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Caso Farola Latina. Sentencia de la AP de Barcelona, Sec. 15ª, de 6 de marzo de 2020: La farola «Latina» es una obra y goza de la protección acumulada del diseño y el derecho de autor.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirma el criterio del Juzgado Mercantil favorable a la calificación de la farola «Latina», de Beth Galí, como una obra «objeto de derecho de autor» y, por tanto, beneficiaria de la protección acumulada de las leyes sobre diseño y propiedad intelectual. Pese a que las farolas plagiarias se instalaron en Qatar, se entiende que la jurisdicción corresponde a los tribunales españoles pues la demanda se basa exclusivamente en la violación de los derechos morales de la autora. Esta cuestión, no obstante, no es objeto específico de la sentencia, pues ya había sido decidida previamente por la propia Audiencia, al conocer de la apelación contra el auto en el que el Juzgado Mercantil había aceptado la declinatoria planteada por la parte demandada.

I) Introducción

1.  La relación entre el derecho de autor y las creaciones de diseño viene siendo, desde hace tiempo, una cuestión muy debatida. Sobre ella han tenido ocasión de pronunciarse de nuevo, en fechas recientes, tanto los tribunales nacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En cuanto a este, aun está abierto el debate sobre el sentido y alcance de la sentencia Cofemel y hay expectación acerca de cómo se resolverá el Caso Brompton, sobre el que hace poco conocimos la Conclusiones del AG y cuya sentencia es inminente (está señalada para el próximo 11 de junio de 2020).

2. En España, entre tanto, estábamos pendientes del Caso farola Latina, sobre el que debía pronunciarse la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Finalmente lo ha hecho, aunque en el momento de redactar estas líneas la resolución todavía no había sido incorporada a la base de datos del CENDOJ, en estos momentos ya está disponible: Sentencia de 6/3/2020, SAP B 2644/2020 – ECLI: ES:APB:2020:2644[1]

3. Da fe de la dificultad de la controversia no sólo el relativo retraso de la decisión sino también, y sobre todo, la división de opiniones entre los magistrados que la han dictado; y ello pese a ser conscientes de la conveniencia de alcanzar acuerdos y marcar pautas en una problemática que, ciertamente, las necesita. El hecho de que en ese contexto no se haya alcanzado la unanimidad resulta muy significativo.

4. Cabe suponer que habrá recurso ante el Tribunal Supremo y que este tendrá ocasión de pronunciarse. No se trata pues de un litigio cerrado. Pero, aun así, la reseña está justificada. El caso ha tenido proyección mediática desde sus inicios y la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona marca una etapa importante en el proceso.

II) Antecedentes

5. Las lámparas y, más en concreto, las farolas ya han protagonizado en España alguna otra controversia que ha llegado al Tribunal Supremo (“Caso farola Y”, STS, 1ª, 27/9/2012, ECLI: ES:TS:2012:6196)[2]. En el litigio que ahora nos ocupa, se trata de la farola “Latina”, una creación de la conocida arquitecta y diseñadora Elisabeth (Beth) Galí, que cedió los derechos de explotación a la empresa “Santa & Cole”. Fue esta la que emprendió la comercialización iniciando negociaciones, en lo que interesa, con una empresa pública del Estado de Qatar. El objetivo era concertar un contrato para la colocación de las farolas a lo largo de una importante autovía de la capital, Doha. Sin embargo, por la razón que fuera, los tratos preliminares no fructificaron y el contrato no se llegó a firmar.

6. Tiempo después “Santa & Cole” tuvo conocimiento de que unas farolas muy similares si no idénticas a la “Latina”, fabricadas en China, habían sido instaladas por la empresa Ashgahl en la Avenida Al Waab de Doha. Como cabe suponer, ante ese hecho, hubo llamadas, correos, requerimientos… y al fin amenazas de acciones judiciales. No obstante, antes de emprenderlas, es probable que “Santa & Cole” valorase cuestiones de oportunidad y también jurídicas. Entre estas, como es lógico, resultaba particularmente relevante la relativa a la jurisdicción en la que se debería litigar. ¿Era recomendable demandar en Qatar a una empresa pública qatarí y acaso al propio Estado, por muy claro que fuera el caso? Fuera por ese tipo de consideraciones u otras de mera índole comercial, lo cierto es que “Santa & Cole” optó por no iniciar acciones judiciales.

7. Sí lo hizo en cambio la creadora de la farola, la Sra. Galí, que decidió demandar a la empresa Ashgahl y al Estado de Qatar en los juzgados de Barcelona. Ignoramos cuáles fueron los términos de la cesión de derechos a “Santa & Cole” y si la Sra. Galí conservaba algún interés económico directo. Como quiera que fuese, optó por centrar su acción de forma exclusiva en la violación de sus derechos morales como creadora de una obra objeto de derecho de autor. Esa fue la base de su demanda. Sin duda una decisión cuidadosamente meditada y, a la vista de la sentencia de apelación, exitosa.

III) El litigio en primera instancia

a) Inmunidad, jurisdicción (competencia internacional) y competencia territorial dentro de España

8. El primer extremo controvertido, como cabía esperar, fue la jurisdicción de los tribunales españoles, a la que los demandados se opusieron planteando la correspondiente declinatoria, además de alegar la inmunidad del Estado de Qatar. El Juzgado Mercantil aceptó la declinatoria y se declaró incompetente, sin entrar en las demás cuestiones (Auto JM 2 Barcelona, 9/10/2013, no publicado). La Audiencia, sin embargo, revocó la decisión obligando al juzgado a entrar en el fondo (AP Barcelona, sección, 15, Auto de 12/3/2015, ECLI:ES:APB:2015:1256A).

9. De acuerdo con el Auto de la Audiencia, el Juzgado debería haberse pronunciado, ante todo, sobre la alegación de inmunidad (vid. art. 21 LOPJ), cosa que sin embargo omitió. No obstante, de haberlo hecho, tendría que haber rechazado la aplicación del privilegio. Consideramos, dijo la Audiencia, que “estamos claramente ante un acto ajeno al concepto de «acta iure imperii», razón por la que es de aplicación una excepción al principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados. Y ratifica esa idea el hecho de que las acciones ejercitadas corresponden a un ámbito de estricto derecho privado, como es el derecho de propiedad intelectual, uno de los supuestos típicos de excepción al principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros” (Auto de la AP, AAP, cit., Razonamiento Jurídico, RJ, 2º, pfo. 8).

