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Caso Deepak Mehta (C-512/17) sobre exenciones de responsabilidad de la Directiva de Comercio Electrónico

Llama nuestra atención una reciente sentencia del TJUE que no es de propiedad intelectual (derecho de autor), pero que resulta de interés. Se trata del asunto C-521/17: Caso Deepak Mehta (por el nombre del demandado) o Caso “dominios anónimos”. Los hechos son relativamente simples. Se centra en cuestiones de legitimación y sobre todo responsabilidad de proveedores de servicios.

Dice la sentencia:

16      SNB-REACT es un organismo con domicilio en Ámsterdam (Países Bajos) que tiene por objeto la representación colectiva de titulares de marcas.

17      Dicho organismo presentó ante el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia) una demanda dirigida a que el Sr. Mehta cesara en la vulneración de los derechos de diez de sus miembros, no volviera a incurrir en tal vulneración y fuese condenado a una indemnización por daños y perjuicios.

18      En apoyo de su demanda, SNB-REACT alegó que el Sr. Mehta había registrado nombres de dominio de Internet que utilizaban ilegalmente signos idénticos a marcas pertenecientes a sus miembros y sitios de Internet en los que se vendían ilegalmente mercancías que llevaban dichos signos. SNB-REACT adujo, además, que el Sr. Mehta era el titular de las direcciones IP correspondientes a esos nombres de dominio y a esos sitios de Internet. Por último, sostuvo que era imputable al Sr. Mehta la responsabilidad del uso ilegal que los referidos nombres de dominio y sitios de Internet hacían de los signos en cuestión, uso que se había puesto en su conocimiento en numerosas ocasiones.

19      El Sr. Mehta alegó en su defensa que no había registrado los nombres de dominio ni los sitios de Internet cuestionados por SNB-REACT y que no había utilizado en modo alguno signos idénticos a las marcas pertenecientes a los miembros de ese organismo. Además, aun reconociendo que era titular de 38 000 direcciones IP, indicó que se había limitado a arrendarlas a dos sociedades terceras. Por último, sostuvo que, teniendo en cuenta esta actividad, debía ser considerado como un mero suministrador de acceso a una red de comunicaciones electrónicas y un transmisor de información.

El tribunal de primera instancia desestimó la demanda porque (1) SNB-REACT no estaría legitimada para interponer las acciones en cuestión y (2) porque no se había probado que el Sr. Mehta estuviera directamente implicado en las ilegalidades cometidas (contra la tesis de la actora que consideraba inaplicable la exención de responsabilidad cuando se tiene “conocimiento de que existe una vulneración de derechos de propiedad intelectual y desempeñan un papel activo en tal vulneración”. Apelada la sentencia, el tribunal de apelación acudió al TJUE con las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 4, letra c), de la Directiva [2004/48; (Directiva de Respeto)] en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a los organismos de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que ejercen los derechos de los titulares de marcas como personas que están legitimadas para interponer, en nombre propio, recursos en defensa de los derechos de los titulares de marcas y para entablar, en nombre propio, demandas ante los tribunales con el objeto de que se garantice el respeto de tales derechos?

2)      ¿Deben interpretarse los artículos 12, 13 y 14 de la Directiva [2000/31 (Directiva de Comercio Electrónico)] en el sentido de que también se ha de considerar prestador de servicios conforme a lo establecido en ellos, al que son aplicables las excepciones a la responsabilidad que contemplan, a aquel que presta un servicio consistente en el registro de direcciones IP, que permite su asignación a un dominio de forma anónima, y en el arrendamiento de estas direcciones IP?»

La primera cuestión incluye doctrina o declaraciones que podrían también aplicarse a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y de las que, acaso, echen mano otros operadores de gestión. En cualquier caso, la respuesta es la esperable:

“39      […] procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a reconocer a un organismo de gestión de representación colectiva de titulares de marcas, como el que es objeto del procedimiento principal, legitimación para solicitar, en nombre propio, la aplicación de los recursos establecidos por dicha Directiva, a fin de proteger los derechos de los titulares, y para ejercitar acciones judiciales, en nombre propio, a fin de hacer valer esos derechos, siempre que conforme a la legislación nacional dicho organismo tenga un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales con ese fin, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente.” 

Entiende el TJUE  que “la cuestión planteada […] tiene por finalidad […] únicamente dilucidar los criterios que permiten determinar si un servicio como el que es objeto del procedimiento principal reviste un carácter puramente técnico, automático y pasivo” (núm. 46).

De acuerdo con la doctrina del TJUE, las exenciones de responsabilidad establecidas en la Directiva de Comercio Electrónico  “únicamente se aplican a aquellos casos en que la actividad que ejercen los prestadores de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que los prestadores de servicios no tienen conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada por las personas a las que prestan sus servicios (sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, apartado 113, y de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, apartado 62)”  (núm. 47). Por ello, las limitaciones o exenciones “no son aplicables cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información desempeña un papel activo, permitiendo que sus clientes optimicen su actividad de venta en línea (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, EU:C:2011:474, apartados 113, 116 y 123 y jurisprudencia citada)” (núm. 48).

En el caso abordado, el Sr. Mehta “presta un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite que sus clientes utilicen nombres de dominio y sitios de Internet de manera anónima (núm. 49). Con esa base, compete al tribunal remitente verificar que el demandado  “no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiéndoles optimizar su actividad de venta en línea” (núm. 50). En conclusión:

“52      […]  procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 12 a 14 de la Directiva 2000/31 deben interpretarse en el sentido de que las limitaciones de responsabilidad que establecen son aplicables al prestador de un servicio de arrendamiento y de registro de direcciones IP que permite utilizar nombres de dominio de Internet de manera anónima, como el que es objeto del litigio principal, siempre que dicho servicio esté comprendido en alguna de las categorías de servicios contempladas en los artículos citados y cumpla todos los requisitos pertinentes, en la medida en que la actividad del prestador de servicios sea de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que no conozca ni controle la información transmitida o almacenada por sus clientes y que no desempeñe un papel activo permitiendo que estos últimos optimicen su actividad de venta en línea, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente”.

Ahora bien, esa “devolución” va acompañada de un recordatorio muy directo. Sin entrar en la posibilidad de que el Sr. Mehta sea considerado responsable (toca al tribunal estonio manejar el denso “fumus malus” que desprende la actividad), el TJUE se siente obligado a añadir una clara indicación, casi “instrucción”:

“[…] en el supuesto de que al término de su examen el tribunal remitente concluyera que la actividad […] puede ampararse en las limitaciones de responsabilidad contempladas en el apartado 43 de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 12, apartado 3, el artículo 13, apartado 2, y el artículo 14, apartado 3, de la Directiva 2000/31, en el caso de que existiera una vulneración o un riesgo de vulneración de un derecho de propiedad intelectual suficientemente acreditado, tendría la posibilidad de emitir un requerimiento judicial frente al interesado para que cesara dicha vulneración o para prevenir el riesgo existente (sentencia de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden, C‑484/14, EU:C:2016:689, apartados 77, 78 y 94)” (núm. 51).

Cierro el resumen con el breve y acertado apunte de Ricardo Gómez Cabaleiro que es quien ha llamado mi atención –y la de todos– sobre esta sentencia, que me había pasado por completo inadvertida. Dice Ricardo:

“El TJUE contesta que sí, pero aprovecha, por un lado, para recordar cuán estrecha y resbaladiza es la dársena por la que se pretende transitar (y por tanto lo fácil que es caerse), y por otro para recordar algo que, por algún inescrutable y misterioso motivo, no acaba de calar, y es que las exenciones afectan a la responsabilidad, no a la cesación”.