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STIM & SAMI c. Fleetmanager & NB. Asunto C-753/18,  Conclusiones del AG (15/1/2020): Alquiler de vehículos provistos de receptor de radio y comunicación al público

 ¿Puede entenderse que las empresas de alquiler de vehículos provistos de receptor de radio llevan a cabo actos de comunicación al público? ¿Cuál es la línea que no debe sobrepasar quien suministra medios materiales para llevar a cabo una comunicación para evitar pasar a ser, él mismo, comunicador? ¿Qué hay que hacer para dejar de ser un “mero” proveedor de instalaciones materiales para que otros puedan efectuar una comunicación? ¿Acabará finalmente Dédalo el laberinto y nos facilitará el hilo para guiarnos a través de él?  

STIM & SAMI c. FLEETMANAGER & NB. ASUNTO C-753/18,  CONCLUSIONES DEL AG (15/1/2010): ALQUILER DE VEHÍCULOS PROVISTOS DE RECEPTOR DE RADIO Y COMUNICACIÓN AL PÚBLICO

 ¿Puede entenderse que las empresas de alquiler de vehículos provistos de receptor de radio llevan a cabo actos de comunicación al público? ¿Cuál es la línea que no debe sobrepasar quien suministra medios materiales para llevar a cabo una comunicación para evitar pasar a ser, él mismo, comunicador? ¿Qué hay que hacer para dejar de ser un “mero” proveedor de instalaciones materiales para que otros puedan efectuar una comunicación? ¿Acabará finalmente Dédalo el laberinto y nos facilitará el hilo para guiarnos a través de él?

  Introducción

1. STIM/SAMI (STIM & SAMI c. Fleetmanager y NB) es uno de esos casos que captan de inmediato el interés del lector, aunque no sea especialista, ni siquiera aficionado, a la propiedad intelectual. ¿Puede considerarse comunicación pública el alquiler de vehículos provistos de un receptor de radio instalado por el fabricante? Desde el pasado 15 de enero contamos con la respuesta que propone el Abogado General Szpunar que, como es sabido, es negativa (STIM/SAMI, Conclusiones AG, 15/1/2020, C-753/18). A su juicio, en el caso planteado debe excluirse la existencia de comunicación al público. Probablemente esa respuesta coincida con la que, intuitivamente, habría dado la mayoría de las personas a las que se hubiera planteado la pregunta; en el caso de los entendidos, con seguridad, a reserva de un análisis más meditado. En este análisis radica el interés de las Conclusiones del AG y por ello puede ser útil reseñarlas, a la espera de la sentencia del TJUE.

2. Las Conclusiones se abren con una atractiva referencia al mito del laberinto, de uso antiguo entre los juristas y que el AG toma de un trabajo de 2017 de Birgit Clark y Julia Dickenson[1]. La mitología es rica en imágenes y la del laberinto resulta muy apropiada en este caso. Tras andar un camino pavimentado con sentencias, cuando uno cree haber llegado al final, inesperadamente, se encuentra de nuevo al principio o, al menos, se lo parece. No está muy clara, sin embargo, la asignación de papeles. Szpunar considera que el TJUE es Teseo y se pregunta quién será el Minotauro. Pero quizá sea más adecuado y conforme con la idea de Clark y Dickenson olvidarse de Teseo –que al fin logró matar al Minotauro y salir del laberinto- y fijarse en Dédalo, el constructor que quedó atrapado en su obra, hasta que pudo salir volando (pero, como diría Lou Jacobi, Moustache, el estupendo camarero de Irma La Dulce, “esa ya es otra historia”). El TJUE sería así Dédalo. Con la particularidad de que el laberinto está todavía en construcción y no es seguro que el constructor tenga planos. Pero no hay que desesperar: Tampoco los dejó Gaudí dejó y, pese a ello, la Sagrada Familia progresa y, según parece, llegará a culminarse. Lo que al fin hace falta son buenos intérpretes.

