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Sentencia del TJUE de 8 /9/2020 en el caso RAAP c. PPI, Asunto C-265/19: derecho de artistas y productores a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas comerciales. El problema de las reservas al WPPT formuladas por terceros Estados y el intento de responder a nivel nacional y no a nivel europeo.

El derecho a una remuneración equitativa y única reconocido a artistas y productores de fonogramas por el art. 8.2 de la Directiva sobre Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) debe ser compartido en todo caso por ambos grupos de titulares. No cabe que el Derecho nacional de un Estado miembro excluya, por razones de reciprocidad de trato, a los artistas de terceros Estados (p.e. los EE.UU) de tal modo que los productores hagan suya la totalidad de la remuneración. Es razonable neutralizar las reservas que hayan podido formular terceros Estados al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF / WPPT), al objeto de lograr una reciprocidad de trato y evitar tener que reconocer a sujetos de terceros países derechos que en tales países se niegan a los europeos . Pero, tras la DAPDA, ya no pueden hacerlo los Estados en sus leyes nacionales. La exigencia de reciprocidad debe establecerla en su Derecho la propia Unión Europea.

A) Introducción

1. RAAP c. PPI ya fue objeto de una reseña de cierta extensión en el blog de ALADDA con ocasión de las Conclusiones del AG de 2/7/2020. El pasado 8/9/2020 se hizo pública la sentencia, que ahora se resume.

2. El origen del caso se sitúa en un conflicto entre dos entidades de gestión irlandesas: una de artistas (Recorded Artists Actors Performers Ltd, RAAP) y otra de productores (Phonographic Performance, Ireland, Ltd, PPI). Ambas habían llegado a un acuerdo para que esta última se encargara de la recaudación, para su posterior reparto, del derecho de remuneración que el art. 8.2 de la Directiva 2006/115/CEde 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, versión codificada (DAPDA), reconoce a artistas y productores (subrayados añadidos):

Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración”.

3. No obstante, de acuerdo con los criterios previstos en la legislación irlandesa (Copyright and Related Rights Act, CRRA), los intérpretes de determinados países –en particular los EE.UU- quedarían excluidos del derecho. Al menos tal era la tesis de PPI, que se negaba a entregar a RAAP la recaudación correspondiente a tales intérpretes y, en consecuencia, pretendía hacerla suya. Tal como se resumía en las Conclusiones del AG, la posición de PPI era la siguiente: “Los intérpretes que no son nacionales ni residentes del EEE [Espacio Económico Europea] y cuyas actuaciones no tienen su origen en una grabación de sonido efectuada en el EEE no tienen derecho a percibir una participación en la remuneración cuando dichas actuaciones se llevan a cabo en Irlanda. De lo contrario, si se hubiese de pagar a tales intérpretes, con ello se vulneraría el principio de reciprocidad internacional adoptado por Irlanda y plasmado en la CRRA. En particular, si se siguiese la postura de RAAP, los intérpretes de los Estados Unidos recibirían pagos en Irlanda, aunque los intérpretes irlandeses no recibieran una remuneración equitativa en los Estados Unidos” (Conclusiones AG, pfo. 28).

4. Como cabe suponer, RAAP se opuso y el asunto llegó a los tribunales, hasta que la High Courtde Irlanda [1]consideró necesario someter diversas cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a fin de aclarar quiénes son, a la luz de los tratados internacionales, los artistas intérpretes o ejecutantes titulares del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA, con particular referencia al principio de trato nacional, que obligaría a reconocer a los ciudadanos de los países firmantes los mismos derechos reconocidos a los irlandeses. Las cuestiones eran cuatro (subrayados añadidos):

1)  ¿Se limita la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar la Directiva 2006/115 [DAPDA], atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma y/o del WPPT, a los conceptos a los que [dicha] Directiva hace una remisión expresa, o se extiende también a los conceptos que simplemente aparecen en los dos instrumentos internacionales? En particular, ¿en qué medida debe interpretarse el artículo 8 de [dicha] Directiva atendiendo a la exigencia de «trato nacional» que contiene el artículo 4 del WPPT?

2) ¿Dispone un Estado miembro de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué «artistas intérpretes y ejecutantes» tienen derecho a una remuneración con arreglo al artículo 8 de la [citada] Directiva? En particular, ¿puede un Estado miembro restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que i) la representación se produzca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), o ii) los intérpretes tengan su domicilio o residencia en un país del EEE?

