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TJUE: Caso RAAP c. PPI (Irlanda), C-265/19. Conclusiones del Abogado General de 2/7/2020. Remuneración equitativa, por comunicación pública, de artistas y productores de fonogramas. Los artistas intérpretes o ejecutantes de terceros países (EE.UU y otros) también tienen derecho a recibir su parte.

De acuerdo con las Conclusiones del AG: El art. 8.2 Directiva de alquiler y préstamo y derechos afines (DAPDA) incorpora el principio de trato nacional, por imponerlo así los tratados suscritos por la UE; Los Estados miembros no tienen margen de discrecionalidad para determinar a qué artistas intérpretes o ejecutantes se aplica el citado precepto; No son los Estados miembros sino la propia Unión Europea quien puede “responder” a las “reservas” de terceros Estados al WPPT; Los artistas no pueden quedar excluidos del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA de tal modo que este sólo sea percibido por los productores. En definitiva, los artistas de terceros países, y en concreto los de los EE.UU, no están excluidos del derecho a una remuneración equitativa previsto en el repetido art. 8.2 DAPDA

I. Introducción

1. La Directiva 2006/115/CE de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, versión codificada (DAPDA) obliga a reconocer a los artistas y productores de fonogramas un derecho de remuneración, compartido, en los siguientes términos (art. 8.2 DAPDA): “Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración”.

2. Las entidades de gestión de artistas (Recorded Artists Actors Performers Ltd, RAAP) y productores (Phonographic Performance, Ireland, Ltd, PPI) habían llegado a un acuerdo por el que esta última se encargaría de la recaudación, para proceder después al correspondiente reparto. Sin embargo, los criterios que establece para el reconocimiento del derecho la legislación irlandesa (Copyright and Related Rights Act, CRRA) conducen a que los intérpretes de determinados países –en particular los EE.UU- queden excluidos del mismo y “esto, según parece, ha llevado a PPI a alegar que la ley no obliga a pagar a esos intérpretes concretos y, como consecuencia, PPI tiene derecho a retener los derechos que corresponden a dichos intérpretes y que han sido recaudados con arreglo al contrato” (Conclusiones del Abogado General de 2/7/2020, pfo. 26).

3. La situación es ciertamente llamativa y se comprende que RAAP reclame el pago de la remuneración correspondiente a todos los artistas cualquiera que sea su nacionalidad, para hacer luego las correspondientes transferencias a las entidades extranjeras que les representan, de modo que al fin el dinero llegue a los bolsillos de los titulares del derecho. PPI, sin embargo, se opone a tal pretensión alegando que: “Los intérpretes que no son nacionales ni residentes del EEE [Espacio Económico Europea] y cuyas actuaciones no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE no tienen derecho a percibir una participación en la remuneración cuando dichas actuaciones se llevan a cabo en Irlanda. De lo contrario, si se hubiese de pagar a tales intérpretes, con ello se vulneraría el principio de reciprocidad internacional adoptado por Irlanda y plasmado en la CRRA. En particular, si se siguiese la postura de RAAP, los intérpretes de los Estados Unidos recibirían pagos en Irlanda, aunque los intérpretes irlandeses no recibieran una remuneración equitativa en los Estados Unidos” (Conclusiones AG, pfo. 28).

4. En el marco de esta controversia, la High Court de Irlanda[1] consideró necesario someter diversas cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a fin de aclarar quiénes son, a la luz de los tratados internacionales, los artistas intérpretes o ejecutantes titulares del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA, con particular referencia al principio de trato nacional, que obligaría a reconocer a los ciudadanos de los países firmantes los mismos derechos reconocidos a los irlandeses.

5. Las cuestiones eran cuatro (subrayados añadidos):

1)  ¿Se limita la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar la Directiva 2006/115 [DAPDA], atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma y/o del WPPT, a los conceptos a los que [dicha] Directiva hace una remisión expresa, o se extiende también a los conceptos que simplemente aparecen en los dos instrumentos internacionales? En particular, ¿en qué medida debe interpretarse el artículo 8 de [dicha] Directiva atendiendo a la exigencia de «trato nacional» que contiene el artículo 4 del WPPT?

