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Caso Top System. Sentencia del TJUE de 6/10/2021, asunto c-13/20 (Top System c. Estado belga): Descompilación de programas de ordenador para corregir errores y descompilación para garantizar la interoperabilidad

Los arts. 5.1 y 6 de la Directiva sobre programas de ordenador (tanto en su versión derogada de 1991 como en la codificada de 2009 hoy vigente, DPO) tienen ámbitos de aplicación y finalidades diferentes. En particular, el hecho de que el art. 6 DPO regule específicamente la descompilación no significa que este proceso, por el que se llega desde el “código objeto” al “casi código fuente”, deba en todo caso canalizarse a través de él. Una cosa es la descompilación para utilizar el programa y, en su caso, corregir errores y otra la descompilación para garantizar la interoperabilidad del programa con otros creados de forma independiente. Por ello los requisitos del art. 6 DPO no se aplican a la descompilación ex art 5.1 DPO. Este último permite al adquirente legítimo de un programa descompilarlo con la finalidad de corregir errores, siempre que: en efecto, se trate de errores; resulte necesario para la utilización del programa; se respete lo pactado, en el bien entendido de que la prohibición absoluta de descompilar para corregir no sería admisible; y, en fin, los resultados obtenidos no se utilicen con fines diferentes.

1. Top System (Top System SA c. Estado belga, asunto c-13/20), es un caso conocido de cuyo planteamiento ya se dio cuenta en este blog, aunque proporcionando una información muy limitada. Con posterioridad, el 10/3/2021, se conocieron las Conclusiones del Abogado General Szpunar y, por consiguiente, los términos exactos de la controversia y las alegaciones de las partes. Tales conclusiones, muy interesantes y recomendables para su uso como “materiales” en cualquier curso o seminario sobre programas de ordenador y propiedad intelectual, no fueron sin embargo objeto de una entrada específica en el blog. Por fortuna no ha habido que esperar mucho para conocer la sentencia, publicada el pasado 6/10/2021.

 a) La controversia. Cuestiones planteadas. ¿Cabe descompilar un programa también para corregir errores (art. 5.1 DPO) o sólo es posible hacerlo para garantizar la interoperabilidad con otros programas (art. 6 DPO)? En caso de respuesta afirmativa, quien descompila para corregir errores del programa ¿ha de cumplir con los requisitos del art. 6 DPO?

2. El caso tiene su origen en un conflicto entre Top System (empresa fabricante de programas de ordenador y prestadora de servicios informáticos) y el SELOR (un organismo público belga encargado de la selección y la orientación de los futuros colaboradores de la Administración, a la postre sustituido en el litigio por el propio Estado belga). Top System venía desarrollando desde tiempo atrás programas y aplicaciones para el SELOR a satisfacción de ambas partes. No obstante, en un momento determinado se suscitaron problemas con el soporte lógico básico de Top System, denominado Top System Framework (TSF). El SELOR se quejaba de fallos en el funcionamiento que achacaba a errores del programa. Tras un intercambio de correos electrónicos, el conflicto acabó en los tribunales, con Top System como demandante. Alegaba que el SELOR había vulnerado sus derechos de propiedad intelectual al haber descompilado sin autorización parte del programa TSF. Pedía la declaración de la infracción y una indemnización por daños. La demanda fue desestimada en primera instancia y Top System recurrió ante el Tribunal de Apelación de Bruselas

3. El SELOR y el Estado belga admitían la descompilación del programa, aunque aducían haberla llevado a cabo para desactivar una función que presentaba fallos y al amparo tanto del contrato (extremo este rechazado por el tribunal de apelación) como del art. 5.1 de la Directiva 91/250 sobre protección jurídica de programas de ordenador, DPO, hoy derogada aunque aplicable al caso ratione temporis (la Directiva de 1991, como es sabido, ha sido sustituida por la Directiva 2009/24, versión codificada, de contenido coincidente en lo que aquí interesa). Top System por su parte, además de negar tales fallos o errores, sostenía que, fuera del marco contractual, la descompilación sólo era posible al amparo del art. 6 DPO y, por tanto, no para corregir errores sino para lograr la interoperabilidad con otros programas independientes.