10. En cuanto al asunto, aún más complejo, de la competencia internacional, la Audiencia se pronunció también en línea con los planteamientos de la parte actora. El juzgado, de forma razonada, había estimado que la jurisdicción o competencia internacional correspondía a los órganos judiciales de Qatar. De acuerdo con la síntesis de la Audiencia: “el Juzgado Mercantil consideró que carece de jurisdicción porque el art. 22.3º LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] atribuye la competencia a los tribunales del Estado del lugar en el que se ha producido la infracción de los derechos, lo que en el supuesto enjuiciado corresponde al Estado de Qatar. Estimó que no resultaba de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento comunitario 44/2001 […] y la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la UE que lo interpreta, atendido que Qatar no pertenece a la UE, y que la interpretación realizada por la actora al pretender justificar la competencia de los tribunales nacionales españoles contradice no solo la letra sino también el espíritu de la norma comunitaria, que en ningún caso admite una interpretación que lleve la competencia al lugar del domicilio del actor. También analizó si se puede fundar la atribución de la competencia al tribunal del domicilio del actor con fundamento en el criterio del lugar de manifestación del daño pero lo desechó estimando que esa manifestación se produce solo en Qatar” (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 10).

11. La Audiencia, como se ha dicho, fue de otro parecer. Por lo pronto, creyó oportuno distanciarse de unas razones que no estaban en la decisión del Juzgado pero que sobrevolaban todo el asunto. Me refiero a la mayor o menor confianza que pudieran inspirar los tribunales de Qatar a los titulares de los derechos infringidos. A este propósito, la Audiencia declaró que: “El hecho de que la acción ejercitada sea contra un Estado soberano, el Emirato de Qatar, y contra una empresa pública del mismo, no ignoramos que puede determinar cierta dificultad conseguir que sean los tribunales del mismo la que la otorguen; no obstante, no tenernos datos que nos permitan determinar que esa dificultad sea mayor o plantee problemas distintos a los que serían propios de reclamaciones de ese tipo ante un Estado distinto” (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 14). Y añadía: “en cualquier caso, esas dificultades que podría encontrar la tutela de los derechos de la actora no justifica la apertura de un fuero de necesidad, fuero que solo está justificado abrir en situaciones extremas, derivadas de la existencia de una laguna de jurisdicción o bien de la negativa del Estado español al reconocimiento de la eficacia de una resolución dictada por un país extranjero, situaciones que nada tienen que ver con la que aquí se plantea” (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 15).

12. Ahora bien, prescindiendo de ese tipo de consideraciones que a veces no explican nada y a veces lo explican todo ¿había ocurrido el hecho en España, tal como exigía el art. 22.3º LOPJ en su redacción de 1985 (“En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes […] en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español”)?[3]

13. Aunque se trataba de un conflicto que desbordaba el ámbito europeo y sin perjuicio de tenerlo muy presente, la Audiencia consideró oportuno examinar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)[4]. El análisis fue extenso e incluyó un repaso de toda la jurisprudencia relevante dictada hasta la fecha[5]. La cuestión acabó centrada en la naturaleza del derecho moral de autor y su relación con los llamados “derechos de la personalidad”, al efecto de la posible aplicación de la doctrina de los Casos acumulados E-Date y Martínez (STJUE 25/10/2011).

14. Es notorio que, en España, se trata de una cuestión debatida sobre la que ha habido algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo en el sentido de separar ambas nociones. A juicio de la Audiencia, no obstante, ese debate no sería decisivo. “Los derechos morales no tienen que ver con la persona sino con la creación” y no por ello no pueden considerarse incluidos en la categoría de los llamados derechos de la personalidad (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 32). Pero “comparten rasgos” que hacen posible asimilarlos a efectos de la determinación de la competencia internacional (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 27). “La razón por la que esa asimilación es posible creemos que radica en la similitud de los derechos morales de autor con los derechos de la personalidad en cuanto a la dificultad de situar en el espacio su infracción a efectos de determinar donde se manifiesta el daño. (AAP, cit., RJ 3º, pfo. 33).

15 Con esta premisa, la Audiencia entendió que era “razonable aplicar nuestra norma interna en sintonía con la doctrina establecida en la [STJUE de 25/10/2011, casos eDate y Martínez], al estimar que es la que mejor se acomoda a la naturaleza de los derechos objeto del presente proceso. En suma, estimamos que el concepto «hecho ocurrido en territorio español» incluye el supuesto de que el daño se haya «manifestado en nuestro territorio». Y a su vez, este último concepto, cuando está referido a los derechos morales de autor, permite situar como lugar de manifestación del daño el territorio español, porque es en el mismo donde se produce una doble circunstancia: i) Aquí tienen protección los derechos que se afirman infringidos. ii) Y también en nuestro territorio se produjo el proceso creativo que dio lugar al nacimiento de esos derechos, por ser el lugar en el que desarrolla la actora su actividad creativa”. (AAP, cit.,RJ 3º, pfo.pfo. 34).

16. Una vez rechazada la inmunidad del Estado de Qatar y establecida la jurisdicción o competencia internacional de los juzgados españoles, quedaba pronunciarse sobre un último punto, asimismo suscitado por la parte demandada: ¿la competencia territorial correspondía a Barcelona (donde la demandante tenía su domicilio y centro de intereses) o a Madrid (sede de la embajada de Qatar)? La Audiencia no dedicó mucho espacio al asunto y, con remisión al criterio aplicado a la competencia internacional, devolvió el asunto al Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona.

b) Sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Barcelona, 21/9/2018[6]

17. La Sra. Galí, en su demanda, había formulado diversas pretensiones. Pedía que se declarase que: “1. la actora es autora de la obra de diseño farola modelo “LATINA” descrita en el cuerpo de la demanda. 2. La parte demandada ha vulnerado los derechos morales de divulgación, paternidad e integridad de la actora sobre la mencionada obra”. Con esa base, la actora solicitaba que los demandados fueran condenados: “1. a estar y pasar por esta declaración. 2. A cesar en la conducta ilícita, retirando a su costa de la avenida Al Waab de Doha (Qatar) las farolas copiadas y falsificadas de su obra “LATINA” y ordenando su destrucción, así como la destrucción de aquellas otras que puedan tener en stock. 3. A abstenerse en lo sucesivo de repetir la conducta infractora. 4. A indemnizar a la actora con la cantidad de 100.000 euros en concepto de daños morales. 5. A publicar la sentencia íntegra condenatoria que se dicte, o subsidiariamente su encabezamiento y fallo, a costa del demandado, en tres diarios de información general con amplia distribución en Barcelona y en dos revistas especializadas en diseño urbano de amplia difusión, a elección del demandante” (SJM 2 Barcelona, Antecedente 1).

