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Conclusiones del Abogado General en el Caso Constantin Film c. Youtube y Google (2/4/2020, asunto C-264/19). Requerimiento de información sobre infractores. ¿Qué es una «dirección»?

Alcance de la información que cabe requerir, de quienes prestan servicios de la sociedad de la información, para localizar e identificar a los usuarios que se valen de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual. “Nombres y direcciones” no incluye correo electrónico, teléfono ni direcciones IP. Unas conclusiones defendibles pero un resultado insatisfactorio.

1) Introducción

1. El Caso Constantin Film (no confundir con el Caso Fack Ju Göhte, también protagonizado por Constantin Film y resuelto por el TJUE el 27/2/2020, C-240/18-P[1]), tiene por objeto los esfuerzos, hasta ahora frustrados, de un titular de derechos de propiedad intelectual para obtener los datos necesarios para identificar y localizar a quienes infringen sus derechos valiéndose de plataformas como Youtube. Es probable que el panorama cambie y estos requerimientos disminuyan cuando se implemente la Directiva (UE) 2019/790, de 17/4/2019 sobre derechos de autor y afines en el mercado único digital y, más en concreto, su famoso art. 17 relativo al “uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea”. Pero el precepto que protagoniza el caso, el art. 8 de la Directiva 2004/48/CE, de 29/4/2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva de Respeto, en adelante DR), tiene un ámbito de aplicación más amplio y, en cualquier caso, seguirá siendo necesario interpretarlo de forma adecuada.

2) Antecedentes del caso

2. Constantin Film Verleih GmbH es una sociedad distribuidora de películas domiciliada en Alemania. Dos de las películas de su cartera (Parker y Scary Movie 5) fueron ilegalmente subidas a Youtube, en su integridad, por personas desconocidas. Allí permanecieron un par de meses hasta su retirada. Durante ese tiempo se contabilizaron 45.000 accesos a la primera y 10.700 a la segunda.

 3. Constantin Film se dirigió a Youtube LL.C y a su propietaria Google Inc. al objeto de obtener información acerca de los usuarios, anónimos infractores de sus derechos de explotación sobre las citadas películas. Los datos requeridos tenían por objeto el correo electrónico, el teléfono y las direcciones IP. En concreto, en cuanto a estas últimas, la utilizada para poner en línea los archivos litigiosos, con indicación del momento exacto en el que fueron puestos en línea y la utilizada por última vez por el usuario para acceder a su cuenta de Google/YouTube, con indicación del momento exacto de dicho acceso.

4. Al no atenderse su requerimiento, Constantin Film acudió a los tribunales con la misma pretensión. Su demanda, contra Youtube y Google, fue desestimada en primera instancia. En apelación, se le reconoció el derecho a obtener la dirección de correo electrónico de los usuarios, pero nada más. Cuando el litigio llegó a casación, el Tribunal Supremo alemán (BGH) decidió suspender la tramitación y someter al Tribunal de Justicia (TJUE) dos cuestiones. Ambas giraban en torno al alcance del “derecho de información” reconocido en la Directiva de Respeto (DR). En sustancia se trataba de aclarar el sentido del concepto de “nombres y direcciones”, sobre todo “direcciones”, utilizado en el art. 8.2,a) DR (“Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda: a) «los nombres y direcciones» […])

2) Un concepto autónomo del Derecho de la Unión

5. En sus Conclusiones, el Abogado General (AG), el danés Henrik Saugmandsgaard Øe, empieza por señalar que el concepto de “nombres y direcciones” del art.8.2,a) DR es un “concepto autónomo” de Derecho de la Unión, toda vez que, aunque la Directiva no lo define, tampoco incluye remisión alguna al Derecho de los Estados miembros. En esa situación, debe ser el TJUE quien realice una “interpretación autónoma y uniforme” (Conclusiones AG, pfo. 28; en adelante se citará sólo el párrafo)[2].

3) Criterios de interpretación aplicables 

6. Es sabido que, llegado el momento de interpretar, el TJUE acude con frecuencia y de manera bastante ordenada a los tradicionales criterios propuestos o formalizados por Savigny (gramatical, lógico, histórico y sistemático), sin olvidar el llamado teleológico o finalista, que en las Conclusiones se denomina también “dinámico”. El AG hace otro tanto y afirma que la interpretación de los términos controvertidos “debe efectuarse conforme al sentido habitual de estos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte” (Conclusiones AG pfo. 29; en lo sucesivo se citará sólo el párrafo). En definitiva, un modus operandi que resultará familiar a cualquier jurista español; quizá no tanto por su ordenada aplicación como por el hecho de que está expresamente recogido en el art. 3 de nuestro Código civil.