4. De este modo quedaba claramente definida la controversia. ¿Puede un usuario legítimo descompilar total o parcialmente un programa de ordenador al amparo del art. 5.1 DPO para corregir eventuales errores si la licencia no se lo ha prohibido de forma expresa? ¿O, por el contrario, la descompilación sólo se contempla en aplicación del art. 6 DP?… ¿Cuál es la relación existente entre esos dos preceptos? He aquí lo que uno y otro disponen (subrayado añadido):

Art. 5 DPO: “Excepciones a los actos sujetos a restricciones:

      1. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en las letras a) [reproducción] y b) [transformación] del artículo 4 cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores.
      2. […]
      3. […]

Art. 6 DPO: “Descompilación:

1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de las letras a) [reproducción] y b) [transformación] del artículo 4 sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;

b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a); y c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida:

a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa creado de forma independiente;

b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa creado de forma independiente; o

c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático”.

5. Cuando le llegó el caso, el Tribunal de Apelación de Bruselas decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dos preguntas claras y directas, algo siempre de agradecer (subrayado añadido):

1) “¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 91/250] en el sentido de que permite al adquirente legítimo de un programa de ordenador descompilar total o parcialmente dicho programa cuando tal descompilación sea necesaria para permitirle corregir errores que afectan a su funcionamiento, incluido cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa?

2) En caso de respuesta afirmativa, ¿deben cumplirse además los requisitos previstos en el artículo 6 de la [Directiva 91/250] u otros requisitos?

b) Conclusiones del Abogado General. Alineamiento con las tesis de Bélgica.

6. Como es habitual, las Conclusiones del AG incluían consideraciones generales para contextualizar la controversia. En este caso, una útil introducción sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, su historia y particularidades como obras, junto con una explicación simple e inteligible de conceptos básicos como “código fuente” (el programa en lenguaje “humano”, de alto nivel) y “código objeto” (el programa en lenguaje “máquina”, de bajo nivel), así como de los procesos de “compilación” (paso de código fuente a código objeto) y “descompilación” (paso de código objeto a “casi código fuente”[1]). Tras esas explicaciones las Conclusiones se centraron en dar respuesta a las dos cuestiones planteadas.

b.1) Primera cuestión: La descompilación no sólo cabe para asegurar la “interoperabilidad” con otros programas sino también el uso legítimo, comprendida la “corrección de errores”, siempre que no esté prohibida por el contrato.  

7. La descompilación requiere reproducir y transformar al programa[2], algo que en principio entra dentro del ámbito de exclusividad del titular [art. 4 apdos. a) y b) DPO[3]]. No obstante, los derechos de este se supeditan a lo dispuesto en los arts. 5 (“excepciones”) y 6 (“descompilación), a los que el AG se refería no tanto como “excepciones a los derechos exclusivos” (que es como los presenta la ley) sino más bien, “de facto”, como“un límite inherente a estos derechos” (pfo. 28)[4]. El primero de tales preceptos (art. 5.1 DPO), permite al usuario legítimo reproducir y transformar para, entre otras cosas, corregir errores del programa licenciado. El contrato, subrayaba el AG, podría prohibirlo. Así resultaría del primer inciso del precepto (“salvo que existan disposiciones contractuales específicas”), a pesar de las dudas suscitadas por el Considerando 17 DPO[5] . Como quiera que sea, en el caso controvertido, no constaba en el contrato prohibición alguna.