18. Para pronunciarse sobre las pretensiones de la actora el Juzgado tuvo que resolver varias cuestiones relevantes, entre ellas la posible prescripción de la acción indemnizatoria ejercitada[7]. Pero la cuestión básica, una vez resuelta la jurisdicción o competencia internacional, era la relativa a la naturaleza de la creación. ¿Podía considerarse la farola “Latina” una obra, en el sentido de la ley de propiedad intelectual o, por el contrario, debía tratarse como un simple producto de diseño? Es claro que la cuestión era capital pues de ella dependía también en última instancia la cuestión previa. Hay que tener en cuenta que la Ley 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial(LPDI) contempla la indemnización de daños morales en caso de infracción [vid. art. 55.2,a),II LPDI], pero no reconoce al diseñador “derechos morales” sobre su creación.

19. Como era de esperar –de temer- la controversia acabó centrada en el asunto de la originalidad. No estaban en cuestión la “novedad” y “carácter singular” de la farola ni, por tanto, su protección como diseño[8]. Lo que se discutía era si, además, podía considerarse una “obra”[9]. La sentencia cumplió con el deber de aludir a las diferentes teorías existentes: “Si se parte del concepto desde un punto de vista subjetivo, basta para apreciar la misma que tenga un reflejo de la personalidad del autor. Si se parte de la necesidad de una originalidad desde un punto de vista objetivo, es necesario que la misma tenga un mínimo de altura creativa” (SJM, FD 7º, pfo. 20). Yendo un poco más allá, con un buen dominio de la teoría, añadió que “en todo caso, la originalidad, tanto tomada desde un punto de vista objetivo como subjetivo, debe tener una relevancia mínima. Y lo que resulta más importante para este procedimiento, es que el nivel mínimo en la originalidad se debe apreciar según las categorías de obras, puesto que dependen del mayor grado de libertad con la que cuente el autor. No puede aplicarse el mismo parámetro al campo de la arquitectura, de las obras artes aplicadas o de las obras derivadas en general, que en el campo de la poesía, narrativa, la pintura o la música. Si el margen de libertad es pequeño, la altura creativa lo será también. Y cuanto menos compleja sea una obra, menor grado de altura creativa se le exigirá” (SJM 2 Barcelona, FD 7º, pfo. 20). Por supuesto, hay motivación y referencias a pruebas periciales que no suelen faltar cuando los litigantes pueden pagarlas. Pero, si bien las explicaciones nos tranquilizan mirando al pasado, ninguna de ellas nos serviría como guía segura hacia el futuro. Por supuesto, en este comentario no debe verse ninguna crítica hacia la sentencia ni, en general, a la forma en que los jueces han de resolver este tipo de litigios. Al menos no mayor que las que tendría que asumir la doctrina, pese a los esfuerzos desplegados.

20. El Juzgado Mercantil se inclinó por considerar que la farola “Latina” merece la consideración de obra, con los correspondientes derechos económicos y morales. Esta fue su argumentación: “En el presente procedimiento, la farola denominada LATINA tiene un cierto grado de originalidad en tanto que es singular, de tal modo que contiene determinados elementos que la hacen identificable y con rasgos diferentes a cualquier otro diseño. Así se expresa la pericial aportada por la actora, como documento número 69 (página 7 y 10), criterio que se comparte. En el mismo sentido, se entiende que la forma elegida por el creador contiene elementos novedosos y distintos que la distinguen fácilmente de otras. En el sentido expresado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de abril de 2010, la obra contiene cierta peculiaridad. Se recogen a continuación las imágenes que aparecen en la página 8 del informe pericial emitido por la actora (documento 69 de la demanda) que resultan más esclarecedoras” (SJM 2 Barcelona, FD 8º, pfo. 25). No es posible reproducir aquí las imágenes. Pero es bueno saber que el juez contó con ellas, las valoró e incluso, como se viene haciendo cada vez con más frecuencia, las incorporó a su resolución como un elemento importante de la motivación.

21. Con base en la calificación anterior, la sentencia entendió que se habían violado los derechos morales de divulgación (art. 14.1º TRLPI), paternidad o atribución (art. 14.3º TRLPI) e integridad (art. 14.4º TRLPI) de la Sra. Galí. En cuanto al primero, porque la persona autorizada para llevar a cabo la divulgación era “Santa & Cole” y no otras empresas o sujetos[10]. En el caso del segundo, porque el plagio –y expresamente se declaró que lo había- implica per se la sustitución o, como mínimo, la ocultación del nombre del autor. La violación del tercer derecho se habría producido como consecuencia de defectos en la fabricación y baja calidad de los materiales que habrían provocado incluso la caída de algunas farolas.

22. La responsabilidad por la infracción se atribuyó a los dos demandados -Estado de Qatar y Ashgal– por tratarse de una obra pública, sin entrar en la eventual responsabilidad de la empresa o empresas chinas fabricantes de las farolas o de la empresa qatarí que materialmente había llevado a cabo su instalación. La sentencia, además de declarar los derechos de la Sra. Galí y su infracción, condenó a los demandados al cese de la actividad ilícita, cosa que comprendería la retirada de las farolas plagiarias y la prohibición de utilizarlas en otros lugares. También condenó a indemnizar el daño moral. La estimación del quantum es otro de esos asuntos en los que no es fácil hacer predicciones. La demandante había pedido 100.000 €. La sentencia, no sin explicar sus razones, redujo esa cifra a la mitad. En cuanto a las otras peticiones, la de publicación de la sentencia fue rechazada y cada litigante tuvo que asumir sus costas por cuanto las pretensiones de la actora no habían sido estimadas en su totalidad.

