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Caso BasteiLübbe (STJUE 18/10/2018, C-149/17) : “Yo no he sido. Mis padres andaban por ahí… Pero creo que ellos tampoco fueron y además ¡no voy a ser yo quien les denuncie!”

Como cabe suponer, no es infrecuente que, en el marco de litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual en redes digitales, se suscite el problema de la identificación del infractor. Cabe recordar, por ejemplo, los casos Promusicae(STJUE 29 enero 2008, C-275/06: requerimiento al proveedor de servicios para que identifique al usuario de una dirección IP utilizada en el intercambio ilegal de obras y prestaciones protegidas, cuando la ley nacional no contempla tal posibilidad para procedimientos civiles),Bonnier (STJUE 19 abril 2013, C-461/10: audiolibros ilícitamente puestos a disposición a través de Internet yadmisión de la posibilidad de que la ley nacional permitarequerir al proveedor de acceso para que facilite los datos del titular de la dirección IP) oMc Fadden(STJUE 15 septiembre 2016, C-484/14: puesta a disposición del público de una red wifi desprotegida utilizada por terceros anónimos para compartir ilícitamente obras y prestaciones protegidas). A estos casos ha venido a añadirse BasteiLübbe, recientemente resuelto por el TJUE en sentencia de 18/10/2018 (C-149/17).

Estos son los enlaces para acceder a la sentencia y al Comunicado de prensa del TJUE. También a  las previas Conclusiones del AG:

En esta ocasión, el problema es más específico y muy interesante pues, frente a la pretensión de identificación del infractor, se alza el obligado respeto a la vida privada y familiar (en nuestro caso, arts. 18.1 y 39 CE)

Veamos brevemente los hechos. BasteiLübbe es la sociedad titular de los derechos de propiedad intelectual de un audiolibro. El Sr. Strotzer, por su parte, lo es de la dirección IP desde la que dicho audiolibro fue puesto a disposición del público mediante una red P2P. Demandado, el Sr. Strotzer se defendió diciendo que él no había hecho nada, que su conexión a Internet era segura (por tanto no habría habido intromisiones de terceros, cfr. Mc Fadden) y, finalmente, que las únicas personas que también usaban esa misma conexión eran sus padres que, sin embargo, ni tenían el audiolibro objeto de la demanda en su ordenador, ni conocían siquiera su existencia ni, en fin, eran usuarios del programa de intercambio P2P. Volviendo a hablar de sí mismo, el Sr. Strotzer sostenía que su ordenador estaba apagado en el momento en el que se habrían producido los hechos. Una situación peculiar e incluso chusca.Como contrapunto de la escena en la que un progenitor señala al hijo menor e irresponsable para evitar su propia condena, en BasteiLübbe es el hijo quien intenta eludir responsabilidades lanzando a tal fin sospechasdifusassobre sus pobres padres.

BasteiLübbe exigía a Strotzeruna indemnización. La demanda fracasó en primera instancia puesto que el demandado “había indicado que sus padres también podían [haber] cometido [la infracción]”. El tribunal de apelación, por el contrario, “se inclinaba por considerar responsable a Strotzer”. Ahora bien, para fallar en consecuencia, topaba con algunos problemas.

Según la jurisprudencia del TS alemán (o, como cautamente precisa el TJUE, según la lectura que de ella hacía el tribunal de apelación), el recorrido argumental en situaciones como la del caso sería el siguiente: (1) El demandante debe probar quién es el infractor (2) No obstante, cabe presumir que tiene esta condición –infractor- el titular de la conexión a Internet; (3) La presunción desaparece, sin embargo,“si la conexión a Internet no era suficientemente segura o se puso deliberadamente a disposición de otras personas en el momento en que se cometió dicha infracción” (4) Ahora bien, en tal caso, el titular de la conexión debe identificar a las personas de que se trate; (5) Pero esa exigencia desaparece cuando quien tuvo acceso a la conexión es “un miembro de la familia”, en cuyo caso basta con dar esa informaciónpues “el titular no está obligado a proporcionar detalles adicionales sobre el momento y la naturaleza del uso de esa conexión, habida cuenta de la protección del matrimonio y de la familia” por parte de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE)y la Constitución alemana.

A la vista de esta doctrina, parece que el Sr. Strotzer habría hecho todo lo que cabía exigirle y, por tanto, contra lo que le parecía razonable, el tribunal de apelación debería confirmar la desestimación de la demanda.  ¿Pero se ajustabala doctrina alemana que conducía a tal resultado a la normativa de la UE en materia de propiedad intelectual? Esa es la duda que lleva al tribunal de apelación alemán a recurrir el TJUE.