3) ¿Qué margen de apreciación tiene un Estado miembro a la hora de responder a una reserva formulada por otra Parte contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT? En particular, ¿está obligado el Estado miembro a adoptar exactamente las mismas condiciones de la reserva formulada por la otra Parte contratante? ¿Está obligada una Parte contratante a no aplicar la regla de los treinta días del artículo 5 de la Convención de Roma, de manera que pueda darse el caso de que un productor de la Parte contratante que ejerza la reserva perciba la remuneración con arreglo al artículo 15, apartado 1, y no así los intérpretes de esa misma Parte contratante? Alternativamente, ¿está facultada la Parte contratante que responde a la reserva para conceder derechos a los nacionales de la Parte contratante que ejerce la reserva de forma más generosa que esta última, es decir, puede la Parte contratante que responde a la reserva conceder derechos sin que haya reciprocidad por la Parte contratante que ejerce la reserva?

  4)  ¿Es lícito en alguna circunstancia limitar el derecho a la remuneración equitativa a los «productores» de una grabación sonora, es decir, denegar ese mismo derecho a los «intérpretes» cuyas representaciones han sido fijadas en la grabación sonora?

5. El Abogado General, en sus Conclusiones, propuso al TJUE la siguiente respuesta (subrayados añadidos), con la que, como veremos, el TJUE se muestra conforme:

1) El artículo 8, aparado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, debe interpretarse a la luz de las exigencias del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), del cual es Parte la Unión, y que es coherente con la obligación que incumbe a la Unión dispensar un trato nacional conforme al artículo 4 del WPPT, sin necesidad de una disposición específica a tal efecto.

2) Los Estados miembros no disponen de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué “artistas intérpretes y ejecutantes” tienen derecho a remuneración con arreglo al artículo 8 de la citada Directiva. En particular, los Estados miembros no pueden restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que la actuación se produzca en el EEE, con independencia de si los artistas intérpretes o ejecutantes tienen su domicilio o residencia en un país del EEE.

3)  Los Estados miembros no disponen de margen de apreciación en un ámbito que es competencia exclusiva de la Unión, y no están facultados para responder a las reservas formuladas por otras Partes contratantes ni para aplicar criterios distintos de los establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.

4)  Es incompatible con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 limitar el derecho a una remuneración equitativa de manera que los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en una grabación de sonido no reciban remuneración alguna y esta beneficie únicamente al productor de la grabación.”

B) Cuestiones primera y segunda: A la luz de la DAPDA, el derecho debe reconocerse en las leyes nacionales a los artistas de todos los países que son parte del WPPT, sin que quepa limitarlo a los artistas de la UE y el EEE

6. Se trata de saber si el art. 8.2 DAPDA se opone a que los Estados miembros, al incorporar el derecho de remuneración que comparten productores y artistas, puedan excluir “a los artistas nacionales de Estados no pertenecientes al EEE, con la única excepción de aquellos que tengan su domicilio o residencia en el EEE y de aquellos cuya contribución al fonograma haya tenido lugar en el EEE” (pfo.45, subrayados añadidos; cuando no se indique lo contrario, los pfos. citados son los de la sentencia).

7. Dado que no hay una remisión expresa al Derecho nacional, el TJUE parte de la base de que la interpretación deber ser autónoma y uniforme en toda la UE. A partir de ahí, recurre a los criterios interpretativos habituales: literal, sistemático y finalista.

8. Respecto al tenor del art. 8.2 DAPDA (criterio literal) la sentencia señala que, de sus términos, no resulta que el derecho haya querido limitarse a los nacionales de los países en los que se aplica la Directiva. Esta “hace referencia sin más precisiones, a los «artistas intérpretes o ejecutantes» y a los «productores de fonogramas»” y “no establece ninguna condición conforme a la cual el artista intérprete o ejecutante o el productor del fonograma deba ser nacional de uno de los Estados miembros del EEE o tener su domicilio o residencia en uno de esos Estados, ni tampoco ninguna condición que exija que el lugar de realización del trabajo creativo o artístico esté vinculado al territorio de un Estado miembro del EEE” (pfo.61).

9. En cuanto al contexto (criterio sistemático) y los objetivos (criterio teleológico o finalista), la DAPDA pretende “sostener el esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes mediante una protección jurídica armonizada que garantice unos ingresos suficientes y amortice las inversiones, «de conformidad con los convenios internacionales vigentes sobre los que se basan las normas sobre derechos de autor y derechos afines de muchos Estados miembros»” (pfo. 50, con cita del cdo. 7; subrayados añadidos).

10. Por tanto, los conceptos de la DAPDA “se deben interpretar de manera conforme con los conceptos equivalentes contenidos en esos convenios” (pfo. 51). En este sentido, subraya el TJUE, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF; WPPT en sus siglas inglesas), “que forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión […], obliga, en principio, a la Unión y a sus Estados miembros a conceder el derecho a una remuneración equitativa y única tanto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas que sean nacionales de los Estados miembros de la Unión como a los que sean nacionales de otras Partes contratantes del WPPT” (pfo. 62, subrayados añadidos).

