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Un nuevo asunto ante el TJUE, procedente de Italia, sobre la Directiva de gestión colectiva SIAE c. Soundreef  (C-781/18): Entidades de Gestión y Operadores de Gestión Independientes.

Dudas acerca de la incorporación italiana de la Directiva de Gestión Colectiva. Espacios reservados a las entidades de gestión con exclusión de los operadores de gestión independientes.

Un nuevo asunto ante el TJUE, procedente de Italia, sobre la Directiva de gestión colectiva SIAE c. Soundreef  (C-781/18): Entidades de Gestión y Operadores de Gestión Independientes.

Han sido varios los asuntos sometidos al TJUE en relación con la Directiva 2014/26/EU sobre gestión colectiva y licencias multiterritoriales sobre obras musicales (DGC). Todos ellos, sin embargo, se referían a retrasos en la incorporación y, salvo uno, ya han sido archivados. El listado sería el siguiente:

  1. Comisión c. Luxemburgo, Asunto C-20/18: Retraso en la incorporación. Auto de archivo de 14/6/2018 (ECLI:EU:C:2018:467)
  2. Comisión c. Bulgaria. Asunto C-27/18: Retraso en la incorporación. Auto de archivo de 1/6/2018 (ECLI:EU:C:2018:453)
  3. Comisión c. Polonia, Asunto C-206/18: Retraso en la incorporación. Pendiente.
  4. Comisión c. España, Asunto C-207/18: Retraso en la incorporación. Auto de archivo de 27/6/2018 (ECLI:EU:C:2018:550)

A esos casos ha venido a sumarse recientemente otro de más calado, con origen en Italia y relacionado con la forma en que ha incoporado la Directiva. Nace de un añoso litigio entre la  SIAE (Societa Italiana degli Authori ed Editori) y la empresa Soundreef Ltd.

Por lo que resulta de su página (http://www.soundreef.com), Soundreef es un “Operador de Gestión Independiente” (OGI), concepto que el art. 3.b,) de la DGC define como “toda organización autorizada, por ley o mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual, para gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor en nombre de varios titulares de derechos, en beneficio colectivo de esos titulares de derechos, como único o principal objeto, y que: (i) no sea propiedad ni esté sometida al control, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, de los titulares de derechos, y (ii) tenga ánimo de lucro” [conviene recordar que, inicialmente, se decía “«carezca de» ánimo de lucro”, un error que ya ha sido corregido (DOUE L-84 20/3/2014) aunque ello no impide que la Comisión, a fecha de hoy, siga manteniendo en su página de Internet y sin advertencia alguna un enlace a la versión incorrecta (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation); por fortuna el error es grosero y fácilmente detectable].

Según explica en su página, Soundreef Ltd es un OGIque figura en la Oficina de Propiedad Intelectual en el Reino Unido y que puede operar en toda Europa, incluid[a] España. […] fue fundad[o] en el 2011 para ofrecer una alternativa viable a la Organización de Gestión Colectiva tradicional combinando tecnología innovadora con servicio al cliente personal”. Pese a su conexión británica, Soundreef Ltd es propiedad de una sociedad italiana (Soundreef S.p.A) y de esa nacionalidad parece ser también la práctica totalidad de su equipo. Probablemente eso explica que la controversia tenga su origen en Italia (donde Soundreef empezó a operar el mismo año de su creación, 2011) y se haya producido con la SIAE (https://www.siae.it/it).

La Directiva sobre gestión colectiva fue incorporada al Derecho italiano por medio del Decreto legislativo de 15/3/2017, n. 35, “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”, en vigor desde el 11/4/2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/27/17G00048/sg). Pero fue al parecer una incorporación un tanto irregular.

Conviene saber que el art. 180 de Ley italiana de Derecho de autor (n. 633 de 22/4/1941, LDA) atribuía a SIAE el monopolio de la intermediación en el mercado de los derechos. Posteriormente, el ya citado decreto de 15/3/2017 n. 35 incorporó la Directiva, pero lo hizo subordinando la apertura del mercado a lo dispuesto en el art. 180  LDA. En este sentido, su art. 4.2 del decreto disponía que: “I titolari dei diritti  possono  affidare  ad  un  organismo  di gestione collettiva o ad un’entita’ di gestione indipendente di  loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie  o  dei tipi di opere e degli altri materiali protetti  per  i  territori  da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione  europea  di nazionalita’,  di  residenza  o  di  stabilimento  dell’organismo  di gestione collettiva, dell’entita’  di  gestione  indipendente  o  del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo  180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento  all’attivita’  di intermediazione di diritti d’autore” (“los titulares de derechos pueden encomendar a una entidad de gestión colectiva o a un operador de gestión independiente de su elección la gestión de sus derechos, de las correspondientes categorías o de los tipos de obras y prestaciones protegidas, para los territorios que señalen, con independencia del Estado de la UE de nacionalidad, de residencia o establecimiento de la entidad de gestión colectiva, del operador de gestión independiente o del titular del derecho «sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 180 de la ley de 22/4/1941, n. 633 [LDA] con referencia a la actividad de intermediación de derechos de autor»”, t.d.a., comillas internas añadidas).

Es claro que el “sin perjuicio” vaciaba de contenido lo previsto en la Directiva, cosa que motivó un aviso de la Comisión. Tras él, mediante decreto ley n.148 de 16/10/2017, luego convertido en Ley n.172 de 4/12/2017, Italia modificó el art. 180 LDA de tal modo que, ahora, la actividad de intermediación “è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di ci al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35” (“queda reservada de modo exclusivo a la SIAE «y a los otros organismos de gestión colectiva contemplados en el decreto legislativo de 15/3/2017, n. 35»”; t.d.a., comillas internas añadidas).

