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Sobre el derecho de remuneración equitativa de productores y artistas: STJUE de 8/9/2020, C-265/19 (RAAP c. PPI). Rodrigo BERCOVITZ, Catedrático de Derecho civil. UAM

La STJUE  dictada el 8 de septiembre de 2020 en el asunto C-265/19 se ocupa de concretar el ámbito de aplicación del derecho a una remuneración equitativa, compartida con los productores de fonogramas, que el art. 8.2 de la Directiva 2006/115/CE (la Directiva en adelante) atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de los fonogramas en cuya grabación hayan participado. Las cuestiones prejudiciales que resuelve la Sentencia nacen del conflicto existente en Irlanda entre la entidad de gestión de los derechos de los artistas RecordedArtistsActorsPerformers (RAAP) y la entidad de gestión de los derechos de los productores de fonogramas, Phonographic Performance Ireland (PPI) sobre el reparto de la recaudación obtenida con la gestión del mencionado derecho en Irlanda.

La STJUE  dictada el 8 de septiembre de 2020 en el asunto C-265/19 se ocupa de concretar el ámbito de aplicación del derecho a una remuneración equitativa, compartida con los productores de fonogramas, que el art. 8.2 de la Directiva 2006/115/CE (la Directiva en adelante) atribuye a los artistas intérpretes o ejecutantes por la comunicación pública de los fonogramas en cuya grabación hayan participado. Las cuestiones prejudiciales que resuelve la Sentencia nacen del conflicto existente en Irlanda entre la entidad de gestión de los derechos de los artistas RecordedArtistsActorsPerformers (RAAP) y la entidad de gestión de los derechos de los productores de fonogramas, Phonographic Performance Ireland (PPI) sobre el reparto de la recaudación obtenida con la gestión del mencionado derecho en Irlanda.

RAAP reclama a PPI que reparta con ella todo lo recaudado por dicho concepto, en base al contrato otorgado por ambas partes a tal efecto, mientras que PPI se niega al reparto cuando la música objeto de la comunicación pública haya sido grabada por artistas que no sean nacionales ni residentes de un estado del EEE, y la grabación no se haya realizado en el EEE, salvo siel gobierno irlandés les hubiese reconocido, mediante decreto -lo que no ha tenido lugar-, el derecho en cuestión. PPI rechaza la petición de reparto de RAAP en base al principio de reciprocidad recogido con respecto a este derecho por la Ley irlandesa (arts. 287 a 289 de la Copyright and RelatedRightsAct 2000). Ello afecta especialmente, por su importancia, a la remuneración de los artistas de los Estados Unidos de América en Irlanda.

De ahí que la High Court de Irlanda pregunte primero al TJUE (cuestiones 1ª y 2ª) si excluir de la remuneración equitativa y única a los artistas nacionales  de estados no pertenecientes al EEE, salvo los que residan o hayan gravado el fonograma difundido en el EEE,  es acorde o no con el art. 8.2 de la Directiva, concretamente con la interpretación del pasaje del mismo “artistas intérpretes o ejecutantes […] entre los cuales se efectuará el reparto”.

La Sentencia declara que no es compatible.

De ahí que la High Court pregunte en segundo lugar (tercera cuestión)  si un estado  miembro puede aplicar el principio de reciprocidad para no reconocer el derecho a participar en el derecho de remuneración equitativa y única a los artistas que sean nacionales de un tercer estado que, previa la notificación prevista por el art. 15.3 del WPPT, no reconozca tal derecho a los artistas de ese estado miembro.

La Sentencia rechaza que un estado miembro pueda proceder a semejante limitación del derecho de remuneración de los artistas de ese tercer estado en aplicación del principio de reciprocidad. Pero añade que semejante limitación del derecho para los artistas nacionales de ese tercer estado puede ser introducida por el legislador de la Unión en determinadas condiciones.

La High Court pregunta finalmente (cuarta cuestión) si el art. 8.2 de la Directiva permite que el derecho de remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas que establece pueda atribuirse solo a los productores de fonogramas, sin participación alguna de los artistas que hayan grabado el fonograma.

La Sentencia se pronuncia también en contra de semejante posibilidad.

