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Conclusiones AG Casos: (1) Youtube y Cyando, asuntos acumulados C-682 y C-683/18; (2) Atresmedia C-147/19; y (3) SABAM, C-372/19

El 16 de julio se conocieron las Conclusiones del AG ante el TJUE de tres importantes casos, uno de ellos (Atresmedia) planteados desde España.

Conclusiones AG Casos Youtube y Cyando (asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18): No hay comunicación pública por parte de las plataformas prestadoras de servicios; quienes comunican son sus usuarios

En francés:

Nota de prensa: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

Conclusiones:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9818126

256. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans les affaires C‑682/18 et C‑683/18 comme suit :

1)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers ne réalisent pas un acte de « communication au public », au sens de cette disposition, lorsqu’un utilisateur de leurs plateformes y met en ligne une œuvre protégée.

2)      L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos et l’exploitant d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers peuvent, en principe, bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition pour toute responsabilité susceptible de résulter des fichiers qu’ils stockent à la demande des utilisateurs de leurs plateformes.

3)      L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que les hypothèses visées à cette disposition, à savoir celle dans laquelle un prestataire de services a « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites » et celle dans laquelle un tel prestataire a « connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente », se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes.

4)      L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les titulaires de droits puissent demander une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire dont le service, consistant à stocker des informations fournies par un utilisateur, est utilisé par des tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, uniquement lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive.

 

Conclusiones AG Caso Atresmedia (asunto C-147/19): El fonograma sincronizado en la obra audiovisual desaparece como tal

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228709&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9818742

79.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo:

«Los conceptos de “fonograma” y de “reproducción de [un] fonograma” que se emplean en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, no incluyen una obra audiovisual a la que se ha incorporado un fonograma tras haberse obtenido la autorización del titular o de los titulares de derechos sobre el fonograma conforme exige el artículo 2, letra c), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Cuando la obra comunicada al público es una obra audiovisual como tal, no es un “fonograma”, en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 y del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115, que se “utilice” o comunique al público.

Por consiguiente, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 no exigen a los Estados miembros que dispongan que el usuario debe pagar una “remuneración equitativa y única” al titular o a los titulares de derechos sobre el fonograma incorporado cuando la obra audiovisual sea objeto de “comunicación al público”.»

 

Conclusiones AG Caso SABAM (asunto C-372/19): No hay necesariamente abuso en la fijación de tarifas, aunque habrá que ver si existen medios para incrementar, con costes asumibles, la precisión al hacerlo. Le corresponde decidir al órgano judicial nacional

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228701&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9819180

 90.      Sobre la base del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) del siguiente modo:

«El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro no abusa de su posición dominante mediante la imposición de precios no equitativos por el único motivo de adoptar una estructura tarifaria en virtud de la cual las remuneraciones percibidas por la puesta a disposición de obras musicales protegidas pertenecientes a su repertorio a efectos de su comunicación al público en el marco de festivales se calculen aplicando un porcentaje decreciente a los ingresos procedentes de la venta de entradas o al caché, sin que quepa deducir los gastos que no estén directamente vinculados a la prestación realizada por tal entidad, y estableciendo un sistema de reducciones basado en la utilización de tramos a tanto alzado a fin de tener en cuenta el porcentaje de obras musicales efectivamente ejecutadas en el festivalNo obstante, no se excluye que la aplicación de tal estructura tarifaria pueda dar lugar a la imposición de remuneraciones no equitativas, en particular cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa las obras musicales realmente ejecutadas y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos de gestión de los contratos y de control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar, a la luz del conjunto de circunstancias que caracterizan el asunto sometido a su examen, si se cumplen tales requisitos y, en el caso de que tal valoración arroje un resultado positivo, si la imposición de remuneraciones no equitativas es corroborada por indicios posteriores deducidos, en particular, de la comparación con las tarifas aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo de tal entidad de gestión, de la comparación con las remuneraciones aplicadas en el pasado por la misma entidad de gestión o bien de la comparación con las remuneraciones fijadas por esta entidad para prestaciones similares.»”.