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STS, 3ª, 18/6/2019. De nuevo el viejo  caso GOEAR: El TS confirma la resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

STS, 3ª, 18/6/2019. De nuevo el viejo  caso GOEAR: El TS confirma la resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual “GOEAR”  es un nombre familiar para cuantos siguen, sea de cerca o menos, los problemas y…

STS, 3ª, 18/6/2019. De nuevo el viejo  caso GOEAR: El TS confirma la resolución de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

“GOEAR”  es un nombre familiar para cuantos siguen, sea de cerca o menos, los problemas y dificultades que ha de arrostrar la defensa de la propiedad intelectual en Internet. Es un caso recurrente y viejo. Tanto que, probablemente, más de uno pensaría que se había cerrado hace tiempo. No es así, se cerró hace pocos días, con una sentencia favorable a los titulares (en este caso AGEDI) y a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuya intervención explica que la sentencia sea de la Sala 3ª.  Data de hace unos cuantos días (18 de junio de 2019) y es posible que haya circulado. Pero ahora está ya publicada y disponible en la base de datos del CENDOJ ECLI: ES:TS:2019:2105. Bien está lo que bien acaba. Pero los tiempos y el esfuerzo exigido a los titulares siguen siendo excesivos.

Desde www.goear.com, página perteneciente a “PC IRUDIA, S.L”, se ofrecían más de 6.000 archivos musicales, subidos o proporcionados por terceros sin autorización alguna de los titulares de derechos de propiedad intelectual. La página se presentaba como «la primera red social musical en internet» («podrás escuchar música gratis en internet, subir tus canciones Mp3, crear listas de reproducción y radio on line, letras de canciones, lyrics y partituras«). Por supuesto, entre las canciones subidas estaba el “top 100” al completo. La página www.goear.com  está ya inactiva, aunque sigue habiendo  “páginas goear” en otros dominios y dedicadas a la misma actividad.

Las actividades de “PC IRUDIA”, a través de la página www.goear.com, dieron lugar a una reclamación ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (S2ªCPI), que concluyó de modo favorable para los denunciantes. La resolución fue recurrida por “PC IRUDIA” ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El nudo de la controversia residía en la naturaleza del servicio. PC IRUDIA sostenía que se trataba de un “servicio de mera intermediación”, tesis rechazada tanto por AGEDI como por la S2ªCPI. De ello dependía la responsabilidad del prestador. Si realmente el servicio era de mera intermediación, sólo habría responsabilidad en caso de tener conocimiento efectivo de las actividades ilícitas realizadas por terceros y no actuar con prontitud para retirar o bloquear el acceso a la información infractora. La cuestión era asimismo relevante desde el punto de vista de la posibilidad o no de imponer, y en qué medida, una supervisión de los contenidos, teniendo en cuenta que el art. 15.1 de la Directiva de Comercio Electrónico (DCE, Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior) rechaza la imposición de una “obligación general de supervisión” (“Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14”).

a) Naturaleza del servicio: no hay mera intermediación

El TS rechaza de plano que el servicio prestado a través de www.goear.com pudiera considerarse de mera intermediación y, además, “PC IRUDIA” lo sabía pues era reincidente: “La entidad recurrente no se limita a desarrollar una labor meramente técnica, pasiva y automática de almacenamiento de los contenidos que terceros suben a la página web, sino que desempeña un papel activo en la determinación, presentación y mejora de los contenidos de fonogramas de canciones que ofrece, obteniendo un beneficio económico por la explotación comercial de una página web que ofrece un amplísimo catálogo de archivos musicales sin contar con autorización ni respetar los derechos de propiedad intelectual. Su actividad no se puede subsumirse bajo el concepto de intermediario, en su modalidad de alojamiento de contenidos de terceros, que le exima de la responsabilidad por la ilicitud de tales contenidos. En todo caso, la empresa recurrente no era ajena en el momento de dictarse la resolución impugnada que estaba poniendo a disposición del público y gestionando el acceso a obras publicadas sin autorización de los titulares de derechos, pues en una resolución administrativa anterior ya se la había considerado responsable de una infracción de los derechos de propiedad intelectual por realizar la misma actividad que continuó ejerciendo y ahora se le reprocha. En aquella resolución ya se puso de manifiesto que el servicio que prestaba no podía ser considerado como de mero almacenamiento de contenidos y que su actividad no podía conceptuarse como mero prestador intermediario. Aquella resolución administrativa fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de noviembre de 2014 (rec. 54/2013 ) en la que se consideró, con abundante cita de la jurisprudencia del TJUE, que las actividad implicaba un papel activo y decisivo que excedía de la labor meramente pasiva y automática de almacenamiento de contenidos, por lo que no solo estaba obligada a retirar aquellos fonogramas que figuraban en su página web sin contar con la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, sino también la de abstenerse de volver a ofrecer tales obras, realizando una actividad de control. Esta sentencia quedó firme al haberse inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la misma por Auto del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2015 . En definitiva, la empresa era conocedora de la ilicitud de la actividad consistente en incorporar música sin contar con la autorización ni los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de adoptar medidas destinadas a impedir que esta infracción de los derechos de propiedad intelectual se siguiera produciendo en su página web. Pese a tener conocimiento de la ilicitud de muchos de los contenidos que albergaba y de la necesidad de adoptar medidas de control siguió desarrollando esta actividad lo que ha motivado la nueva resolución de la Comisión de Propiedad intelectual que ahora se enjuicia” (FD 3º).

b) Obligación de impedir nuevas lesiones y prohibición de la imposición de una obligación general de supervisión

En cuanto a la obligación de evitar que se produzcan nuevas infracciones con referencia a las más de seis mil prestaciones protegidas a las que se refería la resolución de la S2ªCPI, el Tribunal rechaza que la exigencia de adoptar medidas para evitar nuevas lesiones suponga una vulneración del art. 15.1 DCE. Básicamente porque la prohibición de imponer una obligación general de supervisión está destinada a “proteger” a los prestadores de servicios de intermediación; no, en cambio, a quienes carecen de tal condición y son, lisa y llanamente, infractores. (cfr. FD 4).

Por supuesto, en lo sucesivo, aun tratándose de prestadores de servicios de intermediación, habrá que tener en cuenta lo previsto, para los “prestadores de servicios para compartir contenidos en línea”, en el art. 17 de la nueva Directiva sobre el Mercado Único Digital (DMUD, Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE). En este sentido, el art. 17.4 DMUD condiciona la exención de responsabilidad de los prestadores no solo a una actuación expeditiva para retirar o inhabilitar el acceso al contenido infractor identificado sino también a haber realizado “los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b) [que remite a “normas sectoriales estrictas de diligencia profesional]”.