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Como cabe suponer, no es infrecuente que, en el marco de litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual en redes digitales, se suscite el problema de la identificación del infractor. Cabe recordar, por ejemplo, los casos Promusicae(STJUE 29 enero 2008, C-275/06: requerimiento al proveedor de servicios para que identifique al usuario de una dirección IP utilizada en el intercambio ilegal de obras y prestaciones protegidas, cuando la ley nacional no contempla tal posibilidad para procedimientos civiles),Bonnier (STJUE 19 abril 2013, C-461/10: audiolibros ilícitamente puestos a disposición a través de Internet yadmisión de la posibilidad de que la ley nacional permitarequerir al proveedor de acceso para que facilite los datos del titular de la dirección IP) oMc Fadden(STJUE 15 septiembre 2016, C-484/14: puesta a disposición del público de una red wifi desprotegida utilizada por terceros anónimos para compartir ilícitamente obras y prestaciones protegidas). A estos casos ha venido a añadirse BasteiLübbe, recientemente resuelto por el TJUE en sentencia de 18/10/2018 (C-149/17).

Se trata del Caso Syed (C-572/17; Riksåklagaren / Imran Syed). Parece importante en relación con el concepto de distribución, del que ya se ha ocupado el TJUE en otras ocasiones y que, por lo que ve, aunque no sin límites, va in crescendo.

Contra lo que se esperaba (una tramitación ordinaria), la incorporación de las Directivas 2014/26 (gestión colectiva y licencias multiterritoriales para obras musicales) y 2017/1564(acceso de personas con discapacidad visual a las obras impresas) se produjo al fin por la vía del RD-Ley el pasado abril; aunque la primera Directiva ya había sido parcialmente incorporada a nuestra LPI mediante la Ley 21/2014.

Se trata de un nuevo caso que acaba de llegar al TJUE, directamente relacionado con la problemática de la que se ocupa el art. 13 de la tan debatida Propuesta de Directiva de derecho de autor en el mercado único digital (PDDAMUD). Es, como sabéis, la norma que regula la responsabilidad de Youtube y otras plataformas que albergan contenidos generados o subidos por los usuarios (UGC, User Generated Content). Su rúbrica sería la siguiente: “Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios”.

Llama nuestra atención una reciente sentencia del TJUE que no es de propiedad intelectual (derecho de autor), pero que resulta de interés. Se trata del asunto C-521/17: Caso Deepak Mehta (por el nombre del demandado) o Caso “dominios anónimos”. Los hechos son relativamente simples. Se centra en cuestiones de legitimación y sobre todo responsabilidad de proveedores de servicios.

Ya tenemos sentencia en el "Caso Córdoba": una dosis de ortodoxia y bastante claridad (normalmente al TJUE, cuando es ortodoxo, se le entiende mejor).

Como sabéis, estamos pendientes de saber si el sabor de un queso puede alcanzar la  condición de obra protegida. El asunto está pendiente ante el TJUE con el número C-310/17. Provisionalmente le pusimos la etiqueta “Levola”, aunque creo que nos acordaremos mejor si nos referimos a él como “el caso del queso”.

Supongo que son cosas que tenéis muy claras. Sobre todo los abogados. Se trata de un asunto de plagio y  probablemente ya lo tenéis controlado porque es una resolución “vieja” (de hace unos cuantos meses).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 173 Viernes 21 de julio de 2017.

Todo un clásico. Para el verano.