Salvando las distancias, el problema recuerda al que se plantea, en un contexto muy diferente, cuando el titular administrativo de un automóvil recibe la notificación de una sanción por una infracción que él no ha cometido. Supongamos que se trata de un padre cuyo hijo, mayor de edad, le ha cogido las llaves y el coche sin pedir permiso expreso. ¿Puede exigirse al primero que identifique al segundo a fin de que sea sancionado? ¿Y si el hijo ni siquiera tiene permiso de conducción o, mejor, lo ha tenido pero le ha sido retirado?… ¿Es conforme con la protección de la familia y de las relaciones familiares la normativa que fuerza a un progenitor a asumir responsabilidades administrativasque no le corresponden para evitar males mayores a un miembro de su familia estricta?… Más o menos, ese parecía ser el tipo de argumentación ensayada por Strotzer y objeto de las dudas del tribunal.

La normativa europea de contrastela formaban, básicamente, los arts. 8 de la Directiva 29/2001 (Derecho de autor en la Sociedad de la Información, DSI)  y 6.1 de la Directiva 2004/48 (Respeto). Ambos preceptos se dirigen a asegurar a los titulares de derechos de propiedad intelectual medios de protección eficaces y, en su caso, una reparación económica de los perjuicios. En concreto, el segundo (art. 6.1 Dir. Respeto)prevé lo que sigue: “Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales”. ¿Peropuede ordenarse que un hijo delate y  entregue a sus padres? ¿Deben prevalecer los arts. 17.2 y 47 CDFUE (propiedad intelectualy tutela judicial) o hay que inclinarse por el art. 7 (respeto de la vida privada y familiar)?

Planteada la cuestión en estos términos, la sentencia empieza por admitir que “en virtud del artículo 7 de la Carta [CDFUE], las personas que pertenecen a una misma familia pueden […]beneficiarse de una protección especial que les permita no tener que someterse a una obligación de inculpación mutua cuando una de ellas sea sospechosa de haber cometido un acto ilegal” (núm. 49). Por ello, la Directiva de Respeto “no se opone a la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales que permiten al infractor la posibilidad de negarse a facilitar información que obligaría a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual” (núm. 50).

Sin embargo “al atribuir una protección casi absoluta a los miembros de la familia del titular de una conexión a Internet a través de la cual se han cometido infracciones de derechos de autor mediante un intercambio de archivos, no puede considerarse que la normativa nacional controvertida en el litigio principal, contrariamente a las exigencias establecidas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sea suficientemente eficaz como para dar lugar a una sanción eficaz y disuasoria” (núm. 52).

El TJUE apunta una solución de compromiso, distinguiendo entre responsabilidades administrativas o penales y responsabilidad civil. En este sentido observa que “otra cosa sucedería si, para evitar una injerencia considerada inadmisible en la vida familiar, los titulares de derechos pudieran disponer de otra forma de recurso efectivo, permitiéndoles, en particular, que en tal caso se reconozca la responsabilidad civil del titular de la conexión de Internet de que se trate” (núm. 53).

Pero tal como el tribunal alemán plantea la cuestión, es decir, a la vista de la exposición que realiza de su propio Derecho y jurisprudencia, no cabe sino concluir su oposición ala normativa europea. Y de ahí el Fallo:

Las normas de la UE(Directivas y artículospormenorizadamente mencionados en la sentencia) “se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, tal como la interpreta el tribunal nacional competente, en virtud de la cual el titular de una conexión a Internet, a través de la que se han cometido infracciones de los derechos de autor mediante un intercambio de archivos, no puede incurrir en responsabilidad cuando designe al menos un miembro de su familia que tenía la posibilidad de acceder a dicha conexión, sin aportar mayores precisiones en cuanto al momento en que dicho miembro de su familia utilizó la conexión y a la naturaleza del uso que haya hecho de ella”.

Nota.- Aunque el caso no es exactamente el mismo (pues se trataba de propiedad industrial y secreto bancario, en tanto que BasteiLübbe va de propiedad intelectual y vida familiar), el TJUE hace varias útiles referencias alCaso CotyGermany (STJUE de 16/7/2015, C580/13), en el que se discutió acerca del requerimiento a un banco para que identificara al titular de una cuenta en la que los compradores vía Internet de productos pirata (perfumes) ingresaban el precio.