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Responsabilidad de los prestadores de servicios por los contenidos cargados por sus usuarios. Asunto C-401/19. Recurso de Polonia instando la anulación de los párrafos b) e inciso final del c) del art. 17.4 DMUD

Polonia sostiene que los apartados del art. 17.4 DMUD impugnados infringen las libertades de expresión e información, reconocidas en el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE). Nota (22/11/2020).- Se ha añadido un enlace a un resumen de los argumentos expuestos en la vista redactado por Paul Keller (vid. nota al final de entrada)

La cuestión del régimen de propiedad intelectual y responsabilidades aplicable a los prestadores de servicios que permiten a sus usuarios compartir contenidos en línea fue objeto de un amplísimo debate durante la tramitación de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DMUD). La controversia, sin embargo, no se ha cerrado. El art. 17 DMUD sigue en el centro de la polémica, ahora en el contexto de los trabajos de incorporación de a Directiva a las leyes nacionales.

No sabemos cuál es el estado de la cuestión en España. Oficialmente, sólo consta que el Ministerio de Cultura y Deporte recabó información y opiniones en una consulta pública abierta en noviembre y cerrada en diciembre de 2019. Cabe suponer que habrá algún borrador, pero no ha trascendido oficialmente. La atención doctrinal está centrada sobre todo en los trabajos que se desarrollan en otros países (singularmente en Alemania) y también en la propia UE.

En lo que atañe a ALADDA de forma más directa, son de particular utilidad los dos documentos elaborados por ALAI y disponibles en su página web:

Draft – First Opinion on certain aspects of the implementation of Article 17 of Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on copyright and related rights in the digital single market

Draft – Second Opinion on certain aspects of the implementation of Article 17 of Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on copyright and related rights in the digital single market

A este propósito, cabe recordar el recurso que presentó Polonia ante el TJUE el pasado 24 de mayo de 2019, contra el Parlamento y el Consejo de la UE, con el objeto de que se anularan la letra b) y el inciso final de la c) del art. 17.4 DMUD. Aprovechando la próxima celebración de la vista, pondremos el caso bajo el radar (la información ya consta registrada en la entrada “Listado de Asuntos pendientes”). Para mayor comodidad, no obstante, se reproduce seguidamente la parte del art. 17 DMUD que interesa y la información sobre el recurso disponible en CURIA.

A) El art. 17.4 DMUD.- Como es sabido, el art. 17 DMUD tiene por objeto el «uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea«. En él se exige que los Estados califiquen como acto de comunicación o, específicamente, puesta a disposición del público la oferta de obras y prestaciones cargadas por los usuarios. Los prestadores, por tanto, deberán contar con una autorización de los titulares de derechos que cubrirá también los actos de usuarios cuando estos no actúen con carácter comercial o, en otro caso, la actividad «no genere ingresos significativos«. Sobre esta base, el apartado 4 del art. 17 dispone que (se añaden subrayados y se resaltan en negrilla las partes cuya nulidad pretende Polonia):

«4. En caso de que no se conceda una autorización, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público, incluida la puesta a disposición de este, de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor, a menos que demuestren que:

a) han hecho los mayores esfuerzos por obtener una autorización, y

«b) han hecho, de acuerdo con normas sectoriales estrictas de diligencia profesional, los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria, y en cualquier caso» [petición de nulidad]

c) han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos, para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, «y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b» [petición de nulidad

A ello hay que añadir lo previsto en los apartados 5 y 10:

«5. Al determinar si el prestador del servicio ha cumplido con sus obligaciones en virtud del apartado 4 y a la luz del principio de proporcionalidad, deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

a) el tipo, la audiencia y la magnitud del servicio, así como el tipo de obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios del servicio, y

b) la disponibilidad de medios adecuados y eficaces y su coste para los prestadores de servicios

[…]

10. A partir del 6 de junio de 2019, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, organizará diálogos entre las partes interesadas para discutir las mejores prácticas para la cooperación entre los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea y los titulares de derechos. En consulta con los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, los titulares de derechos, las organizaciones de usuarios y otras partes interesadas, y teniendo en cuenta los resultados de los diálogos con las partes interesadas, la Comisión dictará orientaciones sobre la aplicación del presente artículo, en particular en lo relativo a la cooperación a que se refiere el apartado 4. Al discutir las mejores prácticas se tendrán especialmente en cuenta, entre otros aspectos, la necesidad de encontrar un justo equilibrio entre los derechos fundamentales y el uso de excepciones y limitaciones. A efectos de los diálogos entre las partes interesadas, las organizaciones de usuarios tendrán acceso a información adecuada de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea sobre el funcionamiento de sus prácticas en lo que se refiere al apartado 4”.

B). Recurso de Polonia.- Sin perjuicio de la lectura directa en CURIA (asunto C-401/19), seguidamente se reproduce la información publicada en CURIA sobre el objeto y contenido del recurso:

Pretensiones de la parte demandante:

Que se anule el artículo 17, apartado 4, letra b), y el artículo 17, apartado 4, letra c), in fine [es decir en la parte que tiene el siguiente tenor: «y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b)»] de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones:

“La República de Polonia solicita la anulación del artículo 17, apartado 4, letra b), y del artículo 17, apartado 4, letra c), in fine [es decir en la parte que tiene el siguiente tenor: «y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b)»] de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO UE L 130 de 17 de mayo de 2019, p. 92) y que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Justicia considere que las disposiciones impugnadas no pueden disociarse de otras disposiciones recogidas en el artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790 sin modificar la esencia de la normativa recogida en dicho artículo, la República de Polonia solicita la anulación de la totalidad del artículo 17 de la Directiva (UE) 2019/790.

La República de Polonia alega, contra las disposiciones impugnadas de la Directiva (UE) 2019/790, un motivo basado en la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de información, garantizado por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La República de Polonia afirma en concreto que la obligación impuesta a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de hacer los mayores esfuerzos por garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria [artículo 17, apartado 4, letra b), de la Directiva (UE) 2019/790] y la obligación impuesta a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de hacer los mayores esfuerzos por evitar que las obras y otras prestaciones notificadas, respecto a las cuales los titulares de derechos han presentado una notificación suficientemente justificada se carguen en el futuro [artículo 17, apartado 4, letra c), in fine, de la Directiva (UE) 2019/790] tiene como consecuencia —para evitar que se declare su responsabilidad— que los prestadores de servicios deben llevar a cabo una comprobación automática previa (filtrado) de los contenidos compartidos en línea por los usuarios, lo que implica la implantación de mecanismos de control preventivo. Tales mecanismos menoscaban la propia esencia del derecho a la libertad de expresión y a la información y no respetan el requisito de que cualquier restricción que se imponga a dicho derecho debe respetar la exigencia de proporcionalidad y de necesidad”.

Nota (22/11/2020): En el Blog de Copyright de Kluwer puede verse un interesante resumen de los argumentos expuestos en la vista del caso, realizado el 11/11/2020 por Paul Keller, del Ivir (también está accesible en su sede y desde el blog IPKat):

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/11/11/cjeu-hearing-in-the-polish-challenge-to-article-17-not-even-the-supporters-of-the-provision-agree-on-how-it-should-work/.