Para contestar a la primera pregunta la Sentencia empieza por recabar la competencia exclusiva del TJUE a la hora de interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión, garantizando así que su aplicación sea uniforme en toda la Unión, teniendo en cuenta para dicha interpretación el tenor de las disposiciones, su contexto y los objetivos perseguidos por las mismas. Dichos criterios son los que deben utilizarse para la determinación de los artistas intérpretes o ejecutantes a los que se refiere el art. 8.2 de la Directiva como destinatarios, junto con los productores de fonogramas, del reparto de lo recaudado por el derecho de remuneración equitativa y única que establece por la comunicación pública de fonogramas..

Pues bien, del tenor literal del art. 8.2 no resulta requisito alguno referido a los artistas o a los productores sobre su nacionalidad, residencia o lugar de grabación. Por otra parte, el contexto nos remite a los convenios internacionales sobre la materia, de acuerdo con los propios considerandos de la Directiva (vid. el considerando 7). El contexto nos remite pues al WPPT(Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas) –del que tanto la Unión como los estados miembros son partes contratantes-, que obliga a los estados firmantes del mismo a conceder ese derecho de remuneración equitativa y única a los artistas y a los productores nacionales de todas las partes contratantes (art. 15.1), nacionales tanto de estados miembros de la Unión como de otros estados contratantes del WPPT. En cuanto al objetivo del art. 8.2, según los considerandos de la Directiva también (vid. Los considerandos 5 a 7), es el de proporcionar unos ingresos suficientes a productores y artistas para garantizar la continuidad de su actividad, precisando, por lo que a los artistas se refiere (vid. Los considerandos 5, 12 y 13), que la parte de la remuneración que reciban refleje la importancia de su contribución al fonograma.

No existe pues base alguna para que un estado miembro de la Unión excluya del art. 8.2 de la Directiva a los nacionales de estados que no sean del EEE , y que sí que sean parte contratante del WPPT, cuando resulta que dicho artículo garantiza precisamente en el Derecho de la Unión la aplicación del art. 15.1 WPPT.

No existe base, salvo si la Unión o el estado miembro notifica al Director General de la OMPI la reserva correspondiente, de acuerdo con el art. 15.3 WPPT. Lo que no se ha producido por el momento, mientras otros estados, entre otros los Estados Unidos de América, sí que han formalizado reservas al respecto.

Sentado lo anterior, la Sentencia pasa a argumentar sobre la segunda pregunta.

En principio, tanto la Unión como los estados miembros podrían, aplicando el principio de reciprocidad, o al margen del mismo, negar a los artistas nacionales de terceros estados el derecho a la remuneración equitativa y única del art. 8.2 de la Directiva, previa la notificación prevista en el art. 15.3 WPPT si se trata de estados que sean partes contratantes dl WPPT.

Ahora bien, ese derecho deriva de una Directiva, es decir, de una norma armonizada, por lo que es competencia exclusiva de la Unión introducir limitaciones al mismo con respecto a los nacionales de terceros estados, en el marco del WPPT o fuera de él. Por otra parte, ese derechoforma parte integrante de la protección que el art. 17.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión concede a la propiedad intelectual. Por lo que cualquier limitación del mismo debería, de acuerdo con el art. 52.1 de la Carta, “respetar el contenido esencial” de la propiedad intelectual, respetar el principio de proporcionalidad, ser necesaria y “respond[er]  efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”; y además debería establecerse por ley, y no por una notificación como la prevista en el art. 15.3 WPPT, “dado que tal reserva no permite que los nacionales del tercer Estado en cuestión conozcan de qué manera precisa su derecho  […] estaría, en consecuencia, limitado en la Unión”.

De ahí que La Sentencia concluya que un estado miembro no puede negar el derecho a los artistas nacionales de terceros países ajenos al EEE. Solo podría hacerlo la Unión, respetando los requisitos sustanciales recogidos en el art. 52.1 de la Carta, “y mediante una norma clara de la unión”.

Finalmente, la Sentencia rechaza de manera radical y absoluta la posibilidad de que un estado miembro excluya del reparto del derecho de remuneración equitativa y única a alguna categoría de artistas, por ejemplo a los nacionales de determinados estados ajenos al EEE, que ni residan ni hayan grabado en el EEE, como practicaba y pretendía PPI en el conflicto de la que trae causa. Entiende que ello socavaría el respeto de ese derecho y sería contrario al objetivo perseguido  por la Directiva de proporcionar a los artistas unos ingresos suficientes.