El origen de la controversia: entidades de gestión (STIM y SAMI) c. empresas de alquiler (Fleetmanager y NB)

3. El caso tiene su origen en dos litigios. En el primero, una entidad de gestión (la sueca STIM, equivalente a nuestra SGAE) había demandado a una empresa de alquiler de vehículos (Fleetmanager), con la pretensión de que se reconociera que tal actividad entrañaba una comunicación al público, al ir provistos aquellos de receptores de radio. En primera instancia se entendió que sí había comunicación al público, aunque la demanda se desestimó porque “Fleetmanager no había cooperado en la infracción” (Conclusiones pfo. 9). La sentencia fue confirmada en apelación y, al fin, el caso llegó al TS sueco. También lo hizo el segundo litigio en el que, invirtiendo las posiciones, la demandante era una empresa de alquiler de vehículos (NB), que pretendía que se declarara que no debía pagar remuneración alguna a la entidad de gestión SAMI (equivalente la española AIE). En primera instancia se decidió que sí había comunicación al público. Pero en apelación la sentencia fue anulada.

4. Con ambos casos sobre la mesa, el TS sueco decidió someter al TJUE dos preguntas: (1ª) “El alquiler de vehículos de serie con un receptos de radio ¿tiene como consecuencia que el arrendador de los vehículos es un usuario que realiza un comunicación al público [en el sentidos de los arts. 3.1 DSI y 8.2 DAPDA]?[2]; (2ª) “¿Qué pertinencia tiene, en caso de tener alguna, el volumen de la actividad de alquiler y los períodos de alquiler”?

Primera cuestión. El acto de comunicación: vínculo directo entre la intervención del usuario y las prestaciones protegidas comunicadas

5. El AG, con carácter preliminar, hace tres afirmaciones (pfos. 15 a 19): (1) El concepto de comunicación pública de los arts. 3.1 DSI y 8.2 DAPDA es el mismo; (2) Ninguna de las dos Directivas da una definición de comunicación pública, aunque sí hay algunas “precisiones” en los Considerandos cdos. 23 y 27 DSI; vid. en particular este último, en cuanto a la distinción entre la comunicación al público y la “mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para [facilitarla o efectuarla]); y (3) “desde el punto de vista técnico” hay dos formas de comunicación al público, la “comunicación propiamente dicha” y la “puesta a disposición” interactiva o a la carta. Dicho esto y también para ordenar su exposición, el AG nos recuerda que, como viene diciendo el TJUE, en la comunicación al público hay dos elementos: “un acto de comunicación” y “un público”.

6. En lo que atañe al “acto de comunicación”, el debate se sitúa en la frontera entre la “mera puesta a disposición de instalaciones materiales” y la comunicación al público. ¿Por qué el TJUE ha dicho que hay comunicación y no “mera” puesta a disposición de medios materiales cuando se instalan televisores en las habitaciones de un hotel (SGAE, C-306/05), se proporcionan reproductores y CD a los huéspedes (PPL Irlanda, C-162/10, C-162/10), se permite el acceso a un establecimiento abierto al público en el que hay televisores (Football Football Association Premier League,C 403/08 y C 429/08 y Reha Training, C-117/15), se graban y ponen a disposición en la nube retransmisiones televisivas (VCAST, C-265/16/16), se facilitan enlaces (Svensson, C-466/12), se comercializan reproductores multimedia con enlaces preinstalados (Stichting Brein/Wullems, C-527/15) , en fin, se pone a disposición del público y se gestiona una plataforma de intercambio P2P (Stichting Brein/Ziggo, C-610/15)?

7. Como se ve, son muchas las situaciones que han sido objeto de controversia. ¿Cuál es el hilo de Ariadna? El AG apunta a lo que ha subrayado el TJUE en varias ocasiones. La clave está en “el papel ineludible del usuario que interviene con pleno conocimiento de causa para dar al público acceso a prestaciones protegidas” (Conclusiones pfo. 31, con remisión a Stichting Brein/Wullems, C‑527/15). Precisando un poco más el AG añade: “la intervención del usuario debe tener por objeto las propias prestaciones, es decir, el contenido de la comunicación” (Conclusiones, pfo. 33). Esta intervención sobre el contenido puede revestir diferentes formas: transmitir la señal a los aparatos instalados en las habitaciones, proporcionar los CD a los clientes a los que se han facilitado los reproductores, conectar televisores en espacios comerciales accesibles al público, crear enlaces que llevan a obras protegidas o preinstalarlos en reproductores multimedia, grabar emisiones televisivas o, en fin, indexar metadatos en una red P2P.

