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Tres nuevos casos sobre comunicación pública para el TJUE: Contenidos subidos por usuarios (C-682/18 y C-683/18) y alquiler de vehículos con aparato de radio integrado (C-753/18)

Han tenido entrada en el TJUE tres nuevos casos en los que se plantea el alcance del concepto de comunicación al público. Se trata de los señalados como C-682/18 (Youtube), C-683/10 (Elsevier) y C-753/18 (STIM y SAMI). Los dos primeros guardan relación con la problemática objeto del polémico art. 13 de la Propuesta de Directiva sobre derechos de autor en el mercando único digital (DDAMUD): Naturaleza y responsabilidad de los actos que llevan a cabo los proveedores de servicios que albergan grandes cantidades de contenidos subidos por usuarios (p.e. Youtube). El tercero se refiere al alquiler de vehículos con aparatos de radio integrados y se pregunta sobre si tal alquiler entraña comunicación pública por parte de las empresas arrendadoras.

TRES NUEVOS CASOS SOBRE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL TJUE

El gobierno británico informa acerca de los casos que van entrando en el TJUE en materia de Propiedad Intelectual (lato sensu). Seguidamente os copio el enlace general y, debajo, el correspondiente a 2018 (actualizado hasta el 21/12/2018):

En esa página se da cuenta de dos casos que parecen referirse a la misma problemática que aborda el polémico art. 13 de la Propuesta de Directiva de derechos de autor en el mercado único digital (PDDAMUD), actualmente en fase de negociación en el llamado “triálogo” o “trílogo”: la naturaleza, y consiguiente responsabilidad, de los actos que llevan a cabo los prestadores de servicios que albergan y ponen a disposición del público grandes cantidades de contenidos subidos por los usuarios.

La información sobre el tercer caso –también sobre comunicación pública– procede de otra fuente y se produce en un contexto diferente al de los dos primeros.

CASOS SOBRE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE CONTENIDOS SUBIDOS POR USUARIOS

La información es muy escueta y el texto de las preguntas aún no está aún oficialmente en la base de datos del TJUE (CURIA). No obstante, disponemos de las preguntas en una traducción no oficial, pero fiable. Los casos son los identificados como C-682/18 y C-683/18. Las etiquetas añadidas junto a la referencia (Youtube, Elsevier) son las mismas que figuran en la página del gobierno británico, con la siguiente información, común a los dos casos:  “Youtube y Otros – Propiedad intelectual – Infracción –Almacenamiento de videos con contenido protegido por la propiedad intelectual”.

C-682/18 (Youtube):

El caso procede del Tribunal Supremo alemán (BGH) y se refiere al litigio que ha venido enfrentando al productor Frank Peterson con Youtube a propósito de una grabación de la cantante Sarah Brightman:  Petersongs Musikverlag KG / Nemo Studios (titular de derechos de la artista Sarah Brightman) c. Google LLC / YouTube LLC.

Las preguntas formuladas en este caso son las siguientes (traducción NO OFICIAL):

1.- El operador de una plataforma de vídeos por Internet en la que los usuarios publican vídeos que contienen material con derechos de autor sin consentimiento de los mismos, ¿lleva a cabo un acto de comunicación en el sentido del artículo 3 (1) de la Directiva 2001/29/CE, si

(1) obtiene ingresos publicitarios a través de dicha plataforma,

(2) el proceso de carga es automático y sin ninguna visualización o control previo por parte del operador,

(3) el operador recibe una licencia mundial, no exclusiva y sin royalties para los vídeos de acuerdo con las condiciones de uso durante la configuración inicial del vídeo,

(4) el operador indica en sus condiciones de uso en el momento de la carga que los contenidos que infringen derechos de autor no pueden proveerse

(5) el operador proporciona herramientas que permiten a los titulares de derechos actuar para bloquear los vídeos infractores,

(6) el operador de la plataforma provee resultados de búsquedas en forma de listas de clasificación y categorías relacionadas con el contenido, y permite a los usuarios obtener una lista de vídeos recomendados orientados por los vídeos ya vistos,

si no tiene un conocimiento concreto de la disponibilidad del contenido que infringe derechos de autor o, después de obtenerlo, lo elimina de inmediato o lo bloquea de inmediato?

2.- En caso de respuesta negativa a la primera pregunta, ¿la actividad del operador de una plataforma de vídeos por internet se encuentra dentro del alcance del artículo 14 (1) de la Directiva 2000/31/CE [Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico; puerto seguro para almacenamiento de datos[1]], dadas las circunstancias descritas en la pregunta 1?


3.- Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, ¿el conocimiento real de la actividad o información ilegal, y el conocimiento de los hechos o circunstancias a partir de los cuales se manifiesta la actividad o información ilegal, de conformidad con el artículo 14 (1) de la Directiva 2000/31/CE, debe referirse a actividades o información ilegal concretas?