8. La “descompilación”, razonaba el AG en línea con la Comisión Europea, “está comprendida en la excepción (o, mejor, expresado, en la limitación)” del art. 5.1 DPO[6]. La argumentación se redondeaba rechazando la tesis de Top System según la cual el art. 6 DPO sería “una [suerte] de «lex specialis»” y, como tal, “la única disposición relativa a la descompilación”. Esta, siempre según esa tesis, sólo cabría “con el fin de garantizar la interoperabilidad de los programas de ordenador creados de forma independiente”, de donde resultaría la prohibición de la descompilación destinada a corregir errores, sin necesidad de prohibirla expresamente mediante contrato (Conclusiones AG, pfo. 52). Frente a lo sostenido por Top System, el AG mantenía que: “nada indica que el [art.6 DPO] sea una «lex specialis» respecto al [art. 5.1 DPO]. Estas dos disposiciones tienen un ámbito de aplicación diferente, ya que se refieren a dos supuestos distintos” (Conclusiones AG, pfo. 56, subrayado añadido)[7].

9. De ahí la respuesta a la primera cuestión sugerida por el AG: “el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que permite a un adquirente legítimo de un programa de ordenador descompilar dicho programa cuando tal descompilación sea necesaria para corregir errores que afectan a su funcionamiento” (Conclusiones AG, pfos. 64 y 90).

b.2) Segunda cuestión: Los requisitos de la descompilación para garantizar la interoperabilidad ex art. 6 DPO no son aplicables a la descompilación para corregir errores ex art. 5.1 DPO, que tiene los suyos propios.

10.Sobre la base de la autonomía de los arts. 5.1 y 6 DPO, el AG sostuvo que los requisitos previstos en el segundo no pueden aplicarse a la excepción prevista en el primeroni indirectamente ni por analogía”. No obstante, añadía, “ello no significa que esta última no deba cumplir ningún requisito” (Conclusiones AG, pfos. 68 y 69).

11. ¿Cuáles son esas condiciones y limitaciones inherentes a la excepción del art. 5.1 DPO? El AG las señalaba con claridad. Ante todo, una exigencia subjetiva: el beneficiario de la excepción es el “adquirente legítimo”. A este primer requisito, que nadie discutía en el caso del SELOR, se añaden otros relativos a la actividad permitida: la descompilación debe ser necesaria para utilizar el programa y, en el caso controvertido, para la corrección de errores. Ello obliga a aclarar las nociones de “error” y “necesidad”

12. ¿Qué es un “error”? La respuesta no es tan simple. De hecho, Top System y el SELOR discutían su existencia en el programa TSF. Lo que para el usuario puede ser un error, decía el AG, “para el autor del programa puede ser una funcionalidad o una característica deliberadamente incluida” (Conclusiones AG, pfo. 73). El norte para decidir lo proporcionará “la finalidad del programa” entendiendo por tal “la definida por su autor o, en su caso, la pactada [por las partes] en el momento de su adquisición” (Conclusiones AG, pfo. 75). “Así pues, un error es un funcionamiento defectuoso que impide la utilización del programa con arreglo a dicha finalidad” (Ibidem). La corrección de tales errores es lo único que el art. 5.1 DPO permite al usuario, al que, por el contrario, le está vedado modificar, mejorar o actualizar el programa: “La obsolescencia técnica […] no constituye un error” (Conclusiones AG, pfo. 76; vid. también pfo. 77).

13. Una vez precisada la noción de “error” y separada de conceptos ajenos a ella, “se trata de dilucidar si, y en qué medida, la descompilación de un programa de ordenador es necesaria para corregir errores” (Conclusiones AG pfo. 78, subrayado añadido). No todos los errores requieren descompilar el programa. Según Top System será muy raro que el usuario tenga tal necesidad ya que o bien dispondrá del código fuente, o bien el titular le dará acceso o será él quien “en virtud de un contrato de mantenimiento, se [encargue] de corregir los errores” (Conclusiones AG pfo. 80). En el caso que nos ocupa, la primera posibilidad está descartada y lo mismo sucede con la segunda. Quedaría abierta la tercera, relativa a las relaciones contractuales entre las partes. Pero el AG entiende que, en el procedimiento ante el TJUE, no cabe entrar en ese terreno, acaso por falta de información, salvo, claro está, en la medida necesaria para interpretar en abstracto el art. 5.1 DPO.

