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Responsabilidad de los prestadores de servicios por los contenidos cargados por sus usuarios. Asunto C-401/19. Recurso de Polonia instando la anulación de los párrafos b) e inciso final del c) del art. 17.4 DMUD

  • 6 de noviembre de 2020
Polonia sostiene que los apartados del art. 17.4 DMUD impugnados infringen las libertades de expresión e información, reconocidas en el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE). Nota (22/11/2020).- Se ha añadido un enlace a un resumen de los argumentos expuestos en la vista redactado por Paul Keller (vid. nota al final de entrada)


STJUE de 28/10/2020, Caso Prueba Fotográfica, C-637/19: Aportación a los procesos, mediante un correo electrónico y a título de prueba, de obras y prestaciones objeto de propiedad intelectual. No es un “acto de comunicación al público”.

  • 29 de octubre de 2020
La aportación a un procedimiento judicial, como prueba, de documentos objeto de propiedad intelectual (en el caso, una fotografía) constituye un caso de comunicación, no de distribución, cuando la aportación es en formato electrónico. Pero aunque haya un acto de comunicación, este no se dirige a un “público”, pues el órgano judicial destinatario del documento carece de esta condición. Por tanto, no hay infracción de derechos de autor. Tampoco la habría, cabe añadir, si el material se aportara en un soporte tangible y el caso debiera valorarse desde el punto de vista del derecho de "distribución".  El hecho de que la legislación nacional prevea la posibilidad de que cualquier interesado que lo solicite pueda acceder a la documentación obrante en autos, es irrelevante. La decisión del Tribunal, en línea con lo sugerido por el Abogado General, constituye una solución equilibrada entre la obligada protección de la propiedad intelectual y la no menos obligada protección del derecho a la tutela judicial, que quedaría seriamente averiada si la aportación de pruebas pudiera verse entorpecida por alegaciones basadas en la propiedad intelectual

Derechos de autor, licencias concedidas por entidades de gestión e IVA: Conclusiones del AG en el caso “Suflet de Roman” (C-501/19, UCMR-ADA c. “Suflet de Roman”)

  • 28 de octubre de 2020
En el caso de la compensación por copia privada, los titulares del derecho de reproducción no son "prestan servicios" a quienes pagan el canon, a efectos de IVA. Sí lo hacen, en cambio, los titulares del derecho de comunicación pública cuando, a través de una entidad de gestión, conceden licencias para el uso de sus obras

Banksy, el lanzador de flores («Flower Thrower») y la EUIPO: la cancelación de la marca no afecta a los derechos de autor; aunque la voluntad de anonimato puede complicar su ejercicio práctico.

  • 8 de octubre de 2020
La cancelación de la marca figurativa "Flower Thrower" ("Lanzador de Flores") por parte de la EUIPO no priva a Banksy de los derechos de autor sobre sus obras. No obstante, las circunstancias de la creación y, en particular, el anonimato, pueden afectar, en la práctica, a su concreto ejercicio. NOTAS (13/10/2020 y 14/10/2020): (1) La sentencia del caso "Radiant Heart" (Keith Haring), aludida en el pfo. 9 y parcialmente transcrita en la nota 12, ya está disponible en la base de datos del CENDOJ: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2ab62f748a235fd6/20201009 (enlace activo en nota 12) (2) Añadida una referencia en nota final a un caso italiano directamente relacionado con la problemática (Ordinanza Tribunale di Milano 15/1/2019, Pest Control Office Ltd c. 24 Ore Cultura SRL; enlace activo en la propia nota final)

Distribución de la compensación equitativa por copia privada en relación con los fonogramas. Anulación parcial, por razones de procedimiento, del art. 4.1,a) del RD 1398/2018, que desarrolla el art. 25 TRLPI (STS, sala 3ª, sec. 4ª de 2 de octubre de 2020)

  • 3 de octubre de 2020
Anulado, por razones de procedimiento, el art. 4.1,a) RD 1398/2018, en el que se establecía una redistribución de la compensación equitativa para fonogramas. En la norma anulada se pasaba del 50-25-25 % anterior, para autores, artistas y productores, a un 40-30-30 %., con la consiguiente reducción de la parte de los autores, en beneficio de artistas y productores.


