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Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 23/6/2021. Compensación por copia privada. Cantidades pagadas por sujetos excluidos del límite durante la vigencia de la normativa posterior a la ley de 2006 (años 2006 a 2009) a la luz de la doctrina del caso «Padawan». Efecto directo u horizontal de las directivas. Principio de interpretación conforme

El art. 25 TRLPI, en la versión resultante de la Ley 23/2006 de 7 de julio (que incorporó la Directiva 2001/29 de la Sociedad de la Información, DSI, y reajusto nuestro sistema de canon compensatorio por copia privada) debió interpretarse de inmediato en línea con el art. 5.2,b) DSI, tal como tiempo después, respondiendo a una cuestión planteada desde la AP de Barcelona explicaría el TJUE (sentencia de 21/10/2010, C-467/08, caso Padawan). De ahí resultaría el derecho de empresas a las que se repercutió el canon en adquisiciones de equipos aparatos y soportes (EAS) entre 2006 y 2009, a reclamar su devolución a las entidades de gestión perceptoras. Así lo declara la sentencia reseñada. Aunque en 2006 la ley –correcta o no- parecía clara y aún en 2008 la Audiencia de Barcelona todavía creía oportuno consultar al TJUE, parece que los jueces ya tenían el deber de hacer una interpretación del repetido art. 25 TRLPI conforme con el art. 5.2,b) DSI.

1. Se ha publicado en el CENDOJ una sentencia de la Sala 1ª del TS del pasado 16 de junio relativa a la compensación por copia privada. Se trata de la STS, 1ª, 2502/2021, 23/6/2021, ECLI:ES:TS:2021:2502, accesible desde el siguiente enlace:

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ce794151a66c03bd/20210705

2. La controversia gira en torno a la reclamación de un banco (“Caixabank S.A.”) contra dos entidades de gestión (CEDRO y VEGAP) para recuperar las cantidades que le fueron repercutidas por los Equipos, Aparatos y Soportes de reproducción (EAS) adquiridos entre los años 2006 y 2009. La demanda fue presentada el 21/11/2013 y en ella se aducía que los EAS en cuestión no tenían como destino la realización de copias privadas sino el desarrollo de su actividad empresarial. Para recuperar lo pagado, “Caixabank” alegaba el carácter indebido del pago. Asimismo, en línea con lo anterior, invocaba el principio de enriquecimiento injusto. La suma reclamada ascendía a unos 900.000 €. La demanda fue sustancialmente estimada en primera instancia, al entender el juzgado que el canon repercutido sobre el banco y abonado a las entidades de gestión “carecía de justificación pues el propósito de su adquisición no era la práctica de la copia privada de obras protegidas sino la reproducción de contenidos concernientes a su propia actividad”. La condena ascendió a 870.000 € aproximadamente (SJM 5 Madrid, 20/10/2015; el pfo. transcrito se toma de la sentencia del TS).

3. La Audiencia, en cambio, estimó el recurso de apelación y desestimó íntegramente la demanda. A su juicio el cobro de la compensación por parte de las entidades demandadas había sido conforme al art. 25 TRLPI: “La Directiva carecía de efecto horizontal y no era posible realizar una interpretación del art. 25 LPI conforme al art. 5.2,b) de la Directiva [2001/29, de la Sociedad de la Información] sin incurrir en una interpretación contra legem”. No hubo cobro indebido ni enriquecimiento injustificado “sin perjuicio de la responsabilidad que eventualmente hubiera podido contraer el Estado español por no haber transpuesto adecuadamente la Directiva” (SAP Madrid, 28ª, 12/3/2018; los pfos. transcritos se toman de la sentencia del TS). Interpuesto recurso de casación por “Caixabank”, el TS lo estima y confirma sentencia del JM favorable a la recurrente.