8. Como es deber, son formas de intervención variopintas. Pero, dice el AG, todas ellas “comparten un aspecto común”: “el vínculo directo entre la intervención del usuario y las prestaciones protegidas comunicadas de este modo” (Conclusiones AG, pfo. 35). El “requisito de [la] intervención sobre el contenido de la comunicación”, aunque no expresamente, sí “está presente de forma implícita” en las resoluciones del TJUE que se han pronunciado a favor de la existencia de un acto de comunicación (Conclusiones, pfo. 36). Ahí es donde reside el “elemento determinante” para identificar el “acto de comunicación” que, por tanto, sólo se dará cuando quien facilita medios materiales tiene, además, una “intervención directa sobre el contenido de la comunicación”. No basta instalar televisores en las habitaciones de un hotel: hay que distribuir la señal; no basta proporcionar reproductores de CD: hay que entregar también los CD; no basta comercializar reproductores multimedia: hay que preinstalar los enlaces a contenidos protegidos; y así sucesivamente (Conclusiones AG, pfo. 37).

9. ¿Queda claro?… Quizá sí. O quizá no tanto. Cuando parece que llegamos al final, surge el riesgo de volver a perderse en el laberinto. La señal de alarma la da un recurso lingüístico que usamos con frecuencia y es hasta cierto punto delator: “Parece evidente” o, como dice el AG, “en mi opinión resulta «bastante evidente»” (en el francés del texto original: “il est à mon avis assez évident”; en italiano: “è a mio avviso abbastanza palese”; en alemán “Meines Erachtens ist jedoch ganz offensichtlich”; no hay texto en inglés todavía). A los juristas nos complace decir que algo es evidente u obvio. Pero no pocas veces lo hacemos con dudas y entonces lo evidente pasa a “parecer” evidente o a serlo sólo “bastante”, pero no del todo. Como quiera que sea, esta es la afirmación del AG: “En mi opinión es bastante evidente que las empresas de alquiler de vehículos no intervienen directamente en relación con las obras o los fonogramas difundidos […] se limitan a ofrecer a sus clientes vehículos que han sido equipados por sus productores con receptores de radio. Son los clientes de dichas sociedades quienes toman la decisión de escuchar o no las emisiones difundidas” (Conclusiones, pfo. 38). ¿Pero no podrían decir lo mismo quienes se limitan a poner un televisor en una habitación de hotel, al menos si esta dispone de una antena individual; o quienes facilitan conexión wifi y un terminal a quienes se alojan en él?

10. Son quienes alquilan los vehículos, dice el AG, quienes toman la decisión de escuchar o no ya que los vehículos son capaces de captar “sin intervención adicional, la radiodifusión terrestre en la zona en la que se encuentran”, de modo que “la única comunicación que se lleva a cabo es la realizada por los organismos de radiodifusión”; y, al autorizar tal radiodifusión, los titulares de derechos de propiedad intelectual ya “debieron necesariamente tener en cuenta a todos los usuarios equipados con receptores de radio y localizados en la zona de cobertura, incluidos los receptores instalados en los vehículos” (Conclusiones, pfo. 39). ¿Pero no se podría decir lo mismo de los establecimientos de restauración? También sus clientes están en la zona de cobertura de las emisiones televisivas o radiofónicas. Se dirá que, aún así, no podrían acceder a ellas sin la intervención decisiva del titular del establecimiento que les da acceso al local en el que está el receptor. Cierto. ¿Pero no es tan o más decisivo facilitar el vehículo que lo incorpora?… El AG entiende que no, que no es lo mismo. Las empresas de alquiler de vehículos, explica, se limitan a facilitar las instalaciones materiales necesarias para facilitar una comunicación al público, pero no tienen ninguna “intervención adicional”, en relación con el contenido, que permita concluir que llevan a cabo una comunicación nueva añadida a la de las entidades de radiodifusión. Esta sería pues la única (Conclusiones, pfo. 41).