2) ¿Dispone un Estado miembro de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué «artistas intérpretes y ejecutantes» tienen derecho a una remuneración con arreglo al artículo 8 de la [citada] Directiva? En particular, ¿puede un Estado miembro restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que i) la representación se produzca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), o ii) los intérpretes tengan su domicilio o residencia en un país del EEE?

3) ¿Qué margen de apreciación tiene un Estado miembro a la hora de responder a una reserva formulada por otra Parte contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT? En particular, ¿está obligado el Estado miembro a adoptar exactamente las mismas condiciones de la reserva formulada por la otra Parte contratante? ¿Está obligada una Parte contratante a no aplicar la regla de los treinta días del artículo 5 de la Convención de Roma, de manera que pueda darse el caso de que un productor de la Parte contratante que ejerza la reserva perciba la remuneración con arreglo al artículo 15, apartado 1, y no así los intérpretes de esa misma Parte contratante? Alternativamente, ¿está facultada la Parte contratante que responde a la reserva para conceder derechos a los nacionales de la Parte contratante que ejerce la reserva de forma más generosa que esta última, es decir, puede la Parte contratante que responde a la reserva conceder derechos sin que haya reciprocidad por la Parte contratante que ejerce la reserva?

 4)  ¿Es lícito en alguna circunstancia limitar el derecho a la remuneración equitativa a los «productores» de una grabación sonora, es decir, denegar ese mismo derecho a los «intérpretes» cuyas representaciones han sido fijadas en la grabación sonora?

6. Tal como resume las cuestiones transcritas el AG: “El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si la exigencia de trato nacional establecida en el artículo 4 del WPPT [Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas] es aplicable al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 y (en las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta) de qué margen de apreciación disponen los Estados miembros en relación con los beneficiarios del derecho a una remuneración equitativa y única establecido en la Directiva, en particular, cuando el WPPT permite reservas y es de aplicación la Convención de Roma” (Conclusiones AG, pfo. 3).

2) Respuesta sugerida a la primera cuestión: Aunque no se mencione de forma expresa, debe entenderse que el art. 8.2 DAPDA incorpora el principio de trato nacional, por imponerlo así los tratados suscritos por la UE

7. Tanto RAAP como la Comisión defienden una respuesta afirmativa a la primera cuestión dada la “obligación de interpretar el Derecho derivado de la Unión de conformidad con los convenios internacionales celebrados por la Unión, como el WPPT, cuyo artículo 4, apartado 1, en relación con el artículo 15, apartado 1, obliga a las Partes contratantes (la Unión y los Estados miembros) a conceder «trato nacional» en relación con la remuneración equitativa adeudada a los intérpretes” (Conclusiones AG, pfo. 51). Por su parte y en sentido opuesto, PPI sostiene que “a falta de una disposición expresa en la Directiva, el trato nacional se ha de dejar a criterio de los Estados miembros” (Conclusiones AG, pfo. 86).

8. Ante estas dos posiciones, el AG se alinea claramente con la primera, con diversos argumentos que incluyen una expresa referencia al carácter fundamental del derecho de propiedad: “Si se analiza el texto de la Directiva 2006/115, se aprecia claramente que los nacionales de terceros países no están excluidos de su ámbito de aplicación y, lo que es más importante, esto es plenamente coherente con las obligaciones que incumben a la Unión en el ámbito del WPPT y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cabe argumentar que, desde el prisma de los derechos fundamentales, tanto los Estados miembros como la Unión deben velar por que en la Unión Europea todo intérprete y todo productor reciban una remuneración equitativa por la comunicación de su actuación al público, con independencia de la existencia de una reserva de un tercer país en virtud de la cual los intérpretes y productores del EEE no reciban tal remuneración en el territorio de ese tercer país. Los derechos fundamentales son de carácter universal, y aquí se trata del derecho de propiedad(Conclusiones AG, pfo. 53).