4. Es relevante tener presente la DT 3ª del RD-Ley 12/2017 y la lectura que de ella hace el TS. Como es notorio, el RD-Ley 12/2017 se aprobó, tras la sentencia del TJUE en el caso EGEDA (9/10/2017, C-470/14) precisamente para abandonar el sistema de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y volver al anterior, de canon compensatorio, que había sido a su vez transitoriamente abandonado en 2011 (DA 10ª RD-Ley 20/2011), tras la sentencia del TJUE en el caso Padawan (21/10/2010, C-467/08). La DT 3ª del RD-Ley de 2017 parecía destinada a conjurar los fantasmas del pasado, evitando que reaparecieran en forma de reclamaciones de devolución de cantidades pagadas con arreglo al anterior sistema de canon, vigente entre 2006 y 2011. Al menos a primera vista todo parecía atado y bien atado; aunque ya se sabe que esta frase expresa una creencia susceptible de verse defraudada, a veces para bien y otras no tanto.

5. La norma rezaba así:

Disposición transitoria tercera. Equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2012. 1. A excepción de los casos de liquidación y pago indebidos ocasionados por errores de tipo material o aritmético que den derecho a su reembolso, se entenderá que no procede la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen de compensación equitativa por copia privada a los fabricantes, distribuidores, mayoristas o minoristas y compradores finales por cantidades devengadas con anterioridad al 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y conforme a la normativa entonces vigente, por la adquisición de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción afectados por dicho régimen de compensación. [//] 2. […]

Se diría que, con la excepción de pagos indebidos por errores materiales o aritméticos, las entidades de gestión quedaban a cubierto de reclamaciones dirigidas a obtener la restitución de cantidades abonadas con anterioridad. Pero los fantasmas del pasado son pertinaces y hay fórmulas legales que, pese a su apariencia de obviedad anodina, les permiten manifestarse y hacerse presentes, como en el Cuento de Navidad de Charles Dickens.

6. Como se ha visto, la DT 3ª.1 del RD-Ley 12/2017 se refiere a cantidades abonadas o repercutidas en concepto de copia privada antes del 1/1/2012 “y conforme a la normativa entonces vigente”. Probablemente nadie reparó en que “la normativa entonces vigente”, esto es el art. 25 TRLPI resultante de la Ley 23/2006 (en adelante art. 25 TRLPI/2006), no acababa en su letra sino que, como cualquier otra norma, estaba sujeto a las derivas que pueden resultar de su interpretación de acuerdo con los criterios del art. 3 CC y, en particular, de su necesario alineamiento con el Derecho europeo de referencia, aunque el sentido preciso de este sólo se aclarase tiempo más tarde, el 21/10/2010, cuando el TJUE se pronunció en el repetido caso Padawan. Aquí reside la clave del asunto y el TS lo deja claro muy pronto cuando explica que la DT de referencia “no priva de acción a los afectados cuando los abonos o repercusiones de esa compensación equitativa no fueron conformes con dicha normativa entonces vigente, que para la recurrente [pero a la postre también para el propio TS] es el art. 25 LPI interpretado conforme al art. 5.2,b) de la Directiva, de acuerdo con la sentencia del caso Padawan” (FD 2º, núm. 7).

7. Toda la discusión y el núcleo argumental de la sentencia giran así en torno al posible efecto directo de las Directivas de la UE y al principio de interpretación conforme. El canon fue repercutido y pagado entre 2006 y 2009, cuando hacía años que la Directiva 2001/29 (DSI) estaba en vigor, aunque su incorporación no se produjera en España hasta la Ley 23/2006. En cualquier caso, desde el 21/10/2010 (Padawan), no antes- sabíamos con seguridad que tal incorporación no era correcta pues obligaba a pagar el canon, sin posibilidad de recuperarlo, a sujetos excluidos del límite de copia privada. ¿Debían los jueces españoles corregir por vía interpretativa la letra del entonces vigente art. 25 TRLPI/2006 para acomodarla, incluso anticipadamente, a la doctrina del TJUE del caso Padawan, según la cual deben quedar exentos de financiar o soportar la compensación por copia privada quienes no pueden hacer uso del límite? La respuesta del TS es inequívocamente afirmativa.

