudo denominados “agregadores de contenido” (Conclusiones AG pfo. 25).

14. La segunda cuestión se refiere al uso de las “metaetiquetas” de la base de CV-Online por parte del motor de Melons y su posible calificación como “extracción” por el hecho de transferirse de un soporte a otro. No obstante, a juicio del AG, “esta segunda cuestión, al igual que la primera, forma parte de un problema más general, a saber, una vez más, el de evaluar el funcionamiento de un motor de búsqueda especializado desde el punto de vista del derecho sui generis” (Conclusiones pfo. 27). Por ello propone analizar conjuntamente ambas cuestiones pues las dos “se refieren a si, en virtud del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9, el fabricante de una base de datos libremente accesible en Internet tiene derecho a prohibir la utilización de esta base de datos por un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda de los contenidos de bases de datos (agregador de contenido)” (Conclusiones pfo. 28).

d) El precedente del caso Innoweb (C-202/12)  

15. El caso Innoweb (STJUE 19/12/2013, C-202/12) lo suscitó un motor de búsqueda especializado en localizar anuncios de vehículos usados, cuyo modus operandi consistía en “[utilizar] los formularios de búsqueda propios de [los sitios de Internet en los que estaban los anuncios], de ahí su denominación de «metamotor de búsqueda»”. Básicamente, el metamotor “traducía las órdenes de los usuarios de modo que fueran comprensibles para los formularios de búsqueda de sitios de Internet que incluían anuncios de automóviles, permitiendo así a los usuarios efectuar una búsqueda en varios sitios simultáneamente, según, a grandes rasgos, los mismos criterios que los utilizados por dichos sitios, a saber, las características pertinentes de los vehículos de segunda mano” (Conclusiones pfo. 30). En Innoweb el TJUE entendió que el operador del metamotor efectivamente llevaba a cabo una “reutilización” de las bases objeto de las búsquedas pues “proporcionaba a sus usuarios, que deben ser considerados miembros del público, acceso a todo el contenido de esa base de datos por un medio distinto del previsto por su fabricante”. Aunque no tenía ningún dato en sí mismo y por tanto no podía considerarse una base, el metamotor constituía “un producto competidor parásito”.

16. Hasta aquí las coincidencias. Sin embargo, también hay diferencias. El motor de Innoweb era un “metamotor de búsqueda”, ya que “[utilizaba] los formularios de búsqueda de los sitios de Internet [afectados]”, [traduciendo] en tiempo real las órdenes de sus usuarios” para ajustarse a los “criterios utilizados por dichos formularios” (Conclusiones pfo. 33). El motor de Melons, en cambio, “indexa regularmente [los sitios de interés] y conserva una copia en sus propios servidores” y a continuación “gracias a su propio formulario de búsqueda, permite a los usuarios efectuar búsquedas según los criterios que propone, búsquedas que se llevan a cabo entre los datos indexados”. El motor de Melons, explica el AG, “funciona de manera similar a los motores de búsqueda en Internet generalistas, como Google”, con la única diferencia de que el motor de Melons no es generalista sino especializado en ofertas de empleo, con el valor añadido de que “su método de indexación y su formulario de búsqueda están optimizados” para que sus usuarios hallen lo que buscan, en este caso, trabajos del tipo y lugar de su interés (Ibidem).

17. Ahora bien, precisa el AG, que el funcionamiento de ambos motores sea diferente no significa que el segundo quede a cubierto de reproches. El análisis no ha de ser tanto técnico como funcional. Así, en Innoweb, el TJUE “no se basó tanto en los detalles del funcionamiento del metamotor de búsqueda […] sino en el hecho de que este permitía explorar, de manera no prevista por el fabricante […] el contenido íntegro de [la] base, [poniéndolo] a disposición de sus propios usuarios” (Conclusiones pfo. 35). De todo ello deduce el AG que Melons lleva a cabo actos de reutilización y extracción de las bases objeto de su búsqueda especializada. Dicho con sus palabras: “el motor de búsqueda en cuestión permite explorar la totalidad del contenido de esas bases de datos, mediante la reutilización de ese contenido, en el sentido dado a la expresión «reutilización» por el Tribunal en el asunto Innoweb. Además, al indexar y copiar el contenido de los sitios de Internet en su propio servidor, el motor de búsqueda de Melons lleva a cabo una extracción del contenido de las bases de datos que componen estos sitios” (Conclusiones pfo. 36). Al fin, pese a las diferencias en cuanto al modus operandi de los respectivos motores “la situación controvertida en el litigio principal no difiere sustancialmente de la del asunto que dio lugar a la sentencia Innoweb” (Ibidem)

