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TJUE: Casos Grand Production (C-423/21) y Ocilion IPTV (C-426/21). Cuestiones planteadas. Comunicación pública y copia privada

1. En agosto se dio cuenta en el blog de dos nuevos casos sometidos al TJUE por los tribunales austriacos en los que se preguntaba acerca del concepto de “comunicación al público” y, en el segundo de ellos, también sobre…

1. En agosto se dio cuenta en el blog de dos nuevos casos sometidos al TJUE por los tribunales austriacos en los que se preguntaba acerca del concepto de “comunicación al público” y, en el segundo de ellos, también sobre el límite de “copia privada”: http://aladda.es/informacion-provisional-sobre-dos-nuevas-cuestiones-planteadas-al-tjue-por-el-ts-de-austria-sobre-comunicacion-publica-y-copia-privada-prestacion-de-servicios-de-videograbacion-online-geobloqueo/. La información, acaso un tanto precipitada, se avanzó a la publicación oficial de las cuestiones e incluyó una traducción al español bastante libre realizada a partir de una previa versión en inglés de la que se había hecho eco el blog IPKat. Seguramente esa entrada fue suficiente para colocar ambos casos bajo el radar de los lectores. No obstante, por fortuna, en el sitio web CURIA consta ya el “Resumen” (documento de trabajo) de los dos casos, con la correspondiente referencia y el texto de las cuestiones en español. Esta nueva entrada vendría pues a complementar, si no sustituir, la anterior del 20 de agosto. En caso de optar por la lectura directa, los Resúmenes (documentos de trabajo)  y Cuestiones del TJUE pueden leerse a partir de los siguientes enlaces:

  A) Caso Grand Production (Grand Production c. GO4YU/Austria y otros tres, C-423/21)

 a) Antecedentes

2. El litigio se desarrolla en Austria. Pero los intereses en juego son de empresas de Serbia, un país que no es parte de la UE. La demandante es una empresa serbia llamada Grand Production. En la parte demandada, nos encontramos con cuatro sociedades, algunas serbias y otras austriacas, que formarían parte de un mismo grupo, capitaneado por la tercera: GO4YU/Austria (primera demandada), DH (segunda demandada), GO4YOU/Serbia (tercera demandada) y MTEL/Austria (cuarta demandada)[1].

3. Grand Production (demandante) produce programas televisivos que se difunden en Serbia través de los canales de la entidad PRVA (una televisión comercial ajena al litigio) y en todo el mundo por la empresa GO4YOU/Serbia (tercera demandada) a través de su plataforma de streaming go4yu.tv.

4. GO4YOU/Serbia, a partir de contratos con PRVA, explota en Serbia y Montenegro cuatro populares programas televisivos de Grand Production, entre otros contenidos. Estos programas deberían quedar bloqueados en terceros países. Quien gestiona el bloqueo es la propia GO4YOU/Serbia como administradora de la plataforma de streaming. La audiencia, sin embargo, puede eludirlo conectándose mediante un túnel VPN (Virtual Private Network o Red Privada Virtual) con el que se simula que el terminal se encuentra en Serbia o Montenegro, cosa que al parecer harían ciudadanos de este origen residentes en Austria. Al margen de ello, durante un mes y medio se pudo acceder desde este último país a los cuatro espectáculos de Grand Production a través de la plataforma de GO4YOU/Serbia sin necesidad de usar un túnel VPN.

5. GO4YU/Austria (primera demandada) se encarga de publicitar la plataforma virtual go4yu.tv en Austria a cuyo efecto “formaliza con los clientes suscripciones de prueba y […] presta servicios de atención al cliente”. La administradora y única socia de GO4YU/Austria es la empresa DH (segunda demandada). A su vez GO4YU/Serbia es administradora y única socia de MTEL/Austria (cuarta demandada) que “oferta suscripciones de pago para la plataforma de ‘streaming’ e interviene como destinataria de los pagos”.