14. El art. 5.1 DPO y este permite la corrección de errores “salvo que existan disposiciones contractuales específicas”. Sobre esa base, explica el AG, el titular de los derechos podría limitar los actos del usuario dirigidos a corregir errores, llegando incluso a “una prohibición absoluta” (Conclusiones AG, pfo. 82). Pero si el contrato no limitaciones el adquirente legítimo podrá reproducir y transformar -esto es, descompilar- el programa para usarlo y, en particular, para corregir errores: “no está obligado a solicitar al titular que corrija los errores, ni a solicitar el acceso al código fuente del programa, ni a recurrir a los órganos jurisdiccionales para que estos ordenen al titular la realización de uno u otro acto” (Conclusiones AG, pfo. 83). Acaso el error a corregir sea ínfimo y sólo afecte a una parte muy pequeña del programa, pero la necesidad de localizarlo puede hacer que la descompilación afecte a una parte sustancial del mismo o incluso a la totalidad (vid. pfo. 85 de las Conclusiones). Dado que la descompilación es un proceso “laborioso, costoso y con [resultados] aleatorios”, en la práctica, como sensatamente observaba el AG, “los usuarios solo recurrirán a esta técnica como último recurso” (Conclusiones AG, pfo. 83).

15. Ahora bien, habrá que estar al contenido del contrato entre el titular de los derechos y el usuario y eso, en última instancia, devolverá la controversia al tribunal belga. Será el quien deberá cerrarla llevando a cabo el análisis e interpretación correspondientes: “Por supuesto, en caso de litigio, corresponderá al órgano jurisdiccional competente determinar el contenido exacto de los derechos y obligaciones contractuales de las partes del contrato de adquisición de un programa de ordenador” (Conclusiones AG, pfo. 84, subrayado añadido).

16. Como conclusión, el AG proponía la siguiente respuesta a la segunda cuestión: “la descompilación de un programa de ordenador, en virtud [del art. 5.1 DPO], por un adquirente legítimo para la corrección de errores en dicho programa no está sujeta a los requisitos establecidos en el [art. 6 DPO]. En cambio, tal descompilación solo puede efectuarse en la medida necesaria para esa corrección y dentro del límite de las obligaciones contractuales del adquirente” (Conclusiones pfos. 89 y 90).

c) Decisión del TJUE

17. La sentencia del TJUE coincide con las Conclusiones del AG. Su reseña, por tanto, será breve e inevitablemente reiterativa. Como sabemos, toda la controversia gira en torno al acierto o incorrección de la tesis de Top System, según la cual “solo puede realizarse una descompilación en virtud de una autorización del autor o del derechohabiente de este último, o también con fines de interoperabilidad. En cambio, considera que no está permitida a efectos de corregir los errores que afectan al funcionamiento del programa de que se trata” (Sentencia, pfo. 24).

c.1) Primera cuestión: Posibilidad de descompilar programas de ordenador para corregir errores al amparo del art. 5.1 DPO

18. De acuerdo con el art. 4 DPO, el titular tiene los derechos exclusivos de reproducción y transformación [apdos. a) y b) respectivamente] y no hay duda de que los actos necesarios para la descompilación pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación de este precepto: “la descompilación constituye una operación de transformación de la forma del código de un programa que implica una reproducción, al menos parcial y provisional, de dicho código, así como una traducción de la forma de este” (Sentencia, pfo. 38; vid. también pfo. 39, subrayado añadido). Teniendo en cuenta que los derechos del art. 4, a) y b) DPO se reconocen sin perjuicio de las excepciones establecidas en la propia Directiva, hay que entender que, en virtud del art. 5.1 DPO, “el adquirente legítimo de un programa de ordenador puede realizar todos los actos enumerados en el artículo 4, letras a) y b), de dicha Directiva, incluidos los consistentes en la reproducción del código y en la traducción de su forma, sin haber obtenido previamente la autorización del titular, siempre que sea necesario para la utilización de dicho programa, incluida la corrección de errores que afecten al funcionamiento de este” (Sentencia, pfo. 41).

