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STJUE de 28/10/2020, Caso Prueba Fotográfica, C-637/19: Aportación a los procesos, mediante un correo electrónico y a título de prueba, de obras y prestaciones objeto de propiedad intelectual. No es un “acto de comunicación al público”.

La aportación a un procedimiento judicial, como prueba, de documentos objeto de propiedad intelectual (en el caso, una fotografía) constituye un caso de comunicación, no de distribución, cuando la aportación es en formato electrónico. Pero aunque haya un acto de comunicación, este no se dirige a un “público”, pues el órgano judicial destinatario del documento carece de esta condición. Por tanto, no hay infracción de derechos de autor. Tampoco la habría, cabe añadir, si el material se aportara en un soporte tangible y el caso debiera valorarse desde el punto de vista del derecho de «distribución».  El hecho de que la legislación nacional prevea la posibilidad de que cualquier interesado que lo solicite pueda acceder a la documentación obrante en autos, es irrelevante. La decisión del Tribunal, en línea con lo sugerido por el Abogado General, constituye una solución equilibrada entre la obligada protección de la propiedad intelectual y la no menos obligada protección del derecho a la tutela judicial, que quedaría seriamente averiada si la aportación de pruebas pudiera verse entorpecida por alegaciones basadas en la propiedad intelectual

1. El caso finalmente resuelto por el TJUE ha sido seguido en este blog. Se dio cuenta en su día de su planteamiento y se comentó también con cierto detalle con ocasión de las Conclusiones del AG. La sentencia no depara sorpresas y se pronuncia en el sentido que cabía esperar. De hecho, lo único sorprendente del caso es, en primer lugar, que llegara a haber una controversia al respecto y, en segundo, que el tribunal creyera necesario acudir al TJUE para resolverla. Como quiera que sea, es una sentencia útil, no sólo en ámbitos académicos (en los que podrá usarse para comentar de manera simple y clara las cuestiones de las que se ocupa), como en la esfera judicial (en la que cercena, por si hiciera falta, cualquier pretensión de entorpecer los procedimientos con uso espurio de la legislación de propiedad intelectual).

2. La controversia judicial origen del procedimiento ante el TJUE.- La sentencia lo resume en pocas palabras. En una controversia civil entre dos particulares, uno de ellos (CX) aporta como prueba, mediante correo electrónico, una copia de una página de texto que incluye una fotografía y que ha sido obtenida de la página web del otro litigante (BY). Este último, constituido en demandante en un nuevo litigio, alega que ostenta derechos de autor sobre la fotografía y que su aportación al primer procedimiento constituye un acto ilícito de comunicación o distribución al público, en la medida en que no ha sido autorizado.

3. La decisión en primera instancia y las dudas del tribunal de apelación.- El juez de primera instancia consideró que la aportación de la fotografía al procedimiento constituía un acto de “distribución pública” dado que, al fin, por efecto de la legislación sobre acceso a los documentos oficiales, cualquier interesado podría acceder a ella. Con todo desestimó la demanda, con el argumento de que el demandante no había demostrado haber sufrido perjuicio alguno. A eso Santa Teresa lo habría llamado escribir recto con renglones torcidos. El demandante recurrió y el Tribunal de Apelación de Patentes, Marcas y Mercantil de Estocolmo no se vio capaz de resolver el caso sin consultar antes con el TJUE. Le planteó cuatro cuestiones, hay que admitirlo, formuladas con gran claridad y perfectamente estructuradas. Fueron las siguientes (se añaden subrayados):

«1)      ¿Tiene un significado uniforme el término “público” que figura en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva [2001/29]?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿tiene cabida un órgano jurisdiccional en el concepto de “público”, a los efectos de dichas disposiciones?

3)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

a)      en caso de comunicación de una obra protegida a un órgano jurisdiccional, ¿tiene cabida este último en el concepto de “público”?

b)      en caso de distribución de una obra protegida a un órgano jurisdiccional, ¿tiene cabida este último en el concepto de “público”?

4)      ¿El hecho de que la legislación nacional establezca un principio general de acceso a los documentos públicos según el cual toda persona que lo solicite puede acceder a los documentos presentados ante un órgano jurisdiccional, salvo que contengan información confidencial, tiene alguna relevancia para determinar si la presentación de una obra protegida ante un órgano jurisdiccional constituye una “comunicación al público” o una “distribución al público”?»