9. En consecuencia, concluye el AG “procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse a la luz de las exigencias del WPPT, del cual es Parte la Unión, y que es coherente con la obligación que incumbe a la Unión de dispensar un trato nacional conforme al artículo 4 del WPPT, sin necesidad de una disposición específica a tal efecto” (Conclusiones AG, pfo. 87).

3) Respuesta sugerida a la segunda cuestión: Los Estados miembros no tienen margen de discrecionalidad alguno para determinar a que artistas intérpretes o ejecutantes se aplica el art. 8.2 DAPDA

10. En línea con la sostenido en la primera cuestión, PPI “argumenta, en lo esencial, que, dado que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 no adopta disposición alguna a fin de aplicar la exigencia de trato nacional que contiene el artículo 4 del WPPT, en circunstancias en que la actuación controvertida no tuviese lugar en el EEE y no fuese realizada por un nacional o residente del EEE, los Estados miembros mantienen la competencia para elegir, a su libre discreción, los criterios para determinar los beneficiarios del derecho reconocido en el artículo 8, apartado 2, obviamente siempre en cumplimiento de las propias obligaciones internacionales de cada Estado miembro” (Conclusiones G, pfo. 89).

11. Como cabía esperar, también en esta segunda cuestión el AG rechaza las tesis de PPI. “El artículo 8, apartado 2, no contiene ningún elemento que, en relación con el artículo 15 del WPPT, permita deducir que la actuación concreta fijada en el fonograma deba «haber sido realizada o fijada por primera vez» (el subrayado es mío) en el territorio de la Unión, para poder disfrutar del derecho a una remuneración equitativa” (Conclusiones, pfo. 100). En particular, añade el AG, “los Estados miembros no pueden restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que la actuación se produzca en el EEE, con independencia de si los intérpretes tienen su domicilio o residencia en un país del EEE. En efecto, la Directiva 2006/115 no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros a este respecto” (Conclusiones AG, pfo. 101). Y concluye: “El concepto de fonograma «publicado con fines comerciales» del artículo 8, apartado 2, debe entenderse como concepto autónomo del Derecho de la Unión. Las disposiciones de que se trata simplemente requieren que el usuario haya hecho nacer el derecho a una remuneración al reproducir la grabación de sonido en la Unión. En este sentido, la actuación se lleva a cabo en la Unión o en el EEE con independencia de la nacionalidad o el lugar de residencia del intérprete o del productor de la grabación, así como del lugar donde se realice la primera fijación (Conclusiones AG pfo. 102)

4) Respuesta sugerida a la tercera cuestión: No es Irlanda, ni ningún otro Estado miembro, sino la propia Unión Europea quien puede “responder” a las “reservas” de terceros Estados al WPPT

12. La legislación irlandesa parece dispensar a los productores de los EE.UU un trato mejor del que merecerían teniendo en cuenta las reservas formuladas por este país en relación con la remuneración equitativa objeto del art. 8.2 DAPDA (vid. art. 15.3 WPPT). Ante esta situación, RAAP sostiene que “la discrecionalidad de que gozan los Estados miembros para dar una respuesta recíproca a una reserva formulada por otra Parte contratante en virtud del artículo 15, apartado 3, del WPPT está limitada por el hecho de que dicha respuesta debe hacerse en los mismos términos que la reserva” (Conclusiones AG pfo. 111).

13. PPI, en cambio, “considera que, en principio, los Estados miembros disponen de discrecionalidad en virtud del WPPT para responder a las reservas hechas con arreglo al artículo 15, apartado 3: no están obligados a reproducir exactamente el efecto de las reservas y a evitar toda situación en que los nacionales del país que ha formulado la reserva queden en posición más ventajosa que sus propios nacionales en aquel país […]” (Conclusiones AG, pfo. 112). “La posición ventajosa de los productores de los Estados Unidos (y de otras Partes contratantes que han formulado reservas) se deriva solamente de la aplicación de la regla de la primera publicación/de los treinta días que contiene la Convención de Roma. Irlanda podría haber hecho una reserva con arreglo al artículo 16, apartado 1, letra a), inciso iii), de la Convención de Roma para excluir la posibilidad de pagos a los nacionales de países no contratantes más allá de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, pero optó por no hacerlo y no estaba obligada a ello. Así pues, no puede estar obligada ahora a formular tal reserva para garantizar la igualdad de trato de los productores e intérpretes nacionales de países que han formulado reservas” (Conclusiones AG, pfo. 113).

