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Conflicto en Irlanda entre Artistas y Productores de fonogramas. RAAP c. PPI: Otro caso para el TJUE. Avance

La cuestión gira en torno al derecho de remuneración por comunicación pública de fonogramas reconocido a artistas y productores en la Directiva 2006/115/CE (Alquiler, Préstamo & Derechos afines, DAPDA) y en tratados internacionales. Se suscita en el marco de un conflicto entre dos sociedades de gestión irlandesas: Recorded Artists Actors Performers (RAAP, http://www.raap.ie/) y Phonographic Performance Ireland (PPI, http://www.ppimusic.ie/). Quién administra y cómo se hace el reparto. Esos son los asuntos debatidos y que suscitan las dudas sometidas al TJUE, de acuerdo con la resolución de la High Court de Irlanda de 11/1/2019 (vid. enlace)

CONFLICTO EN IRLANDA ENTRE ARTISTAS Y PRODUCTORES DE FONOGRAMAS: RAAP c. PPI. UN NUEVO CASO PARA EL TJUE. AVANCE.

La cuestión gira en torno al derecho de remuneración por comunicación pública de fonogramas reconocido a artistas y productores en la Directiva 2006/115/CE (Alquiler, Préstamo & Derechos afines, DAPDA) y en tratados internacionales. Se suscita en el marco de un conflicto entre dos sociedades de gestión irlandesas: Recorded Artists Actors Performers (RAAP, http://www.raap.ie/) y Phonographic Performance Ireland (PPI, http://www.ppimusic.ie/)[1] La norma de referencia sería el art. 8 de la citada Directiva, tanto en su versión derogada (92/100/CE) como en la vigente versión codificada (2006/115/CE).

La información procede de un artículo del Irish Times (11/1/2019) (https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/high-court-refers-music-royalties-dispute-to-europe-1.3755288), completada con lo que consta en la página de RAAP.

Al parecer, entre ambas sociedades de gestión habría existido un acuerdo cuya ruptura ha dado lugar a dos litigios, centrados en cuestiones estrechamente relacionadas: quién asume la administración del derecho y cómo se reparte lo recaudado.

En cuanto al primer asunto, hay que tener presente que es PPI quien se ha venido encargando de recaudar por cuenta de productores y artistas, para luego repartir entre ambos colectivos e incluso entre los propios artistas. Según las explicaciones de RAAP a sus asociados (“Update on legal proceedings with PPI”), PPI pretendería trasladar la administración de los derechos y el reparto a su matriz británica PPL (http://www.ppluk.com/). De este modo PPI habría puesto en cuestión el derecho de los artistas irlandeses a contar con su propia sociedad de gestión (RAAP) y a escoger quién desean que administre sus derechos. Quien disponga de unos minutos, puede ver un breve video (https://youtu.be/PYrFH9jKufo) en el que RAAP explica su posición, no sin subrayar que PPL(UK) está dominada por tres conocidas “majors” de la producción musical (Sony, Universal y Warner).

En cuanto al segundo punto, RAAP (nacida tras la ley irlandesa de derecho de autor de 2000) denuncia que PPI se habría venido aplicando desde 2014 a recortar injustificadamente la parte de los artistas, fijando de forma unilateral nuevos criterios de reparto, con la pretensión incluso de aplicarlos retroactivamente a ejercicios anteriores, por supuestos “sobrepagos”. Así resulta de un mensaje de RAAP, previo a la “Update” (“Message to membres on legal proceedings with PPI”). Por supuesto, habría que conocer también la versión de PPI. Pero, salvo inadvertencia, su página no recoge información sobre el conflicto ni ha sido posible obtener las resoluciones judiciales que dan cuenta del mismo.