19. El hecho de que haya un disposición específica sobre la descompilación (art. 6 DPO) no afecta a la conclusión anterior. Como explicaba el AG, los dos preceptos tienen ámbitos de aplicación y objetivos diferentes. Los del art. 6 DPO son muy precisos. Se trata de descompilar para garantizar la interoperalibidad de programas independientes. La pormenorizada regulación de este supuesto no implica que se trate del único caso en el que cabe descompilar un programa. También es posible la descompilación, al amparo del art. 5.1 DPO, cuando sea necesaria para utilizar el programa con normalidad, incluyendo la corrección de eventuales errores.

20. Así resulta, en primer lugar, de los considerandos de la Directiva y del propio texto del art. 6 DPO: “no puede deducirse ni del tenor del artículo 6 de la Directiva 91/250, en relación con sus considerandos 19 y 20, ni de la estructura de dicho artículo que el legislador de la Unión haya tenido la intención de excluir toda posibilidad de reproducir el código de un programa de ordenador y de traducir la forma de ese código salvo en el supuesto de que tales actos se realicen con el fin de obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa de ordenador creado de manera independiente con otros programas” (Sentencia, pfo. 49). Ambos preceptos, arts.5.1 y 6 DPO, “tienen finalidades diferentes”, como se viene repitiendo (Sentencia, pfo. 49).

21. A idéntica conclusión llevan, en segundo lugar, los trabajos preparatorios de la Directiva, que demuestran que el art. 6 “tenía por objeto regular, de manera específica, la cuestión de la interoperabilidad de los programas creados por autores independientes, sin perjuicio de las disposiciones destinadas a permitir al adquirente legítimo del programa un uso normal de este” (Sentencia, pfo. 50). De hecho, la interoperabilidad se regulaba en principio en el mismo artículo que las demás excepciones con las que, claramente, convivía sin afectarlas. Sólo se dio autonomía sistemática a esta cuestión, por exigencias de claridad, cuando se constató que la admisión de la descompilación con fines de interoperabilidad requería una regulación demasiado detallada como para incluirla en el mismo art. 5. Además, el art. 6 DP es una norma de derecho de autor cuyo objetivo primario no es tanto la protección de la obra como el aseguramiento de la competencia y no está mal que la sistemática de la Directiva lo resalte[8].

22. Finalmente, y en tercer lugar, aceptar la interpretación del art. 6 DPO sostenida por Top Systemtendría como consecuencia menoscabar el efecto útil de la facultad expresamente concedida al adquirente legítimo de un programa por […] el artículo [5.1 DPO] de proceder a la corrección de errores que impidan la utilización del programa con arreglo a su finalidad” (Sentencia, pfo. 54, subrayado añadido).

c.2) Segunda cuestión: Requisitos de la descompilación para corregir errores de un programa de ordendor, al amparo del art. 5.1 DPO  

23. Como sugería el AG, el TJUE rechaza que la descompilación ex art. 5.1 DPO esté sujeta a los requisitos que exige el art. 6 DPO. Una vez más insiste en recordar la independencia de ambos preceptos en lo que aquí interesa: “como se ha señalado en el apartado 49 de la presente sentencia, la excepción prevista en el artículo 6 [DPO] tiene un ámbito de aplicación y finalidades distintas de la prevista en el artículo 5, apartado 1, de esta. Por consiguiente, los requisitos establecidos en el artículo 6, como tales, no son aplicables a la excepción prevista en el artículo 5, apartado 1” (Sentencia, pfo. 55). Pero, como asimismo señalaba el AG, ello no significa que la descompilación del art. 5.1 DPO no esté sujeta a determinados requisitos. Los suyos propios.