6. Grand Production consideró que se estaban violando sus derechos de autor por la difusión no consentida de sus cuatro espectáculos. Sobre esa base requirió a GO4YU/Austria (primera demandada) y GO4YOU/Serbia (tercera demandada) y, unos meses más tarde, a GO4YU/Austria (primera demandada) y DH (segunda demandada). Ante la inutilidad de los requerimientos acudió a los tribunales presentando una petición de medidas cautelares ante el Tribunal Mercantil de Viena. Su resolución fue confirmada y modificada en parte por el Tribunal Superior Regional cuya decisión sería firme sólo contra GO4YOU/Serbia (tercera demandada) y limitada al territorio austriaco. Grand Production recurrió en casación ante el Tribunal Supremo de Austria con la pretensión de que las medidas cautelares se extendieran a las cuatro demandadas y con efectos a escala mundial. Llegado a este punto, el Tribunal Supremo suspendió el procedimiento para preguntar al TJUE.

b) Controversia

7. Grand Production considera que la actuación conjunta de las demandadas es una “emisión” en el sentido de la Ley austriaca de Derechos de Autor y una “comunicación al público” en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29, de la Sociedad de la Información. Las demandadas primera (GO4YU/Austria), segunda (DH) y cuarta (MTEL/Austria) alegan carecer de legitimación pasiva “pues no son responsables de los contenidos de la programación y no han cometido actos de violación de los derechos” (Resumen pfo. 6). Por su parte la tercera y principal demandada (GO4YU/Serbia) alega que los programas que difunde legítimamente en Serbia y Montenegro (conforme a las instrucciones del grupo PRVA) se bloquean para los telespectadores de terceros países (Ibidem).

c) Cuestiones sometidas al TJUE

8. Las preguntas que el Tribunal Supremo de Austria somete al TJUE son sólo tres, aunque muy alambicadas. La primera se refiere básicamente a GO4YU/Serbia (tercera demandada y responsable directa de la plataforma de streaming). La segunda pregunta afecta a las otras tres demandadas (GO4YU/Austria, DH y MTEL/Austria): ¿Es suficiente la “facilitación consciente” de los actos ilícitos de terceros o se requiere “un elemento volitivo específico”? (Resumen, pfos. 10 y 11). En otros términos la duda parece ser esta: ¿basta “saber lo que pasa, es decir, a qué resultado se está contribuyendo” o es preciso “querer y buscar el logro de ese resultado”? La tercera pregunta, finalmente, se refiere a un problema de competencia internacional: ¿los tribunales austriacos pueden reconocer derechos de propiedad intelectual a escala mundial y declararse competentes para la acción de reparación de la integridad del perjuicio causado?

9. Por lo demás, las tres cuestiones deben leerse resignándose a la necesidad de segundas y aun terceras lecturas, salvo en el caso de mentes privilegiadas:

I. ¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), en el sentido de que la realiza el operador directo (en este caso, no establecido en la Unión) de una plataforma de streaming que:

– decide él solo acerca del contenido y del fundido en negro [bloqueo] de las emisiones televisivas que distribuye y lo realiza técnicamente;

– posee en exclusiva los derechos como administrador de la plataforma de ‘streaming’;

– puede influir en qué programas de televisión puede recibir el usuario final a través del servicio, pero sin poder influir en el contenido de los programas,

– y es el único punto de control a los efectos de determinar qué programas y contenidos se pueden ver en qué momento y en qué territorios,

si, en esa situación,

– se facilita al usuario acceso no solo a contenidos de emisiones cuya utilización en línea ha sido autorizada por los respectivos titulares de derechos, sino también a contenidos protegidos que no han sido objeto de la correspondiente adquisición de derechos, y

– el operador directo de la plataforma de streaming tiene conocimiento de que su servicio también permite al cliente final recibir contenidos protegidos sin el consentimiento de los titulares de derechos mediante el uso de servicios VPN que simulan que la dirección IP y la terminal del cliente final se encuentran en zonas para las que consta el consentimiento del titular de derechos, si bien

la recepción de contenidos protegidos a través de la plataforma de streaming sin el consentimiento del titular de derechos fue efectivamente posible durante varias semanas, incluso sin un túnel VPN?

 

II. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:

 ¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE en el sentido de que también la realizan los terceros (en este caso, establecidos en la Unión) vinculados contractualmente o en virtud del Derecho de sociedades con el operador de una plataforma como el descrito en la primera cuestión prejudicial, que, sin tener ellos mismos influencia en el fundido en negro [bloqueo] y en los programas y contenidos de las emisiones disponibles en la plataforma de streaming:

– hacen publicidad de la plataforma de streaming del operador y de sus servicios, o

– celebran con los clientes suscripciones de prueba que expiran automáticamente transcurridos quince días, o

– asisten a los clientes de la plataforma de streaming en calidad de servicio de atención al cliente, u

– ofrecen en su sitio web suscripciones de pago para la plataforma de streaming del operador directo y posteriormente actúan como contraparte contractual de los clientes y como destinatarios de los pagos, siendo diseñadas las suscripciones de pago de tal manera que la indicación expresa de que determinados programas no están disponibles solo se facilita si, en el momento de la contratación, el cliente señala expresamente que desea ver esos programas, pero no se produce esa indicación de antemano cuando los clientes no lo señalan o no preguntan en concreto?