4.- Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa, ¿es compatible con el artículo 8 (3) de la Directiva 2001/29/CE [Sociedad de la Información[2]], que el titular de los derechos que accione frente a un proveedor de servicios cuya actividad implica el almacenamiento de información suministrada por un usuario, y con la intención de infringir derechos de autor o derechos conexos, no pueda obtener una orden de corte hasta que se haya informado a este de una infracción concreta de la ley, y dicha infracción se haya producido nuevamente?

5.- Si las respuestas a las preguntas 1 y 2 son negativas, en las circunstancias descritas en la pregunta 1, ¿es el operador de una plataforma de vídeos por internet un infractor en el sentido de la primera frase del artículo 11 y el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE [Respeto a los derechos de propiedad intelectual[3]]?

6.- Si la respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, la obligación de dicho infractor de pagar daños y perjuicios en virtud del artículo 13 (1) de la Directiva 2004/48/CE ¿puede supeditarse a que el infractor haya actuado deliberadamente, tanto en relación con su propio acto infractor como en relación con la infracción cometida por el tercero? ¿Sabía o debería haber sabido razonablemente que los usuarios utilizan la plataforma para la comisión de infracciones concretas?

 

C-683/18 (Elsevier):

 

El asunto C-683/18 deriva de un procedimiento frente a un «cyberlocker» (servidor para el almacenamiento masivo, estilo Megaupload) al que se accede a través de uploaded.netuploaded.to y ul.to. En este caso, las preguntas formuladas (coincidentes en varios puntos con las anteriores) son las siguientes (traducción NO OFICIAL):

1.- Si el proveedor de un servicio de «alojamiento compartido» a través del cual los usuarios acceden públicamente a archivos que contienen material protegido por derechos de autor sin el consentimiento de los titulares de derechos, realiza un acto de comunicación en el sentido del artículo 3 (1) de la Directiva 2001/29/CE cuando

(1) el proceso de carga es automático y sin ninguna visualización o control previo por parte del operador,

(2) el proveedor declara en sus “términos de uso” que el contenido que infringe los derechos de autor no puede ser almacenado,

(3) el proveedor obtiene ingresos por el servicio,

(4) el servicio es utilizado para usos legales, pero el operador es consciente de que también está disponible una cantidad significativa de contenido que infringe derechos de autor (más de 9.500 obras),

(5) el operador no proporciona una tabla de contenidos o una función de búsqueda, pero los enlaces de descarga no restringidos proporcionados por él son colocados por terceros en colecciones de enlaces en Internet, que contienen información sobre el contenido de los archivos y permiten la búsqueda de contenidos específicos,

(6) el operador crea un incentivo para que se cargue contenido con derechos de autor que, de otro modo, solo estaría disponible a los usuarios mediante servicios de pago,

(7) el operador ofrece la posibilidad de que la carga de archivos tenga lugar de forma anónima, aumentando la probabilidad de que los usuarios no se hagan responsables de las infracciones de derechos de autor.

2.- En caso de que la respuesta a la primera pregunta sea negativa, ¿la actividad del proveedor del servicio de alojamiento entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 14 (1) de la Directiva 2000/31/CE, en las circunstancias descritas en la pregunta 1?

3.- Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa: El conocimiento efectivo de la actividad o información ilegal, y el conocimiento de los hechos o circunstancias  partir de los cuales se manifiesta la ilicitud de la actividad o información, de conformidad con el artículo 14 (1) de la Directiva 2000/31/CE, ¿debe referirse a actividades o información ilegal concretas?

4.- Si la respuesta a la pregunta 2 es afirmativa: ¿Es compatible con el artículo 8 (3) de la Directiva 2001/29/CE que el titular de derechos accione frente a un proveedor de servicios cuya actividad implica el almacenamiento de información aportada por usuarios con el fin de infringir derechos de autor o derechos afines? En particular, ¿puede supeditarse la obtención de una orden de corte a que se produzca dicha violación de derechos nuevamente después de una declaración de violación de la ley?

5.- En caso de que la respuesta a las preguntas 1 y 2 sea negativa: En las circunstancias descritas en la pregunta 1, ¿es el proveedor de un servicio de “alojamiento compartido” un infractor en el sentido del artículo 11 (1) y el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE?

6.- En el caso de que la respuesta a la pregunta 5 sea afirmativa: La obligación de dicho infractor de pagar daños y perjuicios en virtud del artículo 13 (1) de la Directiva 2004/48/CE ¿puede supeditarse a que el infractor haya actuado deliberadamente, tanto en relación con su propio acto infractor como en relación con la infracción cometida por el tercero? ¿Sabía o debería haber sabido razonablemente que los usuarios utilizan la plataforma para la comisión de infracciones concretas?

