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Un nuevo asunto ante el TJUE (Caso “Koch Media”, C-755/19): Infracción de derechos de propiedad intelectual y honorarios de abogados, en un caso de intercambio de archivos (“file sharing”)

La IP Office del Reino Unido informa de un nuevo caso de derecho de autor (References to the Court of Justice 2019). El caso se identifica como “Koch Media” y tiene la referencia C-755/19. No se refiere a aspectos sustantivos…

La IP Office del Reino Unido informa de un nuevo caso de derecho de autor (References to the Court of Justice 2019). El caso se identifica como “Koch Media” y tiene la referencia C-755/19. No se refiere a aspectos sustantivos del derecho de autor (aunque incluye una referencia al intercambio de archivos o “file sharing”) sino a aspectos adjetivos, pero sin duda es un asunto que tiene su importancia. La Directiva básica de referencia es la Directiva de Respeto de la Propiedad Intelectual (DRPI), a la que se añaden la de la Sociedad de la Información (DSI) y la de Programas de Ordenador (DPO). El núcleo de la controversia son los honorarios de los abogados.

(A) La primera cuestión se refiere al art. 14 de la DRPI que dispone lo siguiente:

Costas procesales. Los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad”.

El órgano que plantea la Cuestión prejudicial pregunta [1(a)] si este precepto debe interpretarse en el sentido de que los honorarios de los abogados (“lawyer’s fees), cuando son necesarios, deben considerarse “costas procesales” (“legal costs”) o “demás gastos” (“other expenses”) a efectos de su pago al titular de derechos, cuando este alega extrajudicialmente (“out of court”) el derecho a solicitar una orden de cesación (“prohibitory injuction”) contra un infractor mediante el oportuno aviso o requerimiento (“warning notice”).

Subsidiariamente, en previsión de que la respuesta sea negativa (y, por tanto, los honorarios de abogado queden fuera de las “costas” y “gastos” que, en principio, debe sufragar el infractor vencido), se pregunta  [1(b)] si tales honorarios podrían reclamarse como “daños” al amparo del art. 13 de la misma Directiva (DRPI), conforme al cual

Daños y perjuicios 1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. 2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos” (se han suprimido los puntos y aparte)

(B) La segunda cuestión, también con dos apartados,  gira en torno a la misma problemática, es decir, sobre la posibilidad de que el infractor pueda ser condenado al pago total, o al menos parcial de los honorarios de los abogados. El órgano judicial pregunta [2,a)] si los arts. 3, 13 y 14 DRPI, 7 DSI y 7 DP deben entenderse en el sentido de que del titular de los derechos de propiedad intelectual tiene derecho, en principio, a obtener el reembolso total de los honorarios de abogados aludidos en la cuestión 1,a) o, al menos, una parte razonable y sustancial de los mismos, incluso cuando la infracción alegada ha sido cometida por un particular (“natural person outside his trade or profession”) y una disposición nacional establece, para tal caso, que dichos honorarios generalmente son recuperables solo después de que el valor en disputa se haya reducido (“recoverable only after the value in dispute has been reduced”).

Para el caso de que la pregunta anterior se responda en sentido afirmativo, el órgano judicial añade la siguiente [2,b)]: ¿Deben entenderse las normas aludidas en la pregunta 2,a) en el sentido de que una excepción al principio de reembolso total o parcial de los honorarios de abogados, debe considerarse incluso cuando la  infracción consiste en un intercambio de archivos, esto es, el hecho de poner una obra a disposición del público ofreciendo su descarga gratuita a todos los usuarios de de una plataforma de intercambio de libre acceso y sin medidas para la gestión de derechos?

El Caso Koch Media (C-755/19) ya está incorporado a la base CURIA (Planteamiento). Sin embargo, las preguntas aun no están disponibles (en ningún idioma). Contamos no obstante con la versión oficiosa, en inglés de la IP Office.

Para mayor comodidad, en previsión de que el enlace no funcionara y, sobre todo, para prevenir eventuales malentendidos en los que se haya podido incurrir en la traducción al español en la que se basa este mensaje, seguidamente se copia la versión inglesa que proporciona la repetida IP Office:

1.

a) Is Article 14 of the Enforcement Directive to be interpreted as meaning that the provision covers necessary lawyers’ fees as ‘legal costs’ or as ‘other expenses’ incurred by a holder of intellectual property rights within the meaning of Article 2 of the Enforcement Directive by virtue of the fact that he asserts, out of court, a right to apply for a prohibitory injunction against an infringer of those rights by way of a warning notice?

b) In the event that 1a) is answered in the negative: Is Article 13 of the Enforcement Directive to be interpreted as meaning that the provision covers the lawyers’ fees referred to in 1a) in the form of damages?

2

a) Is EU law, particularly with regard to

  • Articles 3, 13 and 14 of the Enforcement Directive
  • Article 8 of the Copyright Directive, and
  • Article 7 of the Computer Program Directive

to be interpreted as meaning that a holder of intellectual property rights within the meaning of Article 2 of the Enforcement Directive is in principle entitled to reimbursement of the full amount of the lawyers’ fees referred to in 1a), or at least a reasonable and substantial proportion of those fees, even if

  • the alleged infringement has been committed by a natural person outside his trade or profession, and
  • a national provision provides, for such a case, that such lawyers’ fees are generally recoverable only after the value in dispute has been reduced?

b) In the event that Question 2a) is answered in the affirmative: Is the EU law referred to in Question 2a) to be interpreted as meaning that an exception to the principle referred to in 2a), according to which the rightholder must be reimbursed the full amount of the lawyers’ fees referred to in 1a), or at least a reasonable and substantial proportion of those fees, taking account of other factors (such as, for instance, how current the work is, the period of publication and the infringement by a natural person outside the interests of his trade or profession) is to be considered even if the infringement of intellectual property rights within the meaning of Article 2 of the Enforcement Directive consists in file sharing, that is to say making a work available to the public by offering it for free download to all users on a freely accessible exchange platform that has no digital rights management?