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Un interesante caso danés del que se da cuenta en el blog IPKat (sentencia del TS de Dinamarca de 18/12/2018): ¿Y si una empresa alimentaria o un supermercado utilizan piezas de una vajilla objeto de derecho de autor para promocionar o presentar sus propios productos? ¿Se infringen derechos del autor diseñador cuando en folletos publicitarios o en envases o bolsas se reproduce la imagen de un cuenco u otro recipiente lleno de patatas fritas, cacahuetes o almendras?

¿Cabe poner a disposición del público, mediante hipervínculos que permiten un acceso directo e independiente, las versiones "original" y "modificada" del artículo en su día publicado por un político? ¿Puede considerarse "información de actualidad"? ¿Y "cita"?... ¿Permite la libertad de información construir límites al margen del listado de la Directiva de la Sociedad de la Información?... Estas son algunas de las cuestiones abordadas en el Caso Spiegel Online, que viene a añadirse a Funke Medien y Pelham. Habrá que esperar a las correspondientes sentencias. Pero, por lo pronto, ya contamos con un interesante trío de Conclusiones del AG.

El AG emitió sus Conclusiones el pasado 12 de diciembre en el debatido asunto de los dos segundos de música tomados de "Metall auf Mettall" e incluidos en "Nur Mir". Lo hizo para ponerse del lado del productor de fonogramas denunciante y en contra del recurso al "sampling" en ese caso concreto. Se tratará, sin duda, de una toma de posición polémica, aunque el AG expone sus razones. Es la segunda gran ocasión en la que, recientemente, el AG se ha pronunciado sobre la relación entre límites (excepciones y limitaciones), no sólo con referencia a algún límite concreto (cita) sino también, de forma más general, con referencia al equilibrio que debe darse entre aquellos y otras libertades o derechos fundamentales, en este caso la libertad creación. El caso "Pelham" viene así a añadirse al caso "Funke Medien". El tercero será el caso "Spiegel Online"

Cuando en Europa se discutía y analizaba el caso UsedSoft, en los EE.UU. sucedía otro tanto con el no menos famoso caso ReDigi (Capitol Records c. ReDigi). De hecho, en su día, ambos solían ir de la mano en los debates y comentarios doctrinales. ReDigi, además, tenía el atractivo de no referirse a programas de ordenador sino a música, es decir a un tipo de obra regido por el Derecho común de la propiedad intelectual. Un tanto olvidado tras una primera sentencia en 2013, el caso ha vuelto a primer plano al dictarse, el pasado diciembre de 2018, la sentencia de apelación.

Se han publicado dos Reales Decretos Ley que, sin ser específicamente de propiedad intelectual, resultan de interés. El primero, el RD 23/2018 de 21 de diciembre (BOE de 27/12), modifica la normativa sobre marcas, entre otras cosas. El segundo, Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12), aprueba diversas medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.

Han tenido entrada en el TJUE tres nuevos casos en los que se plantea el alcance del concepto de comunicación al público. Se trata de los señalados como C-682/18 (Youtube), C-683/10 (Elsevier) y C-753/18 (STIM y SAMI). Los dos primeros guardan relación con la problemática objeto del polémico art. 13 de la Propuesta de Directiva sobre derechos de autor en el mercando único digital (DDAMUD): Naturaleza y responsabilidad de los actos que llevan a cabo los proveedores de servicios que albergan grandes cantidades de contenidos subidos por usuarios (p.e. Youtube). El tercero se refiere al alquiler de vehículos con aparatos de radio integrados y se pregunta sobre si tal alquiler entraña comunicación pública por parte de las empresas arrendadoras.

En el caso Syed, de cuyas Conclusiones se dio cuenta hace poco en este Blog, se discutía un aspecto un tanto inédito del derecho de distribución. El Sr. Syed es un comerciante con un establecimiento abierto en Estocolmo. En él vendía objetos o prendas de ropa que infringían derechos de propiedad intelectual (derechos de autor). Las dudas se referían al alcance de la noción de distribuir. Distribuir es vender. También lo es la simple oferta de venta en un establecimiento comercial, aunque la venta aun no se haya materializado. Ahora bien, ¿para medir el alcance de la infracción, del daño y de la indemnización, hay que incluir también el género almacenado ? EL TJUE entiende que sí, "siempre que las mercancías almacenadas estén destinadas efectivamente a la venta en el territorio del Estado miembro" en el que el objeto afectado por la infracción está protegido. La distancia entre el lugar de almacenamiento y el de venta no sería a estos efectos un factor decisivo.

Se han hecho públicas las Conclusiones del Abogado General (AG) en el asunto de los “Papeles de Afganistan,  originado a partir de la filtración de informes oficiales a cuya difusión por parte de un medio de comunicación (Funke Medien) se opuso el Gobierno alemán,  por medio de una acción de cesación basada en el Derecho de autor. El conflicto entre propiedad intelectual y libertad de información se plantea así de forma abierta. Hay otros dos casos también pendientes en el TJUE sobre los que el AG llama la atención, no sin subrayar que existen diferencias importantes entre todos ellos.

Como cabe suponer, no es infrecuente que, en el marco de litigios por infracción de derechos de propiedad intelectual en redes digitales, se suscite el problema de la identificación del infractor. Cabe recordar, por ejemplo, los casos Promusicae(STJUE 29 enero 2008, C-275/06: requerimiento al proveedor de servicios para que identifique al usuario de una dirección IP utilizada en el intercambio ilegal de obras y prestaciones protegidas, cuando la ley nacional no contempla tal posibilidad para procedimientos civiles),Bonnier (STJUE 19 abril 2013, C-461/10: audiolibros ilícitamente puestos a disposición a través de Internet yadmisión de la posibilidad de que la ley nacional permitarequerir al proveedor de acceso para que facilite los datos del titular de la dirección IP) oMc Fadden(STJUE 15 septiembre 2016, C-484/14: puesta a disposición del público de una red wifi desprotegida utilizada por terceros anónimos para compartir ilícitamente obras y prestaciones protegidas). A estos casos ha venido a añadirse BasteiLübbe, recientemente resuelto por el TJUE en sentencia de 18/10/2018 (C-149/17).

Se trata del Caso Syed (C-572/17; Riksåklagaren / Imran Syed). Parece importante en relación con el concepto de distribución, del que ya se ha ocupado el TJUE en otras ocasiones y que, por lo que ve, aunque no sin límites, va in crescendo.