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La incorporación de un fonograma a una obra audiovisual deja en suspenso, mientras se explote con esta, el derecho a una remuneración equitativa y única por comunicación pública reconocido a los artistas y a los productores por los arts. 108.4 y 116.2 TRLPI. La comunicación pública de la obra audiovisual no supone, a estos efectos, que haya también comunicación pública del fonograma incorporado.

Polonia sostiene que los apartados del art. 17.4 DMUD impugnados infringen las libertades de expresión e información, reconocidas en el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE). Nota (22/11/2020).- Se ha añadido un enlace a un resumen de los argumentos expuestos en la vista redactado por Paul Keller (vid. nota al final de entrada)

Un tribunal austriaco (Oberlandesgericht, Viena) acaba de elevar al TJUE un asunto de gran interés que afecta a las copias en la nube. Con independencia de la posibilidad de hacer copias en soportes materiales físicos (USB de memoria o discos…

La aportación a un procedimiento judicial, como prueba, de documentos objeto de propiedad intelectual (en el caso, una fotografía) constituye un caso de comunicación, no de distribución, cuando la aportación es en formato electrónico. Pero aunque haya un acto de comunicación, este no se dirige a un “público”, pues el órgano judicial destinatario del documento carece de esta condición. Por tanto, no hay infracción de derechos de autor. Tampoco la habría, cabe añadir, si el material se aportara en un soporte tangible y el caso debiera valorarse desde el punto de vista del derecho de "distribución".  El hecho de que la legislación nacional prevea la posibilidad de que cualquier interesado que lo solicite pueda acceder a la documentación obrante en autos, es irrelevante. La decisión del Tribunal, en línea con lo sugerido por el Abogado General, constituye una solución equilibrada entre la obligada protección de la propiedad intelectual y la no menos obligada protección del derecho a la tutela judicial, que quedaría seriamente averiada si la aportación de pruebas pudiera verse entorpecida por alegaciones basadas en la propiedad intelectual

En el caso de la compensación por copia privada, los titulares del derecho de reproducción no son "prestan servicios" a quienes pagan el canon, a efectos de IVA. Sí lo hacen, en cambio, los titulares del derecho de comunicación pública cuando, a través de una entidad de gestión, conceden licencias para el uso de sus obras

La cancelación de la marca figurativa "Flower Thrower" ("Lanzador de Flores") por parte de la EUIPO no priva a Banksy de los derechos de autor sobre sus obras. No obstante, las circunstancias de la creación y, en particular, el anonimato, pueden afectar, en la práctica, a su concreto ejercicio. NOTAS (13/10/2020 y 14/10/2020): (1) La sentencia del caso "Radiant Heart" (Keith Haring), aludida en el pfo. 9 y parcialmente transcrita en la nota 12, ya está disponible en la base de datos del CENDOJ: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ab62f748a235fd6/20201009 (enlace activo en nota 12) (2) Añadida una referencia en nota final a un caso italiano directamente relacionado con la problemática (Ordinanza Tribunale di Milano 15/1/2019, Pest Control Office Ltd c. 24 Ore Cultura SRL; enlace activo en la propia nota final)

Anulado, por razones de procedimiento, el art. 4.1,a) RD 1398/2018, en el que se establecía una redistribución de la compensación equitativa para fonogramas. En la norma anulada se pasaba del 50-25-25 % anterior, para autores, artistas y productores, a un 40-30-30 %., con la consiguiente reducción de la parte de los autores, en beneficio de artistas y productores.

Información sin reseña.

El derecho a una remuneración equitativa y única reconocido a artistas y productores de fonogramas por el art. 8.2 de la Directiva sobre Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) debe ser compartido en todo caso por ambos grupos de titulares. No cabe que el Derecho nacional de un Estado miembro excluya, por razones de reciprocidad de trato, a los artistas de terceros Estados (p.e. los EE.UU) de tal modo que los productores hagan suya la totalidad de la remuneración. Es razonable neutralizar las reservas que hayan podido formular terceros Estados al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF / WPPT), al objeto de lograr una reciprocidad de trato y evitar tener que reconocer a sujetos de terceros países derechos que en tales países se niegan a los europeos . Pero, tras la DAPDA, ya no pueden hacerlo los Estados en sus leyes nacionales. La exigencia de reciprocidad debe establecerla en su Derecho la propia Unión Europea.

La aportación pruebas (en el caso una fotografía) a un procedimiento civil mediante un correo electrónico supone un acto de “comunicación”, pero no puede entenderse dirigido a un “público”. No hay pues explotación del material protegido. El hecho de que los documentos aportados adquieran, por ese simple hecho, la condición de públicos y de que la legislación sobre transparencia permita que cualquier interesado pueda acceder a ellos, no debe ir en detrimento de los derechos de autor.