IV) El litigio en segunda instancia

23. La sentencia del Juzgado Mercantil fue recurrida por ambas partes. Como cabe suponer, la actora insistía en sus pretensiones (mayor indemnización, publicación de la sentencia y condena en costas), en tanto que las demandadas reproducían las alegaciones ya conocidas. En particular alegaban: inmunidad, falta de jurisdicción y, sobre todo, improcedencia del reconocimiento de la protección acumulada a la farola “Latina”, por cuanto a su juicio no debía considerarse “obra” en el sentido del art. 10.1 TRLPI. A ello añadían que no habría habido vulneración alguna de derechos morales y que, en cualquier caso, la acción indemnizatoria estaría prescrita.

a) Inexistencia de inmunidad del Estado de Qatar y jurisdicción de los tribunales españoles

24. En su sentencia la Audiencia despacha rápido estas dos cuestiones sobre las que ya se había pronunciado en su precedente Auto 12/3/2015. Dedica, no obstante, alguna atención a la segunda, en la medida en quelas recurrentes, al parecer, pusieron ahora el foco sobre la condena al cese de la actividad infractora. Pero, como dice la Audiencia, una cosa es que los tribunales españoles no tengan jurisdicción para ejecutar tal medida y otra que carezcan de competencia para adoptarla (SAP, FJ 3º, pfo. 8).

b) Rechazo de la pretendida caducidad de la instancia

25. Las actuaciones judiciales estuvieron suspendidas entre el 22 de octubre de 2015 y el 10 de noviembre de 2017, razón por la cual la parte demandada sostenía que debía declararse la caducidad de la instancia (art. 237.1 LEC). Sin embargo, la inactividad procesal había obedecido a que ambas partes acordaron iniciar un proceso de mediación ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que finalmente no fructificó. El proceso, observa la Audiencia, “estuvo suspendido por petición conjunta de las partes” y, como es lógico, la única inactividad que, en su caso, podría conducir a la caducidad de la instancia, es la posterior a ese período de suspensión. Por ello la sentencia, con buen criterio, rechaza que tal caducidad se haya producido (SAP, FJ 4º, pfo. 14).

c) La farola “Latina”como “obra

26. Sin olvidar el problema competencial, en lo que atañe al fondo, la clave de la controversia está en los requisitos de la doble protección. Para la parte demandada “no es suficiente con un grado ordinario de creatividad sino que es preciso que el diseño industrial tenga una especial altura creativa, de forma que el diseño constituya una obra de arte” (SAP, FJ 5, pfo. 15). Para la actora, en cambio, “las obras de arte aplicadas, si son originales, gozan de la protección del derecho de autor” y la farola “Latina” cumple esa exigencia pues “es una creación intelectual propia de su autora y es el resultado de un proceso creador que refleja, de forma objetiva, las decisiones libres y creativas adoptadas por la autora y hace distinguible su creación de otras”, sin que nada autorice a pensar que se requiera “un grado de originalidad cualificada o mayor” (SAP, FJ 5, pfo. 16).

27. La controversia constituye todo un clásico en la doctrina. También en la jurisprudencia, donde contamos ya con unas cuantas sentencias, tanto de tribunales españoles como del TJUE. La Audiencia hace un buen repaso de ellas antes de llegar, como veremos fracturada, al momento de decidir.

28. Por lo pronto la sentencia destaca la importancia del asunto y justifica su relativa tardanza en decidir no solo por su complejidad sino también por la existencia de casos pendientes ante el TJUE. Parece razonable que quien podía preguntar, con el consiguiente efecto suspensivo, también pueda esperar y eso es lo que hizo la Audiencia. Su atención estaba puesta dos casos muy conocidos y a los que ya se ha hecho referencia en esta nota: el Caso Cofemel, a cuya resolución creyó oportuno esperar (STJUE 12/9/2019, C-683/17; puede verse una reseña en este Blog); y el Caso Brompton (C-833/18), en el que las Conclusiones del Abogado General eran ya inminentes (Conclusiones AG 6/2/2020; puede verse una reseña en este Blog). Con ese material ya sobre la mesa, la Audiencia consideró que ya podía establecer su propia doctrina y resolver sobre la farola “Latina”

29. Es importante tener presente que la propia Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona había dictado en fechas relativamente recientes otra importante sentencia sobre la misma problemática. Se trata del Caso Sillas, en el que actuaban como demandantes algunos de los más conocidos y reputados diseñadores españoles y que la Audiencia resolvió aceptando que las sillas objeto del caso, todas ellas, tenían la condición de “obra” y, por tanto, gozaban de la protección acumulada del diseño y el derecho de autor (SAP, 15ª, 26/4/2019.ECLI:ES:APB:2019:4105; puede verse una reseña en este Blog). Como es lógico, esa sentencia, en la que ya se hizo un detenido análisis de la cuestión, es precedente obligado de la que ahora nos ocupa.

30. Para la Audiencia el problema de fondo estaría en los negativos efectos de una mala definición de fronteras pues el sistema de protección para el diseño industrial “podría verse muy debilitado en el caso de ampliarse en exceso la protección de los derechos de autor” (SAP, FJ 5, pfo. 19). Con ese trasfondo de política legislativa y judicial, y al igual que en el Caso Sillas, la sentencia del Caso farola “Latina” empieza recordando que, pese a la existencia de diversas soluciones tradicionales en Derecho comparado (sistema francés, italiano, alemán…), resulta innegable que el sistema europeo –y desde luego, también el español- es un sistema de acumulación; aunque, añade, “está por ver con qué alcance” (SAP, FJ 5, pfo. 21).

31. Por supuesto la doble protección es sólo una posibilidad que no se producirá en todos los casos. Eso también es bien sabido. ¿Qué “grado de creatividad y originalidad” debe darse entonces en el diseño para ser protegido también como “obra artística”? Esta es la cuestión. Lo que la Audiencia describe como “un sector cualificado” de la doctrina se inclinaría por exigir “una altura creativa mayor que la que, con carácter general, exige el art. 10 TRLPI en relación con cualquier otro tipo de obra”(SAP, FJ 5, pfo. 24). Para otro sector, en cambio, “no cabe exigir en este tipo de obras un grado de creatividad u originalidad más elevado que para cualquier otro tipo de obra” (SAP, FJ 5, pfo. 25). Por supuesto, sin perjuicio de su cualificación, la primera de las dos posturas, aunque comprensible, es errónea. Aceptarla sería como si en una escala cromática, para decidir entre el azul y el verde en la zona en que ambos confluyen, dijéramos que el azul verdoso tiene que ser más azul que el azul azul. Por fortuna, las discusiones cromáticas, tratándose de un simple asunto de longitud de onda de la luz, se dirimen hoy con tecnología científica[11]. Pero no hay espectrómetro para la originalidad y la única tecnología con la contamos es la verbal, tan entretenida como rudimentaria.