Con ese trasfondo, uno de los argumentos de PPI para reducir la participación reclamada por RAAP sería la negativa a reconocer el derecho a los artistas no residentes “non based” en países de la UE o el EEE (Noruega, Islandia y Liechtenstein). Siempre de acuerdo con las informaciones recogidas en el Irish Times, las dudas remitidas al TJUE tendrían que ver con la interpretación de la DAPDA en su relación con la Convención de Roma (1961) y el TOIEF (1996). Entre las cuestiones concretas estaría el concepto de “relevant performer”. A este propósito, vale la pena confrontar las versiones inglesa y española del art. 8.2 DAPDA

2.   Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between «the relevant performers» and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration between them” (comillas interiores añadidas).

2.   Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a «los artistas intérpretes o ejecutantes» y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración” (comillas interiores añadidas).

Como puede verse la referencia a “«relevant» performers” no aparece en la versión española, que sólo habla de “artistas intérpretes o ejecutantes”, al igual que hacen otras como la francesa, italiana o alemana. Pero podría tratarse de una diferencia carente de significado especial. Así lo sostiene RAAP, para quien “relevant” significaría algo así como los “correspondientes” artistas; es decir, los que han intervenido en el fonograma de que se trata. PPI, y al parecer también el Estado irlandés, aducen en cambio que el uso del término “relevant” tendría por objeto abrir cierto espacio para que los Estados decidieran qué artistas tienen derecho o no a participar en la remuneración. Habrá que ver qué dice el TJUE, pero sería llamativo que un término que sólo aparece en la versión inglesa tuviera tanta trascendencia.

Entre las dudas sometidas al TJUE estaría también la relativa a si hay algún caso en el que se puede restringir el derecho de forma que sólo lo disfruten los productores y no los artistas.

La cuestión prejudicial la plantea la High Court, no la Supreme Court, de Irlanda. Aunque el problema se refiere a la adecuación de la legislación irlandesa al Derecho de la UE, es obvio que las dudas suscitadas son de interés también para nosotros. Cuando dispongamos de las preguntas concretas y de la referencia del caso, añadiremos y, en su caso, ajustaremos la información.

Por lo pronto contamos con la resolución de la High Court de Irlanda de 11/1/2019:

El “Apéndice” incluye las siguientes preguntas que, cabe suponer, en esta u otra forma son las que se someterán al TJUE:

APPENDIX
1. Is the obligation on a national court to interpret the Directive 2006/115 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (“the Directive”) in the light of the purpose and objective of the Rome Convention and/or the WPPT confined to concepts which are expressly referenced in the Directive, or does it, alternatively, extend to concepts which are only to be found in the two international agreements? In particular, to what extent must Article 8 of the Directive be interpreted in light of the requirement for “national treatment” under Article 4 of the WPPT?

2. Does a Member State have discretion to prescribe criteria for determining which performers qualify as “relevant performers” under Article 8 of the Directive? In particular, can a Member State restrict the right to share in equitable remuneration to circumstances where either (i) the performance takes place in a European Economic Area (“EEA”) country, or (ii) the performers are domiciles or residents of an EEA country?

3. What discretion does a Member State enjoy in responding to a reservation entered by another Contracting Party under article 15(3) of the WPPT? In particular, is the Member State required to mirror precisely the terms of the reservation entered by the other Contracting Party? Alternatively, is the responding party entitled to provide rights to the nationals of the reserving party on a more generous basis than the reserving party has done, i.e. can the responding party provide rights which are not reciprocated by the reserving party?

4. Is it permissible in any circumstances to confine the right to equitable remuneration to the producers of a sound recording, i.e. to deny the right to the performers whose performances have been fixed in that sound recording?

[1]  Entre nosotros es conocido el Caso PPL (STJUE 15/3/2012, C-162/10, ECLI:EU:C:2012:141). En él,  el TJUE decidió que había comunicación pública no sólo por poner televisores y receptores de radio en las habitaciones de hotel a disposición de los clientes, sino también por proporcionarles en ellas dispositivos diferentes de los anteriores junto con fonogramas en formato físico o digital. PPL fueron las siglas escogidas por el TJUE para abreviar “Phonographic Performance (Ireland) Limited”, aunque quizá esa PPL fuera en realidad la PPI de la presente nota