24. En primer lugar, los actos de reproducción y transformación deben ser “necesarios” para la utilización del programa y, en particular, corregir los errores de que se trate, en el bien entendido de que el concepto de “error” no es un cajón de sastre impreciso en el que entra cualquier cosa. Un error es un “defecto que afecta a un programa de ordenador que origina un fallo de este”, afectando a la “posibilidad de [utilizarlo] con arreglo a su finalidad propuesta” (Sentencia, pfos. 59 y 60). En segundo lugar, hay que manejar con cuidado la noción de “necesidad”. La corrección de errores que afecten a la utilización de un programa requerirá normalmente descompilar para acceder al “casi código fuente”. Pero no siempre será así. Como señala el TJUE, tal necesidad no existe “cuando el código fuente es legal o contractualmente accesible” (Sentencia, pfo. 63).

25. En tercer lugar, no hay que olvidar que la excepción del art. 5.1 DPO se reconoce sin perjuicio de las “disposiciones contractuales específicas” (Sentencia, pfo. 64). Este es el único punto en el que el TJUE parece apartarse un tanto de las Conclusiones del AG. Al menos, es menos tajante al describir la relación entre el Considerando 17 DPO (los actos necesarios para utilizar un programa y el acto de corrección de sus errores “no pueden ser prohibidos por contrato”) y el inciso inicial del art. 5.1 DPO (“«salvo que existan disposiciones contractuales específicas», no necesitarán la autorización del titular […]”). Inicialmente el TJUE parece inclinarse por el tenor literal del Considerando: “el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/250, en relación con el considerando 18 de la misma, debe interpretarse en el sentido de que las partes no pueden excluir contractualmente toda posibilidad de subsanar tales errores[9] (Sentencia, pfo. 66). Pero acto seguido explica que “el titular y el adquirente tienen libertad para regular contractualmente las modalidades de ejercicio de esta facultad. Concretamente, estos pueden, en particular, acordar que el titular deba garantizar el mantenimiento correctivo del programa” (Sentencia, pfo. 67). Lo que sucede es que “a falta de disposiciones contractuales específicas” el adquirente legítimo del programa tiene derecho a realizar los actos contemplados en el art. 4,a) y b) DPO “incluida la descompilación” para corregir errores que afecten a su funcionamiento (Sentencia, pfo. 68). Finalmente y en cuarto lugar, el TJUE considera oportuno subrayar que es asimismo un requisito de la descompilación ex art. 5.1 DPO “no utilizar el resultado […] para fines distintos de la corrección de errores” (Sentencia, pfo. 69; vid. también pfo. 73)

c.3) Doctrina del TJUE

26. Sobre la base de cuanto antecede y como respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal belga, el TJUE declara que

  1. “El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador tiene derecho a descompilar total o parcialmente dicho programa con el fin de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa.
  2. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que el adquirente legítimo de un programa de ordenador que desee proceder a la descompilación de dicho programa para corregir los errores que afecten a su funcionamiento no está obligado a cumplir los requisitos previstos en el artículo 6 de dicha Directiva. Sin embargo, ese adquirente solo tiene derecho a proceder a tal descompilación en la medida necesaria para dicha corrección y respetando, en su caso, las condiciones establecidas contractualmente con el titular de los derechos de autor sobre ese programa”.

[1] A este propósito, el AG recuerda que en la “compilación” se pierde alguna información que no cabe recuperar en el proceso de “descompilación”. En sus Conclusiones no utiliza el símil, pero quizá ayude a entender a qué se quiere aludir si se piensa en lo que, salvando todas las distancias, sucede con la traducción. Traducir la obra “A” del español al inglés arroja como resultado la obra “B”. Pero “devolver” la obra a su idioma originario mediante una nueva traducción, difícilmente nos llevaría a la obra “A”. Tendríamos seguramente algo parcialmente diferente. Una obra “A bis”, por llamarla de alguna manera. Eso es lo que sucede, más o menos, cuando se recurre a esa forma de “ingeniería inversa” que llamamos “descompilación”.