 III. ¿Deben interpretarse los artículos 2, letras a) y e), y 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, en relación con el artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), en el sentido de que, en caso de que se invoque una violación de los derechos de autor o derechos afines garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la pretensión, como el principio de territorialidad se opone a la facultad de cognición de los órganos jurisdiccionales nacionales respecto de los actos de violación cometidos en el extranjero, dicho órgano jurisdiccional solo es competente para resolver acerca del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece, o puede (o debe) ese órgano jurisdiccional pronunciarse también sobre hechos cometidos, según lo alegado del autor cuyos derechos han sido violados, fuera de dicho territorio (a escala mundial)?

B) Caso Ocilion IPTV (Seven One Entertainment y Puls 4 TV Ocilion IPTV, C-426/21)

a) Antecedentes

10. Seven One y Puls 4 TV son organismos de radiodifusión televisiva. Ocilion, la demandada “ofrece a clientes profesionales (operadores de redes, hoteles, centros deportivos etc.) soluciones individuales de IPTV integral (televisión por Internet en circuito cerrado)”. El servicio incluye “una grabadora de vídeo en línea que permite ver la televisión en diferido bien mediante la realización de grabaciones individuales, bien mediante grabaciones en serie de programas enteros. El servicio incluye también, entre otras, una función de «volver a ver» con la que los contenidos emitidos hasta siete días antes pueden ser visionados de nuevo” (Resumen, pfo.1). Es el usuario final quien programa las grabaciones y activa si lo desea la mencionada función “volver a ver”.

11. Aparte de ello, “en virtud de dichos actos de programación, el sistema realiza de manera automática las grabaciones y las almacena, en principio, en un archivo propio (single copy) para cada usuario que programe la grabación” (Ibidem). No obstante, en un segundo plano y sin que lo sepa el usuario final, se lleva a cabo un proceso técnico de “deduplicación”, o si se prefiere “desduplicación”, destinado a evitar duplicidades y por tanto a ahorrar espacio de almacenamiento. De este modo, en vez de hacer y mantener una copia para cada usuario se realiza una única copia para todos los que hayan programado la misma grabación, facilitándoles el acceso por medio de una referencia asignada de forma específica. Esta copia “no se borrará hasta el momento en que el último usuario haya cancelado la programación de la grabación de que se trate” (Ibidem)

12. La “solución integral IPTV” de Ocilonestá disponible en dos modalidades, a saber, en forma de solución nube y en forma de solución con instalación local”. En el primer caso (solución nube) es la propia Ocilon la que realiza el almacenamiento en sus propios servidores. En el segundo (solución local) Ocilon concierta “acuerdos marco” con operadores de redes, a los que facilita los equipamientos, aplicaciones informáticas y soporte técnico, corriendo de cuenta de tales operadores la obtención de los correspondientes derechos de redifusión (Resumen, pfos. 2 a 4). “Los programas de televisión difundidos y emitidos por las demandantes [Seven One y Puls 4 TV] se incluyen en la cartera de cadenas de la demandada [Ocilon], así como de diversos operadores de redes que utilizan el producto IPTV de la demandada ya sea como solución con instalación local o como solución nube. La demandada declara frente a sus clientes que dispone de acuerdos directos de licencia con grupos de cadenas. Las demandantes no emitieron ningún consentimiento para la retransmisión mediante ‘streaming’ por Internet” (Resumen pfo. 5).

13. Con esa base Seven One y Puls 4 TV solicitaron la adopción judicial de una amplia serie de medidas cautelares (vid. Resumen pfo. 6). La petición fue estimada en parte primera instancia y en su totalidad en apelación. Planteado recurso por parte de Ocilion ante el Tribunal Supremo, este decidió suspender el procedimiento y plantear varias preguntas al TJUE.

b) Controversia

14. Las empresas demandantes, Seven One y Puls 4 TV entienden que la “deduplicación” que lleva a cabo la grabadora en línea, su función “volver a ver” y el acceso a contenidos protegidos mediante los servicios “en nube” y “local” no están amparadas por la excepción de copia privada. Asimismo alegan que la “solución local” es una comunicación al público en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 2001/29 de la Sociedad de la Información.