32. La Audiencia explica que, en el Caso Sillas, había seguido la primera de las indicadas líneas doctrinales, sosteniendo que “para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística” (SAP, FJ 5, pfo. 26). No obstante, aunque es cierto que usó estas palabras, es dudoso que realmente aplicara la doctrina de la mayor exigencia de creatividad. En las sentencias, como en tantas otras cosas, importa lo que se hace, no lo que se dice.

33. Como quiera que sea, tal es la percepción de la Audiencia y así lo recuerda para explicar un cambio de criterio que acaso no lo sea tanto. La palanca del cambio habría sido el Caso Cofemel:“La STJUE de 12 de septiembre de 2019 (caso Cofemel) (ECLI:EU:C:2019:721) nos obliga a precisar mejor (cuando no a corregir, al menos en parte) la postura que expresamos en nuestra Sentencia de 26 de abril de 2019 (caso sillas). La cuestión esencial que se sometió al Tribunal Europeo fue si, para poder tener protección como obra de autor, era aceptable que los Estados pudieran en su normativa interna exigir una especial altura creativa y la respuesta que dio el Tribunal es que, para que un modelo industrial pueda ostentar protección como propiedad intelectual, no es preciso que ostente una especial altura creativa” (SAP, FJ 5, pfo. 27).

34. Obviamente, lo que dijo el TJUE en el Caso Cofemel –suponiendo que sea claro- no resuelve el problema y por ello la Audiencia ha de volver a recordar, con acierto, que la acumulación de protecciones no es sistemática sino más bien excepcional. He aquí su lectura y síntesis del Caso Cofemel: “a) El reconocimiento de una protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones (esto es, como diseño y como derecho de autor) (apartado 51). b) Aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones” (SAP, FJ 5, pfo. 30).

35. Es comprensible que un órgano judicial que constantemente conoce de casos de derecho de autor y de diseño tenga en mente la problemática de sus fronteras y de los efectos que la configuración del primer sistema de protección puede tener sobre el segundo. Y es comprensible también que adopte una actitud de contención de la expansividad del derecho de autor, aunque –como veremos- en esa actitud hay grados, que se reflejan en la división de opiniones de los magistrados. En este sentido, dice la Audiencia que “resulta «inevitable» que se produzcan situaciones de doble protección a través de las normas sobre derechos de autor y de las normas sobre diseño, a la vez que la idea de que esa doble protección constituye «un riesgo que es preciso minimizar» en la medida en la que resulte necesario, en beneficio del sistema de regulación del diseño industrial, que es el régimen que resulta expuesto en mayor medida como consecuencia de esa doble acumulación “ (SAP, FJ 5, pfo. 34, comillas internas añadidas).

36. Desde el punto de vista teórico es fácil decir que basta con verificar si la creación de que se trata es o no una expresión formal de la creatividad humana, que satisface, además, la exigencia de originalidad entendida como creación intelectual propia del autor. Con recursos de conferenciante superficial –a veces casi una redundancia- se podría también decir que el diseño pretende hacer masivamente agradables productos funcionales, en tanto que una obra es un acto de expresión personal que no necesita del público, por más que el autor lo tenga de ordinario presente. Igualmente se podría destacar que existe un derecho constitucional a la creación literaria, artística y científica, conectado con la libertad de expresión (art. 20.1 CE), en tanto que no hay un derecho de igual naturaleza cuyo objeto sea maximizar la venta de bienes útiles. Pero este género de explicaciones, que acaso puedan servir para vestir a posteriori las decisiones, son poco útiles para tomarlas.

37. Es claro que a los magistrados de la Audiencia les preocupa –a algunos mucho, a otros muchísimo- lo que podríamos describir como efecto llamada del derecho de autor y es lógico que pongan énfasis en recordarnos que la protección acumulada no puede ser norma sino excepción. ¿Pero cómo delimitar las fronteras entre ambos sistemas de protección? En su esfuerzo para separar la novedad y singularidad de la originalidad, la Audiencia pone su atención en los que llama aspectos “estéticos” y “funcionales”. Apoyándose en el Caso Cofemel, rechaza el carácter decisivo de los primeros: “los aspectos meramente estéticos no pueden ser tomados en consideración a efectos de determinar si ha existido una toma de decisiones libres y creativas” (SAP, FJ 5, pfo. 36). En cuanto a los segundos, recuerda que pueden llevar a descartar la originalidad si resultan determinantes hasta el punto de eliminar todo espacio de libertad: “no será posible proteger como derechos de autor las obras (objetos) cuya forma esté condicionada por su función” (SAP, FJ 5, pfo. 37, con cita del Caso DOCERAM, STJUE 8 de marzo de 2018, C-395/16).

38. En esta tesitura, la Audiencia acude a una acertada reflexión de las Conclusiones del Caso Brompton, donde sepone el acento en la intención del creador. El juez tendrá que “explorar la voluntad primigenia del inventor o del diseñador y habrá de atender al momento de la concepción inicial para valorar si el autor aspiraba realmente a realizar una creación intelectual propia o si, más bien, buscaba de manera exclusiva defender una idea aplicable a la elaboración de un producto industrial original, para su fabricación y venta masiva en el mercado (conclusiones 92 y 93 Abogado General en asunto SI, Brompton Bicycle)” (SAP, FJ 5, pfo. 42).Es una sugerencia atinada; aunque cualquiera que esté familiarizado con los grandes debates de la dogmática jurídica sabe –o intuye- que, no pocas veces, cuando buscamos la salvación en la presencia de un animus (siempre etiquetado con rapidez: ¿creandi?)… es porque estamos un tanto perdidos.

39. Con ese bagaje teórico, la experiencia profesional de los magistrados y las imágenes a la vista, la Audiencia aborda el caso de la farola “Latina” y se pronuncia a favor de la presencia de originalidad[12]. Lo hace con los siguientes argumentos: “Ese diseño creemos que es original en el sentido del art. 10 TRLPI. El diseño, aun siendo de una farola, no es la simple representación de una farola (esto es, no viene determinado por los requerimientos técnicos propios de un objeto con una evidente finalidad práctica) sino que presenta rasgos muy acusados que indican la idea de que la autora ha ido mucho más allá de lo que le exigían tales requerimientos técnicos. Para sostener esa apreciación nos basamos en la idea de que el diseño de esta concreta farola es muy peculiar y se aleja de forma muy notable de todas las formas de farola conocidas hasta el momento de su creación por la autora. Al menos así lo hemos de deducir del hecho de que no se hayan aportado a las actuaciones diseños similares sino que la autora ha creado algo realmente nuevo, que se ha apartado de forma notable de las formas de farola conocidas en el momento de su creación” (SAP, FJ 6, pfo. 44). Esta explicación se redondea con referencias, acaso presentes en alguno de los informes periciales, a un dialogo entre las formas de la farola “Latina” y las grúas de los puertos y a su parentesco, sin duda mucho más visible, con la disposición del palo y la entena de las embarcaciones de vela latina.