e) El necesario equilibrio entre la protección de la inversión sustancial de los fabricantes de bases de datos y la conveniencia de no obstaculizar la creación de productos innovadores que faciliten el acceso a la información.

18. Sin perjuicio del análisis directamente relacionado con las cuestiones planteadas por el tribunal letón, la parte más interesante de las Conclusiones es la que tiene por objeto la razón de ser del derecho sui generis y los riesgos de sobreprotección. La idea central es simple y razonable: parásitos no; pero productos innovadores que faciliten el acceso a la información y su uso, sí. La interpretación dada en Innoweb al concepto “reutilización” “es muy protectora de los intereses de los fabricantes de bases de datos”. El AG, descubriendo acaso su propia visión, no se priva de citar alguna doctrina que considera que la protección es excesiva (Conclusiones pfo 38 y nota 31[5]). En cualquier caso, hay que tener siempre presente que el objetivo de “proteger a los fabricantes de bases de datos contra la creación de productos competidores parásitos, no debe conducir, al mismo tiempo, a impedir la creación de productos innovadores de valor añadido” (Conclusiones pfo. 40). Entre tales productos se cuentan precisamente los agregadores de contenido en Internet pues “no solo permiten estructurar y buscar de forma más eficaz la información en Internet, sino que también contribuyen al buen funcionamiento de la competencia y a la transparencia de las ofertas y de los precios” (Conclusiones pfo. 41). Como siempre la solución pasa por uno de los mantras del Derecho: el “equilibrio” de los legítimos intereses en juego. El fiel de la balanza es la inversión del fabricante. Hay que asegurarle amortizar la inversión realizada. Sólo si esta corre riesgo tiene sentido el derecho autorizar o prohibir que constituye el contenido del derecho sui generis.

19. El AG lo expone en términos muy claros: “los órganos jurisdiccionales nacionales deben comprobar no solo si se produce una extracción o una reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos y si la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representan una inversión sustancial, sino también si la extracción o la reutilización de que se trate constituyen un riesgo para las posibilidades de amortización de dicha inversión. Los fabricantes de bases de datos deberían tener derecho a prohibir la extracción o la reutilización del contenido de sus bases únicamente en este caso” (Conclusiones pfo. 47).

20. Aplicando la argumentación al caso CV-Online c. Melons, el AG subraya tres puntos. En primer lugar, que el perjuicio no puede presumirse, correspondiendo acreditarlo a la demandante, “con pruebas sólidas”. En segundo lugar, Melons no sustituye a CV-Online, que sigue siendo “el intermediario necesario entre los solicitantes de empleo y los empleadores”. Como observa el AG, “desde el punto de vista de los empleadores, la eficacia de CV-Online como bolsa de empleo para captar trabajadores no parece verse afectada”. Finalmente, en tercer lugar, vuelve a insistir en la idea básica: “el derecho sui generisestá concebido no para proteger contra la existencia de toda competencia, sino para proteger contra el parasitismo comercial” (Conclusiones, pfo. 49).

f) Derecho sui generis y protección de la competencia. La delimitación del derecho sui generis