8. He aquí sus palabras. Una Directiva “en principio […] carece de eficacia directa al ser un texto normativo que necesita una transposición […] de modo que la eficacia normal de las directivas se articula a través del Derecho interno” (FD 4, núm. 2). Ahora bien, prosigue la sentencia, “la tesis de que las normas de las directivas no eran invocables por los particulares […] ha sido superada por el Tribunal de Justicia”, que “ha declarado reiteradamente que los particulares podían invocar directamente los derechos que se deducen de una directiva en sí misma considerada, cuyo plazo de ejecución haya vencido” (FD 4, núm. 3, con cita del caso Van Duyn, STJUE 4/12/1974, C-41/74). En el mismo sentido, se expresa la propia sentencia un poco más adelante: “el Tribunal de Justicia ha deducido en ciertos casos (normas precisas e incondicionadas y transcurso del plazo de transposición sin que la misma haya tenido lugar, o lo haya sido defectuosamente) la existencia de derechos subjetivos para los ciudadanos de los Estados miembros, directamente tutelables por los tribunales” (FD 4, núm. 4).

9. Entre las varias técnicas utilizadas por el TJUE a este objeto, el TS destaca y aplica “el principio de interpretación conforme a la directiva del Derecho interno” (con cita del caso Von Colson y Kamann, STJUE 10/4/1984, C-14/83). Con esa base, la sentencia reseñada explica que el juez nacional “debe integrar el ordenamiento interno con los mandatos suficientemente precisos e incondicionados de la Directiva” y “de esta manera, el juez, como autoridad del Estado miembro destinatario de la directiva, hace efectiva, en el ámbito de su competencia, su obligación de dar efectividad al Derecho de la UE” (FD 4, núm. 9).

10. El TS entiende que, a la vista del caso Padawan y de su propia doctrina posterior a esta (sentencias 321/2011, de 22/6/2012, 84/2015 de 6/3/2015 y 100/2015, de 9/3/2015) “[era] posible realizar una interpretación del art. 25 [LPI], en la redacción entonces vigente, conforme al art. 5.2.b) [DSI], al cohonestar el criterio de la idoneidad [técnica para hacer copias privadas] con el del perjuicio efectivo exigido por el art. 5.2,b) [DSI]” (FD 4 núm. 21). Por todo ello, el TS estima el recurso: “no estamos ante equipos destinados al uso de personas físicas […] respecto de los que quepa presumir un posible destino a reproducir obras ya divulgadas para uso privado de una persona física; por el contrario, se presentan como equipos manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas” (FD 4, núm 22).

11. Dado que se trata de una simple reseña, quedan al margen comentarios y valoraciones. No obstante, se suscita al menos una duda en cuanto al momento de referencia para aplicar la interpretación del art. 25 TRLPI/2006. Después de Padawan parecía claro cómo debía leerse el precepto. De hecho la jurisprudencia propia citada por el TS es posterior a la fecha de la sentencia del TJUE. ¿Pero debía era exigible que se hiciera ya esa lectura de inmediato, en 2006 y, en cualquier caso, antes de Padawan?

12. Como quiera que sea, el resultado del litigio es claro. Una empresa recupera una cantidad que no debió pagar y las entidades de gestión tienen que “devolver” las sumas que la ley les obligó reclamar, aunque ya estén repartidas. Con la sentencia del TS en la mano, da la impresión de que las entidades de gestión, aun a riesgo de ser acusadas de incumplir la ley, habrían debido guardar las sumas cobradas y advertir, a quienes pudieran haber soportado la repercusión del canon sin ser beneficiarios del límite de copia privada, acerca de la posibilidad de reclamar la devolución o reembolso, por sospecharse que la ley recientemente aprobada no se adecuaba a la Directiva. Dicho de otra manera, parece darse a entender, retrospectivamente, que las entidades de gestión concernidas deberían haber actuado anticipando motu proprio el sistema que ahora, tras el caso EGEDA, el RD-Ley 12/2017 y la Ley 2/2019, recoge el vigente art. 25 TRLPI. Quizá sea mucho pedir tanta clarividencia.

13. Una vez más se pone de relieve un problema inherente a la actividad interpretativa de los tribunales; una actividad que, por definición, es siempre declarativa, sin posibilidad de incluir “disposiciones transitorias” y sin otro lenitivo para sus efectos que la eventual prescripción de las acciones o pretensiones retroactivamente descubiertas.