40. La sentencia cierra su exposición insistiendo en el carácter decisivo de la intención del creador. ¿Qué quiso realmente la Sra. Galí al concebir la farola Latina? En nuestra opinión, dice la Audiencia, “predominan más en ese diseño los aspectos puramente creativos que los funcionales, lo que determina que merezca la protección como derecho de autor. Creemos que, «en el momento del diseño, el autor pensaba más en la creación de una obra intelectual propia que en la creación de un objeto destinado a su explotación en masa». Y que finalmente haya podido cumplir también esa finalidad y «se haya terminado convirtiendo» en una farola de éxito, no creemos que haga desmerecer la creación” (SAP, FJ 6, pfo. 42, comillas internas añadidas). Se trata de una observación interesante. El diseñador piensa en la aplicación industrial, el autor en la creación per se. Pero, como ya ha habido ocasión de señalar, el animus es un criterio de manejo difícil en la práctica.

d) Derechos morales infringidos

41. El Juzgado Mercantil había considerado infringidos los derechos morales de divulgación, paternidade integridad. La Audiencia coincide sólo en parte pues entiende que no puede haberse producido una vulneración del derecho del primero en la medida en que, al parecer, la divulgación de la farola “Latina” ya se habría producido antes de su instalación en la Avenida Al Waab de Doha. Con esa premisa, la sentencia afirma que “una vez producida una primera comunicación de una obra en una modalidad determinada, no existen segundas o terceras divulgaciones sino actos de comunicación pública o de publicación. La divulgación es un hecho único e irreversible” (SAP, FJ 7, pfo. 53).

42. Para los derechos de atribución o paternidad e integridad, la Audiencia se pronuncia en línea con la sentencia recurrida. En cuanto al primero, la sentencia afirma que: “Está acreditado que no se ha hecho constar «en cada una de las farolas» una referencia a quien es el autor de la obra, lo que significa que se ha infringido el derecho del autor a la paternidad” (SAP, FJ 7, pfo. 53; comillas internas añadidas[13]). En relación con el segundo, el único obstáculo a superar sería el reconocimiento de que ha habido plagio. Si las farolas instaladas en Qatar son idénticas a la farola “Latina” ¿cómo puede haberse infringido el derecho moral a la integridad? La Audiencia resuelve esta aparente paradoja poniendo énfasis en las pequeñas diferencias y, sobre todo, en la menor calidad de las copias chinas: “Si bien, tomadas cada una de esas deficiencias individualmente, es dudoso que pueda verse resentido el prestigio de la autora, consideradas conjuntamente, como es preciso hacer, nos parece que la cuestión es clara porque nos parece que el alcance de la protección de la integridad de la obra no debe limitarse a los aspectos de la misma que guardan relación con las razones que justifican la existencia de protección sino que alcanza también a otros aspectos relacionados simplemente con la forma en la que la obra se comunica. El autor tiene derecho no solo a que la obra sea respetada en sus aspectos sustanciales sino a que sus posteriores comunicaciones se hagan respetando las condiciones que puedan afectar a su buena reputación” (SAP, FJ 7, pfo. 67).

43. Es precisamente la infracción de este último derecho lo que justifica el mantenimiento de la condena al cese de la actividad y consiguiente retirada de las farolas instaladas, como ya había decidido el Juzgado Mercantil. En cuanto a la indemnización del daño moral, la Audiencia también considera que resulta procedente, aunque su cuantía se eleva hasta alcanzar la suma de 100.000 € solicitada por la parte actora. En definitiva, aunque la motivación es más detallada (vid. SAP, FJ 9), se entiende que los hechos revisten una gravedad mayor que apreciada en su momento por el Juzgado.

e) Cuatro últimas cuestiones: prescripción, legitimación pasiva del Estado de Qatar, publicación de la sentencia y costas

44. La parte demandada había insistido en apelación en que la acción de la Sra. Galí en defensa de sus derechos morales estaba prescrita. Pero la Audiencia, como el Juzgado, rechaza esta alegación al entender que el cómputo del plazo no podía iniciarse -tampoco para la Sra. Galí mientras las partes del conflicto mantuvieran la vía negociadora abierta[14].

45. La Audiencia decide también apartar del caso al Estado de Qatar. No podía hacerlo, claro, reconociéndole una inmunidad que ella misma le había negado. Pero sí negando su legitimación pasiva o, más bien, su responsabilidad en los hechos denunciados: “No creemos que esté justificada la condena al Estado de Qatar cuando está acreditado que la actuación del mismo no se materializó de forma directa sino a través de una entidad pública del mismo, Ashgal, que es la competente para la ejecución de obras públicas de urbanización” (SAP, FJ 10, pfo. 84).

46. Finalmente la Audiencia, contra el criterio del Juzgado, acoge la pretensión de publicación de la sentencia, aunque limitada a una “nota descriptiva de su contenido, que podrá redactar la parte actora y revisar el juez competente para la ejecución, cuya extensión no sobrepase ni las 150 palabras ni los 800 caracteres”. Es una medida atinada, sobre todo si se tiene en cuenta que la Audiencia no sólo dispone la publicación en un diario barcelonés de amplia difusión sino también en una “revista especializada en diseño urbano de amplia difusión”, en ambos casos a elección de la demandante. Cabe suponer que, si la sentencia deviene firme, se optará por alguna publicación de difusión internacional, probablemente en lengua inglesa. Se trata sin duda de un eficaz medio de protección en este tipo de asuntos, en los que se dirime no sólo lo sucedido en un lugar concreto, en este caso Qatar, sino lo que podría suceder en cualquier otra parte del mundo.

47. Las costas merecen también un comentario. La sentencia de primera instancia había dispuesto que cada parte asumiera las suyas. La Audiencia comparte este criterio en lo que se refiere a la apelación. No así, en cambio, en cuanto a la primera instancia. En lo que puede verse como un severo reproche, la Audiencia impone a Ashgal las costas de la primera instancia y, pese a su absolución, carga a la actora con las del Estado de Qatar. En ese reproche hacia un comportamiento inaceptable hubo unanimidad, a pesar de que la sentencia va acompañada de un voto particular abiertamente discrepante de la mayoría, como veremos de inmediato.