21. El AG cierra Conclusiones volviendo al punto de partida: “Aunque [el] derecho sui generis adopta la forma de un derecho de propiedad intelectual, su origen se encuentra en el Derecho de la competencia desleal”. Fue con concebido como una herramienta para proteger de la misma a los fabricantes. Sin embargo, “no puede conducir a otro comportamiento contrario a la competencia, a saber, el abuso de posición dominante”, riesgo sobre el que ya había advertido el TJUE en otras ocasiones, aunque en un contexto diferente (Conclusiones pfos. 52 y 53[6], con cita del conocido caso IMS Health, C‑418/01). En el caso de CV-Online el AG apunta la posibilidad de que el abuso pudiera llegar a darse. CV-Onlinese presenta como el más importante sitio de anuncios de empleo en Letonia. Por consiguiente, es razonable pensar que la utilización de la información contenida en él pueda ser indispensable para el ejercicio de la actividad de agregación de ofertas de empleo en Internet en ese Estado” (Conclusiones pfo. 55). Sobre esa base, la protección de CV-Online mediante el derecho sui generis debe limitarse a lo estrictamente necesario para proteger la inversión, de modo que “[si se] comprobara que el funcionamiento de los motores de búsqueda como el de Melons no perjudica seriamente la inversión de CV-Online en su base de datos, ello haría desaparecer […] la única justificación objetiva de la denegación” (Conclusiones pfo. 55). El riesgo de que la prohibición excluya la competencia vendría corroborado, en primer lugar, por el carácter selectivo de su ejercicio (CV-Online permite y facilita la indexación y reproducción a los motores generalistas, como Google, mientras se opone a la de los motores especializados) y, en segundo, porque, al parecer, CV-Onlineactúa no solamente en el mercado principal de ofertas de empleo en Internet, sino también en el mercado derivado de agregadores” a través de un agregador propio de anuncios de empleo incluido en su mismo sitio web (Conclusiones pfos. 56 y 57).

22. Sobre la base de cuanto queda expuesto, la propuesta del AG al Tribunal es clara. Por una parte, considera que indudable que hay extracción y reutilización: un motor de búsqueda “que copie e indexe la totalidad o una parte sustancial del contenido de bases de datos libremente accesible es Internet y que permita a sus usuarios efectuar búsquedas [….] con arreglo a criterios pertinentes […] procede a una extracción y a una reutilización” (Conclusiones pfo. 60). Por otra entiende que el art. 7.1 DBD debe interpretarse “en el sentido de que el fabricante de una base de datos solo tiene derecho a prohibir la extracción o la reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de esa base si dichos actos ocasionan un perjuicio a la inversión en la obtención, verificación o presentación de dicho contenido, es decir, si constituyen un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión por la explotación normal de la base de datos en cuestión”, todo ello sin olvidar que, en cualquier caso, ha de comprobarse si la prohibición entraña o no un abuso de posición dominante (Ibidem).

III SENTENCIA 

23. La sentencia del TJUE se alinea con las Conclusiones del AG. De entrada, como este, considera que las dos cuestiones deben examinarse conjuntamente. A su juicio, lo que en esencia pregunta el tribunal letón es “si el artículo 7, apartados 1 y 2 [DBD] debe interpretarse en el sentido de que un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda de contenidos de bases de datos, que copia e indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, realiza una «extracción» y una «reutilización» del contenido”, susceptible de ser prohibidas por el fabricante de la base en ejercicio de su derecho sui generis (Sentencia pfo. 20). Centrado así el asunto, el TJUE hace un recorrido semejante al del AG.

a) Alcance y finalidad del derecho sui generis. Los conceptos de “obtención”, “verificación” y “presentación” del contenido

24. El objetivo es “garantizar a la persona que tomó la iniciativa y asumió el riesgo de realizar una inversión sustancial —en términos de medios humanos, técnicos o financieros— en la constitución y el funcionamiento de una base de datos que obtenga la remuneración de su inversión” (Sentencia pfo. 22, con remisión a Innoweb). La inversión sustancial debe referirse a la obtención, verificación o presentación del contenido.