14. Frente a esos dos planteamientos, la Comisión sostiene que el ámbito regulado por la Directiva es ahora competencia exclusiva de la Unión Europea y que, por tanto, “los Estados miembros no gozan de discrecionalidad y […] no están facultados para responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes ni para aplicar criterios distintos de los establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva” (Conclusiones AG, pfo. 116). De este modo “corresponde a la Unión determinar, de manera uniforme para todo su territorio, cuál ha de ser la consecuencia, para los artistas estadounidenses cuya música se emita en la Unión, de la reserva formulada por dicha Parte contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT” (Conclusiones AG pfo. 125). Esta es la tesis que hace suya el Abogado General.

15. Es la propia Unión Europea la que debe decidir cómo responder a las reservas. Podría haberlo hecho y no sería la primera ocasión. A este propósito el AG recuerda los casos de la Directiva 2001/84/CE de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (que impone un estricto criterio de reciprocidad, al objeto de impedir que se beneficien del derecho de participación, con la posible salvedad de los residentes, los nacionales de terceros países cuya legislación no reconoce tal derecho a los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, cfr. art. 7.1); la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (que condiciona el eventual reconocimiento del derecho sui generis a nacionales de países terceros al hecho de que sus leyes ofrezcan una protección equivalente a los nacionales de Estados miembros o residentes en ellos, vid. cdo. 56 y art. 11); y la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (que, por razones de cortesía internacional, protege a los nacionales de terceros países de los posibles efectos perjudiciales del nuevo límite, vid. cdo. 12 y art. 1.2).

16. La Unión Europea podría haberse manifestado para dar una respuesta a las reservas formuladas por terceros países, restringiendo los derechos de los nacionales. Pero no lo ha hecho. Lo importante, en cualquier caso, es que sólo a ella le compete tal decisión. En definitiva, como dice el AG, “si el legislador de la Unión desea modificar la Directiva 2006/115 y excluir a los nacionales de terceros países, es la Unión la que debe hacerlo y no los 27 Estados miembros, por cualquiera de las muchas vías a su alcance. Desde luego, dejar esta competencia a los Estados miembros modificaría el ámbito de las normas comunes aprobadas por la Unión” (Conclusiones AG, pfo. 152)

5) Respuesta sugerida a la cuarta cuestión: los artistas no pueden quedar excluidos del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA de tal modo que este sólo sea percibido por los productores

17. “Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea aclarar si es lícito limitar el derecho a una remuneración equitativa de manera que los intérpretes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en una grabación de sonido no reciban remuneración alguna y esta beneficie únicamente al productor de la grabación” (Conclusiones AG, pfo. 159).

18. El AG asume también en esta cuestión las tesis de RAAP y la Comisión. Baste señalar, dice, que el art. 8.2 DAPDA “exige a los Estados miembros garantizar el reparto de la remuneración” y “dado que este derecho es irrenunciable, un reparto que signifique no recibir efectivamente remuneración alguna constituiría una expropiación de hecho, aunque hubiese un acuerdo al respecto entre los productores de grabaciones y los intérpretes” (Conclusiones AG, pfo. 162). La discrecionalidad de los Estados alcanza a determinar qué remuneración es equitativa, pero no a establecer quiénes deben ser sus beneficiarios (Conclusiones AG, pfos. 165 y 166).

[1] No confundir con la Supreme Court. Para la estructura judicial irlandesa, además de la página enlazada en el texto, vid. https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-ie-en.do?member=1

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