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Propiedad intelectual y textos legales anotados de titularidad pública: El TS de los EE.UU admite a trámite el caso “Georgia c. Public.Resources.Org”.

Hace ya unos cuantos años tuvimos conocimiento de un litigio, seguido en los EE.UU., sobre la interesante cuestión de la relación de las leyes y normas en general con el derecho de autor. El origen del caso hay que situarlo…

Hace ya unos cuantos años tuvimos conocimiento de un litigio, seguido en los EE.UU., sobre la interesante cuestión de la relación de las leyes y normas en general con el derecho de autor. El origen del caso hay que situarlo en las iniciativas de un conocido activista en pro del dominio público, el Sr. Carl Malamud, creador Public.Resource.Org. Entre las finalidades de esta plataforma se incluye poner la legislación a disposición de los ciudadanos. Uno de los textos que, a este objeto, el Sr Malamud digitalizó y puso a disposición del público fue el Código Oficial del Estado de Georgia o, para ser más precisos, el Código «anotado», consistente en una extensa colección de más de cincuenta volúmenes con todas las leyes del Estado y abundante material complementario.

Llegados este punto, cualquier jurista español pensaría, con razón, que el origen de la controversia no debía estar tanto en la digitalización y puesta a disposición del propio Código como de sus anotaciones. Sabemos que el art. 2.4 del Convenio de Berna deja amplio margen a los Estados (“Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos”) y que, en ese marco, nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual ha optado por una solución radical, pero clara. En este sentido su art. 13, bajo la rúbrica “Exclusiones” (añadida, como todas, por el Gobierno al elaborar el Texto Refundido de 1996), dispone que: “No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores”.

Por supuesto, pese a la claridad de la norma, siempre quedará espacio para que surjan problemas. Por ejemplo, cuando se trate de borradores oficiosos o de traducciones no oficiales. Pero, en lo esencial, con la solución española el riesgo de controversias se reduce muy significativamente. Las leyes no son objeto de derecho de autor y, por tanto, quienes se dedican a explotarlas comercialmente sólo podrán obtener protección bien para el conjunto (en la medida en que sea aplicable la normativa sobre bases de datos: derecho de autor o, más probable, derecho sui generis), bien para todo eso que suele presentarse como “valor añadido” (en particular, índices, concordancias y, por supuesto, anotaciones y comentarios).

Con ese bagaje o referente normativo se entiende que la atención se fije en el hecho de que el Código civil de Georgia es un código “anotado”. La controversia no gira pues en torno al texto desnudo, al que cabe acceder gratuitamente a través del enlace Official Code of Georgia Annotated, sino en torno a un texto enriquecido  que incorpora resúmenes de opiniones de la fiscalía general o del colegio de abogados, síntesis de sentencias, pasajes legales, reseñas de artículos etc.

Pero, aun así, el caso no deja de ser muy peculiar pues, contra lo que acaso cabría esperar, el Código anotado de Georgia no es un simple producto editorial privado, al estilo de los que tan comunes son en España y otros países, incluidos los EEUU. En el Código de Georgia controvertido, el viaje del ámbito público al privado o comercial no es solo de ida. Es de ida y vuelta. El Estado encarga a una empresa privada (Lexis Nexis) las anotaciones y luego asume como propio el Código anotado. No queda claro si realmente las anotaciones pasan a ser parte de la ley y asumen este carácter. Probablemente no. En cualquier caso, sí parece fuera de duda que la titularidad del producto es pública y que, de alguna manera, el legislador viene a decir a a los ciudadanos que “eso” –el conjunto- es la ley; salvadas las distancias, algo parecido a lo que se hizo en Roma con las opiniones de los juristas más reputados.

Sobre esta base, en 2013, el Sr. Malamud compró un ejemplar del código anotado y, como queda dicho, lo digitalizó y lo puso a disposición del público, a través de la plataforma “Public.Resource.Org”. Todo ello era, a su juicio, perfectamente legítimo. El Estado de Georgia, sin embargo, acudió a los tribunales denunciando la infracción de sus derechos de propiedad intelectual. Tuvo éxito en primera instancia. Pero el fallo fue revocado por sentencia de la Corte de Apelación del 11º circuito de 19 de octubre de 2018.

Sin perjuicio de la lectura directa (la sentencia es enjundiosa y larga: casi sesenta páginas), cabe reproducir uno de sus párrafos introductorios: “Today, we are presented with the question of whether the annotations contained in the Official Code of Georgia Annotated (OCGA), authored by the Georgia General Assembly and made an inextricable part of the official codification of Georgia’s laws, may be copyrighted by the State of Georgia. Answering this question means confronting profound and difficult issues about the nature of law in our society and the rights of citizens to have unfettered access to the legal edicts that govern their lives. After a thorough review of the law, and an examination of the annotations, we conclude that no valid copyright interest can be asserted in any part of the OCGA” (subrayados añadidos). En esencia, la sentencia venía decir que la autoría de las leyes no corresponde a los cuerpos legislativos sino al pueblo que representan: “And because they are the authors, the People are the owners of these works, meaning that the works are intrinsically public domain material and, therefore, uncopyrightable” (subrayado añadido)

El caso habría quedado aquí si no fuera porque, con fecha de ayer (24/6/2019), el Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el recurso interpuesto por el Estado de Georgia:

«18-1150 GEORGIA V. PUBLIC.RESOURCE.ORG, INC. DECISION BELOW: 906 F.3d 1229 CERT. GRANTED 6/24/2019 QUESTION PRESENTED: This Court has held, as a matter of «public policy,» that judicial opinions are not copyrightable. Banks v. Manchester, 128 U.S. 244, 253-254 (1888). Lower courts have extended that holding to state statutes. See, e.g., John G. Danielson, Inc. v. Winchester-Conant Props., Inc., 322 F.3d 26, 38 (1st Cir. 2003). But the rule that «government edicts” cannot be copyrighted has «proven difficult to apply when the material in question does not fall neatly into the categories of statutes or judicial opinions.» Ibid. The question presented is: Whether the government edicts doctrine extends to-and thus renders copyrightable-works that lack the force of law, such as the annotations in the Official Code of Georgia Annotated». (subrayados añadidos)

Para mayor información, entre otros lugares, cabe recurrir al Scotus Blog. Seguro que será una resolución interesante.