Sentencia del TJUE de 8 /9/2020 en el caso RAAP c. PPI, Asunto C-265/19: derecho de artistas y productores a una remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas comerciales. El problema de las reservas al WPPT formuladas por terceros Estados y el intento de responder a nivel nacional y no a nivel europeo.

  • 10 de septiembre de 2020
El derecho a una remuneración equitativa y única reconocido a artistas y productores de fonogramas por el art. 8.2 de la Directiva sobre Alquiler y Préstamo y Derechos Afines (DAPDA) debe ser compartido en todo caso por ambos grupos de titulares. No cabe que el Derecho nacional de un Estado miembro excluya, por razones de reciprocidad de trato, a los artistas de terceros Estados (p.e. los EE.UU) de tal modo que los productores hagan suya la totalidad de la remuneración. Es razonable neutralizar las reservas que hayan podido formular terceros Estados al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF / WPPT), al objeto de lograr una reciprocidad de trato y evitar tener que reconocer a sujetos de terceros países derechos que en tales países se niegan a los europeos . Pero, tras la DAPDA, ya no pueden hacerlo los Estados en sus leyes nacionales. La exigencia de reciprocidad debe establecerla en su Derecho la propia Unión Europea.

Conclusiones del AG ante el TJUE en el «Caso prueba fotográfica», BY c. CX (C-637/19). Aportación de material protegido por derechos de autor a un procedimiento judicial. Publicidad de los procedimientos y propiedad intelectual.

  • 4 de septiembre de 2020
La aportación pruebas (en el caso una fotografía) a un procedimiento civil mediante un correo electrónico supone un acto de “comunicación”, pero no puede entenderse dirigido a un “público”. No hay pues explotación del material protegido. El hecho de que los documentos aportados adquieran, por ese simple hecho, la condición de públicos y de que la legislación sobre transparencia permita que cualquier interesado pueda acceder a ellos, no debe ir en detrimento de los derechos de autor.

Sentencia de la Audiencia Nacional (Contencioso-administrativo) de 8/6/2020. El derecho de acceso a la información en aplicación de la ley de transparencia (Ley 19/2013) y su posible choque con la propiedad intelectual. El caso de las tesis doctorales defendidas y depositadas en universidades públicas: Acceso sí, copia no.

  • 7 de agosto de 2020
Las tesis doctorales leídas en universidades públicas tienen la consideración de “información” a los efectos de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). El derecho de acceso, no obstante, queda satisfecho con la posibilidad de consulta de la tesis en las propias dependencias universitarias. Los interesados no tienen derecho a obtener de la universidad una copia, aunque asuman los costes de su realización, por impedirlo la obligada protección de la propiedad intelectual, prevista como un límite específico en el art. 14.1,j) LTAIBG. Esa es la conclusión a la que llega la Audiencia Nacional en una breve sentencia de 8 de junio de 2020, en la que desestima el recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB), favorable a las pretensiones de quien había reclamado sin éxito la copia de una tesis a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El material básico de la controversia lo forman la resolución del CGTB de 7/4/2017 (Caso Contaminantes en aguas marinas) y la sentencia del Juzgado Central de lo contencioso núm 10 de 31/10/2019 (asimismo Caso Contaminantes en aguas marinas). La sentencia de mayor rango, de la Audiencia Nacional, se refiere a otra tesis (Caso Buques de carga seca). El itinerario de ambos casos, no obstante, se entrecruza. En primer lugar por el dato, anecdótico, de que quien solicita copia de las tesis y promueve ambos litigios es la misma persona; en segundo y sobre todo porque el conflicto en uno y otro caso es idéntico: ¿permite el derecho de acceso a la información pedir copia de una tesis leída en una universidad pública o debe prevalecer el derecho de propiedad intelectual del autor y, por tanto, la necesidad de obtener su consentimiento?... Hay que reconocer que, en una época en la que muchas tesis están disponibles en Internet, con más ventajas que inconvenientes para la cultura y la ciencia, este tipo de controversias no dejan de ser llamativas. Dada la brevedad –también argumental- de la sentencia de la Audiencia, ha parecido conveniente reconstruir el itinerario de ambos casos y ponerlo ordenadamente a disposición de los lectores por si alguien quiere añadir algo de interés a esta reseña, que no es sino un resumen, bastante reiterativo, de resoluciones administrativas y jurisdiccionales