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Casos pendientes ante el TJUE: Asuntos C-264/19 (¿Hasta qué punto debe Youtube colaborar para identificar a quiénes suben contenidos infractores? Caso Scary Movie 5,  Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc.) y  C-265/19 (Reparto del derecho de remuneración por comunicación pública entre productores y artistas,  Caso RAAP c. PPI)

CASOS PENDIENTES ANTE EL TJUE: ASUNTOS 264/19 (¿Hasta qué punto debe Youtube colaborar para identificar a quiénes suben contenidos infractores? Caso Scary Movie 5,  Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc.) y  265/19 (Reparto del derecho de remuneración…

CASOS PENDIENTES ANTE EL TJUE: ASUNTOS 264/19 (¿Hasta qué punto debe Youtube colaborar para identificar a quiénes suben contenidos infractores? Caso Scary Movie 5,  Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc.) y  265/19 (Reparto del derecho de remuneración por comunicación pública entre productores y artistas,  Caso RAAP c. PPI)

(A) “CASO SCARY MOVIE 5” (C-264/19)

El problema de las responsabilidades de plataformas como “Youtube”, sobre el que hay otros casos pendientes ante el TJUE, ha sido objeto de atención directa en la nueva Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril, sobre derechos de autor y afines en el Mercado Único Digital (DMUD). Concretamente, en su famoso y polémico art. 17, relativo al uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea. Un artículo por cierto que ya ha empezado a plantear problemas que van desde traducciones deficientes a algunos idiomas a impugnaciones ante el propio TJUE por infringir el Derecho de la Unión en materia de libertades de expresión e información.

Pero, al margen de lo anterior, siguen llegando al TJUE casos que enfrentan a los titulares de derechos y plataformas como “Youtube”. El que ahora nos ocupa es el asunto C-264/19 (Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc.).

Da cuenta de él la Intellectual Property Office (IPO) del Gobierno del Reino Unido. Las preguntas aún no están incorporadas a la base CURIA. Sí las recoge, en cambio, el boletín informativo de la IPO (References to the Court of Justice of the European union: 2019). La controversia de fondo se refiere al nivel de información que puede exigirse al prestador de servicios que almacena y ofrece contenido infractor subido por terceros.

Los hechos, de forma muy resumida, son los siguientes. Tres personas habían subido a Youtube la película “Scary Movie 5”. La titular de los derechos “Constantin Film”, con intención de demandarlas, se dirigió a Yotube (Youtube LLC, Google Inc) requiriendo la información necesaria para identificar a los infractores. Invocaba a este objeto el art. 8 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Se copia seguidamente, en la parte que interesa (apartados 1 y 2)

Artículo 8 Derecho de información

  1. Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que: a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial; c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras; o d) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras a), b) o c) como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.
  2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda: a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios; b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate”.

“Youtube” respondió al requerimiento afirmando que no conocía ni el nombre ni la dirección de los supuestos infractores. No obstante, según “Constantin Films”, la plataforma sí tenía su dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección IP. En primera instancia se reconoció el derecho de “Constantin Films” a conocer el correo electrónico. El caso llegó finalmente ante el Tribunal Supremo alemán, que –de acuerdo con la información de IPO- habría formulado las siguientes cuestiones al TJUE:

(1) Do the addresses of the producers, manufacturers, distributors, suppliers and other previous holders of the goods or services, as well as the intended wholesalers and retailers, mentioned in Article 8(2)(a) of Directive 2004/48/EC and covered, as appropriate, by the information referred to in Article 8(1) of Directive 2004/48/EC, also include:

(a) the email addresses of service users and/or

(b) the telephone numbers of service users and/or

(c) the IP addresses used by service users to upload infringing files, together with the precise point in time at which such uploading took place?

 (2) If the answer to Question 1(c) is in the affirmative:

Does the information to be provided under Article 8(2)(a) of Directive 2004/48/EC also cover the IP address that a user, who has previously uploaded infringing files, last used to access his or her Google/YouTube user account, together with the precise point in time at which access took place, irrespective of whether any infringement was committed when that account was last accessed?

No está de más recordar, finalmente, que “Constantin Films” ya ha protagonizado un caso importante ante el TJUE, resuelto en 2014 (STJUE 27/3/2024, C-314/12, UPC Telekabel Wien c. Constantin Film y Wega). En esa ocasión, la controversia giró en torno al art. 8.3 de la Directiva de respeto a los derechos de propiedad intelectual y tuvo su origen en una solicitud de “Constantin” y “Wega” de que se requiriese judicialmente a “Telekabel” para que bloquease el acceso a sus clientes a un sitio de Internet que ponían a disposición del público, sin autorización, películas de las que aquellas eran titulares.

 

(B) “CASO RAAP c. PPI” (C-265/19)

Sobre este caso ya se dio información el pasado 9/2/2019. Allí puede verse una breve descripción del problema de fondo (Conflicto en Irlanda entre Artistas y Productores de fonogramas. RAAP c. PPI: Otro caso para el TJUE. Avance). La única novedad es que ya se han hecho públicas las cuestiones planteadas, en español, en la base de datos del TJUE. Pueden consultarse en la siguiente dirección. Sin perjuicio de ello, para más comodidad, se reproducen seguidamente:

1)    ¿Se limita la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar la Directiva 2006/115, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (en lo sucesivo, «Directiva»), atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma  y/o del WPPT, a los conceptos a los que la Directiva hace una remisión expresa, o se extiende también a los conceptos que simplemente aparecen en los dos instrumentos internacionales? En particular, ¿en qué medida debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva atendiendo a la exigencia de «trato nacional» que contiene el artículo 4 del WPPT?

 2)    ¿Dispone un Estado miembro de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué «artistas intérpretes y ejecutantes» tienen derecho a remuneración con arreglo al artículo 8 de la Directiva? En particular, ¿puede un Estado miembro restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que i) la representación se produzca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), o ii) los intérpretes tengan su domicilio o residencia en un país del EEE?

 3)    ¿Qué margen de apreciación tiene un Estado miembro a la hora de responder a una reserva formulada por otra Parte Contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT? En particular, ¿está obligado el Estado miembro a adoptar exactamente las mismas condiciones de la reserva formulada por la otra Parte Contratante? ¿Está obligada una Parte Contratante a no aplicar la regla de los treinta días del artículo 5 de la Convención de Roma, de manera que pueda darse el caso de que un productor de la Parte Contratante que ejerza la reserva perciba la remuneración con arreglo al artículo 15, apartado 1, y no así los intérpretes de esa misma Parte Contratante? Alternativamente, ¿está facultada la Parte Contratante que responde a la reserva para conceder derechos a los nacionales de la Parte Contratante que ejerce la reserva de forma más generosa que esta última, es decir, puede la Parte Contratante que responde a la reserva conceder derechos sin que haya reciprocidad por la Parte Contratante que ejerce la reserva?

 4)    ¿Es lícito en alguna circunstancia limitar el derecho a la remuneración equitativa a los productores de una grabación sonora, es decir, denegar ese mismo derecho a los intérpretes cuyas representaciones han sido fijadas en la grabación sonora?