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Nota sobre el Caso SPEDIDAM (C-484/18), a la vista de las Conclusiones del AG de 16/5/2019 (Llanos Cabedo Serna, UA)

Nota sobre el Caso SPEDIDAM (C-484/18), a la vista de las Conclusiones del AG (16/5/2019) (Llanos CABEDO SERNA. Universidad de Alicante) El pasado 16 de mayo de 2019 se hicieron públicas las Conclusiones del AG en el Caso SPEDIDAM (asunto C-484/18). En…

Nota sobre el Caso SPEDIDAM (C-484/18), a la vista de las Conclusiones del AG (16/5/2019)

(Llanos CABEDO SERNA. Universidad de Alicante)

El pasado 16 de mayo de 2019 se hicieron públicas las Conclusiones del AG en el Caso SPEDIDAM (asunto C-484/18). En él, con ocasión de ciertos beneficios  legales reconocidos al Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, se debaten algunas cuestiones en materia de límites, con específica referencia a los derechos de los artistas. A la espera de la sentencia, es útil disponer de una síntesis de la controversia.

El pleito ante los tribunales franceses

La cuestión jurídica planteada ante el TJUE por la Corte de Casación francesa es resultado de un pleito iniciado por los herederos de Kenny Clarke, músico de jazz estadounidense mundialmente conocido fallecido en Francia el 26 de enero de 1985, contra el Instituto Nacional del Audiovisual (INA) francés, que se encarga de la conservación y explotación de los archivos audiovisuales de las sociedades públicas francesas de radiodifusión y televisión.

Los herederos del músico de jazz demandaron al INA ante el Tribunal de Grande Instance (TGI) de París por haber puesto a disposición del público videogramas y fonogramas en los que se reproducían interpretaciones de su causante sin su autorización. De acuerdo con los demandantes, el INA habría incumplido el art. L-212-3 del Código francés de la Propiedad Intelectual (CPI), que exige el consentimiento por escrito del artista para la fijación de sus interpretaciones así como para su reproducción y comunicación al público, consentimiento que el citado artista no había otorgado a favor del INA. Por su parte, el INA invocaba el art. 49-II de la Ley nº 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, en la redacción resultante de la reforma llevada a cabo por el art. 44 de la Ley nº 2006-961, de 1 de agosto de 2006, de acuerdo con el cual, “por derogación de los arts. L. 212-3 y L. 212-4 CPI, las condiciones de explotación de las prestaciones de los artistas intérpretes fijadas en los archivos públicos así como las remuneraciones debidas a los mismos por la explotación se rigen por acuerdos concluidos entre los propios artistas o sus organizaciones representativas y el INA. Dichos acuerdos deben, en todo caso, precisar el baremo de las remuneraciones y las modalidades de pago de las mismas”.

El art. 49-II permite al INA reproducir y comunicar públicamente las prestaciones de los artistas fijadas en los archivos audiovisuales de las entidades antes señaladas sin necesidad de contar expresamente con su autorización, bastando con que llegue a un acuerdo con los propios artistas o sus organizaciones representativas respecto de las condiciones de la explotación y las remuneraciones correspondientes. Esta reforma ha supuesto la inaplicación del art. L. 212-3 CPI con el fin de facilitar el cumplimiento del servicio público asignado al INA pues,si bien el art. L. 212-4 CPI dispone que el contrato celebrado entre un artista y un productor para la realización de una obra audiovisual conlleva la presunción de cesión de los derechos de fijación, reproducción y comunicación pública del artista a favor del productor, el INA no podía aportar dichos contratos en todos los casos, lo que implicaba la obligación de solicitar el permiso por escrito del artista en virtud del art. L. 212-3 CPI, de ahí que se modificara el art. 49-II para permitir obviar dicho permiso.

El pleito se resolvió por el TGI a favor de los demandantes en sentencia de 24 de enero de 2013, que se recurrió por el INA ante la Corte de Apelación de París. Esta, en sentencia de 11 de junio de 2014, dio la razón a los demandantes; resolución que la Corte de Casación, en sentencia de 14 de octubre de 2015, casó, reenviando la causa a la Corte de Apelación de Versalles. De acuerdo con la Corte de Apelación de París, la derogación del art. L. 212-3 CPI sólo se aplicaría cuando el artista intérprete ha consentido por escrito la fijación y la primera explotación de su interpretación, en cuyo caso el INA puede prescindir de la autorización para explotar los derechos de acuerdo con la función que tiene legalmente asignada. Sin embargo, la Corte de Casación entendió que, al resolver de este modo, la sentencia recurrida había subordinado la aplicabilidad de la derogación establecida en beneficio del INA a la prueba de la autorización otorgada por el artista intérprete para la primera explotación de su interpretación, lo que suponía exigir una condición que la propia ley no contiene.