CASO ALQUILER DE COCHES CON RADIO”: ¿COMUNICACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA EMPRESA QUE ALQUILA VEHÍCULOS PROVISTOS DE UN APARATO DE RADIO?

El tercer caso, todavía no registrado en la página del Gobierno británico,  también se refiere a la comunicación pública, pero desde una óptica algo más tradicional. Su origen está en dos litigios que han llegado al Tribunal Supremo sueco, que es el que ha llevado sus dudas al TJUE. El primero enfrenta a una entidad de gestión de autores (STIM) y una empresa que alquila vehículos, por lo general a empresas (Fleetmanager). En el segundo, las partes son  una entidad de gestión de artistas (SAMI) y otra empresa de alquiler de vehículos, en este caso a particulares (Nordisk Biluthyrning). La referencia ante el TJUE es la siguiente:

C-753/18 (STIM y SAMI)

Aunque las cuestiones no están aún en la página del TJUE, contamos con una traducción oficiosa del sueco al inglés en el Blog IPKat, junto con alguna información adicional (http://ipkitten.blogspot.com/2018/12/double-trouble-fresh-cjeu-reference.html).

Las preguntas formuladas, en la traducción  de las preguntas del prof. Nedim Malovic (Universidad de Southampton) son la siguientes: “(1) Does the leasing of cars, equipped with a radio receiver, mean that the leasing company, is a user who provides a communication to the public within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29 or a communication to the public within the meaning of Article 8(2) of Directive 2006/115, respectively? ; (2) What significance, if any, does the scope of the car leasing business have, and the leasing period?”. Traducción, asimismo oficiosa, del inglés al español: “(1) ¿El alquiler de vehículos equipados con un receptor de radio, implica que la empresa de alquiler es un usuario que lleva a cabo una comunicación al público en el sentido del artículo 3(1) de la Directiva 2001/29 o una comunicación al público en el sentido del artículo 8(2) de la Directiva 2006/115, respectivamente? (2) ¿Qué relevancia, si la tiene, debe darse al alcance o ámbito de la actividad de alquiler de vehículos, y al plazo del alquiler?

Las dudas, por tanto, giran en torno al sentido y alcance del concepto de comunicación pública de los  autores sobre sus obras (art. 3.1 Dir. 2001/29, Sociedad de la Información) y de los artistas en relación con sus interpretaciones fijadas en fonogramas (art. 8.2 Dir. 2006/115, Alquiler, Préstamo y Derechos Afines). ¿Lleva al cabo un acto de comunicación al público la empresa que alquila automóviles provistos de un aparato de radio integrado en el vehículo y que permite acceder a los programas emitidos por las diversas cadenas? ¿Es irrelevante al efecto de concluir si hay “público”,  que los clientes sean otras empresas o particulares o que sean muchos o pocos? ¿Es un público “nuevo”?… Volvemos a encontrarnos con problemas que creíamos un poco olvidados (que no resueltos). Habrá que releer PPL, Del Corso… e incluso la ya lejana jurisprudencia sobre hoteles, aunque cabe pensar que si el caso se ha suscitado es porque hay diferencias relevantes. Probablemente el hecho, ya señalado, de que los aparatos de radio están completamente integrados en los vehículos y no pueden extraerse o eliminarse; en otras palabras, forman parte del vehículo, a diferencia de lo que sucede con las radios, televisores o dispositivos en habitaciones de hotel, consultas de dentistas, balnearios, gimnasios etc.

Sobre este caso, además de la información y observaciones incluidas en IPKat, contamos con otro comentario, un poco más extenso, de Kacper Szkalej (Universidad de Uppsala) en el blog de Kluwer. Su traducción al inglés, asimismo oficiosa, coincide básicamente con la de IPKKat: “(1) Does the rental of cars which are standard-fitted with radio receivers mean that the one that is renting out the cars is a user that accomplishes a communication to the public within the meaning of Article 3(1) InfoSoc Directive and Article 8(2) Rental and Lending Rights Directive? (2) What relevance, if any, does the scope [extent of activity] of the car rental business, and the rental period have?”

Seguidamente, un enlace al comentario:

[1] Artículo 14 (Dir. Com. Electrónico): “Alojamiento de datos.  1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”.

[2] Artículo 8 (Dir. Sociedad de la Información): “Sanciones y vías de recurso: […] 3. Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor”.

[3] Artículo 11 (Dir. Respeto): “Mandamientos judiciales.- Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE”.

Artículo 13 (Dir. Respeto): “Daños y perjuicios 1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. [//] Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: [//] a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o [//] b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. [//] 2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”.