4. Cuestión preliminar: la duda afecta al derecho de comunicación al público, no al de distribución.- Como resulta de sus preguntas el tribunal sueco quería saber, ante todo, si el acto de aportar documentos, como prueba, a un procedimiento judicial debía entenderse “comunicación” o “distribución”. Teniendo en cuenta que los documentos –en el caso, una fotografía- pueden aportarse tanto en papel u otros soportes (p.e. un CD) como, directamente, en formato digital, la pregunta tenía sentido. Pero, aunque la sentencia no lo diga, pronunciarse acerca de la eventual aportación de soportes tangibles habría sido dar respuesta a una duda hipotética. La fotografía se aportó mediante un correo electrónico y, por tanto, como fichero digital, sin soporte tangible alguno y eso es lo que hay que calificar. Sobre esta base, el TJUE entiende que el acto controvertido, de ser algo, sería un caso de comunicación al público, no de distribución. En este sentido, con remisión al conocido caso Tom Kabinet (NUV y GAU c. Tom Kabinet, 19/12/2019 C-263/18), la sentencia reseñada explica que (subrayados añadidos):

la comunicación al público de una obra, distinta de la distribución de copias físicas de esta, se subsume no en el concepto de «distribución al público», contemplado en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sino en el de «comunicación al público», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva” (pfo. 20)

5. ¿Hay comunicación al público en el caso planteado? El doble requisito de la comunicación pública.– El TJUE empieza recordando que el concepto de comunicación al público integra dos “elementos cumulativos”. Debe haber un “acto de comunicación” y este ha de tener como destinatario “un público” [pfo. 22, con cita de la sentencias de los casos Reha Training (31/5/2016, C-117/15) y Tom Kabinet (ya mencionado)].

6. Sí hay un “acto de comunicación”.- Por acto de comunicación debe entenderse “cualquier acto mediante el cual un usuario dé acceso a obras protegidas, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento” (pfo. 23, con cita de la sentencia del caso Stichting Brein c. Ziggo, 14/6/2017, C-610/15). En el caso, el litigante que aporta la fotografía como archivo adjunto a un correo da acceso a ella a otras personas (el juez y el personal del juzgado) y, por tanto, el primer requisito se cumple.

7. Aquellos a quienes se da acceso no conforman, sin embargo, un “público”.- De acuerdo con la doctrina del TJUE: “el concepto de «público» se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas[pfo. 26, con cita de las sentencias de los casos SCF o Del Corso, 15/3/2012, C-135/10, Reha Training (ya mencionado) y VCAST, 29/11/2017, C-265/16]. Pues bien, en el caso sueco ya falla lo primero pues los destinatarios de la comunicación que lleva a cabo quien aporta el documento al proceso son “un grupo claramente definido y cerrado de personas que ejercen sus funciones en pro del interés general en el seno de un órgano jurisdiccional, y no […] un número indeterminado de destinatarios potenciales” (pfo. 28). El juez y el resto de funcionarios del juzgado no son “personas en general” sino “profesionales individuales y determinados” (pfo. 29, con cita de la sentencia del caso SBS Belgium, 19/11/2015, C-325/14).

8. La posibilidad de acceso general a los documentos públicos es irrelevante.- El tribunal sueco destacaba que la legislación nacional permite que cualquier ciudadano interesado pueda acceder a los documentos públicos, lo que incluiría los expedientes judiciales. El TJUE considera, no obstante, que este hecho “carece de pertinencia” porque, en primer lugar, quien llevaría a cabo esta comunicación sería la Administración de Justicia, no el particular que ha aportado el documento –en el caso, una foto- como prueba; y en segundo, porque las leyes nacionales de acceso a los documentos públicos no se ven afectadas por la Directiva 2001/29, de la Sociedad de la Información, tal como resulta de su art. 9: “La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas, en particular, a […] el acceso a los documentos públicos […]”.

9. La interpretación propuesta da una solución equilibrada a la tensión entre la propiedad intelectual y la tutela judicial efectiva.- La sentencia, en su parte final, explica lo que, con seguridad, intuyó el juez de primera instancia sueco y, aunque por caminos desviados, le llevó a una solución correcta: resolver de otra manera dañaría de forma irreparable el derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho de propiedad intelectual, explica el TJUE, aunque es un derecho fundamental (art. 17.2 de la Carta de de los Derechos Fundamentales de la UE, CDFUE) no es absoluto (pfo. 32). Hay que tener en cuenta otros derechos. En este caso el que tiene por objeto la tutela judicial, reconocido en el art. 47 CDFUE, y que “se vería seriamente comprometido si un titular de derechos pudiera oponerse a la presentación de pruebas ante un órgano jurisdiccional por el único motivo de que estas contienen una prestación protegida en virtud de los derechos de autor” (pfo. 33).

10. Decisión.- “El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «comunicación al público», contemplado en esa disposición, no comprende la presentación por vía electrónica ante un órgano jurisdiccional de una obra protegida como prueba en el marco de un procedimiento judicial entre particulares”.