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Nueva sentencia del Tribunal Supremo (sala 3ª, contencioso –administrativo, 21/5/2019) sobre la entidad de gestión EKKI. Legitimación de las entidades existentes para intervenir en los procesos de autorización de nuevas entidades e impugnar ante los tribunales las nuevas autorizaciones concedidas

Las entidades de gestión en España son nueve. La última, por orden de aparición, EKKI (Euskal Kulturgilen Kidegoa), autorizada como tal no por el Ministerio de Cultura  sino por el Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura del País Vasco,  mediante…

Las entidades de gestión en España son nueve. La última, por orden de aparición, EKKI (Euskal Kulturgilen Kidegoa), autorizada como tal no por el Ministerio de Cultura  sino por el Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura del País Vasco,  mediante Resolución de  20/10/2014 (BOPV 21/10/2014). Esta Resolución fue recurrida por la Abogacía del Estado, que se oponía a la competencia autonómica. El recurso, sin embargo, fue desestimado por el TSJ del País Vasco (sentencia de 2/5/2016), cuyo criterio confirmaría el Tribunal Supremo, salvo en lo relativo a la falta de publicación en el BOE: “con independencia de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, no es aceptable que las decisiones sobre la materia no deban ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, como impone el artículo 147 de la Ley de Propiedad Intelectual , máxime cuando ello producirá una mayor garantía para las funciones que las Administraciones deben ejercer y para el interés general en una materia de notable relevancia social, económica y cultural “ (FD 6º, STS, 3ª, 10/7/2018, ECLI: ES:TS:2018:2719). En cumplimiento de esa sentencia, la Resolución fue publicada en el BOE de 25/9/2018.

Además del  litigio precedente, el caso EKKI dio lugar a otra controversia  sobre la legitimación de las demás entidades para intervenir en el proceso administrativo de autorización. Lo pretendieron sin éxito algunas de ellas  (CEDRO, SGAE y VEGAP). Tras la negativa de la Administración vasca y, una vez concedida la autorización a EKKI, las tres entidades mencionadas, agotada la vía administrativa, acudieron a los tribunales. Su recurso fue desestimado por el TSJ del País Vasco, sin entrar en el fondo. En sentencia de 19/1/2017, el TSJ negó la legitimación de las entidades recurrentes. Entre otras cosas argumentaba que la legitimación del art. 150 TRLPI permitía ejercer acciones en defensa de los derechos de propiedad intelectual en casos de infracción, pero no intervenir y oponerse a la autorización  de nuevas entidades de gestión.

El Tribunal Supremo, Sala 3ª, en sentencia de 21 de mayo de 2019 ha decidido en sentido opuesto al TSJ y ha aceptado que las entidades de gestión ya existentes están legitimadas para intervenir en los procedimientos de autorización de nuevas entidades.

La sentencia, pendiente de publicación en la base de datos del CENDOJ, explica que, para resolver en el sentido indicado, no es decisivo el hecho de la ley de propiedad intelectual  haya suprimido el trámite de consulta o informe de las entidades ya existentes pues ello no les priva de la condición de interesadas. La clave, prosigue, se halla en la protección de los derechos de propiedad intelectual y “a esa protección mira el artículo 150 y la entera regulación jurídica en la que se integra”. De tal regulación, prosigue, “forman parte el procedimiento de autorización de entidades de gestión y los requisitos a los que se subordina su concesión y la entrada en funcionamiento de las que sean autorizadas, así como la supervisión administrativa sobre las mismas que se establece” (FD 5º). En esta tesitura  es preciso saber “cuál es la incidencia de la autorización de una nueva entidad de gestión sobre las que ya existen” (ibídem). A juicio del Tribunal Supremo “no resulta difícil concluir que la entrada en escena de una nueva entidad ha de incidir necesariamente en las ya existentes en la medida en que concurrirá necesariamente con ellas en la captación de socios, tanto de los nuevos cuanto de aquellos que hasta entonces habían encomendado sus derechos a las entidades ya constituidas. […]  Por otra parte la merma o el aumento de socios no es irrelevante para una entidad de gestión pues cuanto mayor sea su peso […] mayores serán las posibilidades de actuación que en defensa de esos derechos, de aquellos que ya administra, podrá desplegar. De ahí que no se pueda negar a las entidades que ya gestionan derechos de propiedad intelectual el interés legítimo de impedir que se incorpore a ese ámbito quien consideran que no reúne los requisitos exigidos por el legislador que, recordémoslo, no lo abre indiscriminadamente a cualquier sujeto […] “ (ibídem, subrayado añadido). En consecuencia, “las entidades constituidas son interesadas, conforme a las reglas generales de la Ley 30/1992 y de la Ley 39/2015, en el procedimiento de autorización de una nueva entidad de gestión y, por tanto, tienen derecho a ser oídas aunque no se exija ya de manera preceptiva su informe. […] No es solamente, sin embargo, de las reglas generales de donde resulta legitimación de las entidades de gestión pues deriva, al mismo tiempo del artículo 150 del Texto Refundido una vez que se ha concluido que la entrada en escena de nuevas entidades incide en la capacidad de gestión de los derechos que en particular tienen encomendados las ya autorizadas. E igualmente de lo dicho resulta sin dificultad que […] tienen legitimación para impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones de autorización de nuevas entidades” (ibídem, subrayado añadido). Como consecuencia de todo ello, el recurso se estima, se anula la sentencia del TSJ y se retrotraen las actuaciones a fin de que éste dicte nueva resolución, entrando en el fondo.