4) Criterios gramatical e histórico

7. Según explica el AG, aunque resulte bastante opinable, el sentido gramatical de la palabra “dirección” “se refiere únicamente a la dirección postal, tal y como alegaron acertadamente YouTube y Google” (pfo. 30)[3]. Que el “número de teléfono” no puede incluirse en el concepto de “nombres y direcciones de las personas” no requiere a juicio del AG mayores discusiones (pfo. 31). Sí demandarían más atención, en cambio, “la dirección de correo electrónico y la dirección IP” (pfo. 32). En cualquier caso, prosigue el AG, el sentido habitual de la palabra “dirección” no suele extenderse a estos datos; y menos en el contexto de una norma, el art. 8.2,a) DR, cuyo alcance no se limita a Internet. Lo anterior vendría corroborado a juicio del AG por el hecho, ciertamente relevante, de que en otros textos normativos “cuando el legislador de la Unión ha deseado referirse a la dirección de correo electrónico o a la dirección IP, lo ha hecho de forma expresa, completando el término «dirección»” (pfo. 35).

8. La conclusión de que la expresión “nombres y direcciones” del art. 8.2,a) DR no incluye las direcciones de correo electrónico ni el número IP vendría además corroborada por la “interpretación histórica”. En este sentido observa el AG que: “La Comisión explicó, a este respecto, que el legislador de la Unión, al adoptar la Directiva 2004/48 en el año 2004, no tuvo nunca la intención de incluir formas más modernas de «dirección», tales como la dirección de correo electrónico o la dirección IP” (pfo. 38).

9. Por tanto, concluye el AG, tanto la interpretación gramatical como la histórica, indican que “el artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48 no comprende la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y las direcciones IP utilizados por las personas a que se refiere dicha disposición” (pfo. 40).

5) Criterio “dinámico” o teleológico

10. El gran argumento de Constantin Film era –y sigue siendo, hasta la sentencia- el finalista o teleológico. El artículo 8 de la Directiva 2004/48, argüía, “tiene por objeto permitir al titular de derechos de propiedad intelectual identificar a las personas mencionadas en esta disposición. Así, y con independencia de su tenor, el apartado 2 de dicho artículo debe interpretarse […] en el sentido de que se refiere a «todo dato que permita identificar» a estas personas; datos que pueden incluir, en función de su disponibilidad, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección IP o incluso los datos bancarios” (pfo. 42).

11. El argumento es consistente y tiene sentido. ¿Pero quiso la Directiva ir tan lejos como sostiene Constantin Film? El AG lo niega. Hasta el punto de afirmar que, si el TJUE aceptara esta lectura, estaría sustituyendo al legislativo e imponiendo algo que este rechazó. El legislador, dice el AG, “podría haber incluido, en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2004/48, «todo dato que permita identificar» a las personas de que se trata”. Y no lo hizo. Es más: “En la vista oral, la Comisión señaló que el legislador de la Unión había decidido expresamente llevar a cabo a una armonización mínima limitada a los nombres y direcciones, sin incluir otros elementos de información que permitan identificar a una persona, tales como el número de teléfono o el número de seguridad social” (pfo. 44).

12. En ese contexto, el AG considera que debe rechazarse la interpretación “«dinámica» o teleológica” propuesta por Constantin Film: “De conformidad con la prohibición de la interpretación «contra legem»y con el principio de separación de poderes, la posibilidad de realizar una interpretación dinámica o teleológica solo existe cuando «el tenor de la disposición [puede ser] objeto de diferentes interpretaciones, de forma que presente un cierto grado de ambigüedad e imprecisión en su redacción»” (pfo. 46, con cita de las Conclusiones del AG en el caso Comisión c. Alemania, C-220/15; un asunto sobre libre circulación de mercancías, concretamente artículos pirotécnicos).

6) Protección del derecho de autor y datos personales de los usuarios

13. Llegados a este punto el AG entra en un terreno resbaladizo, acaso sin mucha necesidad de hacerlo. Reconoce que la lectura defendida por Constantin Filmaumentaría el nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior” (pfo. 50). Pero entiende que ello podría plantear algún problema desde el punto de vista del equilibrio entre los diferentes derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE). A este objeto señala el AG que la Directiva 2004/48, como toda la normativa sobre propiedad intelectual, “establece un «equilibrio» entre, por un lado, el interés de los titulares en la protección de su derecho de propiedad intelectual, garantizada por el artículo 17, apartado 2, de la Carta, y, por otro lado, la protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los usuarios de prestaciones protegidas, así como del interés general” (pfo. 51).

14. De esa exigencia de “equilibrio” resultaría que el art. 17.2 CDFUE, que protege como propiedad la propiedad intelectual, “no exige que se apliquen todos los medios técnicos disponibles con el fin de ayudar al titular a identificar a posibles infractores” (pfo. 53). Con invocación del caso Coty Germany (STJUE 16/7/2015, C-580/13, sobre venta de mercancía falsificada y secreto bancario; no confundir con la reciente STJUE de 2/4/2020, C-567/18), el AG pone el acento en la necesidad de “conciliar el respeto de los distintos derechos, en particular el derecho de información de los titulares y el derecho a la protección de los datos personales de los usuarios” al interpretar y aplicar el art. 8 DR (pfo. 54). Y añade: “En tal contexto considero que no corresponde al Tribunal de Justicia modificar el alcance de los términos utilizados por el legislador de la Unión en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2004/48, lo cual tendría como efecto poner en tela de juicio el equilibrio buscado por el legislador al adoptar dicha Directiva, y cuyo establecimiento es de su exclusiva competencia” (pfo. 58)