25. La “obtención” del contenido de la base “se refiere a los recursos consagrados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los datos” (Sentencia pfo. 25, con cita de The British Horseracing Board, C-203/02 y Fixtures, C-338/02). La “verificación” por su parte “debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de esta” (Sentencia pfo. 26, con cita de The British Horseracing Board, C‑203/02). Finalmente, la inversión destinada a la “presentación del contenido” se refiere a los “recursos consagrados a la disposición sistemática o metódica de los datos contenidos en la base, así como a la organización de su accesibilidad individual” (Sentencia pfo. 27, con cita de Fixtures, C-338/02, C-444/02 y C-46/02). Corresponde al juez nacional determinar, a la vista de esta interpretación, si la base de CV-Online ha requerido un “inversión sustancial”

b) Las metaetiquetas o metatags

26.- De acuerdo con la demanda de CV-Online, su sitio web estaba provisto, como es normal, de metaetiquetas o metatags para permitir a los motores de búsqueda en Internet identificar el contenido para indexarlo correctamente. En el caso de CV-Online las etiquetas contienen palabras clave para casa anuncio de empleo: “denominación del puesto de trabajo”, “nombre de la empresa”, “lugar de trabajo” y “fecha de publicación del anuncio” (Sentencia, pfo. 10). Como es lógico los buscadores –todos- se sirven de las metaetiquetas de CV-Online. La información contenida en ellas aparece tambien en la lista de resultados obtenidos usando el motor de Melons. La cuestión de si las metaetiquetas formaban o no parte de la base fue objeto de controversia y su solución se remite al órgano judicial nacional, que deberá “determinar si las propias metaetiquetas facilitadas por CV-Online pueden considerarse una parte sustancial de la base de datos protegida” (Sentencia pfo. 28)

c) Los conceptos de “reutilización” y “extracción

27 La extracción y la reutilización se definen en el art. 7.2 DBD, apartados a) y b) en los siguientes términos:

2. A efectos del presente capítulo se entenderá por:

a) «extracción» la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice;

b) «reutilización» toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.

El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización”.

28. La sentencia recuerda que el TJUE “ha adoptado una interpretación amplia” de ambos conceptos (pfo. 30, con cita de Innoweb C-202/12 para la “reutilización” y de Directmedia Publishing, C-304/07 para la “extracción”). “Los conceptos de «extracción» y de «reutilización» […] se refieren a todo acto que consista, respectivamente, en apropiarse o en poner a disposición del público, sin el consentimiento de la persona que constituyó la base de datos, los resultados de la inversión de dicha persona, privándola así de los ingresos que se supone deben permitirle amortizar el coste de tal inversión” (Sentencia pfo. 31, con cita de The British Horseracing, C-203/02).

d) Bases de datos y motores de búsqueda especializados

29. Los derechos de los fabricantes de bases de datos pueden verse lesionados por la creación de otras bases a partir del contenido resultado de la inversión realizada. Pero también, como quedó claro desd Innoweb, mediante su explotación por parte de motores de búsqueda especializados que rastrean la red para agregar contenidos. Por ello el TJUE recuerda que “ha declarado que el operador de un metamotor de búsqueda dedicado [especializado] realiza una «reutilización», en el sentido del [art. 7.2,b) DBD] de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos, contenida en un sitio de Internet perteneciente a un tercero, cuando proporciona a un número indeterminado de usuarios finales un dispositivo que permite explorar los datos que figuran en esa base de datos y facilita así acceso al contenido de dicha base por una vía distinta a la prevista por el fabricante de esta”. […] tal actividad vulnera el derecho sui generisdel fabricante de la base de datos, ya que priva a dicho fabricante de los ingresos que se supone deben permitirle amortizar el coste de su inversión. En efecto, en tal caso, el usuario ya no tiene necesidad de pasar por la página de bienvenida ni por el formulario de búsqueda de la base de datos del tercero de que se trate, ya que puede explorar esa base de datos directamente utilizando el servicio del operador del metamotor de búsqueda” (Sentencia pfo. 32 con cita de Innoweb C-202/12).

30. Aunque los motores de los casos Innoweb y CV-Online son diferentes, el resultado es el mismo. El motor de Melons permite que cualquier persona, esto es, el público, pueda “explorar todos los datos que figuran en las bases de datos accesibles libremente en Internet, incluido el sitio de Internet de CV‑Online, y proporciona a sus usuarios acceso al contenido íntegro de dichas bases por una vía distinta a la prevista por su fabricante” (Sentencia pfo. 35). Hay por tanto “reutilizacion”. También “extracción”, pues al indexar y copiar en su propio servidor transfiere el contenido a otro soporte (Sentencia pfo. 36). La presentación de enlaces y la reproducción de las metaetiquetas “no son más que manifestaciones externas, de importancia secundaria, de dicha extracción y reutilización” (Sentencia pfo. 37).