11. Por lo demás, añade el AG, que los habitáculos de los vehículos sean espacios públicos o privados, que las empresas de alquiler no quieran o no puedan desmontar los receptores, que estos incrementen el atractivo del producto, que el alquiler de vehículos sea una actividad lucrativa o, en fin, que el suministro se realice mediante venta o mediante alquiler largo o corto, carece de pertinencia en relación con la cuestión planteada (Conclusiones, pfos. 41 a 44).

Segunda cuestión. Concepto de “público”: volumen de la actividad de alquiler y duración de los contratos

12. Descartada la existencia de un “acto de comunicaciónsería innecesario analizar el concepto de público, que es el segundo elemento a considerar. No obstante, el AG, con buen criterio considera oportuno entrar también en la segunda cuestión, por si al fin “bastante evidente” no resultara suficiente a ojos del TJUE.

13. En síntesis, el órgano remitente quiere saber qué peso tiene que los alquileres de vehículos sean muchos o pocos y cuál sea su duración, larga o corta, para decidir si hay o no “un público”. En esta cuestión, el AG es más breve. “Público” es un concepto que se define, a la vez, de forma cualitativa y cuantitativa. En este sentido, debe tratarse de un conjunto de personas “potencialmente indeterminado” y “considerable” (Conclusiones, pfo. 50). El carácter “indeterminado” (exigencia cualitativa) cabe conectarlo con la exigencia de ir más allá del entorno familiar o doméstico de quien comunica. En cuanto al número de personas (requisito cuantitativo), hay que recordar que existe un umbral de minimis que excluye grupos demasiado pequeños o insignificantes, aunque puede superarse por acumulación (público “sucesivo”).

14. Pese a tratarse de conceptos imprecisos muy dependientes de las circunstancias del caso, el AG considera que los clientes de las empresas de alquiler de vehículos sí deben considerarse “un público”, tanto desde el punto de vista cuantitativo (“el número de clientes sucesivos es lo suficientemente grande como para rebasar el umbral de un número insignificante”, Conclusiones, pfo. 51), como cualitativo (“dichos clientes no forman parte de un círculo de personas determinadas que pueda ser asimilado a un círculo privado”, ibídem) .

15. En cuanto a la duración del alquiler, “los demandantes en el litigio principal” (pero no queda muy claro si se refiere a las entidades de gestión o a las empresas de alquiler) sostenían que por debajo de 30 días (alquiler de corta duración), el vehículo era un espacio público, mientras que a partir de los 30 (alquiler de larga duración) pasaría a ser privado, de forma que la presencia de un receptor de radio en el vehículo “[dejaría] de ser constitutiva de una comunicación al público”. El AG, sin embargo, rechaza este planteamiento recordando que “el carácter público o privado del espacio en que se recibe una comunicación al público” no es relevante (Conclusiones, pfo. 53, con cita de SGAE, C-306/05).

16. El AG concluye así que la respuesta del TJUE a la segunda cuestión, si creyera necesario darla, no estaría condicionada por el volumen de la actividad de alquiler (visto que se supera el umbral de minimis) ni por la duración larga o corta de los contratos (en la medida en que ello pueda permitir calificar el automóvil como espacio público o privado).

[1] E.I.P.R. 2017, 39(5), 265-278, European Intellectual Property Review, 2017, “Theseus and the labyrinth? An overview of «communication to the public» under EU copyright law: after Reha Training and GS Media Where are we now and where do we go from here?” Disponible en formato electrónico a través de Westlaw International.

[2] Directiva 2001/29, de derechos de autor y afines en la sociedad de la información (DSI) y Directiva 2006/115, de alquiler y préstamo y derechos afines (DAPDA)