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La aportación pruebas (en el caso una fotografía) a un procedimiento civil mediante un correo electrónico supone un acto de “comunicación”, pero no puede entenderse dirigido a un “público”. No hay pues explotación del material protegido. El hecho de que los documentos aportados adquieran, por ese simple hecho, la condición de públicos y de que la legislación sobre transparencia permita que cualquier interesado pueda acceder a ellos, no debe ir en detrimento de los derechos de autor.

Las tesis doctorales leídas en universidades públicas tienen la consideración de “información” a los efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). El derecho de acceso, no obstante, queda satisfecho con la posibilidad de consulta de la tesis en las propias dependencias universitarias. Los interesados no tienen derecho a obtener de la universidad una copia, aunque asuman los costes de su realización, por impedirlo la obligada protección de la propiedad intelectual, prevista como un límite específico en el art. 14.1,j) LTAIBG. Esa es la conclusión a la que llega la Audiencia Nacional en una breve sentencia de 8 de junio de 2020, en la que desestima el recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB), favorable a las pretensiones de quien había reclamado sin éxito la copia de una tesis a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El material básico de la controversia lo forman la resolución del CGTB de 7/4/2017 (Caso Contaminantes en aguas marinas) y la sentencia del Juzgado Central de lo contencioso núm 10 de 31/10/2019 (asimismo Caso Contaminantes en aguas marinas). La sentencia de mayor rango, de la Audiencia Nacional, se refiere a otra tesis (Caso Buques de carga seca). El itinerario de ambos casos, no obstante, se entrecruza. En primer lugar por el dato, anecdótico, de que quien solicita copia de las tesis y promueve ambos litigios es la misma persona; en segundo y sobre todo porque el conflicto en uno y otro caso es idéntico: ¿permite el derecho de acceso a la información pedir copia de una tesis leída en una universidad pública o debe prevalecer el derecho de propiedad intelectual del autor y, por tanto, la necesidad de obtener su consentimiento?... Hay que reconocer que, en una época en la que muchas tesis están disponibles en Internet, con más ventajas que inconvenientes para la cultura y la ciencia, este tipo de controversias no dejan de ser llamativas. Dada la brevedad –también argumental- de la sentencia de la Audiencia, ha parecido conveniente reconstruir el itinerario de ambos casos y ponerlo ordenadamente a disposición de los lectores por si alguien quiere añadir algo de interés a esta reseña, que no es sino un resumen, bastante reiterativo, de resoluciones administrativas y jurisdiccionales

De acuerdo con las Conclusiones del AG, el art. 8.2 de la Directiva de Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) no contempla el pago de una remuneración equitativa a los artistas y al productor de un fonograma publicado con fines comerciales y luego sincronizado en una obra audiovisual, cuando tiene lugar la comunicación pública de esta. El fonograma sincronizado ve suspendida a estos efectos su condición de tal, sin perjuicio de recuperarla cuando la banda sonora se explote de manera independiente. Queda pendiente saber qué decidirá al fin el TJUE.

El 16 de julio se conocieron las Conclusiones del AG ante el TJUE de tres importantes casos, uno de ellos (Atresmedia) planteados desde España.

El concepto "direcciones" del art. 8.2,a) DRDPI no comprende la dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección IP del usuario infractor. Ahora bien, que los Estados no estén obligados a que se pueda requerir esa información, no significa que les esté vedada la posibilidad de hacerlo.

La necesidad de asegurar los principios de la gestión colectiva y de mantener los equilibrios, no siempre fáciles, en el seno de las entidades subjetivamente complejas (como sucede con las que incluyen a autores y editores), han llevado a una urgente y sorpresiva reforma del art. 159,ñ) TRLPI.

De acuerdo con las Conclusiones del AG: El art. 8.2 Directiva de alquiler y préstamo y derechos afines (DAPDA) incorpora el principio de trato nacional, por imponerlo así los tratados suscritos por la UE; Los Estados miembros no tienen margen de discrecionalidad para determinar a qué artistas intérpretes o ejecutantes se aplica el citado precepto; No son los Estados miembros sino la propia Unión Europea quien puede “responder” a las “reservas” de terceros Estados al WPPT; Los artistas no pueden quedar excluidos del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA de tal modo que este sólo sea percibido por los productores. En definitiva, los artistas de terceros países, y en concreto los de los EE.UU, no están excluidos del derecho a una remuneración equitativa previsto en el repetido art. 8.2 DAPDA

El hecho de que la forma de una creación obedezca a condicionantes técnicos no impide que pueda tener la condición de obra si el creador ha tenido libertad para decidir entre varias formas; aunque con ello no basta: es preciso que haya “expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y [haya] configurado el producto de modo que este refleje su personalidad”. Sobre esa base, corresponde decidir al tribunal belga que planteó la cuestión.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirma el criterio del Juzgado Mercantil favorable a la calificación de la farola "Latina", de Beth Galí, como una obra "objeto de derecho de autor" y, por tanto, beneficiaria de la protección acumulada de las leyes sobre diseño y propiedad intelectual. Pese a que las farolas plagiarias se instalaron en Qatar, se entiende que la jurisdicción corresponde a los tribunales españoles pues la demanda se basa exclusivamente en la violación de los derechos morales de la autora. Esta cuestión, no obstante, no es objeto específico de la sentencia, pues ya había sido decidida previamente por la propia Audiencia, al conocer de la apelación contra el auto en el que el Juzgado Mercantil había aceptado la declinatoria planteada por la parte demandada.

“Spiegel Online” (C-516/17) es uno de los tres casos en los que, recientemente, el TJUE ha tenido ocasión de tratar el conflicto entre derecho de autor y libertad de expresión. Los otros dos son “Pelham”  (C-476/17; también conocido como “Kraftwerk”…