 V El voto particular

48 Como ya se ha dicho, es significativo que la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona no lograra la unanimidad. Se trata de una sección especializada e integrada por especialistas con mucha experiencia y que gozan de amplio reconocimiento; una valoración que, en este caso, abarcaría también al magistrado que dictó la sentencia de primera instancia. Sin duda se buscó la unanimidad y, además, no una unanimidad artificial. Los integrantes de la Sección eran conscientes de la relevancia de la problemática y de la trascendencia de la sentencia. La misma composición del tribunal (cinco magistrados y no tres como en el Caso Sillas) obedeció probablemente al deseo de un debate abierto entre quienes, acaso, ya tenían visiones diferentes, que a la postre mantuvieron.

49. Sin perjuicio de la lectura directa del extenso voto particular, que firman dos magistrados, su párrafo primero hace una excelente síntesis: “Con el respeto que me merece la opinión mayoritaria y la consideración que le debo al trabajo de la diseñadora Elisabeth Galí, siento discrepar de la decisión final. No es fácil discrepar, en especial cuando «la justicia material del caso apoya la decisión mayoritaria». Sin embargo, en mi opinión, el diseño de la farola Latina no debe protegerse como una obra artística, por dos motivos. Primero, porque «la farola no es una obra original, ya que el público no reconocería en esta obra un significado diferente a su función», y, segundo, porque la actora no ha identificado aquellos elementos en los que se sintetizaría dicha originalidad” (SAP, Voto particular, VP, pfo. 1, comillas internas añadidas).

50. El voto particular pone el acento también en la intención del autor. Una creación, para ser obra y cumplir con la exigencia de “originalidad”, debe tener un “significado”. La creación, viene a decir, es la manifestación de una voluntad de expresarse y de hacerlo de una forma determinada: “Las elecciones que hace el autor no son elecciones arbitrarias, sino guiadas por su voluntad de transmitir ese significado. No creo que las obras artísticas sean accidentales, ya que en tal caso no reflejarían la personalidad de su autor, puesto que podrían haber sido creadas por cualquiera, sino que han de ser intencionales y, por tanto, las elecciones de su autor deben obedecer a la idea creativa que quiere transmitir al espectador” (SAP, VP, pfo. 6 in fine). La referencia a la “intencionalidad” daría para un interesante debate teórico. Pero en las palabras del voto particular no hay solo reflexión –ilustrada, además- acerca del proceso creativo. De ella se extraen consecuencias. Es el autor de la obra quien debe “alegar y, en su caso, probar, su originalidad. Lo que implica que debe explicar el significado de la obra y probar que un espectador informado podría reconocer ese significado (SAP, VP, pfo. 7).

51. Estaremos ante un diseño cuando el creador pretende “dar a un producto industrial una nueva apariencia”. “Si, por el contrario, pretende dar a su obra un significado diferente, reconocible por un espectador informado, entonces podríamos estaremos [sic [15]] ante una obra artística” (SAP, VP, pfo. 8). De nuevo el recurso al animus, que deberá ir referido al momento de la creación. “El titulo por el cual el autor adquiere sus derechos sobre la obra es su creación. Por lo tanto, ese es el hecho generador de sus derechos y a ese momento hemos de estar para valorar su originalidad” (SAP, VP, pfo. 10). En otras palabras: “Lo determinante es el momento de la creación y el significado con que el autor creó la obra” (SAP, VP, pfo. 10).

52. Quizá, a riesgo de malinterpretar a los firmantes del voto particular, cabría decir que el diseño no tiene sentido sin un público (entendido como colectivo de consumidores), a cuyo dictamen habrá que esperar. La creación literaria o artística en cambio, aunque tenga en su horizonte un público (entendido en este caso como audiencia[16]), en realidad no lo necesita; o, al menos, no necesitamos su veredicto para saber que algo merece la consideración de obra. Robinson Crusoe es inimaginable como diseñador. Sí, en cambio, como autor.

53. Volviendo al terreno firme de sus propias palabras, el voto particular insiste en que “correspondía a la Sra. Galí explicar qué quiso expresar con su diseño y probar que los espectadores habrían reconocido su significado” (SAP, VP pfo. 15). “El concepto de obra protegida exige delimitar con precisión aquellos elementos en los que el autor haya condensado su creatividad, exigiéndole al autor probar que constituyen un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, dotando al conjunto de su trabajo de un sentido propio en el que se refleja la personalidad creativa del autor” (SAP, VP, pfo. 18). La Sra. Galí debía haber identificado “los elementos concretos de su trabajo que tendrían la consideración de obra artística” (SAP, VP, pfo. 12), es decir, “los elementos del producto en los que se condensa su creatividad” (SAP, VP, pfo. 21). Ese sería el problema a ojos de los firmantes del voto particular. La actora, concluyen, “no ha identificado ni esos elementos ni su originalidad. En consecuencia, no se puede reconocer la protección como obra artística a la apariencia singular de una farola” (SAP, VP, pfo. 12). A su juicio, por tanto, la demanda debió desestimarse; aunque sin imposición de costas a la actora, “por el comportamiento de la demandada condenada, y por las dudas jurídicas que el tema plantea” (SAP, VP, pfo. 22).

 VI Epílogo

54. El caso no está cerrado y es probable que acabe en el Tribunal Supremo. Por tanto el epílogo es solo “provisional”. Es claro que las protecciones dispensadas por el diseño y el derecho de autor pueden acumularse. También que esa acumulación no puede darse por descontada y que será más bien excepcional. Pero asimismo sabemos que el hecho de que una creación esté protegida como diseño no cambia los requisitos que debe reunir para ser a la vez obra. No cabe ser más exigente. El diseño y la creación artística no son grados diferentes de una misma escala. Son las mismas escalas las que difieren. Para reconocer una creación como “obra” sólo cabe exigir que sea una expresión formal original de la creatividad humana, entendiendo por originalidad el hecho de tratarse de una creación intelectual propia de su autor; o, en otras palabras, el resultado de decisiones creativas libres que manifiesten su personalidad.

