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De acuerdo con las Conclusiones del AG, el art. 8.2 de la Directiva de Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) no contempla el pago de una remuneración equitativa a los artistas y al productor de un fonograma publicado con fines comerciales y luego sincronizado en una obra audiovisual, cuando tiene lugar la comunicación pública de esta. El fonograma sincronizado ve suspendida a estos efectos su condición de tal, sin perjuicio de recuperarla cuando la banda sonora se explote de manera independiente. Queda pendiente saber qué decidirá al fin el TJUE.

El 16 de julio se conocieron las Conclusiones del AG ante el TJUE de tres importantes casos, uno de ellos (Atresmedia) planteados desde España.

El concepto "direcciones" del art. 8.2,a) DRDPI no comprende la dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección IP del usuario infractor. Ahora bien, que los Estados no estén obligados a que se pueda requerir esa información, no significa que les esté vedada la posibilidad de hacerlo.

La necesidad de asegurar los principios de la gestión colectiva y de mantener los equilibrios, no siempre fáciles, en el seno de las entidades subjetivamente complejas (como sucede con las que incluyen a autores y editores), han llevado a una urgente y sorpresiva reforma del art. 159,ñ) TRLPI.

De acuerdo con las Conclusiones del AG: El art. 8.2 Directiva de alquiler y préstamo y derechos afines (DAPDA) incorpora el principio de trato nacional, por imponerlo así los tratados suscritos por la UE; Los Estados miembros no tienen margen de discrecionalidad para determinar a qué artistas intérpretes o ejecutantes se aplica el citado precepto; No son los Estados miembros sino la propia Unión Europea quien puede “responder” a las “reservas” de terceros Estados al WPPT; Los artistas no pueden quedar excluidos del derecho a la remuneración equitativa del art. 8.2 DAPDA de tal modo que este sólo sea percibido por los productores. En definitiva, los artistas de terceros países, y en concreto los de los EE.UU, no están excluidos del derecho a una remuneración equitativa previsto en el repetido art. 8.2 DAPDA

El hecho de que la forma de una creación obedezca a condicionantes técnicos no impide que pueda tener la condición de obra si el creador ha tenido libertad para decidir entre varias formas; aunque con ello no basta: es preciso que haya “expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y [haya] configurado el producto de modo que este refleje su personalidad”. Sobre esa base, corresponde decidir al tribunal belga que planteó la cuestión.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirma el criterio del Juzgado Mercantil favorable a la calificación de la farola "Latina", de Beth Galí, como una obra "objeto de derecho de autor" y, por tanto, beneficiaria de la protección acumulada de las leyes sobre diseño y propiedad intelectual. Pese a que las farolas plagiarias se instalaron en Qatar, se entiende que la jurisdicción corresponde a los tribunales españoles pues la demanda se basa exclusivamente en la violación de los derechos morales de la autora. Esta cuestión, no obstante, no es objeto específico de la sentencia, pues ya había sido decidida previamente por la propia Audiencia, al conocer de la apelación contra el auto en el que el Juzgado Mercantil había aceptado la declinatoria planteada por la parte demandada.

“Spiegel Online” (C-516/17) es uno de los tres casos en los que, recientemente, el TJUE ha tenido ocasión de tratar el conflicto entre derecho de autor y libertad de expresión. Los otros dos son “Pelham”  (C-476/17; también conocido como “Kraftwerk”…

Alcance de la información que cabe requerir, de quienes prestan servicios de la sociedad de la información, para localizar e identificar a los usuarios que se valen de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual. “Nombres y direcciones” no incluye correo electrónico, teléfono ni direcciones IP. Unas conclusiones defendibles pero un resultado insatisfactorio.

El alquiler de vehículos provistos de receptores de radio no constituye acto alguno de comunicación pública por no concurrir el primero de los dos elementos requeridos. No hay “acto de comunicación” sino simple puesta a disposición de medios materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación, en los términos previstos en el Considerando 27 de la DSI y declaración concertada sobre el art. 8 TODA. Ello hace innecesario entrar a analizar el segundo elemento del concepto (“público).  Tampoco resulta necesario abordar la segunda cuestión, en la que se preguntaba por la relevancia del volumen de la actividad de alquiler y la duración de los contratos.