15. La demandada, por su parte, sostiene que las reproducciones realizadas en virtud de su servicio sí son copias privadas digitales y, por tanto, están amparadas por ese límite. A este objeto alega que “solo se pone a disposición de los clientes finales la infraestructura, incluido el almacenamiento de datos, de modo que solo los clientes finales pueden iniciar y finalizar la grabación concreta” (Resumen, pfo. 11) y que la copia maestra (o master copy) carece de relevancia a efectos del derecho de autor pues “solo sirve para optimizar los recursos” (Ibidem). Cabe recordar por cierto que sobre copia privada está pendiente ante el TJUE otro asunto centrado en la problemática de las “copias en la nube”: Caso Austromechana (C- 433/20), cuyas Conclusiones se reseñan en otra entrada de este blog (http://aladda.es/conclusiones-del-ag-en-el-caso-austro-mechana-c-strato-c-433-20-23-9-2021-copia-privada-en-la-nube-y-compensacion-equitativa/)

16. Ocilon niega asimismo que su “solución con instalación local” suponga comunicación pública alguna por su parte. En este sentido afirma que “el uso por sus clientes de las funcionalidades de su solución con instalación local se sitúa fuera de su ámbito de influencia jurídica, pues ella solamente facilita los equipamientos y las aplicaciones informáticas que son necesarios y no tiene un control ni siquiera indirecto sobre el uso de su sistema” (Ibidem). En relación con esta cuestión vuelve a suscitarse la duda sobre si es suficiente una “facilitación consciente” de los actos ilícitos o se requiere, además, “un elemento volitivo específico” (vid. supra asunto C-423/21)

c) Cuestiones sometidas al TJUE

17. Las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo de Austria son dos, de nuevo bastante elaboradas (subrayado añadido):

1. ¿Es conforme con el Derecho de la Unión una disposición nacional que, con base en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), autoriza el uso de una grabadora de vídeo en línea facilitado por un proveedor comercial que:

a) debido al procedimiento de deduplicación que se aplica técnicamente, no genera sendas copias independientes del contenido de la emisión programada siempre que un usuario activa el proceso de grabación, sino que, cuando el contenido de que se trate ya ha sido almacenado por iniciativa de otro usuario, procede simplemente ―con el fin de evitar datos redundantes― a una referenciación que permita al siguiente usuario acceder al contenido ya almacenado,

b) tiene una función de «volver a ver», en cuyo marco el conjunto de la programación televisiva de todas las cadenas seleccionadas se graba en todo momento y está disponible durante siete días, siempre que para ello el usuario efectúe una sola vez una selección en el menú de la grabadora en línea, marcando el campo de la cadena correspondiente, y

c) también facilita al usuario acceso a contenidos protegidos sin el consentimiento de los titulares de los derechos (ya sea enmarcado en un servicio tipo nube del proveedor o bien en el contexto de una solución integral con instalación local de IPTV, ofrecida por el proveedor)?

 2. ¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), en el sentido de que la realiza un proveedor comercial de una solución integral de IPTV (con instalación local), en el marco de la cual, además de los equipamientos y las aplicaciones informáticas para la recepción de programas de televisión por Internet, también presta asistencia técnica y realiza ajustes constantes del servicio, pero el servicio es operado en su totalidad en las infraestructuras del cliente, si el servicio facilita al usuario acceso no solo a los contenidos de emisiones cuya explotación en línea ha sido autorizado por los titulares de los derechos correspondientes, sino también a contenidos protegidos que no han sido objeto de la correspondiente adquisición de derechos, y el proveedor

 a) puede influir en qué programas de televisión puede recibir el usuario final a través del servicio,

b) tiene conocimiento de que su servicio también permite recibir contenidos protegidos sin el consentimiento de los titulares de derechos, pero

c) no hace publicidad de tal posibilidad de uso ilícito de su servicio, creando así un incentivo esencial para la adquisición del producto, sino que, por el contrario, en el momento de la celebración del contrato indica a sus clientes que deben ocuparse bajo su propia responsabilidad de obtener la concesión de los derechos, y

d) no crea, con su actividad, un acceso específico a contenidos de emisiones que no podrían o difícilmente podrían ser recibidas sin su intervención?

[1] El orden asignado es el que consta en el “Resumen” o documento de trabajo del TJUE. Por simple comodidad, en esta reseña se han modificado las denominaciones oficiales de las sociedades: GO4YU GmbH es GO4YU/Austria; GO4YU d.o.o Beograd es GO4YU/Serbia; y MTEL Austria GMbH es MTEL/Austria. En el caso de la que resta, DH (segunda demandada), toda la información del Resumen se limita a esas dos letras.

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