7) Una armonización de mínimos: posibilidad de que los Estados vayan más allá

15. Pero no todo está perdido para los titulares. Como señala el AG, la armonización pretendida con la Directiva 2004/48 (DR), es “de mínimos”, de modo que los Estados podrían ir más allá al establecer la información cuya entrega puede ser judicialmente ordenada a fin de conseguir identificar y localizar a quienes infringen derechos de propiedad intelectual. En efecto, dice el AG, “según se desprende del artículo 8, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/48, el legislador de la Unión ha previsto expresamente la posibilidad de que los Estados miembros respondan a esta preocupación dinámica concediendo al titular «derechos de información más amplios»” (pfo. 61)[4]

8) Propuesta del AG

16. Como resulta de lo expuesto, y en contra de la interpretación propuesta por Constantin Film, el AG recomienda al TJUE responder de la siguiente forma, conjuntamente, a las dos cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo alemán:

El artículo 8, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “nombres y direcciones” que figura en esta disposición no se refiere, en lo que respecta a un usuario que ha puesto en línea archivos que infringen un derecho de propiedad intelectual, a la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección IP utilizada para poner en línea estos archivos o la dirección IP utilizada en su último acceso a la cuenta de usuario.

Por consiguiente, los Estados miembros no están obligados, en virtud de dicha disposición, a prever la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes ordenen que se faciliten estos datos en el contexto de procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual.

[1]  En el Caso Fack Ju Göthe, no obstante,  la parte demandante no era  Constantin Film “Verleih” sino Constantin  Film “Produktion”.  Probablemente se trata de la distribuidora y productora del mismo grupo, pero a la postre son empresas diferentes. En Fack Ju Gothe, además, la controversia no giraba en torno a derechos de autor. Lo que se discutía era si esa frase, título de una comedia alemana de gran éxito, podía o no registrarse como marca.  La EUIPO y el Tribunal General (TGUE) lo rechazaron al entender que la frase en cuestión era contraria a las “buenas costumbres”, criterio que sin embargo el TJUE rechazó, con la consiguiente anulación de las decisiones de la EUIPO y del TGUE.  Habrá que ver que etiquetas se consolidan para ambos casos a fin de evitar confundirlos. Hay que tener en cuenta que, si bien Fack Ju Göthe no  se centra en el derecho de autor,  no será raro que se cite en este contexto, ya sea para destacar la ausencia  en él de controles administrativos previos para valorar la conformidad o no con el “orden público” y las “buenas costumbres” (a diferencia de lo que sucede con las marcas y las patentes ) o, más ampliamente, para comentar la relación del derecho de autor con la libertad de expresión (la EUIPO había argumentado que debía haber más libertad para usar la malsonante frase Fack Ju Göthe como título de una obra –en el caso una comedia- que como marca).

[2]  Sobre la noción de “conceptos autónomos del Derecho de la Unión” puede verse R.BERCOVITZ (Prólogo) y Frank GOTZEN (capítulo 1, “Los «conceptos autónomos» en la jurisprudencia del TJUE sobre derechos de autor”) en P.CÁMARA e I.GARROTE,  La unificación del Derecho de Propiedad Intelectual en la Unión Europea, Tirant lo Blanch, 2019. Esta obra y la publicada por R.SANCHEZ ARISTI, N.MORALEJO y S.LÓPEZ MAZA (La Jurisprudencia del TJUE en materia de propiedad intelectual, Instituto Autor, 2017) conforman el mejor material disponible en lengua española sobre la armonización y progresiva, unificación del derecho de autor en la UE. Una, la segunda, con un detallado análisis sentencia por sentencia y una excelente introducción general de R.SÁNCHEZ ARISTI. Otra, la primera, con un estudio sistemático y transversal de cada uno de los “conceptos autónomos” que el TJUE ha ido definiendo en su jurisprudencia. Son dos obras excelentes y que se complementan admirablemente. Sería muy deseable que ambas tuvieran continuidad con nuevas ediciones, cuando corresponda.

[3]  El AG refuerza su argumentación acudiendo al diccionario de la Academia francesa donde se da la siguiente definición de dirección: “la désignation du «lieu»  où l’on peut joindre quelqu’un” [“la indicación del lugar en el que se puede localizar a una persona”]. Si hubiera acudido al diccionario de la Academia española, habría encontrado, aunque como desimosegunda acepción, la siguiente: “Expresión alfanumérica que representa el emplazamiento en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico”; y en la novena acepción, un expresa referencia al correo electrónico.

[4]  Para el caso español, hay que estar a lo previsto en materia de diligencias preliminares en el art. 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras las reformas introducidas por la Ley 19/2006, de 5 de junio ( por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios) y la Ley 21/2014, de 4 de noviembre ( por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)