Resulta pues que la Ley irlandesa es contraria en este punto al artículo 8.2 de la Directiva.

Pero el alcance de esta Sentencia afecta  a la legislación de todos los estados miembros, es decir a nuestra LPI, puesto que considera que cualquier limitación de los derechos de propiedad intelectual debe respetar los requisitos del art. 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, y debe producirse por norma del Derecho de la Unión cuando se trate de derechos reconocidos en alguna norma armonizada. Nuestro legislador debería a proceder a revisar las limitaciones establecidas en los artículos 199 a 201 LPI a los no nacionales de la Unión Europea, incluida la aplicación a los mismos en su caso del principio de reciprocidad como exigencia para reconocerles los derechos  de propiedad intelectual que nuestra LPI establece.

Por lo que se refiere a una posible limitación del derecho de remuneración equitativa y única de los artistas intérpretes o ejecutantes con respecto a nacionales de estados ajenos al EEE, especialmente la basada en el principio de reciprocidad, parece que la Unión Europea podría adoptarla respetando todos los requisitos del art. 54.1 de la Carta. La propia Sentencia viene a admitirlo en sus párrafos 82 a 84, cuando reconoce que las restricciones de terceros estados a ese derecho de artistas y productores puede “tener como consecuencia” que los mismos “no perciban ingresos suficientes y tengan mayores dificultades para amortizar sus inversiones”, además de “menoscabar la posibilidad” de que los artistas y los productores de los estados miembros “participen en ese comercio [internacional de música grabada] en pie de igualdad” con los artistas y productores “del tercer estado que haya notificado una reserva con arreglo al artículo 15.3 del WPPT”, concluyendo que “De ello se desprende que la necesidad de preservar condiciones equitativas de participación en el comercio de música grabada constituye un objetivo de interés general que pueda justificar una limitación del derecho […] respecto de los nacionales de un tercer Estado que no conceda ese derecho o que solo lo conceda parcialmente”.

Supongo que tanto en este caso como en todos los demás supuestos en los que la Unión decida introducir limitaciones para los nacionales de terceros estados  en materia de propiedad intelectual, el requisito de que se proceda por ley, es decir por norma de la Unión, se podría cumplimentar mediante una norma que atribuyera en cada Directiva sobre la materia dicha facultad de forma genérica a la Unión, sin perjuicio de concretar en su momento el alcance de la limitación mediante la notificación correspondiente de la misma, como está previsto en el art. 15.3 WPPT, especialmente cuando se trate de aplicar el principio de reciprocidad. No es cierto que una notificación de reserva “no permit[a] que los nacionales del tercer Estado en cuestión conozcan de qué manera precisa su derecho […] estaría, en consecuencia, limitado en la Unión”, como se pretende en el párrafo 87 de la Sentencia.

Es obvio que el TJUE quería pronunciarse en los términos tan rotundos en que lo hace sobre la imposibilidad de privar en algún caso a los artistas de su participación en el reparto de lo recaudado por el derecho de remuneración equitativa y única establecido por el art. 8.2 de la Directiva. Otro tema estrechamente relacionado, que no hace al caso, es la determinación cuantitativa mínima de esa participación para considerar que es suficiente. Recuérdese que el considerando 13 de la Directiva reclama que dicha participación “debe estar en consonancia con la importancia de su contribución”. Pero volviendo a mi afirmación anterior, la fundamento en la evidencia de que contestar a esa última cuestión planteada por la High Court de Irlanda no era necesario para la resolución del conflicto, una vez contestadas las anteriores en los términos que hemos visto.

Es muy probable que no sea posible encontrar algún supuesto en el que esté justificado negar participación alguna a los artistas nacionales de terceros estados sobre el derecho de remuneración equitativa y única, sin que ello afecte a los productores de fonogramas, sin afectar a los requisitos del art. 54.1 de la Carta y sin socavar el respeto de ese derecho. Sin embargo, la rotundidad con la que se pronuncia la Sentencia me suscita alguna duda. La misma duda que albergaría si se afirmase con igual rotundidad la imposibilidad de privar del derecho a los productores en algún supuesto.