11. Por todo ello, “procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, a la luz del artículo 4, apartado 1, y del artículo 15, apartado 1, del WPPT, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, al transponer a su legislación los términos «artistas intérpretes o ejecutantes […] entre los cuales se efectuará el reparto» que figuran en el artículo 8, apartado 2, antes citado y designan a los artistas que tienen derecho a una parte de la remuneración equitativa y única a que se hace referencia en dicha disposición, excluya a los artistas de Estados no pertenecientes al EEE, con la única excepción de aquellos que tengan su domicilio o su residencia en el EEE y de aquellos cuya contribución al fonograma se haya realizado en el EEE” (pfo. 75).

C) Tercera cuestión: Las reservas formuladas al WPPT por terceros Estados, no permiten a los Estados Miembros establecer en sus leyes nacionales restricciones que excluyan del derecho del art. 8.2 DAPDA a los nacionales de esos terceros Estados. Si ha de hacerse, y convendría, corresponde al Derecho de la Unión

12. La tercera cuestión se refiere a las consecuencias que pueden tener las reservas formuladas por terceros Estados. De forma más concreta: el hecho de que un tercer Estado (por ejemplo, los Estados Unidos de América) haya formulado reservas que afectan a los derechos de los nacionales de un país miembro de la UE, ¿permite que este, a su vez, excluya del derecho del art. 8.2 DAPDA a los nacionales de dicho tercer Estado?

13. El TJUE empieza reconociendo que las reservas de terceros Estados pueden afectar a los derechos de los artistas y productores de la UE y que es razonable la reciprocidad. En este sentido señala que “la negativa de terceros Estados a conceder, para la totalidad o algunas de las utilizaciones en sus territorios de los fonogramas publicados con fines comerciales, el derecho a una remuneración única y equitativa a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan contribuido a ellos, puede tener como consecuencia que los nacionales de Estados miembros que operen en el comercio, a menudo internacional, de música grabada no perciban ingresos suficientes y tengan mayores dificultades para amortizar sus inversiones” (pfo. 82). Y añade: “Asimismo, tal negativa puede menoscabar la posibilidad de que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de los Estados miembros de la Unión participen en ese comercio en pie de igualdad con los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas del tercer Estado que haya notificado una reserva con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT, creando una situación en la que estos últimos artistas y productores perciban ingresos en todas aquellas ocasiones en las que su música grabada se difunda en la Unión, mientras que ese tercer Estado se aparta, mediante esa reserva notificada con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT, no solo de lo establecido en el artículo 15, apartado 1, de este acuerdo internacional, sino también de lo establecido en su artículo 4, apartado 1, que exige dispensar el mismo trato respecto del derecho a una remuneración equitativa por la utilización de los fonogramas publicados con fines comerciales” (pfo. 83, subrayado añadido).

14 “La necesidad de preservar condiciones equitativas de participación en el comercio de música grabada”, concluye el TJUE, “constituye un objetivo de interés general que puede justificar una limitación del derecho afín a los derechos de autor recogido en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 respecto de los nacionales de un tercer Estado que no conceda ese derecho o que solo lo conceda parcialmente” (pfo. 84, subrayado añadido). Ahora bien, tras el reconocimiento del derecho por parte de la DAPDA, esa decisión ya no pueden tomarla los Estados nacionales sino que debe hacerlo la propia UE. “El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 constituye una norma armonizada, por lo que corresponde únicamente al legislador de la Unión, y no a los legisladores nacionales, determinar si procede limitar en la Unión la concesión de ese derecho afín a los derechos de autor respecto a los nacionales de terceros Estados y, de ser así, definir tal limitación de manera clara y precisa” (pfo. 88)

15. “Procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 15, apartado 3, del WPPT y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 deben interpretarse, en el estado actual del Derecho de la Unión, en el sentido de que las reservas notificadas por terceros Estados con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT que tengan por efecto la limitación en sus territorios del derecho a una remuneración equitativa y única establecido en el artículo 15, apartado 1, del WPPT no conducen, en la Unión, a limitaciones del derecho establecido en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 respecto de los nacionales de esos terceros Estados, si bien tales limitaciones pueden ser introducidas por el legislador de la Unión, siempre que sean conformes a las exigencias del artículo 52, apartado 1, de la Carta” (pfo. 91, subrayado añadido).

D) Cuarta cuestión: No es admisible que el derecho de remuneración equitativa y única del art. 8.2 DAPDA se limite al productor con exclusión del artista

16. La cuarta cuestión se refiere a la posibilidad o no de que el art. 8.2 DAPDA se interprete de tal modo que solo el productor perciba una remuneración, sin repartirla con el artista. La argumentación del TJUE es sumaria. El propio tenor del artículo es claro y no cabe concluir sino que “el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el derecho a una remuneración equitativa y única que establece se limite de manera que únicamente el productor del fonograma perciba una remuneración, sin repartirla con el artista intérprete o ejecutante que haya contribuido al fonograma” (pfo. 96, subrayado añadido).