[2] Como explicaba el AG en sus Conclusiones (pfo. 45): “la descompilación, consiste en una transformación del programa en forma de código objeto (protegido) en el «casi código fuente». Este último es una reproducción del programa resultante de su transformación, transformación esta que consiste en la traducción del lenguaje máquina al lenguaje de programación”.

[3] El art. 4 DPO regula los “actos sujetos a restricciones”, esto es, los actos sobre los que el titular ostenta la facultad de autorizar o prohibir. Los apdos. a) y b), como sabemos, se refieren a la reproducción y la transformación. El c), relativo a la distribución, queda al margen del caso.

[4] No está muy claro qué quiere decir al diferenciar entre “excepciones” y “límites inherentes”, aunque es posible que se refiera a la distinción entre “excepciones y limitaciones”, sobre la que alguna vez habría que ponerse de acuerdo.

[5]  Según dicho Considerando: “los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato”. Según el AG, esta afirmación (que no obstante se mantiene en el Cdo. 13 de la vigente DPO de 2009), debe entenderse completamente desactivada por el art. 5.1, dado el tenor literal de este. Los antecedentes de la Directiva indicarían además que, al excluir la prohibición contractual, se estaba pensando sólo en los contratos “de adhesión” y no, en cambio, en los negociados entre las partes, distinción esta que, sin embargo, al fin no fue acogida en la Directiva (Conclusiones AG, pfo. 33). La posibilidad de prohibir incluso la corrección de errores “no es tan irracional como parece a primera vista”, sostiene el AG. En su opinión, “la corrección de errores puede estar reservada al titular de los derechos de autor sin que ello afecte a la coherencia de una licencia de uso del programa” (Conclusiones AG, pfo. 34). Otra solución supondría “un desequilibrio en perjuicio de los titulares […] tanto más acusado si el [TJUE aceptara lo que propone el AG, para] conferir al adquirente la facultad de descompilar [para corregir errores] sin solicitar la autorización previa del titular” (Conclusiones AG, pfo. 36)

[6] Vid. supra nota 4.

[7] En los pfos. 58 a 63 de sus Conclusiones el AG hacía un interesante análisis de los trabajos preparatorios de la Directiva, para oponerse a la tesis de Top System según la cual la descompilación sólo sería posible al amparo del art. 6 DPO: “todo el debate durante el proceso legislativo de la Directiva 91/250, que condujo a añadir a la propuesta inicial de la Comisión el actual artículo 6 de esta Directiva, versó sobre la descompilación efectuada «al margen» de la utilización normal” (Conclusiones AG pfo. 59); “lo único que demuestran los trabajos preparatorios de la Directiva 91/250 es que la idea inicial de incluir la excepción relativa a la descompilación a efectos de la interoperabilidad en un apartado específico del artículo 5 de la citada Directiva (independiente de su apartado 1) fue abandonada en favor de la creación de un nuevo artículo, más elaborado” (Conclusiones AG, pfo. 61)

[8] Sobre este particular, a la espera de la publicación de las actas, pueden verse los diversos informes nacionales del reciente congreso de ALAI sobre Derecho de autor, Competencia e Innovación (Madrid 2021, https://www.alai2021.org/Comunicacion)

[9] Probablemente habría sido más adecuado referirse al Considerando 17 DPO. Pero no es erróneo hablar del 18 pues asimismo guarda relación con la problemática tratada, según resulta de su contenido: “considerando que no debe impedirse a la persona facultada para utilizar el programa de ordenador que realice los actos necesarios para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, siempre que dichos actos no supongan infracción de los derechos del autor sobre el programa”.

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