Pero aun así, seguía habiendo dudas acerca de la interpretación de la ley italiana y su ajuste con la Directiva de gestión colectiva. Nótese que la salvedad del inciso final del art. 180, pfo primero, de la Ley de Derecho de Autor sigue manteniendo una reserva a favor de SIAE y de los otros “organismos de gestión colectiva [OGC]” (nuestras “entidades de gestión”, EE.GG.), con exclusión por tanto de las “entidades de gestión independientes [EGI]” (nuestros “organismos de gestión independientes”, OGI), según resulta de las definiciones incluidas en el art. 1 del Decreto legislativo de 15/3/2017, n. 35.

El litigio entre SIAE y Soundreef se remontaría al menos a 2014 y ha acabado llegando al TJUE a través de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Roma. El texto completo de la Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII,  spezializata in materia di Impresa, de 23/11/2018, puede consultarse en el siguiente enlace:

Por lo que resulta de la resolución, SIAE pretende mantener el monopolio sobre la administración del derecho de comunicación pública de música off line (comercios, interpretación en vivo…), modalidades que exigen un control “a pie de obra”, por decirlo de forma plástica; mientras que Soundreef, por su parte, se opone a tal pretensión al considerarla contraria a la Directiva.

SIAE entiende que el respeto a la diversidad cultural permite que la administración de derechos sobre ciertas obras se restrinja a las entidades de gestión e invoca a tal efecto el Caso OSA (Balneario de Marienbad) en el que el TJUE declaró que: “El artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los artículos 56 TFUE y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que «no se oponen a la normativa de un Estado miembro como la discutida en el litigio principal, que reserva en su territorio la gestión colectiva de los derechos de autor sobre ciertas obras protegidas a una sola sociedad de gestión colectiva» de los derechos de autor, impidiendo así que un usuario de esas obras, como el establecimiento termal parte en el litigio principal, obtenga los servicios prestados por una sociedad de gestión establecida en otro Estado miembro” (Fallo, núm. 3 pfo I; comillas internas añadidas; STJUE 27/2/2014, C-351/12, ECLI:EU:C:2014:110).

Soundreef, por su parte, se opone a tal planteamiento y pide que el Tribunal pregunte al TJUE acerca de la compatibilidad con la Directiva y con el art. 56 TFUE de una norma que “pur riconoscendo l’esistenza d’un libero mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, precluda a taluni soggetti –nello specifico le entità di gestione indipendenti come definiti nella citata Direttiva- in ragione exclusivamente della loro natura giuridica, il diritto di operarvi” (una norma que “aun reconociendo la existencia de un libre mercado de intermediación de derechos de autor, impida a algunos sujetos –en concreto a los operadores de gestión independientes, como se definen en la Directiva- el derecho de operar, por razón exclusivamente de su naturaleza jurídica”, t.d.a)

Sin entrar en cuestiones de interpretación del Derecho italiano, lo cierto es que el Tribunal de Roma entiende que la ley aplicablepreclude alle EGI di operare in Italia, imponendo loro quindi la conclusione di accordi di rappresentanza con la SIAE o con altre OGC, mentre rimane salva la possibilità di gestione diretta da parte dei titolari” (la ley aplicable “impide a los OGI operar en Italia, imponiéndoles la conclusión de acuerdos con la SIAE y otras EE.GG, quedando a salvo la posibilidad de una gestión directa por parte de los titulares”, t.d.a.). Para el Tribunal de Roma la Directiva ha querido liberalizar la prestación de servicios de administración de derechos de propiedad intelectual, sin que quepa invocar un caso como Osa (Balneario de Marienbad) claramente referido al Derecho anterior a aquella. A su juicio la ley italiana no se ajusta a la Directiva. Lo correcto sería aplicar el art. 4.2 del Decreto legislativo de 15/3/2017, n.35, haciendo caso omiso de la restricción incluida en la parte final del reformado art. 180 pfo. primero LDA, donde se sigue reservando la actividad de administración de derechos a las “entidades de gestión” (en nuestra terminología; “organismi di gestione” en la italiana), con exclusión de los “operadores de gestión independientes” (también con nuestra terminología; “entità di gestione indipendenti” con la italiana).

Como consecuencia de todo ello, el Tribunal de Roma plantea al TJUE la siguiente cuestión (asunto C-781/18):

  • Se la Direttiva 2014/26/UE debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l’accesso al mercato dell’intermediaziones dei diritti d’autore, o comunque la concesione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo stato sia in altri Stati membri

La traducción (oficiosa) sería como sigue:

  • Si la Directiva 2014/26/UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una ley nacional que reserve el acceso al mercado de la intermediación de derechos de autor, o en cualquier caso la concesión de licencias a los utilizadores, solamente a sujetos que puedan calificarse, de acuerdo con la definición de la propia Directiva, como entidades de gestión, excluyendo a los calificables como operadores de gestión independientes, constituidos en el mismo Estado o en otros Estados miembros

La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (References to the CJEU 2018: https://www.gov.uk/government/publications/references-to-the-court-of-justice-of-the-european-union/references-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-2018#c781), recoge la siguiente traducción al inglés:

  • Must Directive 2014/26/EU be interpreted as precluding national legislation that reserves access to the copyright intermediation market, or in any event the granting of licences to users, solely to entities which can be classified, according to the definition in that directive, as collective management organisations, to the exclusion of those which can be classified as independent management entities incorporated in that Member State or in other Member States?