55. Tenemos un buen arsenal literario para explicar las decisiones. Pero no acabamos de dar con los medios para hacerlas previsibles, cuando esto es, en última instancia, lo que la sociedad pide a los juristas. La sentencia reseñada aspiraba a zanjar la cuestión o, al menos, a hacer una aportación decisiva en la construcción del instrumental adecuado a este efecto. Pero, sin discutir el sentido de la sentencia, lo cierto es que sigue siendo complicado descifrar ese instante, posterior al estudio dogmático y anterior a las explicaciones que conforman la motivación, en el que se decanta y toma forma la decisión judicial. Ese es el momento match point. Quizá, el momento en el que cabe acudir –también- a otro tipo de consideraciones. Entre ellas la necesidad de dispensar una adecuada protección a los creadores españoles, como, por ejemplo, ha hecho Italia al otorgar el estatus de “obra” al Ferrari 250 GTO y a la Vespa (puede verse una reseña en este Blog).

ANEXO: JURISPRUDENCIA DEL TJUE CITADA EN LA SENTENCIA RESEÑADA

  1. STJUE 30/11/1976, C-21/76 Potasas de Alsacia
  2. STJUE 11/1/1990, C-220/88, Dumez
  3. STJUE 7/3/1995, C-68/93, Fiona Shevill
  4. STJUE 19/9/1995, C- 364/93, Marinari
  5. STJUE 25/10/2011, C-509/09 y C-161/10, eDateAdvertising y Martínez
  6. STJUE 19/4/2012, C-523/10,Wintersteiger
  7. STJUE 3/10/ 2013, C-170/12, Pinckney
  8. STJUE 22/1/2015, C-441/13,Pez Hejduk.
  9. STJUE 8/3/2018, C-395/16, Doceram
  10. STJUE 12/9/2019, C-683/17, Cofemel
  11. Conclusiones AG 6/2/2020, C-833/18, Brompton

[1] http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/aba2d1f46ec65308/20200601

[2]  En aquella ocasión se entendió que la concreta farola objeto de litigio no debía considerarse “obra”.  En  FD 5º de la sentencia se afirmó que: “45. Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de «originalidad». Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre -, que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la «novedad» precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad. 46. Consecuentemente, cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público”.

[3]  En el mismo sentido, vid. el vigente art. 22 quinquies LOPJ: “Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: [..] b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español”.

[4]  “Creemos que es razonable la alegación de la recurrente de que la norma de nuestro derecho interno, que sustancialmente es idéntica a la contenida en el artículo 5.3 RBI  (actualmente en el articulo 7,2 RBI-bis), debe ser interpretada en sintonía con esos preceptos. No podemos ignorar que esa norma de nuestro derecho interno tiene su origen en el derecho comunitario, concretamente, en el Convenio de Bruselas, de donde la tomó nuestro legislador en 1985. Por ello, y aunque los demandados no tienen su residencia en un país comunitario, es razonable utilizar toda la experiencia adquirida procedente de la interpretación que el Tribunal de la Unión Europea ha hecho de la norma comunitaria con la que tan estrecha relación guarda nuestra norma interna” (AAP. cit, RJ 3º, pfo. 18). Las disposiciones europeas aludidas son el hoy derogado Reglamento (CE) No 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RBI) y el Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RBI-bis)

[5]Vid. sentencias 1 a 8 de las incluidas en el Anexo

[6]La sentencia, que incluye imágenes, no está publicada en la base de datos del CENDOJ.

[7]  La parte demandada alegaba que los hechos denunciados eran conocidos desde abril de 2006 y que, al tiempo de la demanda, ya habían transcurrido sobradamente los cinco años previstos en el art 140.3 TRLPI, sin que se hubiera producido ningún acto interruptivo (“La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla”). El Juzgado, sin embargo, rechazo esta alegación. Desde que “Santa & Cole” tuvo conocimiento de la infracción hubo negociaciones entre las partes, a las que no fue ajena la Sra. Galí, también perjudicada. Esas negociaciones interrumpieron la prescripción, sin que pudiera entenderse que el nuevo plazo empezaba a correr mientras aquellas se mantuvieran. La ruptura definitiva no se produjo hasta 2010 y la demanda se presentó en junio de 2012. Por tanto, dentro del plazo legal.

[8]  Art. 6 LPDI “Novedad. 1 Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. [//]2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes”.  Artículo 7 LPDI; “Carácter singular. 1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. [//] 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”.

[9]  La posible acumulación de protecciones está expresamente prevista tanto en el art. 3 TRLPI (“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: […] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”), como en la DA 10ª LPDI (“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”).

[10]La cuestión, con todo no es muy clara, en la medida en que se deja entrever que ya habría habido una divulgación previa. En este sentido, el Juzgado Mercantil decía que: “la actora decidió que fuera la entidad Santa & Cole la que llevara a cabo la divulgación de la obra. Y en ningún caso, se ha autorizado a las demandadas que se hiciera ni la reproducción ni la difusión. Ello es suficiente para entender vulnerado su derecho moral. No altera lo expuesto que se haya llevado a cabo, anteriormente, la divulgación de la obra para entender que ya no se ostenta el derecho. Este recae sobre cómo y por quién, y no le afecta una divulgación anterior” (SJM 2 Barcelona, FD 11, pfo. 28).

[11]  Aunque desde el punto de vista de su percepción humana quizá no andaba tan mal encaminado Goethe en su Teoría de los Colores, de la que tan orgulloso estaba.

[12]  La sentencia incluye una ilustrativa y útil selección de imágenes.

[13] No deja de ser una conclusión coherente y acaso podría ser un indicador útil. ¿Van firmados –nominados- todos los ejemplares? ¿Las sillas del Caso Sillas llevaban todas el nombre de su autor? ¿Llevan las bicicletas Brompton el nombre del Sr. Andrew Ritchie, que sería el autor si se les reconociera al fin la condición de ejemplares de una “obra”?

[14] En una regulación moderna de la prescripción quizá sería más adecuado aplicar a este tipo de situaciones la categoría de la “suspensión”, en vez de la “interrupción”.  Vid. en este sentido el art. 121-18 del Código civil de Cataluña y el art. 614-5 de la Propuesta de Código civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil

[15] Es una simple errata. Pero no está claro si se quiso decir “podríamos estar” o “estaremos”.

[16]El público del autor no debe verse como colectivo de consumidores sino como conjunto de personas destinatarias de un acto de comunicación; o, si se quiere, subrayando más la unilateralidad del acto creativo, de un acto de expresión personal susceptible de ser escuchado, pero válido y completo per se desde que existe. Se puede decir que la obra, como proceso de comunicación, no se completa hasta que no es leída, escuchada, vista… Pero la obra, como tal, existe desde que sea crea. El público no añade nada a la creación.