e) El necesario equilibrio entre la protección de los fabricantes y el fomento del acceso a la información

31. Como el AG, tampoco el TJUE olvida referirse a la cuestión de fondo subyacente en el reconocimiento y ejercicio del derecho sui generis, que no es otra que el fomento de la disponibilidad general de información. Por tal razón la sentencia recuerda que “debe establecerse un justo equilibrio entre, por un lado, el interés legítimo de los fabricantes de bases de datos en poder amortizar su inversión sustancial y, por otro, el interés de los usuarios y de los competidores de estos fabricantes en tener acceso a la información contenida en esas bases de datos y la posibilidad de crear productos innovadores basados en esa información” (pfo. 41).

32. Los “agregadores de contenido” también contribuyen de forma decisiva al logro del objetivo buscado consistente en “fomentar la implantación de sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos que contribuyan al desarrollo del mercado de la información”. En este sentido, dice el TJUE: “Al ofrecer a sus usuarios una interfaz unificada que permite efectuar búsquedas en varias bases de datos según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, contribuyen a una estructuración más eficaz de la información y facilitan la búsqueda de esta en Internet. Asimismo, contribuyen al buen funcionamiento de la competencia y a la transparencia de las ofertas y de los precios” (Sentencia pfo. 42).

 

f) Decisión

33. Sobre la base de la argumentación anterior el TJUE declara al fin lo siguiente:

El artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, debe interpretarse en el sentido de que un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda del contenido de las bases de datos, que copia o indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, realiza una «extracción» y una «reutilización» de dicho contenido, en el sentido de esta disposición, que el fabricante de dicha base de datos puede prohibir en la medida en que tales actos ocasionen un perjuicio a su inversión en la obtención, verificación o presentación de dicho contenido, es decir, siempre que constituyan un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión mediante la explotación normal de la base de datos en cuestión, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente”.

IV.- ANEXO: JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE BASES DE DATOS

  1. Directmedia Publishing, 9/10/2008, Directmedia Publishing GmbH c. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, C-304/07
  2. The British Horseracing, 9/11/2004, C-203/02, The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd,
  3. Fixtures (I), 9/11/2004, C-46/02, Fixtures Marketing Ltd Oy Veikkaus Ab
  4. Fixtures (II), 9/11/2004, C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB
  5. Fixtures (III), 9/11/2004, C-444/02, Fixtures Marketing Ltd c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)
  6. Innoweb, 19/12/2013, C-202/12, Innoweb BV Wegener ICT Media BV y Wegener Mediaventions BV
  7. CV-Online, 3/6/2021, C-762/19, CV-Online Latvia SIA c. Melons SIA.

 

[1] Vid. la “Introducción” de las Conclusiones del AG, pfos. 1 a 4.

[2] Quizá cabría incluso considerar una tripartición para separar y dar autonomía sistemática a los derechos afines de los artistas, que presentan notables peculiaridades.

[3] Como las fotografías, también las bases de datos están en los Libros I y II, aunque no de la misma forma. Una fotografía puede protegerse como “obra” o como “mera fotografía”, pero no como ambas cosas a la vez. Las bases de datos, en cambio, pueden estar simultáneamente en los Libros I y II (aunque en rigor los objetos de protección no coincidan: estructura original en un caso, contenido resultante de una inversión sustancial en el otro) y no sea esta la situación más frecuente.

[4] Hay varios casos Fixtures. Para mayor comodidad, al final de la reseña se incluye un “Anexo” con la relación de las sentencias del TJUE sobre bases de datos.

[5]  El autor citado es Martin Husovec. Su artículo lleva un título un tanto agorero, aunque muy descriptivo: “The End of (Meta) search Engines in Europe?”. Se publicó en 2012 en el Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. El paper está disponible en SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2411917   

[6]  En esta ocasión, no obstante, la controversia la había suscitado la denegación de una licencia y, por otra parte, la propiedad intelectual invocada habría sido el derecho de autor.  

 

 

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