La Corte de Apelación de Versalles, a su vez, dictó sentencia el 10 de marzo de 2017, dando la razón al INA en esta ocasión pues entendió que el art. 49-II le exime de probar que los artistas dieron la autorización escrita exigida por el art. L. 212-3 CPI, bastando con la celebración de los acuerdos con los artistas o sus organizaciones que el art. 49-II exige, acuerdos que se habían celebrado válidamente. Además, y frente a la solicitud de planteamiento por los demandantes de una cuestión prejudicial ante el TJUE por haber introducido el art. 49-II una excepción al derecho exclusivo de los artistas a favor del INA no prevista en el art. 5 de la Directiva 2001/29/CE, la Corte de Apelación concluyó que no era procedente porque el art. 49-II no suprime el derecho exclusivo sino que instaura a favor del INA una presunción iuris tantum de existencia de la citada autorización, eximiendo a la institución pública de su prueba con un fin de interés general. Los demandantes recurrieron nuevamente en casación y la Corte de Casación, en sentencia de 11 de julio de 2018, ha considerado procedente plantear la cuestión prejudicial de la siguiente forma: si los arts. 2-b), 3-2-a) y 5 de la Directiva 2001/29/CE deben ser interpretados en el sentido de que no se oponen a que una reglamentación nacional, como la del art. 49-II, establezca, en beneficio del INA, un régimen derogatorio que prevea que las condiciones de explotación de las prestaciones de los artistas y las remuneraciones correspondientes se rijan por acuerdos concluidos entre los artistas mismos o sus organizaciones representativas y el INA, siempre que dichos acuerdos precisen el baremo de la remuneración y las formas de pago de la misma. En consecuencia, suspende la resolución del recurso de casación hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta por el TJUE.

Breve resumen de las conclusiones del AG

Para el AG, la cuestión principal que se plantea en la petición de decisiónprejudicial consiste en interrogarse acerca de si “es lícito que un Estado miembro establezca en su legislación sobre derechos de autor una presunción en virtud de la cual se presume que el artista intérprete o ejecutante de una obra particular ha permitido a un organismo público encargado de preservar las grabaciones audiovisuales publicar y, si es necesario, explotar dicha obra por medio de una cesión ficticia de los derechos del artista”.

Por un lado, el AG afirma que “no se discute que los hechos alegados contra el INA en el presente asunto constituyen actos de reproducción y comunicación al público con arreglo a los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, respectivamente, pues el INA pone a disposición en su sitio web los videogramas y el fonograma que contenían actuaciones del intérprete de que se trata”. Recordemos que los artículos en cuestión disponen, respectivamente, que los Estados miembros atribuyen a los artistas, intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de fijaciones de sus interpretaciones, por cualquier medio y en cualquier forma, así como el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la comunicación al público de las fijaciones de sus interpretaciones. Y en relación con el ejercicio de tales derechos exclusivos, el AG llega a la conclusión de que “un mecanismo de presunción de consentimiento, en principio, también debe poder aplicarse a los derechos de explotación de una obra audiovisual, como los derechos de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público por medio de supuesta a disposición, tal como establece la Directiva 2001/29”.  Añade que “esto es especialmente cierto en relación con el material audiovisual (relativamente) antiguo, como sucede en el presente asunto, para el cual, después de tanto tiempo, puede ser difícil identificar la documentación correspondiente (en caso de que alguna vez haya existido), donde el artista intérprete o ejecutante diese su consentimiento a la explotación de la obra por un tercero. También es importante señalar que, al igual que en el asunto Soulier y Doke [sentencia de 16/11/2016, asunto C-301/15, obras descatalogadas] la legislación en cuestión persigue un objetivo consistente en una forma de cesión ficticia de derechos de autor «en aras del interés cultural de los consumidores y de la sociedad en su conjunto»”.

Por otro lado, el AG considera que “cualquier legislación en materia de derechos de autor que se base en el principio de consentimiento ficticio o presunto no debe socavar el derecho exclusivo del intérprete sino en la medida necesaria para alcanzar el objetivo legislativo. Solamente en estas circunstancias puede decirse que la legislación nacional respeta el principio de proporcionalidad respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual”. Y entiende que “el artículo 49 de la Ley reguladora de la libertad de comunicación parece disponer y llevar a término una cesión de los derechos del intérprete en virtud de un consentimiento implícito a favor del INA. Por las razones expuestas, considero que, en las circunstancias actuales, esto constituiría una injerencia desproporcionada en el carácter exclusivo de los derechos del intérprete”.

Por todo ello, el AG propone la siguiente respuesta a la petición de decisión prejudicial:

Los artículos 2, letra b), 3, apartado 2, letra a), y 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 49, apartado II, de la loi n.° 86-1067 relative à la liberté de communication (Ley reguladora de la libertad de comunicación), de 30 de septiembre de 1986, modificado por el artículo 44 de la Ley n.º 2006-961 de 1 de agosto de 2006, en la medida en que dispone una cesión de los derechos de los artistas e intérpretes al Instituto Nacional del Sector Audiovisual (Francia)”.

 

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